Un proyecto de ley que podría facilitar la obtención del tan ansiado título universitario fue presentado por el congresista de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina. La propuesta legislativa busca modificar un apartado del artículo 45 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, en lo referente a la obtención del título profesional.

Dicha iniciativa tiene como finalidad permitir que los estudiantes universitarios puedan obtener su titulación en otra casa de estudios y, de esta manera, logren integrarse rápidamente en el mercado laboral. “Los universitarios que han obtenido el grado de bachiller puedan obtener el título profesional en una universidad licenciada independientemente de la que otorgó el grado”, se lee en el documento firmado por Medina Minaya.

Es preciso mencionar que los coautores de la propuesta legislativa son los congresistas Juan Burgos Oliveros, Héctor Acuña Peralta y Katy Ugarte Mamani, quienes indicaron que los educandos experimentan obstáculos o dificultades al intentar obtener sus títulos universitarios.

Según los autores de este proyecto de ley, estas complicaciones no son culpa de los propios estudiantes, sino que radican en las universidades. Esta problemática fue fundamentada en la iniciativa legislativa.

“En el frente interno, si bien no se cuentan con estadísticas de las universidades sobre las naturalezas de las quejas presentadas por sus alumnos, se trae a colación la labor que la Sunedu realiza con los estudiantes universitarios para el fortalecimiento de la calidad. En una reunión sostenida en enero de 2022 con representantes estudiantiles de universidades licenciadas, se recogieron demandas asociadas principalmente a demoras en la entrega de grados y títulos profesionales, poca información sobre las modalidades de titulación, celeridad en la atención de las denuncias, entre otras.

Respecto a la sede administrativa, precisamente la Sunedu recibe reclamos sobre el accionar de las universidades, los cuales en el 2021 tuvieron como uno de sus principales motivos la presunta demora en la inscripción de grados y títulos. En cuanto a las denuncias, se evidencia nuevamente que uno de los temas recurrentes está vinculado a los grados y títulos: requisitos para la obtención, demora en el trámite de registro, no entrega del diploma, entre otros”, reza el documento.

Ahora bien, de aprobarse el proyecto de ley del congresista Esdras Medina, el artículo 45.2 quedaría de la siguiente manera:

“45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional se puede obtener en una universidad licenciada diferente a la que otorgó el grado de bachiller, siempre que la universidad receptora cuente con autorización para ofrecer el programa académico conducente a dicho grado”, se precisa.

Hartazgo. Vivir con la incertidumbre de que a la vuelta de la esquina podemos ser asaltados, o emprender un negocio y que extorsionadores nos aterroricen con llamadas y mensajes de texto anónimos; o tal vez cuando uno va a realizar una denuncia nuestro reclamo sea atendido o sencillamente ignorado. Ese tipo de ejemplos desconcierta a la nueva generación de peruanos, pues no ven resultados si de progreso y bienestar se tiene que considerar.

Ante este terrible panorama, un 47% de jóvenes peruanos tiene intenciones de irse del país en los próximos tres años, ya sea para trabajar o vivir, según el resultado de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) hecha en setiembre a jóvenes de 18 a más. Esta cifra se ha incrementado en 11 puntos en comparación a agosto del año pasado, lo que revela que “el país de las oportunidades” hoy sufre la pérdida de muchos de sus ciudadanos y talentos, dice Laura Amaya, psicóloga social e investigadora del IEP.

Además, da cuenta de un clima social cargado de temores y desconfianza. En agosto del 2022, un 36% mostraba la intención de emigrar frente a un mayoritario 61% que no contemplaba irse del país como una opción viable. Este año se evidencia una tendencia en aumento de la decisión de dejar el Perú, donde un 47% quiere dejar el Perú frente a un 50%.

Esta encuesta del IEP siendo analizada con las cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que hasta junio del 2023 registraban más de 415 mil los peruanos que se fueron al extranjero y decidieron no regresar, muestra un panorama aún más completo sobre el aumento de ciudadanos peruanos que buscar ir al extranjero a establecerse.

La elección de buscar emigrar aumenta a 60% en el grupo etario más joven, de 18 a 24 años. Le sigue con un 51%, los jóvenes de 25 a 39 años. Para Amaya, que 6 de cada 10 jóvenes estén pensando en irse del Perú habla de un posible hartazgo frente a todo los que se ha vivido en los últimos años.

Todo tiene un límite

Un 80% de los peruanos dice sentirse muy inseguro o algo inseguro en las calles del país a causa de la delincuencia y el crimen organizado, según el mismo centro de investigación.

