Pese a que existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) —Expediente 00014-2021-PI/TC —, algunos municipios distritales de la capital aún tienen la costumbre de aplicar sanciones ‘draconianas’ cuando encuentran un vehículo mal estacionado, ya sea por unos cuantos minutos. Observando que se encuentran obstaculizando la vía pública, proceden a llamar a una grúa o colocarles un cepo, no sin antes dejarle una exorbitante multa que es casi la mitad de un sueldo mínimo.

A propósito de ello, el TC había declarado inconstitucional la ordenanza n.° 3752021/MLV de La Victoria que data de febrero del año pasado. Al respecto, el máximo intérprete de la Carta Magna había señalado que la regulación del tránsito le corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quitándole la potestad sancionadora a los municipios sobre algunas faltas de tránsito.

El TC explica en sus argumentos que solo el MTC tiene la facultad de establecer normas nacionales en materia de tránsito, de acuerdo a la Constitución Política; mientras que las municipalidades distritales no pueden crear nuevas infracciones ni aplicar sanciones que no estén previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito (RNT).

El máximo tribunal precisó que la regulación del tránsito, incluidas las infracciones por mal estacionamiento, es una función exclusiva del MTC, en cambio destacó que el control de tránsito y las sanciones deben ser ejecutadas por la municipalidad provincial, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). De esta manera, los municipios distritales pueden colaborar en el ordenamiento vial, pero siempre dentro del marco legal y sin invadir competencias que no les corresponden.

En tal sentido, las infracciones que no podrán ser sancionadas por las municipalidades distritales son las siguientes:

• Estacionar bloqueando entradas o salidas de predios (08-0102).
• Obstruir rampas para personas con discapacidad (08-0103).
• Ocupar calzadas impidiendo el libre tránsito (08-0104).
• Aparcar sobre áreas verdes (08-0108).

En muchos casos, las sanciones impuestas por las municipalidades distritales superaban las establecidas en el RNT, lo que ha sido interpretado como una aparente estrategia recaudatoria en lugar de una medida de control del tránsito en las calles de la capital peruana.

Luego que ayer Lima Gris denunciara que obreros estarían trabajando dentro del inmueble correspondiente a lo que iba a ser el hotel Sheraton, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco emitió una nota de prensa indicando que se viene investigando a la Inmobiliaria R&G S.A.C. pero por ocupar indebidamente la vía peatonal.

“Durante la constatación se verificó que la empresa inmobiliaria había instalado estructuras de calamina que invadían el espacio público destinado al uso peatonal”, se puede leer en la Nota de Prensa n.° 123-2025 de la DDC del Cusco.

Grande fue la sorpresa que trataran de darle mayor relevancia al hecho de que la constructora estaba ocupando indebidamente parte de la vereda, que pronunciarse sobre el tema de fondo, consistente en que tal obra en la actualidad cuenta con una orden de paralización y que por ende no tendría que haber ningún personal de construcción ahí dentro.

Líneas más abajo, la mencionada nota de la DDC del Cusco aborda ese punto, pero de manera superficial, detallando que ello se encuentra en un proceso judicial que por cierto ya lleva más de 15 años, y pese a que el año 2019 el Tribunal Constitucional ordenó la demolición del inmueble y la reparación de los bienes patrimoniales que hayan resultado perjudicados.

“(…) se dejó constancia que la construcción realizada por la inmobiliaria en propiedad privada se encuentra actualmente sujeta a un proceso judicial de naturaleza constitucional”, se señala de manera escueta.

Por otro lado, también se indica que desde la DDC “no se permitirá” que se sigan realizando trabajos dentro de ese predio, pero ¿qué hacían ayer esos obreros?

Un ‘océano’ de incertidumbres. Casi todo el país estaba atento a las operaciones de rescate la Marina de Guerra y de la Fuerza Armada del Perú (FAP) para dar con el cuerpo de la alférez Ashley Vargas, y es que los días seguían pasando y las chances de encontrarla con vida se iban disipando.

