Política
Historia de un atentado cultural: políticos, empresas mineras y energéticas tras las Líneas de Nasca
Detrás de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca y Palpa hay intereses de dos partidos políticos, pero también, por su ubicación geográfica, es deseada por empresas extranjeras de energía. Aquí la historia del escándalo que tiene al ministro de Cultura en la cuerda floja.

La provincia de Nazca ha despertado el interés de empresarios mineros y energéticos. La riqueza cultural de las Líneas de Nasca y Palpa sobre su suelo parece no importar cuando existen mineros informales que buscan a toda costa extraer la riqueza bajo su suelo: oro, plata, cobre y hierro. Pero los suelos de Nazca también son deseados por empresas extranjeras de energías renovables, ya que su ubicación costera y sus fuertes vientos la convierten en un área con potencial para la generación de energía eólica. Detrás del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca hay una historia que involucra a políticos, empresarios y al propio Palacio de Gobierno.
La resolución viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada por la viceministra Moira Novoa Silva el 28 de mayo pasado, redibujó el perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa. Lo sorprendente de esto es que todo se hizo al caballazo y contó con el apoyo del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja. Pero meses antes de la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, sucedieron cosas muy extrañas, algunas de ellas con visos de presunta corrupción en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica.
El 24 de marzo pasado, Alberto Martorell Carreño renunció al cargo de director de la DDC de Ica. Según altos funcionarios del Ministerio de Cultura, la renuncia de Martorell se debió a que se opuso al recorte del perímetro de las Líneas de Nasca. Pero Martorell no quedó fuera del Ministerio de Cultura, ya que días después fue designado Coordinador del Proyecto Qhapaq Ñan.

Resolución de renuncia de Alberto Martorell.
Tras la salida del exdirector de la DDC de Ica, el terreno quedó libre de oposición, y la jerarquía en las oficinas del Ministerio de Cultura de Ica se reestructuró para continuar con el plan del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca. Es así que el 24 de marzo pasado, el ministro Fabricio Valencia designa como nuevo director de la DDC de Ica a Víctor Injante Tipinmana; como subdirectora le siguió Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla y como arqueólogo principal continuó Johny Isla Cuadrado. Ellos, junto a cinco funcionarios más del Mincul, fueron los responsables de sustentar un informe exprés para la modificación del polígono de la reserva arqueológica de las líneas y geoglifos de Nasca y Palpa.
Visos de presunta corrupción en DDC de Ica
“Hubo mucha presión detrás de esto. «La estabilidad del ministro ha sido negociada a cambio de sacar rápido la resolución viceministerial”, señala una fuente de la sede central del Ministerio de Cultura.
Un documento oficial del Mincul revela detalles de cómo se cocinó el informe exprés. Se trata del acta de la primera reunión técnica, donde Johny Isla figura como el funcionario de la DDC de Ica que propuso la “actualización” del polígono que protege la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Johny Isla Cuadros, uno de los responsables del informe de la DDC de Ica.
En dicha acta, también se proyectó un cronograma inusual. La etapa técnica —la más demandante, por implicar labores de campo— fue programada para realizarse en apenas 11 días. Al final, todo el proceso duró solo 17 días. Los responsables de esto son: Alejandra Rengifo, del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial; Carlos Osores, asesor del Viceministerio de Patrimonio Cultural; Diego Milla, arqueólogo, y Diego Villagómez, ingeniero de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal (DSFL). A ellos se suman Víctor Injante, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica; Jeanette Gutiérrez, subdirectora de la DDC de Ica; Johny Isla y Miriam Moquillaza, arqueólogos de la DDC de Ica.


Fuente: Ministerio de Cultura.
El arqueólogo Isla ya cuenta con investigaciones; una de ellas es la carpeta fiscal 2106054502-2024-933-0 en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, por el presunto delito de omisión de los deberes funcionales.

