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Política

Historia de un atentado cultural: políticos, empresas mineras y energéticas tras las Líneas de Nasca

Detrás de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa hay intereses de dos partidos políticos, pero también, por su ubicación geográfica, es deseada por empresas extranjeras de energía. Aquí la historia del escándalo que tiene al ministro de Cultura en la cuerda floja.

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La provincia de Nazca ha despertado el interés de empresarios mineros y energéticos. La riqueza cultural de las Líneas de Nasca y Palpa sobre su suelo parece no importar cuando existen mineros informales que buscan a toda costa extraer la riqueza bajo su suelo: oro, plata, cobre y hierro. Pero los suelos de Nazca también son deseados por empresas extranjeras de energías renovables, ya que su ubicación costera y sus fuertes vientos la convierten en un área con potencial para la generación de energía eólica. Detrás del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca hay una historia que involucra a políticos, empresarios y al propio Palacio de Gobierno.

La resolución viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada por la viceministra Moira Novoa Silva el 28 de mayo pasado, redibujó el perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa. Lo sorprendente de esto es que todo se hizo al caballazo y contó con el apoyo del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Pero meses antes de la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, sucedieron cosas muy extrañas, algunas de ellas con visos de presunta corrupción en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.

El 24 de marzo pasado, Alberto Martorell Carreño renunció al cargo de director de la DDC de Ica. Según altos funcionarios del Ministerio de Cultura, la renuncia de Martorell se debió a que se opuso al recorte del perímetro de las Líneas de Nasca. Pero Martorell no quedó fuera del Ministerio de Cultura, ya que días después fue designado Coordinador del Proyecto Qhapaq Ñan.

Resolución de renuncia de Alberto Martorell.

Tras la salida del exdirector de la DDC de Ica, el terreno quedó libre de oposición, y la jerarquía en las oficinas del Ministerio de Cultura de Ica se reestructuró para continuar con el plan del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca. Es así que el 24 de marzo pasado, el ministro Fabricio Valencia designa como nuevo director de la DDC de Ica a Víctor Injante Tipinmana; como subdirectora le siguió Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla y como arqueólogo principal continuó Johny Isla Cuadrado. Ellos, junto a cinco funcionarios más del Mincul, fueron los responsables de sustentar un informe exprés para la modificación del polígono de la reserva arqueológica de las líneas y geoglifos de Nasca y Palpa.

Visos de presunta corrupción en DDC de Ica

“Hubo mucha presión detrás de esto. «La estabilidad del ministro ha sido negociada a cambio de sacar rápido la resolución viceministerial”, señala una fuente de la sede central del Ministerio de Cultura.

Un documento oficial del Mincul revela detalles de cómo se cocinó el informe exprés. Se trata del acta de la primera reunión técnica, donde Johny Isla figura como el funcionario de la DDC de Ica que propuso la “actualización” del polígono que protege la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Johny Isla Cuadros, uno de los responsables del informe de la DDC de Ica.

En dicha acta, también se proyectó un cronograma inusual. La etapa técnica —la más demandante, por implicar labores de campo— fue programada para realizarse en apenas 11 días. Al final, todo el proceso duró solo 17 días. Los responsables de esto son: Alejandra Rengifo, del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial; Carlos Osores, asesor del Viceministerio de Patrimonio Cultural; Diego Milla, arqueólogo, y Diego Villagómez, ingeniero de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal (DSFL). A ellos se suman Víctor Injante, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica; Jeanette Gutiérrez, subdirectora de la DDC de Ica; Johny Isla y Miriam Moquillaza, arqueólogos de la DDC de Ica.

Fuente: Ministerio de Cultura.

El arqueólogo Isla ya cuenta con investigaciones; una de ellas es la carpeta fiscal 2106054502-2024-933-0 en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, por el presunto delito de omisión de los deberes funcionales.

Fuente: Ministerio Público.

Con Gutiérrez Achulla, funcionaria de confianza del Ministerio de Cultura, el caso adquiere un matiz particular. En 2018, su hermano, Augusto Gutiérrez Achulla, solicitó ante el Ingemmet del Minem derechos mineros sobre 100 hectáreas ubicadas dentro del polígono protegido, según consta en el sistema Geocatmin. Aunque su hermano falleció, ese mismo predio fue solicitado nuevamente el pasado 4 de junio por un tercero, tras advertir que el área ya no contaba con protección arqueológica. Lo que sorprende de todo es el secretismo con que se manejó el tema, y con línea directa al despacho del ministro Fabricio Valencia.