Además, la economía en el Perú se contrajo en un 11%, en 2020, según el Banco Central de Reserva (BCR) del país. Y el Perú no logrado recuperarse, señalan expertos. En 2022 la pobreza aumentó un 1,6% con respecto a 2021 y en 7,3% con respecto a 2019, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú.

Y, por último, las constantes crisis políticas y la inestabilidad de las instituciones en el país también son un factor. Esto crea inestabilidad para la inversión extranjera y el declive del Producto Bruto Interno (PBI).

Construir sobre los ajeno puede costar muy caro. Yumiko Ramírez Fabián, madre de cuatro niños, se vio obligada a tomar una decisión radical tras separarse de su pareja, pues no titubeó al mandar a demoler la casa de tres pisos que había construido a bases de sacrificio y muchas carencias. Esa vivienda, ubicada en Chancay, la compartía con Ricardo Vega Narciso, pero tras la culminación de su relación, el suegro de Yumiko, Pablo Honorato Vega, le exigió a la mujer desalojar el predio sustentándose en una orden judicial.

Este hecho no ha pasado por alto en la comunidad, generando aprobación y rechazo en ambas partes. Yumiko afirma que ella y sus padres, quienes se encontraban en el extranjero, construyeron la vivienda. Por otro lado, el abuelo paterno de los menores, Pablo Honorato Vega, ha buscado el amparo del Poder Judicial para recuperar el terreno y, por ende, la vivienda.

La historia de Yumiko y Ricardo se remonta al año 2003, cuando contrajeron matrimonio y formaron una familia con cuatro hijos. Juntos construyeron una casa de tres pisos que ahora se encuentra en el centro de este conflicto. Según las declaraciones de Yumiko, la separación ocurrió cuando Ricardo conoció a otra mujer con la que decidió convivir.

“Él vive al otro lado del pueblo con su mujer y sus hijos. Yo he tenido que hacerle una demanda para que pase dinero a mis hijos desde hace ocho años que nos dejó y si ahora pasa es porque la justicia le obliga”, declaró Yumiko, quien además sostiene que tiene una disputa con su ex pareja por la pensión de alimentos.

La mañana del 22 de septiembre, la triste realidad de esta familia se hizo visible cuando un grupo de hombres se encontraba demoliendo la vivienda, rompiendo paredes y sacando objetos personales. La madre de familia había tomado la decisión de destruir la casa, lo que generó un gran revuelo en la comunidad.

Medios locales se acercaron al lugar para observar la demolición en curso, pero la situación se complicó aún más cuando llegaron el dueño del terreno y su hijo, quien también era expareja de Yumiko. Ambos reclamaban a los trabajadores que detuvieran la demolición.

La presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el lugar marcó un punto de inflexión en esta compleja situación. Los oficiales suspendieron las acciones de los trabajadores y comenzaron a investigar a fondo el caso para determinar la propiedad legítima de la vivienda y garantizar los derechos de los menores involucrados.

Este caso ha despertado un gran interés en la población de Chancay, especialmente en el pueblo joven Cerro la Culebra, donde está ubicada la casa de tres pisos. Además de la disputa sobre la propiedad, el desalojo afectó profundamente a los cuatro nietos menores de edad, quienes ahora se encuentran en medio de un drama familiar.

Gran preocupación suscitó el anuncio de Sedapal respecto a un masivo recorte de agua programado para 22 distritos de la capital previsto desde el 6 al 10 de octubre. Muchos consideraron que se trataba de un recorte total por 96 horas en los 22 distritos, sin embargo, la titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, salió a aclarar que no se trata de un desabastecimiento, sino de trabajos de empalme de tuberías, así como que no será de impacto total en los 22 distritos.

Agregó que son 22 distritos los afectados, pero que 19 recuperarán el servicio de manera progresiva en el transcurso de las 48 horas. “Es decir, van a tener de nuevo agua potable entre el sábado y domingo”.

El Agustino, Ate, Santa Anita, San Luis, La Molina, Surquillo, Miraflores, San Isidro, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Rímac, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Surco, Barranco, San Borja, Independencia, La Victoria y el Cercado de Lima; son los distritos que tendrán restricciones por horas (desde las 10:00 a.m. a 10:00 p.m.). Mientras que otros tres van a ser más afectados, precisamente por encontrarse en la zona sur. Estos son: Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, cuyos habitantes recuperarán el servicio recién entre el lunes y martes.

