La primera vicepresidenta de la República, Patricia Juárez, salió ante los medios indignada y cuestionó la denuncia constitucional en su contra y contra sus colegas, José Cueto, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Williams, y otros, presentada por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza por presunto delito de “negociación incompatible”.

Según la fiscal, la parlamentaria de Fuerza Popular junto con otros once congresistas habría favorecido la aprobación de un dictamen que les permitió percibir simultáneamente un sueldo y una pensión, lo cual se considera incompatible con sus funciones de cargos públicos, tal como lo establece el artículo 3° de la Ley Marco del Empleo público Ley 28175, que señala:

“Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultanea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado.

Las únicas excepciones las constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas”.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, Patricia Juárez defiende a sus colegas militares y marinos y señala que el pago simultáneo de pensión y sueldo fue una medida legal y que la decisión se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional que permitía dicha práctica en ciertos casos, como el de los militares y asegura que no hubo ninguna «negociación incompatible» ni beneficio indebido, argumentando que la fiscal Delia Espinoza está actuando de manera inapropiada y violando la Constitución.

Patricia Juárez presentará denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación

La legisladora “naranja” sostiene que la denuncia contra ella y sus colegas parlamentarios “militares, marinos y policías” es una forma de persecución política y que la Fiscalía debería desistir de la misma, pues no tiene base legal y está infringiendo sus derechos, especialmente el artículo 93° de la Constitución que protege la inviolabilidad del voto de los congresistas. Asimismo, advirtió que se está preparando una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación Delia Espinoza por violar dicha prerrogativa constitucional.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, desde el lunes 20 de enero se encuentra en la ciudad de Davos, Suiza, participando en la reunión anual del Foro Económico Mundial, evento clave que reúne a líderes internacionales para discutir temas de economía y política global. Y en el momento de su intervención en calidad de panelista, Boluarte Zegarra alabó algunos aspectos de su gestión presidencial y resaltó los supuestos logros de su gobierno. Asimismo, reiteró su decisión de quedarse en el Gobierno hasta el 28 de julio del 2026. “Vamos a terminar el Gobierno el 28 de julio del 2026, porque así tiene que ser”, resaltó. 

 Además, contó ante el panel que su mandato presidencial es el que más tiempo ha durado en los últimos años, a diferencia de los habituales cambios de presidentes en el pasado, específicamente entre 2016 y 2021, “cuando hubo seis presidentes en el país”, sostuvo. 

Presidenta Dina Boluarte asegura que en su gobierno no hay corrupción

La mandataria chalhuanquina también subrayó que su gestión presidencial está libre de corrupción, y destacó sus supuestos logros en términos de estabilidad económica, como la baja inflación en comparación con otros países de la región y el fortalecimiento de la moneda nacional, el sol peruano, que ha ganado valor frente a otras monedas de la región. Pese a que dicha estabilidad se debe a la responsable política monetaria que maneja el Banco Central de Reserva (BCR), al mando de Julio Velarde.  

Entre tanto, la mandataria Boluarte Zegarra continuará con su agenda en el Foro suizo, donde continuarán abordando cuestiones clave para el futuro económico y político global; no obstante, al llegar a suelo peruano, la presidenta deberá acudir a la sede del Ministerio Público, para responder ante la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza por las investigaciones en su contra.

Los ‘Doble sueldo’. La Fiscalía de la Nación acaba de presentar una denuncia constitucional contra once congresistas de la República, pertenecientes a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alterno y Lucha contra las Drogas durante el periodo legislativo 2021 -2022, por presuntamente haber favorecido de manera indebida a cinco de los parlamentarios pertenecientes a dicho grupo de trabajo.

De acuerdo con la Fiscalía, los congresistas involucrados son José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela. A todos ellos se les atribuye el presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado.

La denuncia se centra en el dictamen relacionado con el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, que fue aprobado con un texto sustitutorio. Según la Fiscalía, esta normativa permitió que cinco de los congresistas denunciados, quienes además son pensionistas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, pudieran percibir simultáneamente su sueldo como legisladores y su pensión como jubilados, sin ningún tipo de límite o restricción en el monto total.

Entre los beneficiados por esta medida se encuentran José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León y José Ernesto Cueto Aservi, quienes son pensionistas de las Fuerzas Armadas, así como Alfredo Azurín Loayza, pensionista de la Policía Nacional. Según la denuncia, estos congresistas habrían actuado en su propio beneficio al interesarse directamente en la aprobación de la norma.

