La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, se mostró en contra del asilo político otorgado por parte del gobierno de Brasil a la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón, luego de que fuera sentenciada en primera instancia a 15 años de prisión, junto a su esposo el expresidente Ollanta Humala, por el delito de lavado de activos.

Dicho pronunciamiento de Tello Gilardi sucedió en la presentación de rendición de cuentas a los cien días de iniciada su gestión, y en la cual manifestó que la justicia no debe utilizarse como un instrumento de persecución política. Asimismo, aseveró que los jueces actúan con imparcialidad, bajo los principios de legalidad y sin responder a intereses políticos ni económicos.

«La justicia, particularmente la penal, solo persigue la verdad de los hechos; jamás fines políticos que justifiquen un asilo internacional, ello no hace más que perpetuar un mensaje de impunidad, el cual rechazamos de manera tajante», sostuvo Janet Tello.

Janet Tello anuncia que existe mayor acceso a la justicia

Durante su alocución la también presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi destacó que desde el inicio de su gestión, en enero de 2025, han promovido más de 45 políticas orientadas a reforzar la seguridad jurídica del Perú, con acciones basadas en cuatro ejes estratégicos de gestión, como son el fortalecimiento del liderazgo institucional, mejoras en la gestión jurisdiccional, la optimización del soporte administrativo, y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Finalmente, enfatizó que entre los temas que tienen una mayor prioridad se encuentran la trata de personas y la protección de los derechos fundamentales, especialmente de los niños y adolescentes, lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

¡Salvado por la campana! Durante la sesión del Pleno de este miércoles 16 de abril, el Pleno del Congreso de la República decidió no admitir la moción de interpelación contra el cuestionado ministro de Educación, Morgan Quero Gaime.

La moción de interpelación en contra de Quero Gaime no procedió, a pesar que se lograron 34 votos a favor, a diferencia de los 24 votos en contra, que finalmente prevalecieron, junto a las 35 abstenciones, mayoritariamente de la bancada de Fuerza Popular.

La iniciativa interpelatoria presentada por las congresistas del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes y que contaba con 20 preguntas buscaba que Morgan Quero explique su gestión frente a los casos de extorsión contra colegios de Lima y Callao, las agresiones sexuales contra niñas Awajún y las deficiencias en la infraestructura educativa.

Uno de los cuestionamientos más críticos señalaba que más de 500 centros educativos son víctimas de extorsión. Se cuestionaba además por qué el ministro Quero Gaime, pese a haber sido informado desde septiembre de 2024, no adoptó las medidas urgentes para proteger a los docentes y alumnos de dichos planteles.

Entre las preguntas también se incluían interrogantes sobre qué estrategias se están coordinando con el Ministerio del Interior para garantizar clases presenciales seguras, y qué mecanismos existen para proteger la confidencialidad de las denuncias.

Si un líder de un partido político se encuentra tranquilamente prófugo de la justicia, eso significa que otro más puede estarlo sin muchas complicaciones.

Los focos apuntaron a Ollanta Humala y Nadine Heredia, la ex pareja presidencial condenada a 15 años de prisión efectiva, opacando a los demás culpables, entre ellos Ilán Heredia, hermano de Nadine. Él, ex tesorero del Partido Nacionalista, ahora se encuentra prófugo de la justicia luego que el Poder Judicial lo condenara a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos.

La sentencia, en primera instancia, forma parte del proceso judicial relacionado con las aportaciones ilícitas del régimen venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales de los años 2006 y 2011.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ordenó a ejecución provisional de la condena, la cual debía cumplirse de manera inmediata. Sin embargo, Ilán no acudió a la lectura del fallo, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. El hermano de la ex primera dama también deberá pagar S/ 5,657.50 al tesoro público, como parte de una sanción de 730 días-multa.

En el mismo proceso, Antonia Alarcón, madre de Nadine, fue sentenciada a cinco años de prisión suspendida por un periodo de cuatro años.

Durante este tiempo, deberá cumplir estrictas reglas de conducta, como no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, presentarse regularmente ante el juzgado e informar sobre sus actividades mediante control biométrico.

¿Lobby a la vista? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se pronunció tras sostener una comunicación telefónica con la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, y expresó su apoyo a la postulación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por lo que Macron invitó a su homóloga de Perú a sostener una reunión oficial en la ciudad de Niza.

El mandatario social-liberal confirmó a través de sus redes sociales, que pudo conversar con la jefa de Estado de Perú, y que han reafirmado la voluntad de reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos. Entre los que destacan: la defensa de las naciones, la lucha contra el crimen organizado, así como el recurso de los metales críticos, la infraestructura moderna y el sector espacial.

