Política
Kamiche, chinos y «Niños»: historia de un lobby en la Comisión de Energía del Congreso
Nuevos correos de la Sociedad Peruana de Energía Renovables pone al descubierto la estrategia de un lobby donde estarían involucradas empresas internacionales, funcionarios del MINEM, exministras, consultoras de comunicación y congresistas de la Comisión de Energía. Aquí la segunda parte del informe.

Hace tres semanas el destape de Lima Gris sobre un lobby en la Comisión de Energía del Congreso de la República generó una tormenta que sacudió las instalaciones del parlamento, debido a la filtración de unos correos de la Sociedad Peruana de Energía Renovables (SPR). En las distintas correspondencias a las cuales tuvimos acceso, Paloma Sarria (ex Directora Ejecutiva de la SPR) habla explícitamente de las movidas y reuniones estratégicas que se venían realizando para meter al pleno del Congreso el Proyecto de Ley (PL) N°3662 presentado por el congresista Luis Roberto Kamiche Morante, ex Perú Libre. Los correos revelaron que ese PL se estuvo trabajando hace varios meses, y que fue hecho a medida con la finalidad de beneficiar a las 50 empresas que son miembros de la SPR.
En esta segunda parte de la historia, revelamos nuevos correos que muestran el accionar nada ético de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. Esta historia basada en los mails de los propios funcionarios de la SPR, deja al descubierto algunas de las actividades que realizaban: reuniones, armar proyectos de ley, contactar con funcionarios del Ministerio de Energía (Minem) y del Congreso de la República, contratar empresas de comunicación como Azerta Perú para generar lo que ellos llaman “Apoyo legislativo” y, además, buscar voceros para promocionar y avalar el proyecto de Ley N°3662. Todo esto teniendo como alfil al congresista Luis Roberto Kamiche, que actualmente pertenece a la bancada de Perú Democrático.

La historia de este lobby se inicia con un correo revelador con fecha del 22 de septiembre de 2022. El mail es clave para entender que muchas de las llamadas “Mesas de trabajo” son armadas como parte de una estrategia lobista, y esto queda claro en el correo que envía Paloma Sarria al presidente de la SPR, Brendan Oviedo Doyle y a sus miembros.
“Le envío la última versión del PdL (Proyecto de Ley N°3662) de la SPR que es resultado de las revisiones realizadas en el Comité de Regulación y con los abogados, y la Exposición de Motivos elaborada que ha sido revisada con Azerta (Cayetana Aljovín), Rosendo (Ramírez) y también los abogados. Entiendo que Brendan (Oviedo) está revisando y haciendo algunos ajustes al artículo sobre Planificación Energética todavía”, se lee en el mail.
En el mismo correo luego se señala lo siguiente: “El viernes pasado el congresista Kamiche organizó una mesa de trabajo sobre la renovación de la matriz energética, en la que participamos nosotros, MINEM, Osinergmin, MEF, MTC, H2 Perú, PetroPerú, y otras organizaciones más. La estrategia detrás de esta mesa, es lanzar el proyecto de ley como resultado de la mesa de trabajo y las propuestas presentadas, por lo cual debemos remitirle nuestra propuesta a la brevedad posible. Necesito su OK para poder enviar los documentos ASAP al congresista Kamiche y revisarlos con su equipo”.

Todo lo que se menciona en el correo sucedió. Es decir, la estrategia para lanzar el proyecto de ley se realizó, y la llamada “Mesa de trabajo” fue solo un circo que sirvió para introducir un proyecto de ley que busca beneficiar a las 50 empresas que son miembros de la SPR. Los correos ponen al descubierto que en este lobby la SPR estuvo permanentemente trabajando con los asesores del congresista Roberto Kamiche.
Azerta Perú (Cayetana Aljovín)
En los correos de este lobby parlamentario se menciona repetidas veces a la empresa de comunicaciones Azerta Perú (empresa con matriz en Chile), donde la exministra Cayetana Aljovín es socia junto a Álvaro J. Delgado, Cristina Bitar y Felipe Edwards.
En el mail con fecha 18 de enero de 2023 enviado por Paloma Sarria se lee: “Azerta – Agencia de Marketing -PR – Apoyo legislativo. último contacto en diciembre con Patricia Hurtado, que logró que el PdL (proyecto de ley) se derive solo a Comisión de Energía y Minas y sobre estrategia para conseguir mayoría en pleno: presentar proyecto similar a Fuerza Popular – Nano Guerra García o Acción Popular, congresista (Luis Ángel) Aragón”.

