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Política

Kamiche, chinos y «Niños»: historia de un lobby en la Comisión de Energía del Congreso

Nuevos correos de la Sociedad Peruana de Energía Renovables pone al descubierto la estrategia de un lobby donde estarían involucradas empresas internacionales, funcionarios del MINEM, exministras, consultoras de comunicación y congresistas de la Comisión de Energía. Aquí la segunda parte del informe.

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Hace tres semanas el destape de Lima Gris sobre un lobby en la Comisión de Energía del Congreso de la República generó una tormenta que sacudió las instalaciones del parlamento, debido a la filtración de unos correos de la Sociedad Peruana de Energía Renovables (SPR). En las distintas correspondencias a las cuales tuvimos acceso, Paloma Sarria (ex Directora Ejecutiva de la SPR) habla explícitamente de las movidas y reuniones estratégicas que se venían realizando para meter al pleno del Congreso el Proyecto de Ley (PL) N°3662 presentado por el congresista Luis Roberto Kamiche Morante, ex Perú Libre. Los correos revelaron que ese PL se estuvo trabajando hace varios meses, y que fue hecho a medida con la finalidad de beneficiar a las 50 empresas que son miembros de la SPR.

En esta segunda parte de la historia, revelamos nuevos correos que muestran el accionar nada ético de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. Esta historia basada en los mails de los propios funcionarios de la SPR, deja al descubierto algunas de las actividades que realizaban: reuniones, armar proyectos de ley, contactar con funcionarios del Ministerio de Energía (Minem) y del Congreso de la República, contratar empresas de comunicación como Azerta Perú para generar lo que ellos llaman “Apoyo legislativo” y, además, buscar voceros para promocionar y avalar el proyecto de Ley N°3662. Todo esto teniendo como alfil al congresista Luis Roberto Kamiche, que actualmente pertenece a la bancada de Perú Democrático.

Los dos empresas coordinan la estrategia del lobby.

La historia de este lobby se inicia con un correo revelador con fecha del 22 de septiembre de 2022. El mail es clave para entender que muchas de las llamadas “Mesas de trabajo” son armadas como parte de una estrategia lobista, y esto queda claro en el correo que envía Paloma Sarria al presidente de la SPR, Brendan Oviedo Doyle y a sus miembros.

“Le envío la última versión del PdL (Proyecto de Ley N°3662) de la SPR que es resultado de las revisiones realizadas en el Comité de Regulación y con los abogados, y la Exposición de Motivos elaborada que ha sido revisada con Azerta (Cayetana Aljovín), Rosendo (Ramírez) y también los abogados. Entiendo que Brendan (Oviedo) está revisando y haciendo algunos ajustes al artículo sobre Planificación Energética todavía”, se lee en el mail.

En el mismo correo luego se señala lo siguiente: “El viernes pasado el congresista Kamiche organizó una mesa de trabajo sobre la renovación de la matriz energética, en la que participamos nosotros, MINEM, Osinergmin, MEF, MTC, H2 Perú, PetroPerú, y otras organizaciones más. La estrategia detrás de esta mesa, es lanzar el proyecto de ley como resultado de la mesa de trabajo y las propuestas presentadas, por lo cual debemos remitirle nuestra propuesta a la brevedad posible. Necesito su OK para poder enviar los documentos ASAP al congresista Kamiche y revisarlos con su equipo”.

Todo lo que se menciona en el correo sucedió. Es decir, la estrategia para lanzar el proyecto de ley se realizó, y la llamada “Mesa de trabajo” fue solo un circo que sirvió para introducir un proyecto de ley que busca beneficiar a las 50 empresas que son miembros de la SPR. Los correos ponen al descubierto que en este lobby la SPR estuvo permanentemente trabajando con los asesores del congresista Roberto Kamiche.

Azerta Perú (Cayetana Aljovín)

En los correos de este lobby parlamentario se menciona repetidas veces a la empresa de comunicaciones Azerta Perú (empresa con matriz en Chile), donde la exministra Cayetana Aljovín es socia junto a Álvaro J. Delgado, Cristina Bitar y Felipe Edwards.

En el mail con fecha 18 de enero de 2023 enviado por Paloma Sarria se lee: “Azerta – Agencia de Marketing -PR – Apoyo legislativo. último contacto en diciembre con Patricia Hurtado, que logró que el PdL (proyecto de ley) se derive solo a Comisión de Energía y Minas y sobre estrategia para conseguir mayoría en pleno: presentar proyecto similar a Fuerza Popular – Nano Guerra García o Acción Popular, congresista (Luis Ángel) Aragón”.

Correo de SPR del 18 de enero de 2023.

Azerta en su papel de apoyo legislativo es pieza clave en este escandaloso lobby, y al parecer tiene buenos nexos con Fuerza Popular y Acción Popular, ya que tendría en el Congreso una red que permite ingresar proyectos de ley y, además, generar la estrategia para lograr los votos de la mayoría en el pleno del Congreso.  Nos preguntamos ¿Los votos de los congresistas serán por amor al chancho o por amor a los chicharrones? Aquí existirían visos de presunta corrupción como lo es el tráfico de influencias.