Macron expresó su respaldo a la candidatura de nuestro país a la OCDE. «En un mundo incierto que necesita más que nunca puntos de referencia, Francia apoya plenamente la candidatura del Perú a la OCDE», indicó.

«También trabajamos codo a codo para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. El Perú puede contar con el respaldo de Francia para defender la alta mar, preservar los bosques y actuar a favor del medio ambiente», añadió en referencia a los temas ambientales y finalmente remarcó que es fundamental concretar una reunión con Dina Boluarte, por lo que decidió invitarla a Francia en junio. «Para continuar con fuerza esta lucha esencial, he invitado a la Presidenta a reunirse nuevamente en junio próximo en Niza, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano», concluyó Macron.

Presidencia de Perú también anunció la noticia

Por su parte, la Presidencia del Perú también utilizó sus cuentas oficiales para informar que Dina Boluarte y Emmanuel Macron habían dialogado vía telefónica.

«El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, sostuvieron una importante conversación telefónica para fortalecer los lazos históricos entre ambos países. Un diálogo al más alto nivel en favor de la cooperación y el entendimiento bilateral», se lee en la publicación.

El Ministro de Salud (Minsa) César Vásquez Sánchez permanecerá en su cargo y se libró de una eventual censura, a pesar de las graves acusaciones en su contra sobre el caso del suero mortal de Medifarma, gracias a la decisión del Pleno del Congreso, que rechazó aprobar su interpelación, debido a que no se alcanzaron los votos requeridos.

La moción de interpelación en contra de Vásquez Sanchez no procedió porque solo se lograron 20 votos a favor, a diferencia de los 31 votos en contra, que finalmente prevalecieron, junto a las 32 abstenciones, mayoritariamente de la bancada de Fuerza Popular.

Ministra Leslie Urteaga sí será interpelada

Si bien, el Pleno del Congreso blindó al ministro de Salud César Vásquez, sí aprobó la interpelación de la cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña. En tanto, el próximo martes 6 de mayo a las 3 p.m. se llevará a cabo su interpelación.

Cabe recordar que el ministro de Salud César Vásquez culpó a Medifarma y SANNA de ser los responsables de las muertes por el suero mortal del lote defectuoso. Aquella vez, él culpó al laboratorio del Grupo Picasso-Candamo y a la clínica del Grupo Credicorp por los casos que costaron vidas humanas; e incluso tildó a los dueños de criminales ante la situación ejercida; sin embargo, trató de evadir su responsabilidad como titular del Minsa.

Muchos afirman que en realidad el vocero presidencial no podía ofrecer sus tan acostumbrados mensajes debido a que la jefa de Estado, Dina Boluarte, venía ocupando a diario el único teleprompter de Palacio de Gobierno.

Ayer la mandataria anunció el cierre del denominado ‘Cuarto de Guerra’ luego de que se cumplieran los 30 días del estado de emergencia para Lima y Callao, medida que fuera prorrogada recientemente por otros 30 días más.

La presidenta indicó que si bien se cerró el ‘Cuarto de Guerra’ el Estado mantendrá las acciones de vigilancia. “Seguiremos en pie de lucha, hasta que nuestras calles tengan la tranquilidad que los ciudadanos merecen. Este país no sabe declinar, de pie le hacemos frente a cualquier adversidad”, manifestó.

Ese ‘Cuarto de Guerra’, confirmado por los comandantes generales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los ministros de Defensa, Economía y Justicia, había recibido críticas por presentar cifras que no reflejarían con precisión la situación delictiva del país.

Una de estas observaciones provino del ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal, quien cuestionó que se omita información clave sobre el comportamiento real del crimen. Indicó que, durante los primeros meses de 2025, los casos de hurto de celulares y extorsión han mostrado un aumento considerable en comparación con años anteriores, a pesar de la vigencia del estado de emergencia.

El experto alertó, además, que hasta el 14 de abril se registraron 643 homicidios, sin que haya un solo día sin asesinatos. También señaló que, de las más de 3,800 detenciones en flagrancia reportadas entre el 18 de marzo y el 6 de abril, la mayoría corresponde a faltas como violencia familiar o conducir en estado de ebriedad. Solo el 2.63% de los casos está relacionado con delitos graves como extorsión, homicidio o secuestro.