Fuente: Ministerio Público.
Con Gutiérrez Achulla, funcionaria de confianza del Ministerio de Cultura, el caso adquiere un matiz particular. En 2018, su hermano, Augusto Gutiérrez Achulla, solicitó ante el Ingemmet del Minem derechos mineros sobre 100 hectáreas ubicadas dentro del polígono protegido, según consta en el sistema Geocatmin. Aunque su hermano falleció, ese mismo predio fue solicitado nuevamente el pasado 4 de junio por un tercero, tras advertir que el área ya no contaba con protección arqueológica. Lo que sorprende de todo es el secretismo con que se manejó el tema, y con línea directa al despacho del ministro Fabricio Valencia.
Según fuentes del Ministerio de Cultura, la funcionaria habría favorecido a su hermano, Augusto Sergio Gutiérrez Achulla, quien es titular de un petitorio minero vigente denominado «Águeda 1», ubicado originalmente dentro del polígono protegido de la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Aquí la subdirectora Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla estaría involucrada en un presunto caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Empresa minera en Nasca a nombre del hermano de la funcionaría del Ministerio de Cultura. Fuente: Geocatmin.

Fuente: Ingemmet.
¿Una coima de un millón de soles?
Pero el tema para los funcionarios del Ministerio de Cultura se agrava con la información filtrada del propio Ministerio Público, ya que fuentes de la Fiscalía señalan que tienen información de la persona que estuvo recolectando dinero para presuntamente coimear a los funcionarios de la DDC de Ica. En esa misma línea, la abogada Noemy Castañeda mencionó: “Efectivamente, aquí se ha recolectado un millón de soles. Esta ha sido una gestación del grupo minero, de la facción del mismo Jorge Bravo (alcalde provincial de Nasca por APP). El señor Guzmán Belizario Mamani (APP), que es su candidato, su amigo y su compadre, ha peticionado 800 mil hectáreas en un tercer pedido, el segundo de 600 mil hectáreas y el otro de mil hectáreas. La subdirectora de la DDC también tiene petitorio minero desde el 2018; ella sabía que no se podía, pero su familiar pidió y lleva su nombre: Agueda 1. Creo que todo está gestado políticamente por Alianza por el Progreso (APP)”.
La doctora Castañeda también señaló que hoy lunes se presenta la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio para que luego sea canalizada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Además, la abogada Castañeda mencionó que Jhony Isla debe ser retirado de la DDC de Ica ya que existiría una grosera corrupción.
Otro detalle importante en esta historia es que, tras destaparse el escándalo de las Líneas de Nasca, los funcionarios de la DDC de Ica, Víctor Injante, Jeanette Gutiérrez, Johny Isla y Miriam Moquillaza, casualmente habrían salido de vacaciones. Según el movimiento migratorio, el señor Johny Isla salió del Perú con rumbo a España el 2 de junio pasado. Es decir, cinco días después de la publicación de la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC.
Como en temas políticos y culturales nada es casualidad, lo que nos llama la atención es que viajó a España, país donde se encuentran líderes de APP y, además, país al cual pertenecen empresarios del sector energético interesados en las tierras de Nasca.