Según fuentes del Ministerio de Cultura, la funcionaria habría favorecido a su hermano, Augusto Sergio Gutiérrez Achulla, quien es titular de un petitorio minero vigente denominado «Águeda 1», ubicado originalmente dentro del polígono protegido de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.   Aquí la subdirectora Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla estaría involucrada en un presunto caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Empresa minera en Nasca a nombre del hermano de la funcionaría del Ministerio de Cultura. Fuente: Geocatmin.

Fuente: Ingemmet.

¿Una coima de un millón de soles?

Pero el tema para los funcionarios del Ministerio de Cultura se agrava con la información filtrada del propio Ministerio Público, ya que fuentes de la Fiscalía señalan que tienen información de la persona que estuvo recolectando dinero para presuntamente coimear a los funcionarios de la DDC de Ica. En esa misma línea, la abogada Noemy Castañeda mencionó: “Efectivamente, aquí se ha recolectado un millón de soles. Esta ha sido una gestación del grupo minero, de la facción del mismo Jorge Bravo (alcalde provincial de Nasca por APP). El señor Guzmán Belizario Mamani (APP), que es su candidato, su amigo y su compadre, ha peticionado 800 mil hectáreas en un tercer pedido, el segundo de 600 mil hectáreas y el otro de mil hectáreas. La subdirectora de la DDC también tiene petitorio minero desde el 2018; ella sabía que no se podía, pero su familiar pidió y lleva su nombre: Agueda 1. Creo que todo está gestado políticamente por Alianza por el Progreso (APP)”.

La doctora Castañeda también señaló que hoy lunes se presenta la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio para que luego sea canalizada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Además, la abogada Castañeda mencionó que Jhony Isla debe ser retirado de la DDC de Ica ya que existiría una grosera corrupción.

Otro detalle importante en esta historia es que, tras destaparse el escándalo de las Líneas de Nasca, los funcionarios de la DDC de Ica, Víctor Injante, Jeanette Gutiérrez, Johny Isla y Miriam Moquillaza, casualmente habrían salido de vacaciones.  Según el movimiento migratorio, el señor Johny Isla salió del Perú con rumbo a España el 2 de junio pasado. Es decir, cinco días después de la publicación de la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC.

Como en temas políticos y culturales nada es casualidad, lo que nos llama la atención es que viajó a España, país donde se encuentran líderes de APP y, además, país al cual pertenecen empresarios del sector energético interesados en las tierras de Nasca.

Fuente: Migraciones.

Nos comunicamos vía telefónica con Víctor Injante, Jeanette Gutiérrez y Johny Isla, pero ninguno de los tres respondió nuestras llamadas ni mensajes al WhatsApp.

2022: el primer intento fallido

Detrás de la historia del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca, hubo reuniones, gestiones y fotografías que registran a políticos de Alianza para el Progreso (APP) con un empresario que tiene grandes intereses mineros. Pero es importante señalar que el deseo del recorte del polígono de las Líneas de Nasca no es nuevo; tuvo un primer capítulo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. En abril del 2022 se realizó en Ica una sesión descentralizada de la Comisión de Cultura; por ese entonces el congresista Alex Flores era presidente de la mesa de trabajo, y como ministro de Cultura estaba Alejandro Salas.

La sesión también se convirtió en una audiencia pública descentralizada; el tema principal fue la “Modificación Poligonal Arqueológica de Nasca”. Esta sesión fue impulsada por los congresistas de Ica, José Luis Elías Avalos y Jorge Marticorena Mendoza, dos parlamentarios que actualmente pertenecen a APP de César Acuña.

Sobre esta reunión en Ica, el exministro de Cultura Alejandro Salas recuerda: “Yo viajé porque el Congreso me pidió asistir como ministro de Cultura». Había congresistas de la región de Ica. Marticorena fue uno de los que impulsó; también estuvo Alex Flores porque era presidente de la Comisión de Cultura. Había la necesidad de escuchar a la población y establecer lo mejor para la protección del tema cultural. Me hablaban mucho de la necesidad de servicios básicos, que mientras las Líneas de Nasca eran protegidas, la gente no tenía acceso a agua y desagüe. Pero después, cuando termina la reunión, me pongo a investigar y encontré otro tipo de problemas: tráfico de terrenos y aspectos vinculados a minería ilegal. De ninguna manera iba a firmar un documento que apruebe la situación en ese contexto”.