“Sedapal y el Ministerio de Vivienda ya han coordinado con los 22 municipios para que, de manera articulada, se pueda comunicar a la población a través de las redes sociales cuáles son los horarios de corte, dónde habrá baja presión, ya que no en todos los distritos habrá corte definitivo”, manifestó.

Cabe indicar que, este martes 26 de septiembre, la ministra Pérez de Cuéllar, señaló que habrá más de 100 puntos de acopio donde se brindará agua en las zonas afectadas.

Sedapal informó sobre trabajos de empalme

En tanto, de acuerdo a la información de Sedapal, el corte de agua masivo “es debido a la ejecución de dos empalmes, incorporando una nueva tubería de 2 metros de diámetro, que incrementará el abastecimiento a través de las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz ATARJEA – Villa El Salvador”.

Asimismo, Sedapal señala que estos trabajos “permitirán mejorar el suministro de agua potable y el plan de contingencia detallados, fueron expuestas durante una reunión de coordinación entre el Directorio de Sedapal y la Presidencia Ejecutiva de la Sunass”.

Finalmente, Sedapal indicó que la empresa brindará una conferencia de prensa este miércoles para brindar mayores detalles sobre el plan de contingencia.

Durante las últimas semanas en Radio Nacional ubicado en la Av. Petit Thouars 447 en Lima, se viene realizando una especie de purga desde el ingreso del nuevo gerente Gilbert Llapapasca Cunya, quien asegura que durante muchos años varios locadores han estado gozando de jugosos pagos sin cumplir con la asistencia, horarios e incluso el perfil para trabajar en la radio estatal que es parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Como es de conocimiento público, hace unos días, Ana Cecilia Brozovich, conductora del desaparecido programa “Nacional Play”, salió a denunciar que fue despedida de manera inesperada de Radio Nacional, y mediante sus redes sociales mencionó:  “10 años en TV Perú y 4 años en Radio Nacional se fueron así, no más (…) No es mi afán de perennizarme en nada, solo no me parece que las formas sean las correctas (…) No tengo afiliación a ningún partido político ni con ningún presidente/a, ni ahora, ni antes ni nunca”.

Además, en nuevo mensaje señaló “Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Sin ánimos de victimizarme enterarme de la noche a la mañana que me quedé sin trabajo me duele”.

Tras leer los mensajes de Ana Cecilia Brozovich, nos comunicamos con el gerente Gilbert Llapapasca para conocer los motivos de la decisión de retirar a la conductora del programa musical “Nacional Play”. El nuevo gerente mencionó: “La señora no cumplía con los términos de referencia (TDR). No venía a trabajar. La señora tenía un programa semanal de una hora todos los sábados, pero como ella hablaba con el gerente de televisión anterior, le decía que tenía mejores equipos en su casa y que su esposo es productor, así que los hacía en su casa y los enviaba. Y como venía enganchada de los presidentes ejecutivos y los gerentes de radio la respaldaban, empezando con Hugo Cuya, quien siempre ha sido caviar. Ese señor siempre ha respaldado la desastrosa gestión de los gerentes de radio como el señor Francisco Mejorada. Es más, el señor Coya tenía un programa radial, y estando prohibido que un funcionario del Estado tenga un programa en la radio del Estado. Esto éticamente se ve mal”.

Accedimos a la documentación del TDR de la señora Ana Cecilia Brozovich para corroborar la finalidad de la contratación, los requisitos mínimos y las condiciones respectivas para realizar el trabajo.

En el punto tres donde se refiere al objetivo de la contratación del trabajo, se señala: “Contratar los servicios de una persona natural para que brinde el servicio de conducción del programa Nacional Play para la Gerencia de Radio, servicios que serán prestados en forma independiente y de manera temporal”. Además dice: “Se obliga al cumplimiento de las prestaciones descritas, conociendo la inexistencia de subordinación por parte de la Entiedad”. Ojo, este punto es importante, ya que mediante una carta notarial ahora la señora Brozovich esta exigiendo que se le pague por beneficios sociales casi 1 millón de soles. El documento lo veremos más adelante.

Luego, en los requisitos mínimos para ocupar el puesto de conductor para el programa de radio solo se pedía: “Grado académico y/o nivel de estudios Licenciado en Psicología con capacidad de interactuar con los jóvenes brindando consejos sanos”. En el punto de la acreditación documentaria se menciona: “En caso que el título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, la acreditación se efectuará con la presentación de la copia del diploma que acredite la formación académica requerida de EL/LA LOCADOR/A”. Y en la experiencia Laboral solo se exigía 01 año en la conducción de programas en medios de comunicación.

