Lo volvieron a hacer. Los miembros de “La Resistencia” volvieron a aparecer, pero esta vez no alzando su voz de protesta contra el presidente de la República de turno, sino contra la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, reclamándole que de una vez por todas se ponga a trabajar para todos los peruanos y no solamente para un “grupo de caviares”.

“Esta señora (Gisela Ortiz) fue la que propuso esa ley del Ceviche, ley absurda, ley con la cual van a parametrar el consumo y preparación del ceviche. Ahí se van los millones”, manifestó uno de los voceros de la protesta realizada hoy en el frontis del Ministerio de Cultura.

En otro momento despotricaron contra la ex presentadora del programa “Costumbres” de Canal 7, Sonaly Tuesta, afirmando que en solo dos meses llegó a cobrar más de 60 mil soles.

“Sonaly Tuesta ahora ha cobrado en dos meses 60 mil soles. Qué peruano está cobrando actualmente ese dinero en estos tiempos de recesión”, vociferaron.

Cabe recordar que actualmente la ex conductora de “Costumbres” se viene desempeñando como viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, por obra y gracia del presidente de la República, de acuerdo a la resolución suprema N°014-2021-MC, del día 05 de noviembre de 2021.

La empresa española Repsol nos miente en nuestras narices. Primero, a través de un comunicado informaban que se había “logrado contener el incidente”, y que solamente se habían derramado 7 galones de petróleo, pero las labores de limpieza y las imágenes mismas demuestran completamente lo contrario.

De acuerdo con el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, el desastre que viene afectando las costas de Ventanilla y que amenaza con extenderse por el fuerte oleaje, se estima que se derramaron alrededor de 6 mil barriles de crudo, equivalente a dos canchas de fútbol profesional.

En declaraciones a la prensa, el ministro del Ambiente sostuvo que la versión de Repsol es que el incidente se produjo cuando un buque internacional que llevaba un millón de barriles de petróleo, descargaba combustible para ser refinado en la planta ubicada en Ventanilla.

De acuerdo a la empresa española, la situación se generó por las altas mareas registradas en el litoral debido a la erupción de un volcán submarino cerca a Tonga.

Ramírez Mateo indicó que en la reunión que sostuvieron la tarde de ayer con directivos de Repsol, se les exhortó a ejecutar con rapidez sus procedimientos de contingencia para evitar mayores daños ambientales y, de ser necesario, contratar el servicio de otras empresas para esa tarea.

Según declaraciones del ministro, Repsol podría ser sancionada hasta por 30 mil UITs, equivalente a 138 millones de soles.

Agregó que se tomará en cuenta si la empresa no informó a tiempo sobre el derrame de crudo en Ventanilla, pero además si no informó debidamente sobre la magnitud del desastre. “Hay una gradualidad, si incumplen, el Estado va a ser inflexible”, aseveró.

El ministro dijo que tras un sobrevuelo en el litoral se ha observado que la contaminación del petróleo llega casi hasta la bahía de Ancón.

En tanto la Cancillería del Perú ha calificado este derrame como el “peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos”.

Trabajos de limpieza se realizan hasta con recogedores de basura

Aunque parezca insólito personal de limpieza viene realizando el recojo del petróleo con recogedores de basura cerca a las costas de Ventanilla, cosa que resulta poco efectiva debido a la magnitud del derrame.

Por su parte, la refinería La Pampilla (administrada por Repsol) indicó que viene ejecutando “las labores de remediación del litoral costero y limpieza de playas en el distrito de Ventanilla” en mar y tierra.

En el escrito precisan que en el mar se han desplegado más de 1500 metros de barreras de contención que cubren todas las zonas afectadas. Además, indican que seis lanchas con brigadas de 50 personas vienen recuperando hidrocarburo con desnatadores tipo skimmer y material absorbente especial, para su posterior disposición segura.