Azerta en su papel de apoyo legislativo es pieza clave en este escandaloso lobby, y al parecer tiene buenos nexos con Fuerza Popular y Acción Popular, ya que tendría en el Congreso una red que permite ingresar proyectos de ley y, además, generar la estrategia para lograr los votos de la mayoría en el pleno del Congreso. Nos preguntamos ¿Los votos de los congresistas serán por amor al chancho o por amor a los chicharrones? Aquí existirían visos de presunta corrupción como lo es el tráfico de influencias.

El accionar de Azerta toma más sentido debido a que en varias oportunidades Cayetana Aljovín ha sido cuestionada por acciones lobistas, cuenta con una infinidad de visitas a los ministerios donde se presenta como presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Sin duda, aquí algo huele mal y no es el pescado. ¿Qué habrá conversando con el premier Otárola en su última visita a la PCM el 20 de enero pasado?
El alfil Kamiche
Tras el destape de Lima Gris publicado el 14 de febrero pasado, el parlamentario Kamiche decidió retirar el Proyecto de Ley N° 3662, un proyecto que había sido hecho a la medida de los intereses de la SPR. Luego de retirar el proyecto, el legislador se victimizó criticando la labor de la prensa y se dio tiempo para insultar el trabajo periodístico que puso al descubierto un lobby que encerraría acciones de presunta corrupción.

Luego, mediante una carta notarial el parlamentario mencionó: “Dañan mi honra y mi imagen de Congresista de la República, en el sentido que me presentan como parte de un lobby en favor de las empresas agrupadas en la Asociación Peruana de Energías Renovables”.
Pero lo sorprendente es que en la misma carta notarial ignorando la cantidad de correos al cual tenemos acceso, el congresista Kamiche menciona: “El proyecto de ley N° 3662 se inició a elaborar como producto de la Mesa de Trabajo sobre Renovación de la Matriz Energética realizada el 16 de septiembre de 2022 con participación de entidades públicas y privadas con la finalidad de perfeccionar los marcos normativos y de políticas existentes. Posterior a esa fecha he coordinado de manera cordial con todas las instituciones, entre ella la SPR, que han solicitado audiencia en mi despacho debido a que sus objetivos o misiones institucionales se relacionan con los temas de proyectos que presenta mi despacho”.
Todo ese argumento del congresista Kamiche se cae luego de recordar lo descrito por Paloma Sarria líneas arriba: “La estrategia detrás de esta mesa, es lanzar el proyecto de ley como resultado de la mesa de trabajo y las propuestas presentadas”.
Es decir, la mesa de trabajo organizada por el parlamentario fue parte de la estrategia de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. Esto convertiría a Kamiche en un alfil estratégico que desde el Congreso de la República introduce e impulsa un proyecto de ley con intereses empresariales.
En la misma carta notarial el congresista Roberto Kamiche intenta sacudirse del lobby pateando la pelota a la cancha de la SPR, por lo que menciona: “Rechazo en todos los extremos los contenidos, sentidos y alcances de las comunicaciones institucionales entre la señora Paloma Sarria y Brendan Oviedo Doyle, presidente de la SPR; que he solicitado se aclaren públicamente debido a que las coordinaciones realizadas con la referida entidad no significan compromisos subalternos o prácticas reñidas contra la ética o el interés público”.

Kamiche no niega las coordinaciones con la SPR, lo que hace es solicitar que Paloma Sarria y Brendan Oviedo Doyle se pronuncien públicamente sobre el destape de este escandaloso lobby en la Comisión de Energía del Congreso, pero hasta hoy ni Paloma Sarria ni Brendan Oviedo se han pronunciado sobre los correos delatores. Lo que sí ha sucedido para sorpresa de los propios asesores de la Comisión de Energía, es que en el documento enviado por el parlamentario Roberto Kamiche al oficial Mayor del Congreso el 27 de febrero, se solicita el retiro del oficio N° 448-2022-2023-DC-LRKM/CR relacionado con la tramitación del proyecto de Ley N° 03662-2022-CR. Es decir, el legislador pide que el proyecto de ley generado por el lobby de la SPR ya no sea retirado. Increíble, pero con esto Kamiche nos demuestra que continúa como alfil de la SPR.

Los chinos y la Comisión de Energía del Congreso
En esta historia del escandaloso lobby en la Comisión de Energía, hay varias empresas, funcionarios, congresistas y exministras que son mencionados en los correos de la SPR, una de esas empresas es la china Huawei. Aquí algunas líneas de los correos para comprender los grandes intereses de la empresa asiática.
Paloma Sarria menciona: “Huawei facilitó contacto con el presidente de la Comisión de Energía y Minas (Jorge Flores Ancachi) que está interesado en promover las renovables, para que ponga en agenda de la Comisión el PdL (proyecto de Ley)”.