La alférez de 25 años no era una piloto cualquiera, pues se trataba nada menos de una “Espada de Honor” dentro de su institución, demostrando capacidades académicas y físicas notables durante sus años de preparación.

El pasado 20 de mayo realizó un vuelo de instrucción desde la Base Aérea de Pisco, a bordo de un avión de serie KT-1P (modelo turbohélice para la instrucción de pilotos) fabricado el año 2016. Esa fue la última vez que se le encontró con vida. Lamentablemente, la mañana de ayer sus restos fueron encontrados en la zona de la Reserva Nacional de Paracas, muy cerca de la playa Mendieta, 16 días después de su desaparición. Su cadáver aún permanecía dentro de la cabina de su avión, sujetada al asiento eyectable.

A partir de esa escena se vienen originando diversos cuestionamientos en relación a los últimos minutos de vida de quien fuera “Espada de Honor” de su promoción. Así, resulta sumamente complicado entender cómo una alférez altamente capacitada no haya podido reaccionar ante una situación de emergencia, entendiéndose que parte de su entrenamiento la prepara para situaciones de vida o muerte.

Por otro lado, al estar ella entrenada, recibiendo las más altas calificaciones, surge la duda si efectivamente el asiento eyectable de su avión operaba con normalidad ese día. Cabe recordar que la alférez fue hallada aún en su asiento. Desde la FAP aseguran que la aeronave se encontraba en buenas condiciones, precisando que solo contaba con 9 años de servicio y 1200 horas de vuelo. En relación al asiento eyectable, indicaron que para su funcionamiento se requería de una acción voluntaria de la piloto, aseverando que el implemento aún contaba con los explosivos necesarios para separar el asiento de la aeronave, los mismos que se encontraban vigentes hasta diciembre del 2025.

«El asiento eyectable requiere una acción voluntaria del piloto. El asiento eyectable no funciona solo, el piloto tiene que eyectarse. Este asiento tenía los cartuchos, es decir, los elementos explosivos que hacen separar el asiento del avión, y que estaban vigentes hasta diciembre del 2025. La próxima inspección trianual del asiento era en octubre del 2027 y la próxima inspección mayor del asiento era en el año 2034, con lo cual se desvirtúa las afirmaciones de aquellas personas que decían que el asiento estaba vencido», manifestó el general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano.

FAP apunta que se trató de un error humano

Otro punto controvertido aparece con el aparato de geolocalización que llevaba ese día Ashley Vargas, el mismo que se encontraba dentro de su indumentaria, llegándose uno a preguntar por qué no lo activó.

“Sí, tenía un geolocalizador personal en su bolsillo del overol, pero este aparato se activa manualmente, y eso es algo que Ashley no hizo y no sabemos por qué”, añadió el general Chávez Cateriano.

De esta manera, la FAP asegura que se trató de un error humano y no probables deficiencias de la aeronave, buscando así deslindar de cualquier responsabilidad.

En tanto, la fiscal Gladys Torres Lobato, de la Primera Fiscalía Penal de Pisco (Primer Despacho), informó que el cuerpo de la alférez será trasladado a la morgue de Pisco para la necropsia de ley. Asimismo, el despacho fiscal continuará con las diligencias urgentes e inaplazables como parte de la investigación contra los que resulten responsables del delito de homicidio culposo.

La indebida construcción del hotel Sheraton del Cusco, ubicado en la calle Saphy, continúa sin resolverse hasta la fecha, a pesar de que en el año 2019 el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución ordenando su demolición y la restitución de piezas líticas que hayan sido perjudicadas durante su construcción. Los años pasan y ninguna autoridad, pasando por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, la Municipalidad del Cusco, así como el Ministerio de Cultura (Mincul), encabezada ahora por el cuestionadísimo ministro Fabricio Valencia, prefieren mirar a un costado y permitir que se siga atropellando nuestro patrimonio.