Exministra Cayetana Aljovín, socia de Azerta.

El accionar de Azerta toma más sentido debido a que en varias oportunidades Cayetana Aljovín ha sido cuestionada por acciones lobistas, cuenta con una infinidad de visitas a los ministerios donde se presenta como presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Sin duda, aquí algo huele mal y no es el pescado. ¿Qué habrá conversando con el premier Otárola en su última visita a la PCM el 20 de enero pasado?

El alfil Kamiche

Tras el destape de Lima Gris publicado el 14 de febrero pasado, el parlamentario Kamiche decidió retirar el Proyecto de Ley N° 3662, un proyecto que había sido hecho a la medida de los intereses de la SPR. Luego de retirar el proyecto, el legislador se victimizó criticando la labor de la prensa y se dio tiempo para insultar el trabajo periodístico que puso al descubierto un lobby que encerraría acciones de presunta corrupción.

Congresista Luis Roberto Kamiche. (ex Perú Libre)

Luego, mediante una carta notarial el parlamentario mencionó: “Dañan mi honra y mi imagen de Congresista de la República, en el sentido que me presentan como parte de un lobby en favor de las empresas agrupadas en la Asociación Peruana de Energías Renovables”.

Pero lo sorprendente es que en la misma carta notarial ignorando la cantidad de correos al cual tenemos acceso, el congresista Kamiche menciona: “El proyecto de ley N° 3662 se inició a elaborar como producto de la Mesa de Trabajo sobre Renovación de la Matriz Energética realizada el 16 de septiembre de 2022 con participación de entidades públicas y privadas con la finalidad de perfeccionar los marcos normativos y de políticas existentes. Posterior a esa fecha he coordinado de manera cordial con todas las instituciones, entre ella la SPR, que han solicitado audiencia en mi despacho debido a que sus objetivos o misiones institucionales se relacionan con los temas de proyectos que presenta mi despacho”.

Todo ese argumento del congresista Kamiche se cae luego de recordar lo descrito por Paloma Sarria líneas arriba: “La estrategia detrás de esta mesa, es lanzar el proyecto de ley como resultado de la mesa de trabajo y las propuestas presentadas”.

Es decir, la mesa de trabajo organizada por el parlamentario fue parte de la estrategia de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. Esto convertiría a Kamiche en un alfil estratégico que desde el Congreso de la República introduce e impulsa un proyecto de ley con intereses empresariales.

En la misma carta notarial el congresista Roberto Kamiche intenta sacudirse del lobby pateando la pelota a la cancha de la SPR, por lo que menciona: “Rechazo en todos los extremos los contenidos, sentidos y alcances de las comunicaciones institucionales entre la señora Paloma Sarria y Brendan Oviedo Doyle, presidente de la SPR; que he solicitado se aclaren públicamente debido a que las coordinaciones realizadas con la referida entidad no significan compromisos subalternos o prácticas reñidas contra la ética o el interés público”.

Paloma Sarria y Brendan Oviedo Doyle.

Kamiche no niega las coordinaciones con la SPR, lo que hace es solicitar que Paloma Sarria y Brendan Oviedo Doyle se pronuncien públicamente sobre el destape de este escandaloso lobby en la Comisión de Energía del Congreso, pero hasta hoy ni Paloma Sarria ni Brendan Oviedo se han pronunciado sobre los correos delatores. Lo que sí ha sucedido para sorpresa de los propios asesores de la Comisión de Energía, es que en el documento enviado por el parlamentario Roberto Kamiche al oficial Mayor del Congreso el 27 de febrero, se solicita el retiro del oficio N° 448-2022-2023-DC-LRKM/CR relacionado con la tramitación del proyecto de Ley N° 03662-2022-CR. Es decir, el legislador pide que el proyecto de ley generado por el lobby de la SPR ya no sea retirado. Increíble, pero con esto Kamiche nos demuestra que continúa como alfil de la SPR.

Documento enviado por el congresista Kamiche al ex Oficial Mayor del Congreso.

Los chinos y la Comisión de Energía del Congreso

En esta historia del escandaloso lobby en la Comisión de Energía, hay varias empresas, funcionarios, congresistas y exministras que son mencionados en los correos de la SPR, una de esas empresas es la china Huawei. Aquí algunas líneas de los correos para comprender los grandes intereses de la empresa asiática.

Paloma Sarria menciona: “Huawei facilitó contacto con el presidente de la Comisión de Energía y Minas (Jorge Flores Ancachi) que está interesado en promover las renovables, para que ponga en agenda de la Comisión el PdL (proyecto de Ley)”.

Aquí lo grave es que el correo menciona que existiría un lobby internacional, ya que la empresa china Huawei también es miembro de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. ¿Pero qué hace una empresa china de tecnología como Huawei facilitando el contacto del congresista Jorge Flores Ancachi?