En tierra, se “vienen trabajando en devolver a su estado original la zona del litoral” y para ello se ha dispuesto que más de 200 personas divididas en cuadrillas con equipo especializado efectúen labores de remediación en playas Cavero, Bahía Blanca y Santa Rosa”.

En muchas ocasiones los practicantes son los que se tienen que ensuciar las manos y trabajar más horas de lo permitido, eso, claro está, sin el conocimiento de la SUNAFIL, ya que podría tener consecuencias a futuro en su trabajo. Ellos, la última rueda, se venían encontrando en una situación de vulnerabilidad que asemejaba a las épocas de las grandes plantaciones algodoneras. Afortunadamente, esa realidad no oficial poco a poco va cambiando.

Anoche el Congreso de la República se aprobó la Ley N° 31396, la cual fue publicada en la Edición Extraordinaria del Boletín Oficial del diario El Peruano, la cual indica que el ámbito de aplicación de la norma es todas las entidades comprendidas en el Decreto Legislativo 1401, decreto que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, y en la Ley 28518, Ley sobre modalidades formativas laborales.

La mencionada norma aplica tanto a practicantes profesionales como pre profesionales, egresados de instituciones de educación superior universitaria y no universitaria del sector público y privado.

En el caso de las prácticas pre profesionales, el requisito indispensable es haber laborado al menos tres meses en su centro de trabajo o hasta que el estudiante adquiera la condición de egresado.

Por el lado de las prácticas profesionales, la Ley considera como experiencia laboral un plazo máximo de 24 meses.

Además, en el caso una persona inicie sus prácticas pre profesionales en una institución y luego continúe como practicante profesional, serán reconocidas de manera acumulativa.

Bajo esta medida, ambas modalidades formativas serán reconocidas para postular en el sector público y puestos laborales en el sector privado.

Otro rasgo de esta norma es la modificación del artículo 12° del Decreto Legislativo 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas de servicios en el sector público.

Este decreto establecía que las prácticas profesionales solo podían desarrollarse en el periodo de 12 meses después de egresar. Ahora, este plazo se amplía por 24 meses.

El dato:

La Ley establece, por otro lado, que los egresados de instituciones de educación superior universitaria y no universitario en el periodo 2019 -2022 pueden acreditar prácticas profesionales realizadas hasta 24 meses después del levantamiento del estado de emergencia sanitaria a causa del Covid-19.

Se le soltó la cadena. Al parecer el periodista del diario Trome, Dave Jimmy Hernández, (perteneciente al Grupo El Comercio) se le olvidaron sus clases de periodismo y dejó de lado que su profesión no acaba finalizada su jornada laboral, sino que es una forma de vida.

“Un héroe nacional que se acerque al chotano de mi… y le meta un balazo, a lo J.F. Kennedy“, escribió Hernández que estaba replicando el tuit de un usuario que pertenece a los colectivos de ultraderecha que acosa insistentemente a varias autoridades y personalidades políticas.

Tras lo sucedido y enterado de ello, el Consejo de Ministros realizó un llamado a los periodistas y a la ciudadanía en general para desterrar cualquier tipo de violencia física o verbal.

“El Consejo de Ministros en pleno rechaza y expresa su profunda preocupación por las expresiones violentas y amenazantes contra el presidente de la República, Pedro Castillo, vertidas por un periodista que labora en el medio de comunicación de amplia lectoría a nivel nacional”, se lee en el pronunciamiento.

En ese sentido, la PCM destacó que el Gobierno es respetuoso de la libertad de expresión y prensa, pero destacó que la actividad periodística tiene que ejercerse de manera responsable y basarse “en principios básicos que observen el respeto a los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida”.

Por su parte, el diario Trome también se pronunció por las declaraciones de su hasta ahora trabajador Dave Jimmy Herández, indicando que tomará medidas sancionadoras contra el periodista.