Aquí lo grave es que el correo menciona que existiría un lobby internacional, ya que la empresa china Huawei también es miembro de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. ¿Pero qué hace una empresa china de tecnología como Huawei facilitando el contacto del congresista Jorge Flores Ancachi?
Pues sucede que en los planes de Huawei existe gran interés de invertir en la industria de energías renovables en el Perú, esto ha sido revelado por el presidente de Huawei Digital Power Latam, Hery Wang, quien explicó que la empresa china, a través de “Huawei Digital Power”, presenta acciones tecnológicas para construir una sociedad inteligente con bajas emisiones de carbono.

¿Cuál sería el negocio que busca Huawei en nuestro país? La empresa china ofrece soluciones fotovoltaicas y busca que la energía solar se convierta en la principal fuente de energía del Perú. Curiosamente para lograr esto se necesita un proyecto de ley, el cual viene siendo impulsado mediante el lobby desde la SPR. Ahora se entiende el contacto de Huawei con el presidente de la Comisión de Energía, Jorge Flores Ancachi, congresista que está interesado en promover las renovables. Esto parece una casualidad, pero en política no hay casualidades.

Pero la empresa china no solo tendría nexos en la Comisión de Energía del Congreso, también hemos identificado el ingreso de tres de funcionarios de Huawei a Palacio de Gobierno, los señores Liu Jiaxin, Pan Dong y Ricardo José Jiménez Paiva, registran reuniones con el expresidente Pedro Castillo e incluso con Dina Boluarte Zegarra en varias oportunidades según el portal de Transparencia.
Lamentablemente, las empresas chinas en los últimos años se han visto envueltas en denuncias de corrupción y en el incumplimiento de obras en nuestro país. Uno de los casos más sonados fue el negocio de las vacunas donde está involucrado el expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Pero de los chinos no se sabe nada, y eso es por esa especie de impunidad que gozan gracias al gobierno de Xi Jinping. Muchos de ellos por ser funcionarios del gobierno chino se han convertido en personajes diplomáticos intocables. Lo vergonzoso de esto es que el propio gobierno peruano los protege y los ayuda a concretar sus grandes negociados. Presidentes, ministros y congresistas terminan en algunos casos favoreciendo los proyectos de las empresas chinas.
«Los Niños» en la Comisión de Energía
A pesar que estuvieron en medio del escándalo político por respaldar al expresidente Pedro Castillo a cambio de beneficios, varios de los congresistas denominados “Los Niños” siguen en las comisiones del parlamento, incluso son presidentes, como es el caso de Jorge Flores Ancachi, uno de “Los Niños” de Acción Popular que hoy sorprendentemente preside la Comisión de Energía y Minas.
Recordemos que el contacto de Flores Ancachi a la SPR lo facilitó Huawei, esto enciende más la alerta de un posible lobby chino impulsado por la Sociedad Peruana de Energías Renovables en la Comisión de Energía del Congreso. Pero en esta comisión también se tiene la presencia de Ilich López Ureña y Carlos Alva Rojas, otros dos parlamentarios denominados “Los Niños” que cuentan con una oscura trayectoria como legisladores durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Potenciales voceras del lobby
En otro nuevo correo de la SPR también se menciona como potenciales voceras a las exministras Fabiola Múñoz, Lucia Ruiz y Ana María Choquehuanca, quienes estarían interesadas en “apoyar”. Su participación se basaría en salir a los medios de comunicación para promover el proyecto de ley que beneficia a la SPR. También se menciona el apoyo de la empresa Enel.

Detrás de los correos se revela la falta de ética de la SRP, pero, además, se evidencia el oscuro mecanismo y la estrategia de un lobby donde participarían la empresa china Huawei, la Sociedad Peruana de Energía Renovables, funcionarios del Minem, Minam, Osinergmin, la empresa Azerta y los congresistas Luis Roberto Kamiche y Jorge Flores Ancachi. Toda una gran organización que pisa fuerte.
Política
El programa de Dina Boluarte: una historia fabricada [VIDEO]
Una antigua propuesta archivada, una cuña fuera de contexto y una filtración interesada habrían servido para construir una narrativa falsa sobre un supuesto programa presidencial en TV Perú.