Pues sucede que en los planes de Huawei existe gran interés de invertir en la industria de energías renovables en el Perú, esto ha sido revelado por el presidente de Huawei Digital Power Latam, Hery Wang, quien explicó que la empresa china, a través de “Huawei Digital Power”, presenta acciones tecnológicas para construir una sociedad inteligente con bajas emisiones de carbono.

Hery Wang, presidente de Huawei Digital Power Latam.

¿Cuál sería el negocio que busca Huawei en nuestro país? La empresa china ofrece soluciones fotovoltaicas y busca que la energía solar se convierta en la principal fuente de energía del Perú. Curiosamente para lograr esto se necesita un proyecto de ley, el cual viene siendo impulsado mediante el lobby desde la SPR. Ahora se entiende el contacto de Huawei con el presidente de la Comisión de Energía, Jorge Flores Ancachi, congresista que está interesado en promover las renovables. Esto parece una casualidad, pero en política no hay casualidades.

Congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular)

Pero la empresa china no solo tendría nexos en la Comisión de Energía del Congreso, también hemos identificado el ingreso de tres de funcionarios de Huawei a Palacio de Gobierno, los señores Liu Jiaxin, Pan Dong y Ricardo José Jiménez Paiva, registran reuniones con el expresidente Pedro Castillo e incluso con Dina Boluarte Zegarra en varias oportunidades según el portal de Transparencia.

Lamentablemente, las empresas chinas en los últimos años se han visto envueltas en denuncias de corrupción y en el incumplimiento de obras en nuestro país. Uno de los casos más sonados fue el negocio de las vacunas donde está involucrado el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Pero de los chinos no se sabe nada, y eso es por esa especie de impunidad que gozan gracias al gobierno de Xi Jinping. Muchos de ellos por ser funcionarios del gobierno chino se han convertido en personajes diplomáticos intocables. Lo vergonzoso de esto es que el propio gobierno peruano los protege y los ayuda a concretar sus grandes negociados. Presidentes, ministros y congresistas terminan en algunos casos favoreciendo los proyectos de las empresas chinas.

«Los Niños» en la Comisión de Energía

A pesar que estuvieron en medio del escándalo político por respaldar al expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios, varios de los congresistas denominados “Los Niños” siguen en las comisiones del parlamento, incluso son presidentes, como es el caso de Jorge Flores Ancachi, uno de “Los Niños” de Acción Popular que hoy sorprendentemente preside la Comisión de Energía y Minas.

Recordemos que el contacto de Flores Ancachi a la SPR lo facilitó Huawei, esto enciende más la alerta de un posible lobby chino impulsado por la Sociedad Peruana de Energías Renovables en la Comisión de Energía del Congreso. Pero en esta comisión también se tiene la presencia de Ilich López Ureña y Carlos Alva Rojas, otros dos parlamentarios denominados “Los Niños” que cuentan con una oscura trayectoria como legisladores durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Jorge Flores Ancachi, Ilich López y Carlos Alva Rojas.

Potenciales voceras del lobby

En otro nuevo correo de la SPR también se menciona como potenciales voceras a las exministras Fabiola Múñoz, Lucia Ruiz y Ana María Choquehuanca, quienes estarían interesadas en “apoyar”.  Su participación se basaría en salir a los medios de comunicación para promover el proyecto de ley que beneficia a la SPR. También se menciona el apoyo de la empresa Enel.

Correo de SPR.

Detrás de los correos se revela la falta de ética de la SRP, pero, además, se evidencia el oscuro mecanismo y la estrategia de un lobby donde participarían la empresa china Huawei, la Sociedad Peruana de Energía Renovables, funcionarios del Minem, Minam, Osinergmin, la empresa Azerta y los congresistas Luis Roberto Kamiche y Jorge Flores Ancachi. Toda una gran organización que pisa fuerte.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

Política

El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez

El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.

El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.

Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Betssy Chávez permanecerá presa en el Penal Anexo de Mujeres, hasta marzo del 2026.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.

El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.

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Política

Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios

¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

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El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

Proyecto de Ley 11781/2024-CR presentado por Jorge Flores Ancachi.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.

Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.

El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.

Conducir bajo influencia del alcohol es delito

 Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.

El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.

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economía

Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal

Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

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Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

Congresista Montoya, impulsor del PL ante la Comisión de Economía. Foto: Andina.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

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Política

Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales

El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.

El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.

La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.

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Política

JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo

Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

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Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.

Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.

Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Solo con él. Roberto Sánchez solo ha confirmado una alianza con Pedro Castillo. foto: Presidencia.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.

Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.

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Política

Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC

Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

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La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

Alcalde pretendería ‘marcha blanca’ de trenes para alimentar su imagen política.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.

Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.

La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza

¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

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La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Queja interpuesta por congresistas de Renovación Popular ante la JNJ.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.

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Política

Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima

Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.

A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.

Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.

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