Lima Gris conversó con la abogada Tika Luizar, representante de la Comisión de Juristas del Cusco, para que nos brinde mayores detalles sobre tan indignante demora, mencionando que hasta la fecha la UNESCO no se incorpora al caso. La abogada indicó que en un primer momento la UNESCO, a través del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), había sido convocada, ya que se especializa en temas de patrimonio mundial, pero al ver su ausentismo se va a solicitar desistir de su asesoría técnica.

Es así que la jurista acudió nuevamente esta mañana a entrevistarse con la presidenta de la Corte Superior para agilizar el proceso, detallándole que la demora viene perjudicando aún más las construcciones prehispánicas. La doctora Luizar evidenció que ayer se venían realizando trabajos dentro de la obra que en teoría se encuentra con orden de paralización, observando que varias piezas líticas habrían sido removidas de su lugar original.

Por otro lado, indicó que se tiene pensado realizar una protesta en el frontis de la DDC del Cusco, en respuesta a la inacción de tal institución que debería de estar velando y protegiendo todo nuestro patrimonio cultural, y en el especial del Cusco.

El dato:

La construcción del hotel Sheraton del Cusco data desde el año 2010, estando involucrados más de setenta ex funcionarios de la DDC del Cusco, así como de la Municipalidad Provincial de Cusco, incluidos ex alcaldes y directores de la DDC, los cuales están bajo investigación por delitos como corrupción y crimen organizado. Hasta ahora, no se han aplicado condenas o sanciones finales a los implicados.

Hace un mes, el portal El Foco informó sobre un hecho que se encontraba oculto: “La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene como asesora de imagen a Cecilia Cebreros. La comunicadora es pareja del conocido abogado penalista César Azabache, quien defiende a investigados por el propio Ministerio Público”.

La noticia en mención mostraba un clarísimo y serio conflicto de intereses, sin embargo, el asunto sigue en silencio a pesar de que quedó al descubierto una situación de privilegio para el penalista César Azabache Caracciolo, quien tiene varios clientes investigados en diferentes fiscalías. Azabache ha conseguido el sueño de todo penalista: que su esposa trabaje al lado de la Fiscal de la Nación, la autoridad que tiene el mando sobre todos los fiscales.

Serenata en casa. César Azabache y su esposa Cecilia Cebreros.

Sin duda, tener a la esposa, día a día, al lado de la Fiscal de la Nación y con acceso a información privilegiada, es un buen argumento para que Azabache capte clientes empresariales como los hermanos Wong o la cuestionada firma Brookfield en el caso Rutas de Lima,  investigados por presunto lavado de activos.

La pregunta es ¿por qué el Ministerio Público guarda silencio ante un caso de flagrante conflicto de intereses?

¿Quién es Cecilia Cebreros Apaza?

En su perfil de Linkedin se presenta como una profesional senior de Comunicaciones, con una maestría en Dirección de Comunicaciones y como una “experta en diseño de estrategias de posicionamiento con enfoque reputacional y experta en campañas de comunicación”. Como el defecto de Linkedin es que permite el autobombo, consultamos a diversos profesionales y resulta que, en el ambiente profesional donde dice ser experta, Cecilia Cebreros es una desconocida. Un conocido Head Hunter no la registra y varias agencias de comunicación desconocen su trayectoria y no se conoce de ningún caso importante donde haya demostrado ser una experta.

En los hechos, parece haber intentado, sin éxito, ser una pequeña empresaria al crear en el año 2012 “El Hadita Lima” para la elaboración de “productos alimenticios”. Al parecer su hadita no la protegió y entonces, un año después, Cebreros, la emprendedora, intentó otra ruta creando la “Asociación Antorcha Comunicadores”, en la cual se autonombró como Presidente. Esta asociación dijo dedicarse a un rubro casi hollywoodiense: la producción y distribución de películas y videos. Pero, la antorcha no prendió y la asociación duró apenas un año, pues, se encuentra en condición de baja de oficio ante la Sunat desde el año 2013. Al parecer, Cecilia Cebreros Apaza no se dio cuenta de un pequeño detalle: no es negocio distribuir películas en un país que no va al cine y tampoco funciona la distribución de videos en un país con alta piratería.