En un megaoperativo conjunto personal del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), y la Contraloría iniciaron este miércoles diversos allanamientos, entre las que se encuentra la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como municipios y gobiernos regionales, como parte de la investigación que se le sigue a la presunta organización criminal denominada “Los Incorregibles”, cuya modalidad sería la apropiación ilícita de fondos públicos.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, “Los Incorregibles” delinquían a través de la vulneración, manipulación e interferencia del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y para esto los presuntos delincuentes habrían suplantado la identidad de algunos funcionarios.

El megaoperativo está a cargo de personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. También participan del mismo un equipo de Contraloría. La investigación es por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, lavado de activos.

Esta organización habría suplantado la identidad de algunos funcionarios públicos (con y sin conocimiento) por medio de sus códigos de acceso al sistema en mención, y para ello manipularon y/o alteraron las fases del registro SIAF (devengado y girado).

Esta situación, cometida en agravio de gobiernos regionales, provinciales y distritales a nivel nacional.

El fiscal Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, informó a la prensa que para la sustracción del dinero de fondos públicos se simulaba la generación de expedientes para proceder a los desembolsos ilícitos.

“Hasta el momento esta organización criminal hacía todo de manera virtual y remota, se generaba por ejemplo una compra fantasma dentro del sistema y se procedía a realizar el desembolso correspondiente”, señaló.

Tello precisó que hay más de 40 personas investigadas, entre funcionarios y personas particulares. Indicó que además de allanamiento la diligencia judicial incluye la detención preliminar por 15 días de cinco civiles, señalados como los cabecillas de la organización.

También señaló que el perjuicio económico se estima en más de 1 millón 800 mil soles que fueron sustraídos y que con esta diligencia judicial “se ha paralizado la sustracción de más de 20 millones de soles”.

Los allanamientos se realizan también en las siguientes entidades:

1. Gobierno Regional de Apurímac – sede Chanka

2. Municipalidad Distrital de Majes-Caylloma – Arequipa

3. Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo – Ayacucho

4. Gobierno Regional de Madre de Dios

5. Municipalidad Provincial de Huancayo – Junín

6. Gobierno Regional de Arequipa

7. Municipalidad Distrital de Mara-Cotabambas – Apurímac

8. Municipalidad Distrital de Ricardo Palma-Huarochiri – Lima

9. Municipalidad Distrital de Supe Pueblo-Barranca – Lima

10. Municipalidad Distrital de Punta Negra

11. Ministerio De Economía y Finanzas

Si uno cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, y si añadido a eso se ha aplicado la dosis de refuerzo, de contagiarse podría padecer síntomas ligeros que pueden ser tratados con medicamentos al alcance de la mano. Una de esas medicinas es el paracetamol, que sirve para aliviar la fiebre y dolores leves.

Debido a esas cualidades muchas personas han optado por realizar su tratamiento desde casa. Es por ello que la creciente demanda de esa pastilla ha ocasionado que muchas boticas comiencen a especular con su precio y hasta anunciar que existe una escasez de misma, elevando el precio real del medicamento hasta en un 100%.

Enterados de esos falsos rumores la directora de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Anacab), Carla Sifuentes, manifestó que no existe una escasez del medicamento paracetamol en su versión genérica.

“Es bien importante aclarar y brindar tranquilidad a la población. La problemática que vivimos no es por desabastecimiento de medicinas, particularmente de paracetamol, lo que ocurre es que ante esta tercera ola, nuestros trabajadores dentro de la cadena logística de abastecimiento han sufrido contagios y eso genera demoras al momento de distribuir (medicinas) correctamente a los locales de farmacia”, señaló a RPP.

Sifuentes puntualizó que esta misma coyuntura se vivió en la primera ola de contagios COVID-19 en el Perú; además, precisó que los inventarios y stocks que realizó Anacab en los 2,400 locales de boticas que la conforman, demuestran que sí “están abastecidos con paracetamol y genérico”.