En esa sesión también participó la congresista Susel Paredes y el exalcalde provincial de Nasca, Oscar Elías Lucana. En el banner de la pared, claramente se lee: «Modificación del poligonal Arqueológico de Nasca».

Foto de sesión descentralizada de la Comisión de Cultura en abril de 2022.

APP: Un alcalde y dos congresistas

Después de casi tres años, el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca regresó a la agenda política. Esta vez el contexto es diferente: Dina Boluarte ocupa el sillón presidencial de Palacio de Gobierno, y sus socios políticos son APP y Fuerza Popular. Mientras que en el Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia obedece en silencio las órdenes desde Palacio, con la única finalidad de mantenerse en el cargo tras el escándalo de Shirley Hopkins.

Una reunión clave entre políticos de APP y el ministro de Cultura se realizó el 28 de febrero de 2025 en el despacho del ministro Valencia Gibaja. En esa reunión participaron el alcalde de Nasca, Jorge Bravo; el congresista Jorge Marticorena; su asesor del parlamentario, Guillermo Quiroz Moscoso; y dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Nasca: Cecilia Loayza Pinedo y Juan Huamán Reyes.

Reunión con el ministro de Cultura. Fuente: Transparencia.

Según fuentes del propio Ministerio de Cultura, en esa reunión se trató el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca y de otras problemáticas de la zona. Para conocer detalles sobre esa reunión, nos comunicamos con el congresista Jorge Marticorena, quien casualmente no firmó la interpelación contra el ministro de Cultura y niega haber gestionado el tema de la modificación del polígono arqueológico de Nasca.

Sobre esta reunión, el parlamentario Marticorena mencionó: “En esa reunión nunca se tocó el tema del polígono; lo que se habló fue a raíz del estado de emergencia en el que estaba Nasca. Lo que estaba pidiendo el alcalde fue que utilizara las piedras para la defensa ribereña y eso no le permitían porque ahí tenía que utilizar unos explosivos. “Nunca se tocó el tema en perjuicio del polígono de Nasca”.

Sobre los intereses mineros de los candidatos políticos de Nasca que pertenecen a APP, Marticorena señaló: “Sí lo sé, pero en esa parte yo tengo mucho cuidado. Todas mis decisiones están vinculadas a la población. Sé que el día lunes están preparando una movilización en Nasca; me he comunicado con algunas personas, pero todavía no con el alcalde. Yo te voy diciendo que no he intervenido ni estoy de acuerdo con esa decisión. «El tema es muy sensible para que el ministro se haya apresurado”.

También nos comunicamos con el congresista José Luis Elías Avalos, pero hasta el cierre de este informe no tuvimos su respuesta. Lo que sí, se le vio muy entusiasta el 29 de mayo en la sesión descentralizada de la Comisión de Cultura que se realizó en Ica. Tras el anuncio del recorte del polígono de las Líneas de Nasca, el congresista Elías publicó en su cuenta oficial de Facebook el siguiente mensaje:

“El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció la actualización del área de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nasca, pasando de 5,633 km² a 3,235 km², tras más de 20 años de estudios. Según dijo, esta modificación no afecta su condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ni su zona de amortiguamiento”. Junto al mensaje aparece una fotografía estrechándole la mano al ministro Fabricio Valencia, como quien dice “tarea cumplida”.

En esa sesión descentralizada de la Comisión de Cultura en Ica del 29 de mayo, justo un día después de la publicación de la Resolución Viceministerial que recortó el perímetro de las Líneas de Nasca, también participaron el congresista Edgard Raymundo, presidente de la mesa de trabajo, la parlamentaria fujimorista Martha Moyano, la viceministra Moira Novoa Silva y el alcalde provincial de Ica Carlos Reyes Roque. Sorprendentemente, la congresista de Fuerza Popular ni el congresista de APP levantaron su voz de protesta ante el atentado cultural contra las Líneas de Nasca. Esto tiene una explicación líneas abajo.