En los últimos días, varios medios han reportado que la presidenta Dina Boluarte estaría preparando un programa dominical titulado “Cada domingo a las 8 p.m.”, que sería transmitido por TV Perú. La noticia causó tal revuelo que generó reacciones en el Congreso: parlamentarios expresaron opiniones a favor y en contra, y hasta el canciller Elmer Schialer salió en defensa de la supuesta propuesta televisiva.
Pero ¿de dónde surgió esta historia? La “primicia” fue lanzada por el dominical Panorama el domingo 22 de junio, en un breve informe titulado “Dina querría su programa dominical”. La conductora, Carla Muschi, mencionó la reciente renuncia de Ninoska Chandía como jefa institucional del IRTP y aseguró que, tras su salida, se escondía un proyecto en marcha: un programa dominical para la presidenta, que incluso ya tendría nombre, presentación y horario.
Muschi presentó una cuña de lo que supuestamente sería un programa de entrevistas encabezado por Dina Boluarte. Incluso señaló que Luis Vivanco Aldon, presunto sucesor de Chandía, tendría como misión sacar adelante el espacio presidencial apenas asuma la dirección del IRTP.

Lo que Panorama no contó
Desde la salida de Ninoska Chandía del IRTP, el ambiente dentro de la sede de Santa Beatriz ha estado tenso. Al interior, muchos sospechan que todo este escándalo ha sido armado para desacreditar al posible nuevo jefe institucional: Luis Vivanco. La idea del programa, en realidad, no es nueva. Según información a la que tuvimos acceso, la propuesta fue presentada por Vivanco en 2024, cuando era gerente general del IRTP. Sin embargo, esta idea fue rechazada por el comité de gerentes y jamás llegó a implementarse.
La versión más preocupante es que la cuña difundida por Panorama habría sido filtrada por la propia Ninoska Chandía, en coordinación con su incondicional jefe de prensa, Roberto Wong. Ambos habrían recuperado del archivo la antigua propuesta borrador de Vivanco y la habrían usado para fabricar una historia que nunca se concretó: que la presidenta pronto tendría su propio programa televisivo, al estilo Maduro o Chávez.

Consejo Directivo eliminado
En tiempos de Vivanco Aldon, las decisiones importantes pasaban por el Consejo Directivo del IRTP. Pero Ninoska Chandía, al reformar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y rediseñar el organigrama, eliminó ese consejo, centralizando todo el poder en la jefatura institucional. Es decir, desde su salida, solo el jefe decide sin consultar a nadie.
Por eso, cuando la propuesta de Vivanco Aldon fue rechazada, aún existía un proceso institucional de deliberación. Hoy, esa estructura ha sido desmantelada.

Luis Vivanco y Ninoska Chandía cuando trabajaban juntos.
El triángulo detrás del escándalo
La historia de esta supuesta “primicia” no termina en la cuña. Panorama le habría seguido el juego a Chandía y Wong, y el apoyo lo habría brindado Karla Ramírez, actual jefa de la unidad de investigación del programa. La periodista Ramírez no es ajena al círculo IRTP: fue subordinada de Roberto Wong y trabajó con él y con la entonces productora Nancy Morán —otra persona de confianza de Wong— en el programa ‘Aliados por la Seguridad’, una producción exigida por el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Nancy Morán, por cierto, fue colocada por Wong en ‘Radio Nacional’ como subdirectora de contenidos periodísticos con un sueldo de alrededor de 10 mil soles, pese a no tener experiencia en periodismo radial. Este mismo grupo ahora estaría detrás de la campaña oscura contra Vivanco.
La lógica es clara: al presentar esta “denuncia” televisiva, se busca frustrar la llegada de Vivanco al IRTP. Así, se protege a quienes actualmente manejan las decisiones y se mantiene el control interno del canal estatal. Es decir, es una lucha por el poder.
El viejo conflicto personal
El trasfondo del asunto es también personal. En su época como gerente general, Luis Vivanco habría tenido un altercado acalorado con Wong, a quien llamó telefónicamente para recriminarle por supuesta ineptitud. La discusión fue subida de tono y Wong presentó su renuncia. Poco después, Ninoska Chandía despidió a Vivanco, pero mantuvo en el cargo a su protegido Roberto Wong. Desde entonces, ambos parecen haber operado en tándem.
Ahora, con la posibilidad de que Vivanco regrese, el grupo habría actuado para evitarlo, filtrando un contenido de los borradores del archivo, fuera de contexto, como si se tratara de un plan actual y oficial. Aquí se habría fabricado un muñeco con la única finalidad de bloquear la llegada de Vivanco a IRTP.
¿Una investigación malintencionada?
El reportaje de Panorama se basó en una promoción grabada en enero del año pasado, cuando aún existía un Consejo Directivo. Eso no fue mencionado por Panorama. Dicha grabación nunca fue difundida ni aprobada. Fue simplemente un insumo descartado. Y presentarla hoy como parte de un supuesto lanzamiento inminente resulta engañoso.
Más aún, se emitió sin verificar el contexto real. No existe resolución alguna que nombre a Luis Vivanco como jefe institucional del IRTP. Tampoco hay evidencia concreta de que Dina Boluarte tenga planificado un programa dominical. Solo existe una cuña antigua, una idea archivada y mucha especulación.