La Fiscalía de la Nación sostiene que las acciones de los congresistas denunciados constituyen un agravio al Estado, ya que habrían utilizado su posición como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional para promover una legislación que favorecía sus intereses personales. Este tipo de conducta, según la denuncia, encuadra en el delito de negociación incompatible, que sanciona a los funcionarios públicos que se interesan indebidamente en asuntos en los que tienen un conflicto de interés.

De acuerdo al artículo 2 del Decreto de Urgencia n° 038 – 2006, el funcionario o servidor del Estado no puede percibir ingresos mensuales mayores a seis Unidades de Ingreso del Sector Público (15,600 soles, de acuerdo a cifras del 2024), configurándose así un tope de ingresos.

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, presentó una iniciativa legislativa ante el Congreso de la República denominada: “Ley que declara la expropiación de inmuebles por necesidad pública, en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035”.

En ese sentido, se pretende expropiar casonas históricas del Cercado de Lima argumentando que los propietarios de estos inmuebles no han realizado el mantenimiento ni las reparaciones necesarias. Por ello, se pretende expropiar casonas emblemáticas que han sido declaradas patrimonio cultural como ‘El Buque’ (cruce del jirón Cangallo con jirón Junín, en Barrios Altos), la ‘Quinta Heeren’ (Jr. Junín 1201, Barrios Altos) y la ‘Casa Echenique’ (Av. Emancipación 249, 251, 253 cercado de Lima); así como otros 68 predios más.

MML y Prolima expropiarán casonas históricas

La propuesta de López Aliaga indica que se ajusta a la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, con miras al 2035, impulsado por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima). En el Oficio N° 016-2025-MML-ALC presentado ante el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, se señala que la Municipalidad de Lima busca expropiar 71 inmuebles del Cercado de Lima y pagar una indemnización a los propietarios de estos, luego de que se realice una tasación por parte de la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación del Ministerio de Vivienda.

El proyecto de ley también propone un plazo de 5 años para que, tras entrar en vigencia dicha norma, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encargue de iniciar los procesos de expropiación necesarios para la «ejecución de obras de recuperación y rehabilitación».

¿Por qué desean expropiar ‘El Buque’, ‘Quinta Heeren’ y ‘Casa Echenique?

La Municipalidad de Lima (MML) argumentó que busca expropiar las emblemáticas casonas históricas debido a que cuentan con una historia de negligencia y «destrucción permanente” por parte de sus propietarios. Por un lado, López Aliaga indicó que ‘El Buque’ ha entrado en una depredación y destrucción sistemática, como consecuencia del actuación de sus dueños. Mientras que, ‘La Casa Echenique’ tendría muchos años de deterioro y falta de mantenimiento. Asimismo, la MML acusó a sus propietarios de «una larga historia de negligencia» en la que se ha culpado al Estado, de cómo se encuentra actualmente.

Finalmente, ‘La Quinta Heeren’ tendría trámites de más de 5 años en los que se busca una solución para el estado en el que se encuentra. Entre sus graves afecciones destaca la humedad en las paredes y asentamientos del terreno.

El mundo al revés. Para nuestra jefa de Estado, Dina Boluarte, en el Perú las personas salen con una enorme sonrisa en el rostro a pasear un fin de semana totalmente despreocupados, los negocios atender con normalidad sin que un extorsionador los esté aterrorizando, los transportistas realizar sus rutas con la total confianza de que no recibirán balazos al finalizar su faena, los pequeños comerciantes, ambulantes, mototaxistas, más concentrados en sus ventas que en pagar el cupo a los delincuentes.

La presidenta vive alejada de la realidad y por mucho menos un Parlamento opositor ya estaría tramitando su moción de vacancia. Sus constantes disparates y omisiones para combatir la delincuencia ya la habrían catalogado como una incapaz moral, pero hasta el momento existe un silencio cómplice desde el Congreso.

Nuestra presidenta chalhuanquina afirmó este miércoles en Davos, Suiza, que «el Perú ahora es un país que ha recuperado su tranquilidad política, económica y social», y que ello lo hace un lugar confiable para las inversiones; pero también reconoció que los peruanos «tenemos» el problema de la criminalidad organizada, aunque subrayó que este es un padecimiento «global». 