Sin embargo, Sifuentes consideró que a nivel nacional “existen algunas demoras para tener el abastecimiento de manera correcta en todos los locales de farmacia”. Sobre esto último, indicó que se están haciendo todos los esfuerzos para mantener la operatividad.

Consultada sobre las especulaciones de que exista un manejo de mercado, la directora de Anacab insistió en que todo es un tema de “limitación de personal” para abastecer los locales.

También precisó que Anacab solo representa 6 cadenas de boticas a nivel nacional (2,400 locales). En paralelo, explicó que existe un aproximado de 12,000 farmacias privadas que son independientes.

“Que una farmacia especule con el precio de medicamentos es un pecado”, explica especialista

Por su parte, el ex decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Lambayeque, Luis Montenegro Serquén, se mostró indignado porque algunas cadenas farmacéuticas hayan empezado a especular con el precio del paracetamol.

“Yo toleraría que una persona ajena especule, pero que una farmacia lo haga, más que un problema, es un pecado. Una farmacia está hecha para cubrir la brecha que el Estado deja y que la gente consiga el tratamiento”, dijo el especialista para el diario La República.

Finalmente, se mostró de acuerdo a la posible decisión del Ejecutivo se establecer un tope de precios en los medicamentos de primera necesidad. “Me parece bien que se establezca un tope, pero hay que tener cuidado para que esto no se amplíe a otros productos y se especule con ellos. El problema es que se genere contrabando y falsificación”, finalizó Montenegro Serquén.

Los principales medios de prensa escrita se vienen encargando de hacer pasar la noticia del derrame de petróleo cerca a las costas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón como un pequeño incidente, pero su gravedad es tan grande porque viene afectando el ecosistema existente en el litoral peruano. Versión ofrecida por la refinería La Pampilla (subsidiaria de Repsol) indica que solo se derramaron siete galones de petróleo, pero resulta inverosímil debido a la cantidad de crudo que se viene extrayendo del mar.

El presunto incidente ocurrió alrededor de la una de la tarde del sábado 15 de enero cuando el buque Mare Dorium, de bandera italiana, realizaba el proceso de descarga de crudo, pero debido a las “mareas inusitadas” provocadas por la erupción de un volcán submarino en Tonga. Esto originó que el proceso ordinario de descarga se vea alterado y se derrame parte del petróleo en el mar, explica la refinería La Pampilla.

“Las altas mareas registradas en el litoral peruano la tarde del sábado 15, como consecuencia de la erupción de un volcán con epicentro en el mar de Tonga, alteraron el proceso de descarga de crudo del buque Mare Dorium a la Refinería La Pampilla que se realizaba en esos momentos”, indicó la compañía en un comunicado.

“Como producto de ello se registró un derrame limitado debido a la violencia del oleaje que ocurrió en plena faena de descarga La refinería activó inmediatamente sus protocolos de seguridad y sus brigadas lograron controlar el incidente”, se agregó en el pronunciamiento.

Ayer por la mañana, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, acompañado de personal especializado del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), supervisó los daños ambientales que se produjeron en dos playas de Ventanilla, producto del derrame de petróleo ocasionado por la Refinería La Pampilla.

Durante la inspección técnica el titular del Ambiente precisó que los daños ambientales se circunscriben a las playas Cavero y Bahía Blanca. “Hay un grave daño a la biodiversidad, incluso puede incidir en la salud humana, y se ha ordenado que esta zona sea aislada para todo tipo de actividad”.   

De esta forma, Ramírez precisó que con toda la información recolectada se levantará un acta para iniciar los trabajos de limpieza, descontaminación y remediación de la zona afectada.

OEFA da un plazo de 10 días a Repsol para que limpie las playas

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó medidas administrativas de cumplimiento inmediato a Refinería La Pampilla S.A.A., operada por Repsol, a fin de prevenir daños acumulativos o de mayor gravedad tras el derrame de petróleo crudo ocurrido durante las operaciones de descarga del Buque Tanque Mare Doricum, en Ventanilla. Son cuatro medidas diferentes que se cumplirán al mismo tiempo.