La pareja de esposos en pleno crepusculo.

No obstante, la hoy jefa de comunicaciones de la Fiscalía de la Nación, tiene cierta terquedad porque insistió en sus fallidas aventuras empresariales y trató de encender su “Antorcha Comunicaciones” el año 2014 pero en otro rubro complicado: la edición de libros y folletos en un país que no lee. El resultado fue otro fracaso empresarial y desde el año 2016, la Sunat registra la baja de oficio de la citada empresa.

Entonces, Cecilia Cebreros Apaza, la esposa del abogado penalista César Azabache y actual asesora de la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, se olvidó del sector privado que exige capacidades y talento, y giró hacia el sector estatal, ámbito en el que ha sobrevivido dando saltos de un lugar a otro cual profesional versátil que parece conocer todos los rubros.

En efecto, entre el 2019-2020 fue Jefa de la División de Comunicaciones de la Sunat. ¿Quién era ministra de Economía y Finanzas? María Antonieta Alva, cliente de ¿quién? del penalista César Azabache. Cabe precisar también que Azabache era consejero legal de Jorge Alva Hurtado, padre de la ex ministra y amigo cercanísimo de Martín Vizcarra, conforme lo informó en su momento, América Televisión.

Luego, el año 2022, Cecilia Cebreros reapareció como jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de Proinversión, durante el gobierno de Pedro Castillo. La caída de Castillo no la afectó porque en la gestión de Dina Boluarte, fue designada como Directora Ejecutiva de la Oficina de Información Pública del Ministerio de Salud el 22 de marzo de 2023. Allí trabajó con la cuestionada ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, acusada por desaparecer del cargo para hacerse una liposucción en plena epidemia del dengue que originó 200 muertes.

Como puede verse, Cecilia Cebreros de Azabache, ha tenido un buen ángel de la guarda para transitar en poco más de seis años por la SUNAT, PROINVERSION y el MINSA hasta llegar, actualmente, al rubro judicial como asesora de imagen de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

El problema es que la esposa de un abogado penalista no puede estar en la Fiscalía de la Nación con acceso a información privilegiada y a diversos contactos. ¿Qué harán las autoridades del Ministerio Público? ¿Qué opinará el penalista Azabache? Por lo pronto, su esposa, según fuentes a las que hemos accedido, ya lo sabe pero dice muy risueña: “No va a pasar nada”. ¿Por qué está tan segura?

Imagínese que quiere construir una casa y contrata a un ingeniero; este le dice que confíe en él y que regrese dentro de diez meses para que reciba la obra finalizada. Celebran un contrato y acuerdan la fecha límite. Pasan los meses y usted pasa a ver la casa que mandó a construir, dándose con la sorpresa que no cuenta con una puerta de ingreso. Confundido, se acerca al ingeniero y le pregunta por no tan minúsculo detalle, a lo que él le explica que aún no está lista y que por mientras puede ingresar por la casa del vecino hasta que se termine de construir la puerta y que eso durará al menos cuatro meses más. Usted, iracundo ya, le increpa al ingeniero por tal negligencia, a lo que él le contesta que solo estaba encargado de construir de la puerta para adentro, pero más allá de eso no era su responsabilidad.

Esta misma situación se viene replicando en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, inaugurado oficialmente el pasado 1 de junio, pero que en tan solo unos cuantos días viene demostrando una serie de falencias imperdonables para miles de viajeros y que de tratarse de una tienda por departamentos ya tendría en su fachada un enorme letrero indicando “Clausura temporal por infringir las normas de seguridad”.