¿Periodismo o campaña de sabotaje?
¿Por qué un programa dominical publicaría un informe que no se ajusta a la realidad? La respuesta parece clara: con este reportaje, Panorama cumpliría dos objetivos. Primero, obstaculizar el regreso de Vivanco. Segundo, reforzar su línea crítica contra el gobierno. Pero en ese proceso, sacrifica la ética periodística y contribuye a difundir información falsa.
El periodismo, por definición, busca contar la verdad. Pero cuando se convierte en instrumento de intereses personales, pierde su legitimidad. Y aquí no solo se ha construido un informe impreciso, sino que se ha lanzado una acusación contra alguien que ni siquiera ha sido nombrado oficialmente.
Tampoco es menos cierto que Lima Gris mantiene una postura muy crítica frente a la gestión presidencial de Dina Boluarte. Pero esa crítica debe basarse en hechos verificados, no en conjeturas, ni operaciones internas de venganza. De lo contrario, se cae en el mismo juego de manipulación que se pretende denunciar.
El verdadero problema es cómo se fabricó esta narrativa. Cómo se trianguló la supuesta existencia de un ‘programa presidencial’ a partir de una propuesta antigua, nunca aprobada, que fue desenterrada por personas con intereses personales. Y cómo un medio televisivo nacional le dio tribuna sin el más mínimo rigor.
Si algo queda claro tras este episodio, es que se ha montado un escándalo mediático sin sustento. Una supuesta primicia que nació de la manipulación de archivos internos, presentada como actualidad, y que termina dañando no solo a una persona, sino a la credibilidad de los medios.
La ciudadanía merece un periodismo responsable, que no se preste a vendettas internas, ni contribuya a la desinformación. Solo así podremos fiscalizar con legitimidad a un gobierno que, como sabemos, tiene muchas cuentas pendientes.
Política
Prohíben a trabajadores del Congreso dar declaraciones a la prensa
Empleados del Legislativo deberán contar con una “autorización expresa”.

Prohibido hablar. Un recordatorio enviado por el Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, hace recordar a todos los trabajadores de esa institución que se encuentra terminantemente prohibido realizar declaraciones públicas sobre los asuntos legislativo o vinculados a los congresistas sin contar con una autorización expresa. En el documento se advierte que el incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones administrativas disciplinarias.
Esta disposición, basada en el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, ha generado críticas por su posible impacto en la libertad de expresión y en los derechos laborales de los empleados del Parlamento. El comunicado fue remitido el 23 de junio a distintas unidades administrativas y parlamentarias.

El documento recuerda que los trabajadores del Congreso tienen la obligación de guardar reserva sobre cualquier asunto institucional.
De acuerdo con el reglamento, está prohibido hacer declaraciones a la prensa o por medios públicos sin contar con autorización expresa de las “autoridades respectivas”.
Aunque se trata de una norma vigente, la reiteración de su cumplimiento ha generado preocupación, pues podría interpretarse como una forma de silenciar denuncias legítimas sobre condiciones laborales, presuntos actos de corrupción o situaciones irregulares que ocurran en el ámbito parlamentario.
Además, no se aclara quiénes son exactamente las “autoridades respectivas” que deben autorizar una eventual declaración, lo que podría generar vacíos y discrecionalidades en la aplicación de esta medida.
El comunicado fue enviado a dependencias clave como la Dirección General de Administración, la Dirección General Parlamentaria y todas las oficinas bajo la Oficina Mayor. También se dirigió a la Unidad Ejecutora 001767, encargada de temas como la bicameralidad.
Política
Ruraq Maki anunciará nuevos seleccionados: ¿pluralidad o favoritismo?
Este miércoles 25 de junio el Ministerio de Cultura dará a conocer la identidad de las 70 colectividades y/o artistas adicionales que participarán en la conocida expo-venta de arte popular tradicional.