Fuente: Migraciones.
Nos comunicamos vía telefónica con Víctor Injante, Jeanette Gutiérrez y Johny Isla, pero ninguno de los tres respondió nuestras llamadas ni mensajes al WhatsApp.
2022: el primer intento fallido
Detrás de la historia del recorte del perímetro de las Líneas de Nasca, hubo reuniones, gestiones y fotografías que registran a políticos de Alianza para el Progreso (APP) con un empresario que tiene grandes intereses mineros. Pero es importante señalar que el deseo del recorte del polígono de las Líneas de Nasca no es nuevo; tuvo un primer capítulo durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. En abril del 2022 se realizó en Ica una sesión descentralizada de la Comisión de Cultura; por ese entonces el congresista Alex Flores era presidente de la mesa de trabajo, y como ministro de Cultura estaba Alejandro Salas.
La sesión también se convirtió en una audiencia pública descentralizada; el tema principal fue la “Modificación Poligonal Arqueológica de Nasca”. Esta sesión fue impulsada por los congresistas de Ica, José Luis Elías Avalos y Jorge Marticorena Mendoza, dos parlamentarios que actualmente pertenecen a APP de César Acuña.
Sobre esta reunión en Ica, el exministro de Cultura Alejandro Salas recuerda: “Yo viajé porque el Congreso me pidió asistir como ministro de Cultura». Había congresistas de la región de Ica. Marticorena fue uno de los que impulsó; también estuvo Alex Flores porque era presidente de la Comisión de Cultura. Había la necesidad de escuchar a la población y establecer lo mejor para la protección del tema cultural. Me hablaban mucho de la necesidad de servicios básicos, que mientras las Líneas de Nasca eran protegidas, la gente no tenía acceso a agua y desagüe. Pero después, cuando termina la reunión, me pongo a investigar y encontré otro tipo de problemas: tráfico de terrenos y aspectos vinculados a minería ilegal. De ninguna manera iba a firmar un documento que apruebe la situación en ese contexto”.
En esa sesión también participó la congresista Susel Paredes y el exalcalde provincial de Nasca, Oscar Elías Lucana. En el banner de la pared, claramente se lee: «Modificación del poligonal Arqueológico de Nasca».

Foto de sesión descentralizada de la Comisión de Cultura en abril de 2022.
APP: Un alcalde y dos congresistas
Después de casi tres años, el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca regresó a la agenda política. Esta vez el contexto es diferente: Dina Boluarte ocupa el sillón presidencial de Palacio de Gobierno, y sus socios políticos son APP y Fuerza Popular. Mientras que en el Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia obedece en silencio las órdenes desde Palacio, con la única finalidad de mantenerse en el cargo tras el escándalo de Shirley Hopkins.
Una reunión clave entre políticos de APP y el ministro de Cultura se realizó el 28 de febrero de 2025 en el despacho del ministro Valencia Gibaja. En esa reunión participaron el alcalde de Nasca, Jorge Bravo; el congresista Jorge Marticorena; su asesor del parlamentario, Guillermo Quiroz Moscoso; y dos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Nasca: Cecilia Loayza Pinedo y Juan Huamán Reyes.

Reunión con el ministro de Cultura. Fuente: Transparencia.
Según fuentes del propio Ministerio de Cultura, en esa reunión se trató el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca y de otras problemáticas de la zona. Para conocer detalles sobre esa reunión, nos comunicamos con el congresista Jorge Marticorena, quien casualmente no firmó la interpelación contra el ministro de Cultura y niega haber gestionado el tema de la modificación del polígono arqueológico de Nasca.

Sobre esta reunión, el parlamentario Marticorena mencionó: “En esa reunión nunca se tocó el tema del polígono; lo que se habló fue a raíz del estado de emergencia en el que estaba Nasca. Lo que estaba pidiendo el alcalde fue que utilizara las piedras para la defensa ribereña y eso no le permitían porque ahí tenía que utilizar unos explosivos. “Nunca se tocó el tema en perjuicio del polígono de Nasca”.
Sobre los intereses mineros de los candidatos políticos de Nasca que pertenecen a APP, Marticorena señaló: “Sí lo sé, pero en esa parte yo tengo mucho cuidado. Todas mis decisiones están vinculadas a la población. Sé que el día lunes están preparando una movilización en Nasca; me he comunicado con algunas personas, pero todavía no con el alcalde. Yo te voy diciendo que no he intervenido ni estoy de acuerdo con esa decisión. «El tema es muy sensible para que el ministro se haya apresurado”.
También nos comunicamos con el congresista José Luis Elías Avalos, pero hasta el cierre de este informe no tuvimos su respuesta. Lo que sí, se le vio muy entusiasta el 29 de mayo en la sesión descentralizada de la Comisión de Cultura que se realizó en Ica. Tras el anuncio del recorte del polígono de las Líneas de Nasca, el congresista Elías publicó en su cuenta oficial de Facebook el siguiente mensaje:
“El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció la actualización del área de la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nasca, pasando de 5,633 km² a 3,235 km², tras más de 20 años de estudios. Según dijo, esta modificación no afecta su condición de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ni su zona de amortiguamiento”. Junto al mensaje aparece una fotografía estrechándole la mano al ministro Fabricio Valencia, como quien dice “tarea cumplida”.