Ante ello, la presidente Ejecutiva del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, manifestó que en efecto solo existe el acceso para vehículos, pero no peatonal; eso último, indicó para RPP, recién estaría listo a finales del año 2028 o principios del 2029. Pero, siendo realistas, la construcción del puente peatonal estaría para el 2030 o 2031, debido a la demora recurrente de las construcciones. Para ejemplo solo basta ver lo que ocurre con la Línea 2 del Metro.

La presidenta de Ositrán mencionó que tal deficiencia se debe a la ausencia de obras de infraestructura que debieron ser realizadas desde el año 2018, cuando «ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal».

“En 2018, cuando se entregan los terrenos, ya el Estado sabía que tenía que realizar obras para estas dos obras importantes en el exterior del terminal y no se realizaron. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Unos puentes que son modulares y que están por un tiempo y que no tienen un espacio de vereda para que las personas efectivamente puedan caminar», dijo para el citado medio.

En cuanto a las sanciones posibles por cancelaciones y retrasos de vuelos recientes, Zambrano indicó que Ositrán está en proceso de fiscalización para determinar responsabilidades y no descartó posibles sanciones al concesionario LAP si se comprueba negligencia en las operaciones.

Asimismo, Zambrano aclaró que “no es un tema del concesionario, sino que es un tema que tiene que ver de la puerta del aeropuerto hacia afuera”, en consecuencia, el encargado de resolverlo es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al no estar dentro del área de concesión.

Por ello, será el MTC el gran responsable si ocurriese una tragedia o siniestro dentro del nuevo aeropuerto, dificultando la salida de miles de viajeros que buscarán cualquier medio de escape, teniendo que correr por la vía donde pasan los vehículos.  

Lima Gris Radio habló sobre el escandalo realizado por una nueva delimitación que reduce la protección de las líneas de Nasca, en Ica, firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa.

En el programa, indicaron que al dejar desprotegida esta sagrada zona declarada patrimonio mundial, se dejaría la ‘puerta abierta’ a grupos mineros informales para que puedan invadir dichos terrenos.

Asimismo, se indicó que en este cuestionado caso también apareciera la presencia del partido Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña Peralta, personaje que estaría ligado a la minería informal.

Aquí el programa de Lima Gris por radio Planicie 91.5 FM.

Tras las publicaciones del pasado martes 27 de mayo en nuestro portal Lima Gris, titulada “Directora de Bellas Artes firmó resolución para otorgarse a sí misma el grado de bachiller”, y la del viernes 30 de mayo en el diario La República bajo el título “Controversia en la Universidad de Bellas Artes: la Directora Eva Dalila López Miranda se otorga el grado de bachiller a sí misma”, la hoy Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP) —antes Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP)—, emitió un comunicado oficial.

Mediante el Comunicado N.º 003-2025-ENSABAP-DG, la Dirección General, liderada por la señora Eva Dalila López Miranda, expresó su firme rechazo al contenido de ambas publicaciones periodísticas, argumentando que las notas son parciales, inexactas y carentes del mínimo rigor periodístico. Según se indica en el documento, dichas publicaciones afectan la imagen institucional de la Dirección General y el prestigio académico de la UNABAP.

El pronunciamiento añade que el otorgamiento del grado de bachiller a la actual directora se basó en una resolución judicial firme emitida con anterioridad a su asunción del cargo de Directora General. Asimismo, recalcan que su designación fue producto de un proceso electoral democrático llevado a cabo por un Comité Electoral autónomo. La universidad también subraya que las resoluciones administrativas que emite no son actos discrecionales, sino simples formalizaciones de decisiones adoptadas por instancias judiciales ya concluidas antes del inicio de la actual gestión.