«Creo que (el Perú) es un país en el cual se debe confiar no solo para la inversión nacional sino para la internacional, que es la que más nos interesa», dijo Boluarte durante su participación en el Segmento de Alto Nivel con Líderes y partes interesadas de América Latina: «Abordando las fallas de América Latina», encuentro que forma parte del Foro Económico Mundial 2025, al que asiste la mandataria en la mencionada ciudad europea. 

En Davos-Suiza, la presidenta Dina Boluarte reconoce que hay un problema de criminalidad organizada en el Perú.
Sin embargo, señala que el Perú está entrando a una gobernanza tranquila y que el país ha recuperado su tranquilidad social. pic.twitter.com/LzjnAlct69

— Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) January 22, 2025

La jefa de Estado enfatizó que el Perú «está entrando en una gobernanza tranquila» tras las crisis políticas que, desde el 2018 -luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República-, provocaron la sucesión de cinco mandatarios en seis años. 

No obstante, Boluarte dijo que el país aún debe lidiar con el flagelo de la «criminalidad organizada y transnacional», pese a que su Gobierno, según aseguró, encontró a la Policía «sin la logística necesaria» para enfrentar este problema. 

«Este problema no es típico del Perú, es global, estamos lidiando porque también encontramos un Ministerio del Interior, donde está nuestra Policía Nacional sin la logística necesaria, ahora estamos entregando equipos y uniformes, camionetas y motos para poder vencerla», dijo. 

Al parecer el congresista de la bancada de Podemos Perú, Darwin Espinoza, se encuentra en la “cuerda floja” tras las pruebas surgidas que lo involucran en actos de corrupción, porque habría recibido pagos millonarios para favorecer intereses empresariales, mediante modificaciones de normas legales en el sector pesquero.

Sin embargo, se dio tiempo para responder ante los medios si es que él y su esposa Bélgica Arangoitia serían parte de una organización criminal y rechazó tajantemente este señalamiento y negó la declaración de Sada Goray, porque según su apreciación ella “intenta ser admitida como colaboradora eficaz”.

Según la investigación de Cuarto Poder, la Fiscalía maneja la tesis de que empresarios pesqueros allegados a la investigada Sada Goray, entre ellos Juan Ricardo Torres Cubas, entregaron un S/1 050 000 y US$50 000 dólares a Espinoza Vargas, a cambio de promover la emisión del decreto supremo 009-2022, que modifica el reglamento del ordenamiento pesquero del atún, estableciendo medidas en la industria pesquera en el procesamiento del recurso atún.

Sin embargo, el legislador por Ancash niega todas las acusaciones, y asegura que Sada Goray ha manipulado testimonios y utiliza a su personal, como empleadas del hogar y choferes, para dar versiones que, según él, no tienen fundamento.

Darwin Espinoza negó viaje con Sada Goray a pesar que se les ve juntos en el mar

Asimismo, Darwin Espinoza Vargas negó que haya compartido viaje con Sada Goray a Punta Cana en República Dominicana y según su versión ambos coincidieron en el lugar dentro de un viaje de parejas. Como se recuerda, el programa dominical reveló que la empresaria corruptora habría cubierto los gastos del parlamentario, también sindicado como ‘chapafirma’.

“Yo no viajo con Sada Goray; sino voy en uno de parejas. Ahí es donde se coincide. Sada Goray no viaja de Lima a Punta Cana”, manifestó el legislador. Asimismo, en un afán de seguir defendiéndose ante la prensa, el congresista reiteró que no hay evidencia de pago o intercambio de favores y puso en duda la credibilidad de los testimonios de Sada Goray, sugiriendo que se trata de un intento de desviar la atención y dañar su reputación como parlamentario y niega haber recibido pagos por su participación en proyectos como el de «agua en bloque» o leyes relacionadas con el atún, alegando que estos se tramitaron antes de su gestión congresal y que otros parlamentarios promovieron esas iniciativas. Asimismo, aclara que la investigación involucra a varios congresistas; sin embargo, solo él ha sido señalado en esta indagación de manera reiterada, sugiriendo que se trata de un intento de desprestigio o venganza personal por parte de Goray, quien tiene antecedentes de prisión por corrupción.

Finalmente, acusó a la Fiscalía de parcialidad y filtraciones malintencionadas de información, como chats y documentos, con el propósito de alimentar el caso en su contra.

Ni bien sonaron las doce campanadas por el aniversario de Lima, el burgomaestre capitalino, Rafael López Aliaga, cogió sus maletas y se fue volando rumbo a Washington para estar presente en la investidura de Donald Trump como mandatario de los Estados Unidos.