Ruraq Maki (hecho a mano) es una reconocida exposición-venta de arte popular tradicional, organizada por el Ministerio de Cultura. Se realiza dos veces al año y reúne a decenas de colectivos de artistas de distintas regiones del país. Sin embargo, surgen preguntas importantes: ¿realmente se garantiza la pluralidad en la convocatoria? ¿O se sigue llamando a los mismos de siempre?
El pasado miércoles 18 de junio, Lima Gris publicó una nota titulada: “Ruraq Maki: conflicto y malas artes”. En ella se señaló que, de forma sorpresiva, el Ministerio anunció la ampliación del número de expositores: de 140 a 210, para la edición 2025. Es decir, 70 cupos más, algunos de ellos para postulantes que antes habían sido rechazados. La nota criticó que esta medida no solucionaba el problema de fondo: la falta de pluralidad en la selección.

Tras la publicación, algunos artesanos habituales expresaron su molestia. Argumentaron que su presencia repetida en Ruraq Maki se justificaba porque habían sido elegidos por su trayectoria y por representar la cultura de sus regiones. Incluso, uno de ellos confesó que dependía económicamente de las ventas que lograba durante la feria.
Es cierto que todos los artesanos merecen oportunidades para mostrar su trabajo, vivir de sus ventas y llevar su arte más allá de sus comunidades. Pero eso incluye también a quienes nunca han sido convocados. No se trata de excluir a nadie, sino de abrir el espacio a nuevos rostros y talentos. Eso es pluralidad: que todos tengan la posibilidad de participar, no solo un grupo que repite año tras año.
En un comunicado, el Ministerio de Cultura habló de su “compromiso con la inclusión”. Pero cabe preguntarse: ¿inclusión de quiénes? ¿De nuevos artesanos marginados o de los mismos colectivos que han tenido siempre un lugar asegurado?
El Ministerio ha anunciado que este miércoles 25 de junio se publicará la lista final de los 70 nuevos expositores. Solo esperamos que estos cupos no terminen en manos de los mismos de siempre, conectados a redes de influencia que distorsionan el verdadero sentido de esta feria.
Estaremos atentos. Veremos si la inclusión es real, o si la argolla sigue intacta.
Política
Tres partidos más consiguen su inscripción para los comicios municipales y regionales 2026
Luego de varias tachas y observaciones, Unidad Popular, Adelante Pueblo Unido (APU), y Resurgimiento Unido Nacional (RUNA) obtuvieron su inscripción en el ROP.

El que la sigue, la consigue. Bien dicen que para conseguir algo en la vida hay que lucharla y no es la excepción en el suelo de la política, donde por primera vez en la historia 47 partidos políticos luego que las agrupaciones Unidad Popular, encabezada por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; Adelante Pueblo Unido (APU), del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y la exministra de la Mujer, Anahí Durand; y el Resurgimiento Unido Nacional (RUNA), del exministro de Cultura, Ciro Castillo, obtuvieran su inscripción oficial en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Cabe mencionar que de las 47 agrupaciones inscritas en el ROP solo 43 podrán participar en las elecciones generales de 2026, pues tales se inscribieron antes del 12 de abril de 2025.
Unidad Popular, encabezada por Duberlí Rodríguez, tiene como personero legal alterno a César Augusto Arteaga Rodríguez.
Por su parte, APU, se encuentra integrada por el expremier acusado de presuntamente participar en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ahí también se encuentra la socióloga Anahí Durand, ex ministra de la Mujer de Pedro Castillo.
Finalmente, el partido RUNA, del abogado Ciro Gálvez, cuenta con personeros a Aníbal Gálvez Rivas (titular) y Alex Rodolfo Anyaipoma de la Borda (alterno).

Las tres organizaciones sostuvieron que cumplieron con todos los requisitos legales y reclaman el reconocimiento de la inscripción provisional, contemplada en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), ante la presentación de tachas en su contra. Sin embargo, este punto genera discrepancia jurídica, ya que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE considera que dicha figura fue «derogada» por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). El pleno del JNE rechazó las apelaciones de las organizaciones políticas.
El dato:
En abril del 2026 se realizarán las elecciones generales, mientras que en octubre del mismo año se votará por las autoridades regionales y municipales. Tal situación no ocurría desde el año 2006.
Política
Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo
Ministro de Energía y Minas indicó que extensión era “necesaria”. Nueva prórroga permitirá que mineros ilegales continúen extrayendo oro sin importarles el medio ambiente o las personas.