Por su parte, el alcalde provincial de Nasca también negó que en la reunión del 28 de febrero con el Ministerio de Cultura se trató el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca. “El día 28 nosotros veníamos de un desborde del río. Hemos sufrido tres situaciones de emergencia; mi reunión ha sido únicamente para hablar de la situación de los acueductos y ver el trabajo de protección de las riberas y para proteger los acueductos. He escuchado muchas versiones, he escuchado que soy minero, que yo soy beneficiado. Las personas que realmente me conocen saben que mis actividades no están en la provincia de Nasca”.

Sobre su amistad con el oscuro candidato de APP y empresario minero, Guzmán Belizario Mamani, señaló: “Somos amigos, eso yo no le puedo negar. Sobre su tema de la minería, pregúntele a él; yo por qué le tengo que responder, yo no tengo por qué saber cuáles son sus actividades ni tengo por qué estar preguntándole”.

Belizario Mamani, empresario minero, candidato de APP.

El personaje de Guzmán Belizario Mamani viene preparando su campaña política para su candidatura al sillón municipal de Nasca; para esto ya se puso la camiseta de APP y cuenta con aliados políticos en el poder. No solo es amigo del alcalde Jorge Bravo, también es presidente del Santos F.C. de Nasca.

Guzmán Belizario Mamani con la camiseta de APP junto a César Acuña, el alcalde de Nasca y otros personajes de Alianza Para el Progreso.

Su pasado está impreso en las páginas policiales; en el 2022 fue sindicado por la fiscalía como financista de una presunta organización criminal. En el reportaje de Cuarto Poder, también se menciona que Belizario Mamani fue denunciado por los delitos de robo, contaminación del ambiente y minería ilegal en forma agravada.

Además, se señala que: “Es un sujeto que pasó de encabezar uno de los seudos sindicatos de construcción civil al lucrativo negocio de la minería informal a través de su empresa Inversiones Mineras GBM E.I.R.L”.

También es importante señalar que en octubre de 2022 la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca anuló la orden de prisión preventiva que se había dictado contra Guzmán Belizario Mamani.

Pero la mención de Belizario Mamani, en este informe, es porque, seis días después de que el Ministerio de Cultura recortara el perímetro de las Líneas de Nasca, el candidato de APP, mediante su empresa Inversiones Mineras GBM, solicitó 800 hectáreas que se encuentran dentro del área del polígono protegido que el Ministerio de Cultura pretendió recortar.  

Empresa minera de Belizario Mamani dentro del polígono de las Líneas de Nasca.

Empresa de Guzmán Belizario Mamani. Fuente: Sunat.

Fuente: INGEMMET.

El PL fujimorista

Pero no solo la bancada de APP tendría intereses en las tierras de Nasca; en abril pasado, desde la bancada de Fuerza Popular, se comenzó a consultar un borrador de un proyecto de ley con el que se buscaba la exclusión de la poligonal arqueológica de Nasca.

El PL fujimorista tenía como objetivo establecer las disposiciones necesarias para la exclusión de determinadas áreas dentro de la poligonal de protección del patrimonio cultural de las Líneas y Geoglifos de Nasca. “Esta medida busca armonizar la conservación del patrimonio arqueológico con las necesidades de desarrollo urbano, económico y social de la región”, señala el documento.

Curiosamente, los congresistas de APP ni de Fuerza Popular se han pronunciado cuestionando la resolución que atentó contra el polígono de las Líneas de Nasca y Palpa. Mucho menos han firmado la interpelación contra el ministro de Cultura. Al final, los gestos políticos muestran los verdaderos intereses que intentan ocultar.

Contacto español en Palacio

Según fuentes de Palacio de Gobierno, otros interesados en las tierras de Nasca serían empresarios españoles dedicados a las energías renovables, ya que su ubicación costera y sus fuertes vientos la convierten en un área con gran potencial para la generación de energía eólica. Según una versión oficial, esta negociación habría tenido incluso el apoyo de la presidenta Dina Boluarte.

Tras el escándalo de las Líneas de Nasca, los empresarios españoles que habrían inyectado dinero están preocupados; una conversación a la cual tuvimos acceso detalló la forma irregular de cómo se habría gestado la oscura resolución firmada por la viceministra Moira Novoa Silva.