A la jefa de Estado le gusta estar rodeado de inútiles. Pese a ser censurado el mes pasado por su evidente fracaso contra la inseguridad ciudadana, nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, ve muy conveniente y acertado volver a tener a su lado al ex ministro del Interior Juan José Santiváñez.

Mediante la Resolución n.° 000024-2025-DP/SGDP, Santiváñez vuelve a ser cobijado en el gobierno de Boluarte “en mérito a la nueva estructura orgánica y funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas del Despacho Presidencial”.

Cabe mencionar que su designación es “de confianza” bajo el régimen de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en su artículo 15 sección primera, las funciones que realizará Santiváñez son las siguientes:

• Gestionar la información requerida en el marco del desarrollo de la agenda presidencial.
• Establecer mecanismos de coordinación con las instancias competentes, para la obtención de información sobre el estado situacional de las políticas nacionales, los planes nacionales y los procesos de diálogo y concertación con la sociedad, vinculados con el desarrollo de la agenda presidencial.
• Brindar asesoramiento a las unidades de organización de línea del Despacho Presidencial respecto a la información procesada y sistematizada en el marco del desarrollo de la agenda presidencial.
• Monitorear y evaluar la continuidad y disponibilidad de la información relacionada con el desarrollo de la agenda presidencial.
• Elaborar informes de avance y los resultados de la información sectorial gubernamental relevante en relación con el desarrollo de la agenda presidencial.
• Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.
• Las demás funciones que le asigne el Secretario General del Despacho Presidencial en el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa.

Designado pese a investigaciones en su contra

Asimismo, Santiváñez regresa al Ejecutivo pese a contar con investigaciones fiscales. Una de ellas es un audio donde se le escucharía conversando con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, donde le pediría que “controle” al periodista Marco Sifuentes.

Otra trata sobre su presunta influencia en los magistrados del Tribunal Constitucional para que fallen a favor de sus clientes (ex policías condenados).

El parlamentario Juan Burgos (Podemos Perú) viene recolectando firmas para interpelar al canciller Elmer Schialer debido al asilo diplomático otorgado a Nadine Heredia en Brasil. Debido a esta situación, el legislador Burgos viene preparando una interpelación con un pliego de 9 preguntas relacionadas al caso de la ex primera dama.

Cabe recordar que Nadine Heredia Alarcón fue sentenciada a 15 años de prisión efectiva junto con su esposo Ollanta Humala por el delito de lavado de activos, pero no viene cumpliendo dicha sentencia tras haber solicitado asilo diplomático a Brasil, la misma que fue aceptada y efectuada en cuestión de horas por el Estado asilante.

«Por lo expuesto, se acuerda interpelar al ministro de relaciones exteriores, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, a fin de que concurra al Congreso de la República y de cuenta sobre los cuestionamientos detallados y de respuesta al pliego de preguntas adjunto», se lee en el documento.

1. ¿Con qué base normativa y jurídica se fundamentó la tramitación y otorgamiento del salvoconducto solicitado por una representación diplomática extranjera a favor de la señora Nadine Heredia Alarcón?
2. ¿Cuál fue el pronunciamiento formal de la Cancillería respecto al pedido de salvoconducto? ¿Existe resolución escrita, informe jurídico u opinión legal interna sobre la pertinencia o improcedencia del mismo?
3. ¿Considera usted que la tramitación y emisión de un salvoconducto, sin acatar lo dispuesto en la sentencia condenatoria contra Nadine Heredia Alarcón, constituye una interferencia en la ejecución de una decisión judicial firme, así como, una intromisión en las competencias del Poder Judicial?
4. ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación al respeto al principio de separación de poderes en los casos de solicitudes de asilo diplomático con procesos judiciales en curso?
5. ¿Informó su despacho al Consejo de Ministros sobre el caso en cuestión? ¿Cuál fue la posición del Ejecutivo sobre la interferencia en la ejecución de una decisión judicial firme?
6. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que este tipo de decisiones no constituyan tratos preferenciales a exautoridades o figuras políticas vinculadas al poder?
7. ¿Quién asumirá la responsabilidad política en caso se determine que se afectó el principio de legalidad, el debido proceso o la independencia del Poder Judicial como consecuencia de esta actuación diplomática?
8. ¿Cuál es su interpretación sobre los límites entre el respeto a tratados internacionales como la Convención de Caracas (1954) y la obligación del Estado peruano de perseguir delitos comunes?
9. ¿Reconoce usted que actos como este pueden socavar la legitimidad del Estado ante la opinión pública al generar la percepción de impunidad o privilegio político?