Ya son cuatro las ocasiones en que el Ejecutivo, con complicidad del Legislativo, viene extendiendo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La última ampliación estaba prevista hasta este 30 de junio, pero ahora el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, explicó que su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año.
«Hemos tomado la decisión de ampliar por única vez hasta el 31 de diciembre del 2025 para concluir adecuadamente el proceso de formalización en la fecha que hemos indicado, con condiciones que quedarán establecidas en la norma, en el decreto supremo que será publicado esta semana», afirmó a TV Perú.
Miente el ministro Montero al decir que por “única vez” se extenderá el Reinfo cuando ya ocurrieron otras tres ampliaciones, tiempo suficiente para que los mineros ilegales e informales presenten todos sus documentos para la formalización, pero todos sabemos que tal proceso nunca ocurrirá ya que lo que ellos buscan es tener un pretexto para continuar extrayendo oro sin tener que declarar al fisco, y qué mejor ayuda del Gobierno al mantener esa ‘ventana’ abierta para que continúen atropellando el medio ambiente y también a las personas.
Solo cabe recordar que el mes pasado la presidenta Dina Boluarte firmó el Decreto Supremo n.° 009-2025-EM, en donde se indicaba en una de sus disposiciones la transferencia por herencia del Reinfo, sin embargo, ante semejante ‘cachetada’ a las decenas de trabajadores mineros fallecidos, el gobierno dio marcha atrás.

Se indicó además que existe una complicidad de parte del Congreso de la República al no acelerar el debate para una nueva ley que regule, de manera eficiente, la pequeña minería y la minería artesanal. Vergüenza ajena da cómo parlamentarios votan a favor de la extensión o tratan, bajo todas las formas, de boicotear las votaciones, sea ausentándose o no presentándose en las distintas comisiones. Es más, hasta hay parlamentarios que sin ningún rubor se reúnen con mineros informales y hasta salen a bailar junto a ellos por la extensión del Reinfo.
Al respecto, la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzales, criticó la poca participación de sus colegas a la hora de debatir sobre el proyecto de ley MAPE, calificando además la cuarta extensión como “decepcionante”.
“No se puede hablar de compromiso con la formalización si no participan cuando se discute el marco legal que la define”, indicó la parlamentaria de Avanza País.
Ampliaciones no sirvieron para nada
En cifras, desde el año 2016 hasta la fecha solo el 2,4 % de 87,111 mineros informales lograron formalizarse. Los demás, como es de esperarse se escudan para las constantes ampliaciones para continuar operando al margen de la ley, y cuando se les fiscaliza responden, entre risas poco disimuladas, que se encuentran “en proceso de formalización”.
El Gobierno de Dina Boluarte nuevamente ha decidido caminar de espaldas al pueblo, permitiendo que el oro salga sin ningún control, a pesar de que en el proceso vidas inocentes sufran las consecuencias.
Política
Minedu acelera licenciamiento de institutos tecnológicos
El Ministerio de Educación apuesta por la excelencia para potenciar la empleabilidad juvenil. En los últimos dos años, 77 institutos tecnológicos públicos y privados han obtenido su licenciamiento oficial.

La gestión del Miunedu garantiza una enseñanza alineada con lo que realmente necesita el mercado laboral. Y eso no es todo: 26 institutos públicos ya aplican el Modelo de Excelencia del Minedu, priorizando carreras con alta demanda y formando a los profesionales del futuro con herramientas como inglés técnico, habilidades digitales e innovación.
Un licenciamiento que abre puertas
Desde 2023, el Ministerio de Educación ha intensificado el proceso de licenciamiento de Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IES e IEST), con el objetivo de asegurar estándares de calidad y mejorar las oportunidades laborales para miles de jóvenes.
Tan solo en lo que va del año, 20 instituciones han sido licenciadas: 8 IES públicos, 10 privados y 2 escuelas tecnológicas privadas, en regiones como Ica, Ayacucho, La Libertad, Puno, Cusco, Lima y más. En 2023 fueron 48 institutos los que obtuvieron el licenciamiento. En total, desde 2018, ya son 188 instituciones autorizadas, que hoy forman a más de 312 mil estudiantes.