Nos comunicamos con la viceministra Moira Novoa para recoger sus descargos sobre las irregularidades de la resolución donde colocó su rúbrica, pero no nos respondió ni las llamadas ni el siguiente mensaje: “Buenas tardes, viceministra Moira Novoa, le estamos llamando para recoger sus descargos sobre la resolución viceministerial que firmó para la reducción del perímetro de Nasca y Palca.  Tenemos información de que usted recibió una orden, y sobre ese tema deseamos hablar”.

También buscamos la versión del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, quien respondió nuestra llamada, pero no accedió a la entrevista telefónica. Su respuesta fue: “Canalízalo mediante la institución, preferiría que todo fuera por la parte formal para evitar cualquier circunstancia anómala”.

Hicimos caso a su recomendación y nos comunicamos con la directora de Comunicaciones del Mincul, Patricia Ramos, a quien llamamos telefónicamente, pero no nos contestó el celular. Insistimos con un mensaje vía WhatsApp donde le mencionamos lo siguiente: “Buenas noches, Patricia Ramos, estamos llamando porque luego de hablar con el ministro Fabricio Valencia, me indicó que la entrevista con él lo coordine contigo. Por ello, quiero coordinar la entrevista para el día que gusten, ya que era importante que me responda hoy sobre el tema de las Líneas de Nasca. Mi consulta era puntual: «¿El ministro Fabricio Valencia recibió la orden para el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca desde Palacio de Gobierno?”.

Tres horas después, obtuvimos la respuesta de la jefa de comunicaciones del Ministerio de Cultura. En su mensaje mencionó: “Buenas noches, Sr. Cavello, lamentablemente el SM no podrá brindar la entrevista debido a su recargada agenda.   Sin embargo, respondiendo a su interrogante:

¿El ministro Fabricio Valencia recibió la orden para el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca desde Palacio de Gobierno? Le envío la respuesta:

El polígono de las Líneas de Nasca inscritas en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad NO fue recortado. Por otro lado, el ministro de Cultura NO recibió orden desde Palacio de Gobierno para redelimitar la Reserva Arqueológica de Nasca. Las redelimitaciones de las Reservas Arqueológicas forman parte de las competencias otorgadas por ley al Ministerio de Cultura”.

El Ministerio de Cultura retrocede para tomar impulso

El Ministerio de Cultura ha dejado sin efecto la controvertida resolución que recortaba en un 42% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca, ayer 8 de junio, fecha que coincidió con el aniversario del fallecimiento de María Reiche. Sin embargo, lejos de abandonar el intento, ahora se busca aplicar la misma medida por una vía formal y con la participación de varios sectores del Estado.

Detrás de este nuevo intento se encuentran los mismos funcionarios cuestionados, algunos de ellos vinculados a presuntos actos de corrupción. Todo indica que el objetivo sigue siendo el mismo: favorecer intereses privados, especialmente del sector minero y energético, bajo el disfraz de un proceso técnico y participativo.

Mientras se habla de diálogo intersectorial, lo que se estaría gestando es una estrategia para legitimar un nuevo recorte al área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, en beneficio de negociados políticos y empresariales que ponen en riesgo uno de los patrimonios más valiosos del país.

Parece que este gobierno no entiende que los geoglifos de Nasca y Palpa no son simples dibujos en el suelo; son un conjunto interconectado que necesita ser entendido en su totalidad. El espacio que las rodea no es vacío: es parte esencial de su lectura.

Finalmente, en esta historia hay más personajes que poco a poco saldrán a la luz.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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Política

El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez

El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.

El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.

Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Betssy Chávez permanecerá presa en el Penal Anexo de Mujeres, hasta marzo del 2026.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.

El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.

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Política

Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios

¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

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El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

Proyecto de Ley 11781/2024-CR presentado por Jorge Flores Ancachi.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.

Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.

El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.

Conducir bajo influencia del alcohol es delito

 Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.

El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.

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economía

Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal

Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

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Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

Congresista Montoya, impulsor del PL ante la Comisión de Economía. Foto: Andina.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

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Política

Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales

El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.

El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.

La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.

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Política

JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo

Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

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Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.

Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.

Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Solo con él. Roberto Sánchez solo ha confirmado una alianza con Pedro Castillo. foto: Presidencia.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.

Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.

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Política

Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC

Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

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La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

Alcalde pretendería ‘marcha blanca’ de trenes para alimentar su imagen política.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.

Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.

La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza

¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

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La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Queja interpuesta por congresistas de Renovación Popular ante la JNJ.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.

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Política

Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima

Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.

A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.

Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.

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