Esto claramente es un TDR dirigido, bajaron la valla aparentemente para una persona con nombre y apellido. Un caso que nos hace recordar a lo que hizo el expresidente Francisco Sagasti para que Bruno Pacheco ingrese a trabajar a Palacio de Gobierno como Secretario General de Pedro Castillo Terrones, hoy preso en Barbadillo.

Basándonos en los hechos, queda claro que un profesional de psicología como la señora Ana Cecilia Brozovich no es idónea para conducir un programa en la radio del Estado. Entiéndase idoneidad como aptitud técnica, legal y moral. Una condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.

Luego viene un punto importante en el TDR del cual el señor Gilbert Llapapasca mencionó, se trata del lugar donde la conductora debe prestar el servicio. Claramente el documento señala: “El servicio será desarrollado en las instalaciones de Radio Nacional del Perú”. Esto quiere decir que la señora Ana Cecilia Brozovich estuvo incumpliendo los términos de referencia señalados en la documentación.

Nos comunicamos vía telefónica con la señora Brozovich para recoger su descargo sobre el cual habría sido uno de los argumentos para que se le retire de Radio Nacional. Tras preguntarle si era verdad que no estaba cumpliendo con el TDR, ya que según el gerente de la radio la conductora del programa musical “Nacional Play”, no asistía presencialmente a las instalaciones. Aquí nuestras preguntas y respuestas de Ana Cecilia Brozovich.

El gerente de Radio Nacional mencionó que usted no cumplió con el TDR, quería preguntarle ¿esto es cierto?

Ana Cecilia Brozovich: No sé qué versión le está dando Radio Nacional. Supongo que entonces tendrán ellos que verificar los TDR que han venido trabajando conmigo hace más de dos o tres años. Me va a disculpar, yo ya hablé lo que tenía que hablar del tema. El TDR ha sido el mismo durante tres años”.

¿Usted iba a Radio Nacional a grabar el programa? Porque según el gerente solo mandaba su programa, pero en el TDR dice que el servicio se realizaba en las instalaciones de la radio.

Ana Cecilia Brozovich: lo que sucede que a partir de la pandemia eso cambió y ellos se acostumbraron a eso, porque como yo hago música tengo un home estudio en casa, es un estudio profesional. Ellos se acostumbraron a que yo elabore todo, incluso, haciendo más trabajo del que a mí me correspondía. Yo les envié el programa listo, eso escapa a mí. Yo no tengo porque exigir que me permitan ingresar y grabar en la locación si es que eso no sale de ellos. Los empleadores son ellos, no yo.

Entonces, después de pandemia esto se extendió…

Ana Cecilia Brozovich: correcto, incluso realizaba otros trabajos que no me correspondían, pero los hacía porque necesitaba el trabajo.

En la comunicación vía telefónica el gerente Gilbert Llapapasca, también nos mencionó: “Yo dos veces he sido gerente, y hasta ahora no la conozco a la señora personalmente. Parece que la señora no considera esto como un trabajo, sino como un cachuelo”.

Quisimos saber qué otros argumentos impulsaron la salida de la señora Brozovich, y esto fue lo que nos respondió el señor Llapapasca: “La señora no cumple su orden de TDR, yo necesito esa plata para contratar a chicos que sí quieren trabajar, van a producir y van a ser útiles para la radio. Ese dinero se usará para reflotar el área de prensa. Además, la señora ya tenía 10 años en televisión y 4 años en Radio Nacional. A la señora la sacaron de la televisión por las mismas condiciones, pero ella se consiguió su varita y la pasaron a Radio Nacional”.

Para zanjar el tema de la salida de Brozovich, el gerente Llapapasca fue enfático al señalar: “Acá se paga al que trabaja, al que cumple su TDR. Además, lo que ella tiene son órdenes de servicio, yo no tengo porque darle explicaciones a la señora. Solamente se le da explicaciones al señor CAS y al señor 728. Los locadores son trabajadores que no pertenecen a la empresa, son contratos civiles y no laborales. Lamentablemente, hay mucha gente que quiere vivir bien a costa del Estado, y como este caso hay muchos en el sector público. Lamentablemente las malas administraciones coludidas con presidentes pasados han hecho que Radio Nacional este en la lona. Yo he hecho un cambió radical que es sacar a toda esta gente mantenida por el Estado”.