“El licenciamiento no es un trámite más. Es una garantía de calidad y una puerta directa al empleo para nuestros jóvenes”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, el Minedu brinda acompañamiento técnico a las instituciones y a las direcciones regionales de Educación para fortalecer la infraestructura, la gestión y los recursos pedagógicos.
El Modelo de Excelencia: formar técnicos con visión de futuro
De forma paralela, el Minedu impulsa el Modelo de Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia, una apuesta por modernizar los institutos públicos y responder directamente a las necesidades de los sectores productivos.
Este modelo no solo actualiza los estándares de calidad, sino que pone en el centro del aprendizaje a carreras clave como energía, manufactura, finanzas y logística, incorporando además inglés técnico, habilidades digitales, innovación y emprendimiento. A la fecha, 26 institutos públicos han adoptado este enfoque, beneficiando a más de 8 mil estudiantes.
Educación tecnológica con visión digital
Además, el Minedu trabaja en actualizar los programas de estudio en tecnologías de la información. En alianza con el sector productivo y la academia, se están incorporando competencias de vanguardia como inteligencia artificial, machine learning y big data, con el objetivo de preparar profesionales a la altura de los nuevos desafíos digitales.
Inversión récord para la educación superior técnica
El compromiso con la educación técnica es firme. Desde el 2023, el Gobierno ha incrementado de forma sustancial el presupuesto para fortalecer la formación tecnológica. Los programas presupuestales 107 y 147 pasaron de S/700 millones a más de S/1097 millones, una inversión que refleja la apuesta del Estado por el talento joven como motor del desarrollo nacional.
Política
Congresista Muñante arremete contra ‘Fiscales Supremos’ por no restituir a Patricia Benavides
En una nueva muestra de la presión ejercida desde sectores conservadores, el parlamentario de Renovación Popular cuestionó duramente a la Junta de Fiscales Supremos, evidenciando la desesperación de la derecha por devolverle el poder en la Fiscalía.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, enfiló sus críticas contra la Junta de Fiscales Supremos por no restituir a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, pese a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde sus redes sociales, el legislador acusó a los fiscales supremos de “ponerse por encima de la ley” y de desacatar abiertamente una decisión legal y vinculante.

“No hay dos fiscales de la Nación, ni tampoco una disputa por la titularidad del Ministerio Público”, escribió Muñante en un mensaje publicado en su cuenta de X, insistiendo en que la única titular legítima es Benavides Vargas.
La reacción del congresista refleja la creciente desesperación de sectores de derecha, que buscan a toda costa devolverle el control del Ministerio Público a una figura altamente cuestionada por sus presuntos vínculos con una red de corrupción. La narrativa de “restitución inmediata” ha sido impulsada desde el Congreso y medios afines, en un intento por debilitar a la no menos cuestionada Delia Espinoza y revertir la feroz crisis institucional con una solución política disfrazada de legalidad.
Muñante y sus aliados insisten en desconocer la autonomía del Ministerio Público cuando no les favorece, revelando una agenda que más prioriza intereses, antes que justicia.
Política
Fiscalía: Delia Espinoza cede ante la ley y repone a Tomás Gálvez
Tras semanas de resistencia y pese a una orden judicial, la fiscal de la Nación Delia Espinoza fue cuestionada y advertida con una denuncia por desacato. Finalmente, no le quedó más alternativa que rectificar su postura y restituir al fiscal supremo Tomás Gálvez.

En una muestra más del desgobierno y la politización que afecta al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, finalmente acató –a regañadientes– el mandato judicial que ordenaba la reposición del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su terquedad, más que un gesto de firmeza, fue una negativa abierta a respetar la ley.

Desde que el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación, y pese a que la Junta Nacional de Justicia restituyó su título en abril, Espinoza Valenzuela se negó por semanas a asignarle un despacho, desobedeciendo al Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta actitud no solo puso en entredicho su capacidad de liderar una institución ya golpeada por la crisis, sino que expuso una peligrosa indiferencia ante las resoluciones judiciales.
Gálvez Villegas, quien fue separado en 2021 sin condena firme, estaba en su derecho de regresar. No obstante, la máxima autoridad del Ministerio Público prefirió alargar el conflicto y tensar aún más la situación institucional. Fue necesaria la amenaza de una denuncia por «omisión de funciones» para que Delia Espinoza terminara por firmar la Resolución N.º 1874-2025-MP-FN, publicada el 20 de junio, asignando finalmente a Tomás Gálvez la Fiscalía Suprema de Familia.
Este episodio evidencia un patrón preocupante: Espinoza Valenzuela no solo está enfrascada en una pugna interna con Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía, sino que también actúa al margen de la Constitución y los fallos del Poder Judicial. Su obstinación no es digna de una fiscal de la Nación. Si no está dispuesta a cumplir la ley, debería, como sugiere el propio Gálvez, dar un paso al costado.
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