En el mismo comunicado, la señora López Miranda lamenta que los medios involucrados hayan difundido información —según su versión— sin permitir el adecuado ejercicio del derecho a réplica ni realizar un contraste objetivo de fuentes. A juicio de la funcionaria, se recurrió a insinuaciones malintencionadas que distorsionan la realidad. Reitera también que su administración mantiene un firme compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto institucional.

Sin embargo, lo más preocupante llega al final del comunicado, donde la entidad —a través de su directora general— lanza una advertencia directa: de continuar con publicaciones similares, procederán con acciones legales. Para Lima Gris, esta declaración constituye una amenaza que busca amedrentar el libre ejercicio del periodismo.

La respuesta de Lima Gris

Frente al contenido del comunicado emitido por la UNABAP, desde Lima Gris expresamos nuestro más profundo rechazo a lo que consideramos una grave tergiversación de los hechos. Nos sorprende que la señora López Miranda, en representación de la universidad que preside, acuse a este medio de faltar al rigor periodístico y de no haber brindado el derecho a réplica.

Queremos dejar en claro que, antes de publicar nuestra nota del 27 de mayo, desde nuestra redacción nos comunicamos directamente con la señora López Miranda. Ese mismo día, se le envió un mensaje vía WhatsApp, informándole que estábamos trabajando una nota sobre la Resolución 056-2021, mediante la cual se le otorgó a sí misma el grado de bachiller, y que queríamos contar con su versión para incluir su descargo. No solo se le escribió; también se le llamó por teléfono. En ambas ocasiones no obtuvimos respuesta. Por lo tanto, resulta completamente falso que no se le haya dado la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos.

Respecto a su defensa sobre la legalidad del otorgamiento del grado de bachiller, reconocemos que este cuenta con respaldo judicial. No obstante, aquí no se discute la legalidad en sí, sino el aspecto ético del procedimiento. La pregunta clave es: ¿es correcto que la señora López Miranda haya firmado la resolución que le otorga el grado de bachiller mientras ejercía como Directora General? ¿No se trata de un claro conflicto de interés? No se necesita ser jurista para entender que el derecho administrativo contempla sanciones frente a situaciones en las que un funcionario actúa como juez y parte. ¿Por qué no se inhibió de firmar dicha resolución? ¿No habría sido eso lo más transparente y ético?

Además, en el comunicado institucional se afirma que su designación como autoridad de la UNABAP fue producto de una elección democrática llevada a cabo por un Comité Electoral autónomo. Sin embargo, lo que no se menciona es que el Consejo Ejecutivo que formalizó su elección en enero de 2021 estaba presidido por la propia López Miranda. En otras palabras, ella misma firmó su nombramiento como Directora General. Si bien esta acción se ampara en el estatuto institucional modificado en agosto de 2020 —que permite al Consejo Ejecutivo, presidido por el Director General, dirigir y gestionar la institución—, ello no despeja las dudas razonables sobre la ética de actuar en beneficio propio desde una posición de poder.

Justamente, por estas razones fue que Lima Gris intentó obtener su versión antes de la publicación de nuestra nota. Pero la señora López Miranda nunca mostró disposición a responder. Ahora, pretende hacernos creer que no se le permitió ejercer su derecho a réplica, lo cual desmentimos categóricamente.

Finalmente, queremos decirle a la Directora General Eva Dalila López Miranda, con el respeto que merece, que en lugar de amenazarnos con acciones legales por cumplir nuestro rol informativo, debería respaldar con hechos su discurso sobre transparencia y respeto institucional. Desde Lima Gris seguiremos ejerciendo un periodismo serio, ético y responsable. No buscamos dañar honras ni desprestigiar instituciones, pero sí continuaremos informando a la ciudadanía y, en particular, a la comunidad bellasartina, sobre actos y decisiones que merecen ser escrutados con lupa y también se deberá conocer en qué se destinan los fondos que el MEF brinda a la UNABAP. Es nuestro deber mantener informada a la sociedad y velar por el uso adecuado de los recursos que se le asigna a esta prestigiosa casa de estudios artísticos.