En esa sesión descentralizada de la Comisión de Cultura en Ica del 29 de mayo, justo un día después de la publicación de la Resolución Viceministerial que recortó el perímetro de las Líneas de Nasca, también participaron el congresista Edgard Raymundo, presidente de la mesa de trabajo, la parlamentaria fujimorista Martha Moyano, la viceministra Moira Novoa Silva y el alcalde provincial de Ica Carlos Reyes Roque. Sorprendentemente, la congresista de Fuerza Popular ni el congresista de APP levantaron su voz de protesta ante el atentado cultural contra las Líneas de Nasca. Esto tiene una explicación líneas abajo.

Por su parte, el alcalde provincial de Nasca también negó que en la reunión del 28 de febrero con el Ministerio de Cultura se trató el tema de la modificación del polígono de las Líneas de Nasca. “El día 28 nosotros veníamos de un desborde del río. Hemos sufrido tres situaciones de emergencia; mi reunión ha sido únicamente para hablar de la situación de los acueductos y ver el trabajo de protección de las riberas y para proteger los acueductos. He escuchado muchas versiones, he escuchado que soy minero, que yo soy beneficiado. Las personas que realmente me conocen saben que mis actividades no están en la provincia de Nasca”.
Sobre su amistad con el oscuro candidato de APP y empresario minero, Guzmán Belizario Mamani, señaló: “Somos amigos, eso yo no le puedo negar. Sobre su tema de la minería, pregúntele a él; yo por qué le tengo que responder, yo no tengo por qué saber cuáles son sus actividades ni tengo por qué estar preguntándole”.
Belizario Mamani, empresario minero, candidato de APP.
El personaje de Guzmán Belizario Mamani viene preparando su campaña política para su candidatura al sillón municipal de Nasca; para esto ya se puso la camiseta de APP y cuenta con aliados políticos en el poder. No solo es amigo del alcalde Jorge Bravo, también es presidente del Santos F.C. de Nasca.

Guzmán Belizario Mamani con la camiseta de APP junto a César Acuña, el alcalde de Nasca y otros personajes de Alianza Para el Progreso.
Su pasado está impreso en las páginas policiales; en el 2022 fue sindicado por la fiscalía como financista de una presunta organización criminal. En el reportaje de Cuarto Poder, también se menciona que Belizario Mamani fue denunciado por los delitos de robo, contaminación del ambiente y minería ilegal en forma agravada.
Además, se señala que: “Es un sujeto que pasó de encabezar uno de los seudos sindicatos de construcción civil al lucrativo negocio de la minería informal a través de su empresa Inversiones Mineras GBM E.I.R.L”.
También es importante señalar que en octubre de 2022 la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca anuló la orden de prisión preventiva que se había dictado contra Guzmán Belizario Mamani.
Pero la mención de Belizario Mamani, en este informe, es porque, seis días después de que el Ministerio de Cultura recortara el perímetro de las Líneas de Nasca, el candidato de APP, mediante su empresa Inversiones Mineras GBM, solicitó 800 hectáreas que se encuentran dentro del área del polígono protegido que el Ministerio de Cultura pretendió recortar.

Empresa minera de Belizario Mamani dentro del polígono de las Líneas de Nasca.

Empresa de Guzmán Belizario Mamani. Fuente: Sunat.