Casi 1 millón de soles por beneficios sociales

Mediante una carta notarial dirigida a Ninoshka Chandia, Presidente de IRTP, con fecha del 19 de septiembre del 2023, la señora Ana Cecilia Brozovich Neyra, exige un pago neto de S/ 810, 309.59 soles por beneficios sociales.

En el documento se lee: “En aras de llegar a un acuerdo armonioso, equitativo, legal y conforme a mis derechos laborales y constitucionales que me asisten, esta parte viene a requerir el pago de los beneficios sociales con arreglo a la hoja de liquidación debidamente firmada por mi persona, que se remite, adjunto a la presente y cumpla con la entrega del certificado de trabajo respectivo dentro del plazo perentorio de las 48 horas que establece el D.S 005-2002-TR, que se computará desde la entrega de la presente, la cual deberá ser depositado  a mi cuenta XXXXXXXXXX”.

Para finalizar se agrega: “En caso del incumplimiento o falta de respuesta en el plazo conferido, muy a mi pesar, me veré en la imperiosa necesidad de recurrir a las instancias jurisdiccionales, en donde haré valer mi legítimo derecho laboral que franquea la ley de la materia; reservándome desde ya el pago indemnizatorio por daños y perjuicios que corresponda”.

Mientras tanto, en Radio Nacional la purga y la restructuración continúa de manera firme de la mano del gerente Gilbert Llapapasca, quien asegura que los caviares siguen perdiendo terreno.

Esperemos que la programación de Radio Nacional y de Canal 7 mejoren. Aunque en el gobierno de Dina Boluarte esto genera mucha desconfianza, ya que la mandataria parece no entender que los medios de comunicación son del Estado y no de su gobierno.

Les cortaron el cable. Telefónica del Perú no podrá suscribir nuevos contratos con el Estado por un lapso de 36 meses luego de ser inhabilitado por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

De acuerdo a la resolución N° 3330 – 2023 – TCE del 17 de agosto de 2023, la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Telefónica del Perú con suspensión temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el estado por un periodo de 36 meses por los siguientes motivos:

Haber presentado documentación falsa e información inexacta ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de la adjudicación simplificada N° 16-2020 MTPE- 2- Segunda convocatoria para la “contratación del servicio telefónico de cobro revertido automático 0800 para el MTPE”.

La controversia surgió con la contratación de un trabajador que presentó información inexacta sobre sus grados académicos. El empleado había sido asignado a un contrato específico requerido por el Ministerio de Trabajo, pero fue removido por la compañía antes de iniciar el proyecto una vez constatada la falta en la que incurrió e incluso fue denunciado ante la justicia.

Según explicó la empresa en un comunicado la firma “cumplió con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad y (…) no se produjo ningún perjuicio para el Estado peruano”.  Es decir, el servicio de Movistar al Ministerio de Trabajo se cumplió al 100% y el ministerio dio su conformidad en su oportunidad. 

En este sentido, para Telefónica “la resolución expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE (…) resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos”.

El monto pactado con esta institución fue de 100 mil soles (poco más de US$ 27 mil), detalló Telefónica en el texto. 

Ante la inhabilitación, la firma española dijo -a través de un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)- que “esta medida no cuenta con los fundamentos adecuados que la sustenten por lo que se están evaluando las acciones legales a plantear con la finalidad de cuestionar la decisión”.

Y aclaró que “los contratos suscritos con las entidades públicas del Estado peruano que a la fecha se encuentran vigentes no se verán afectados y Telefónica del Perú S.A.A. continuará prestando los servicios contratados conforme a los términos pactados”. “Dicha sanción solo impide que Telefónica del Perú pueda participar en nuevos proyectos con el Estado”.

Finalmente, Telefónica tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir lo que ellos consideran una sanción desproporcionada.

Rafael La Rosa y Mateo Ruiz de Somocurcio, creadores de Amaru Superfoods, se unen a Paloma Derteano y su comunidad para presentar “Al Trono”, una nueva marca que busca revolucionar la salud digestiva en el Perú. Esta iniciativa forma parte de “Community Brands”, un conglomerado multimarca enfocado en la co-creación con el público y que proyecta un crecimiento de triple dígito para el 2024.

En una charla con los fundadores, se desvelaron emocionantes detalles sobre la marca.

“La alianza con Paloma Derteano es perfecta no solo porque es una persona increíble, con una comunidad realmente potente, sino también por su capacidad de tocar temas incómodos con mucho humor para hacerlos ligeros y fáciles de poner sobre la mesa”, comenta Rafael La Rosa.