La empresa deberá identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo derramado, en un plazo máximo de dos días hábiles, para evitar mayores afectaciones que repercutan en el suelo, agua, flora, fauna y recursos hidrobiológicos.

También deberá liderar las acciones de limpieza del área de suelo afectada por el derrame de petróleo crudo en la zona de playa Cavero y otras áreas que pudieran verse afectadas, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Paralelo a ello, Repsol tendrá que asegurar el área, realizar la contención y recuperación del hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar de Ventanilla y en otras áreas en las cuales exista la presencia de hidrocarburo, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Finalmente, los operadores de La Pampilla tendrán que ejecutar la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos generados como consecuencia de las actividades de la limpieza de las áreas afectadas, en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Hace 487 años los fundadores de Lima jamás se habrían imaginado que esa ciudad llegaría a tener más de 10 millones de habitantes y que se expandiría de una manera tal que los límites, que en un principio fueron colocados, no bastarían para las olas migratorias que llegan a la capital buscando una oportunidad.

De similar manera jamás se les debió pasar por la mente que las calles estarían cubiertas por neón y telarañas de cables colgando de los postes, o el bullicio de los autos y los vecinos que hacen sus fiestas sin importarle la tranquilidad de los demás. Mucho menos se deleitarían con el rugir de los populares vehículos denominados mototaxis recorrer, cual carrera del Dakar, las pistas deterioradas de la ‘Ciudad de los Reyes’, pasando a toda bulla con un enorme parlante.

Entre robos al paso, sicariato, extorsión, meretricio a vista y paciencia de los transeúntes por muchos de los distritos de la capital, comercio ambulatorio que tiene las puertas abiertas gracias a un alcalde fantasma, obras absurdas como un puente construido en la costanera, corrupción dentro de los mismos municipios, etc., así Lima, fundada por Francisco Pizarro, avanza a paso errático en olor a multitud.

Mientras el ciudadano de a pie ‘se las juega’ día a día para que no le quiten lo poco que tiene, hace unos días el Congreso de la República ha solicitado al Ejecutivo que Lima sea declarada en emergencia ante el desborde de la delincuencia que ahora no es exclusiva de los peruanos, sino que se ha incrementado por la migración extranjera. Ante ello, el ministro del Interior, Avelino Guillén, se encuentra de acuerdo a que se combata de una vez por todas la delincuencia.

“Nosotros queremos anunciar que vemos con beneplácito la decisión del Congreso de invocar que se declare el estado de emergencia en Lima Metropolitana. Esto nos va a permitir contar con un mayor número de efectivos para su trabajo específico, esto es el combate a la delincuencia”, declaró Guillén para TV Perú Noticias.

Respecto a la ayuda que brindarían las Fuerzas Armadas para contener la ola delictiva, el titular del Interior se mostró a favor de que estos solo “salgan a patrullar y vigilar lugares o dependencias públicas, para que policías que realizan esa labor puedan dedicarse a investigar el delito”.

Avelino Guillén también adelantó que se fortalecerá la inteligencia y la investigación de la Policía Nacional del Perú. “Vamos a colocar más policías en las calles, sacar a policías de las dependencias policiales y ubicar en su reemplazo a personal administrativo”.

Por otro lado, reiteró que desde su sector impulsarán que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) se convierta en una Dirección de la Policía.

Pero no solo basta con que el Ejecutivo declare el estado de emergencia, sino que realmente exista una cabeza que lidere ese plan (plan que debería ser articulado por nuestro alcalde pero que en la actualidad tenemos a un holograma que solamente se excusa cuando algo ocurre), que estudie a fondo el problema. Los distintos municipios deben de poner de su parte, en cooperación con la Policía y la misma sociedad civil. De no ocurrir nada seguiremos repitiendo, año a año, cómo la capital del Perú viene siendo tomada por mafias nacionales y extranjeras.