Durante su participación en los eventos relacionados con el cambio de mando en la Casa Blanca, aprovechó la ocasión para reunirse con figuras clave de la política internacional.

Las fotografías publicadas en sus redes sociales muestran al popular ‘Porky’ junto al presidente de Argentina, Javier Milei; David F. Bailey, asesor de criptomonedas de Trump; el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro; y el magnate mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

En la imagen con Milei, a quien llamó “mi hermano”, el alcalde limeño escribió: “El terror de los zurdos, referente de gobierno en el mundo”. También mencionó “bitcoin en el Perú”, en referencia a la criptomoneda más grande del mundo, que ha experimentado un aumento desde la elección de Trump. Todos ellos participaron en la cena de gala de la toma de poder.

“El presidente Trump trae un mensaje de esperanza”, agregó López Aliaga al destacar “las relaciones multilaterales” que ha sostenido durante su viaje a Washington.

Otros asistentes a la toma de mando fueron los expresidentes de Estados Unidos, George W. Bush y Barack Obama; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y el vicepresidente de China, Han Zheng. 

El dato:

El multimillonario de 78 años de edad se convirtió en el presidente n° 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, anunciando en su primer día como mandatario el bloqueo de la frontera con México, la deportación de inmigrantes ilegales, así como la detención y expulsión de “millones y millones de extranjeros criminales”.

No sería la primera vez que el gobierno de Dina Boluarte blinda a su ministro del Interior. Sucedió en agosto del 2024, que tras la difusión de audios que comprometían a Juan José Santivañez en un supuesto entramado desde el Ejecutivo, con el fin de desactivar a la Diviac y pese a las críticas, el titular de la PCM en aquel momento recordó que el Ministerio Público investigaría el hecho y la procedencia de los audios y que eventualmente el caso sería enviado al Poder Judicial (PJ).

«El ministro del Interior con relación a los audios que se hacen referencia, ha declarado ya. El proceso se encuentra ante el Ministerio Público y esa es la instancia donde se tiene que ventilar de lo que corresponda al Poder Judicial, él va a tener que seguir en funciones. Lo que corresponda al Poder Ejecutivo, va a seguir en funciones», esto afirmó Adrianzén Olaya en un claro ejercicio de blindaje total hacia Santiváñez.

Y tras cinco meses de este grosero blindaje, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha vuelto a garantizar la continuidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez y descartó cualquier cambio en el gabinete ministerial, tras el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo, ciudad que se encuentra bajo estado de emergencia debido al incremento de la delincuencia.

En una entrevista, Adrianzén Olaya defendió la continuidad del ministro del Interior, Santiváñez, quien viene siendo cuestionado por tampoco incluir un mensaje de solidaridad hacia la Fiscalía en el comunicado oficial emitido por su cartera, pero sobre todo por el incontenible crecimiento de la delincuencia a nivel nacional.

“El gabinete no tiene previsto hacer cambios ministeriales”, anunció Adrianzén Olaya al ser cuestionado por la posibilidad de sustituir al ministro Santiváñez, tras el ataque terrorista en Trujillo.

“La disposición final sobre el comentario lo tiene siempre la señora presidenta, respecto, no de Santiváñez, sino de cualquiera de los ministros y del mío propio. Pero de momento lo que anuncio es que la continuidad del gabinete está garantizada”, indicó.

Cabe remarcar que el atentado perpetrado con explosivos en la madrugada de este lunes 20 de enero, dejó heridos y ha sido interpretado como un acto de intimidación contra una fiscal que investigaba a las organizaciones criminales. Ante ello, el premier Adrianzén Olaya aseguró que el Ejecutivo desplegará nuevos efectivos policiales y militares en Trujillo. Sin embargo, reconoció que la capacidad de las fuerzas del orden ha sido superada por la magnitud del crimen organizado.

“Es intolerable que no tengamos una calificación legal que permita juzgar a esta gente”, señaló el premier al referirse a la necesidad de tipificar el delito de “terrorismo urbano”. Según explicó, esta propuesta legislativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, pero fue rechazada.

El premier Adrianzén también rechazó las críticas hacia el ministro del interior Santiváñez por el manejo de la seguridad en la región de La Libertad y precisó que su continuidad al frente del Ministerio del Interior no está en discusión. “Si hay que hacer reformas y mejoras, lo haremos. Las políticas y estrategias para enfrentar el crimen organizado, empezando por Trujillo, serán reforzadas”, aseveró en defensa del ministro del Interior.