La marca presenta como su primer producto una mezcla digestiva en polvo de 450 gramos, compuesta por ingredientes naturales como salvado de trigo, harina de nopal, harina de linaza, harina de chía y goma de tara, endulzada con Stevia.

La efectividad de esta mezcla ya ha sido validada por más de 1’200 personas en menos de 2 meses, habiéndose lanzado digitalmente a fines de junio del presente año a través de la plataforma multimarca “Community Brands”. “En los próximos 30 días Al Trono ya estará disponible en supermercados, y esperamos tener 4 productos en el mercado para el cierre del 2023, representando más del 15% de las ventas totales del holding” nos cuenta Rafael.

Esta nueva marca representará una adición muy importante al portafolio de “Community Brands”, siendo la primera marca que acompaña a Amaru Superfoods dentro del mismo.

La visión de “Al Trono” va más allá del producto inaugural. Se están desarrollando productos en distintas categorías como galletas, pan, pre mezclas, y más, para brindar una solución integral a los problemas de estreñimiento.

“Venimos trabajando de la mano de los mejores influencers hace más de 3 años y ahora estamos llevando esas relaciones a un siguiente nivel, trabajando con ellos y sus increíbles comunidades para darle vida a marcas que con productos disruptivos en distintas categorías nos permitan seguir llevando felicidad a todos los hogares que podamos. Los invitamos a conocer nuestra nueva plataforma https://communitybrands.pe/“, finaliza Mateo Ruiz De Somocurcio, co-fundador de Community Brands.

De acuerdo con el banco Interbank ‘los consumos de las tarjetas de débito han sido duplicados’, lo que ha ocasionado la falla, asegurando que “todos los saldos están seguros”. De esta manera, la entidad financiera ha respondido a las críticas que se han propagado este fin de semana luego de que múltiples personas reportaran que sus saldos aparecieran en cero, causando gran preocupación en sus finanzas.

“A nuestros clientes: Hemos detectado que los consumos con tarjetas de débito del día 12/09 han sido duplicados en algunos casos y podría afectar temporalmente el saldo de sus cuentas”, señala la empresa.

“Les garantizamos que sus saldos están seguros y que estamos trabajando para revertir esta situación en el breve plazo”, añade. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados”.

Tras los primeros reportes del problema, Interbank señaló que iba a revisar caso por caso y pedía el número de DNI de los denunciantes en redes para obtener mayor información. Sin embargo, luego de casi 72 horas de reportado el incidente, los afectados aseguran que los problemas aún persisten, dado que siguen visualizando en sus cuentas de ahorros la ausencia de su dinero.

Debido a las críticas vertidas en el comunicado inicial sobre “el problema solucionado”, el mencionado banco compartió una aclaración sobre los consumos duplicados de tarjetas de débito y reiteró que el dinero de los usuarios “están seguros”.

“El proceso operativo ha sido solucionado. Sin embargo, en algunos casos, esta solución se verá reflejada en sus cuentas de forma progresiva en las próximas horas. Les garantizamos que sus saldos están seguros”, agregaron.

Respecto al primer comunicado de Interbank, ayer 17 de septiembre, en el que aseguraba que el problema se debió a los consumos duplicados con tarjetas de débito; Aspec consideró que dicho pronunciamiento es desconcertante en relación al problema denunciado públicamente por sus clientes. “Por varias razones, ha acabado generando más incertidumbre que tranquilidad”, refirió el gremio.

Al respecto expresaron su extrañeza porque un hecho ocurrido el 12 de septiembre sea recién informado el día 17, es decir, cinco días después.

“Queda en claro que la afectación de los saldos de las cuentas no es una mera posibilidad, es una realidad que se demuestra con la protesta pública de muchos usuarios a través de los medios sociales, las cuales han sido recogidas por los medios de comunicación”, manifestaron.

Ante ese contexto y por los persistentes reclamos, Aspec instó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que, en uso de sus prerrogativas, realice con carácter de urgencia una acción de supervisión en el referido banco a fin de determinar las responsabilidades y medidas correctivas que se requieran, así como también buscar un tipo de resarcimiento inmediato a los usuarios.

Enfatizó que lo sucedido no es un tema menor pues no solo se perjudica el derecho de los consumidores a recibir un servicio idóneo, sino que también se afecta negativamente al sistema financiero en su integridad, se genera desconfianza y se atenta contra la saludable práctica del ahorro.