Fuente: INGEMMET.
El PL fujimorista
Pero no solo la bancada de APP tendría intereses en las tierras de Nasca; en abril pasado, desde la bancada de Fuerza Popular, se comenzó a consultar un borrador de un proyecto de ley con el que se buscaba la exclusión de la poligonal arqueológica de Nasca.
El PL fujimorista tenía como objetivo establecer las disposiciones necesarias para la exclusión de determinadas áreas dentro de la poligonal de protección del patrimonio cultural de las Líneas y Geoglifos de Nasca. “Esta medida busca armonizar la conservación del patrimonio arqueológico con las necesidades de desarrollo urbano, económico y social de la región”, señala el documento.
Curiosamente, los congresistas de APP ni de Fuerza Popular se han pronunciado cuestionando la resolución que atentó contra el polígono de las Líneas de Nasca y Palpa. Mucho menos han firmado la interpelación contra el ministro de Cultura. Al final, los gestos políticos muestran los verdaderos intereses que intentan ocultar.
Contacto español en Palacio
Según fuentes de Palacio de Gobierno, otros interesados en las tierras de Nasca serían empresarios españoles dedicados a las energías renovables, ya que su ubicación costera y sus fuertes vientos la convierten en un área con gran potencial para la generación de energía eólica. Según una versión oficial, esta negociación habría tenido incluso el apoyo de la presidenta Dina Boluarte.

Tras el escándalo de las Líneas de Nasca, los empresarios españoles que habrían inyectado dinero están preocupados; una conversación a la cual tuvimos acceso detalló la forma irregular de cómo se habría gestado la oscura resolución firmada por la viceministra Moira Novoa Silva.
Nos comunicamos con la viceministra Moira Novoa para recoger sus descargos sobre las irregularidades de la resolución donde colocó su rúbrica, pero no nos respondió ni las llamadas ni el siguiente mensaje: “Buenas tardes, viceministra Moira Novoa, le estamos llamando para recoger sus descargos sobre la resolución viceministerial que firmó para la reducción del perímetro de Nasca y Palca. Tenemos información de que usted recibió una orden, y sobre ese tema deseamos hablar”.

También buscamos la versión del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, quien respondió nuestra llamada, pero no accedió a la entrevista telefónica. Su respuesta fue: “Canalízalo mediante la institución, preferiría que todo fuera por la parte formal para evitar cualquier circunstancia anómala”.
Hicimos caso a su recomendación y nos comunicamos con la directora de Comunicaciones del Mincul, Patricia Ramos, a quien llamamos telefónicamente, pero no nos contestó el celular. Insistimos con un mensaje vía WhatsApp donde le mencionamos lo siguiente: “Buenas noches, Patricia Ramos, estamos llamando porque luego de hablar con el ministro Fabricio Valencia, me indicó que la entrevista con él lo coordine contigo. Por ello, quiero coordinar la entrevista para el día que gusten, ya que era importante que me responda hoy sobre el tema de las Líneas de Nasca. Mi consulta era puntual: «¿El ministro Fabricio Valencia recibió la orden para el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca desde Palacio de Gobierno?”.
Tres horas después, obtuvimos la respuesta de la jefa de comunicaciones del Ministerio de Cultura. En su mensaje mencionó: “Buenas noches, Sr. Cavello, lamentablemente el SM no podrá brindar la entrevista debido a su recargada agenda. Sin embargo, respondiendo a su interrogante:
¿El ministro Fabricio Valencia recibió la orden para el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca desde Palacio de Gobierno? Le envío la respuesta:
El polígono de las Líneas de Nasca inscritas en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad NO fue recortado. Por otro lado, el ministro de Cultura NO recibió orden desde Palacio de Gobierno para redelimitar la Reserva Arqueológica de Nasca. Las redelimitaciones de las Reservas Arqueológicas forman parte de las competencias otorgadas por ley al Ministerio de Cultura”.

El Ministerio de Cultura retrocede para tomar impulso
El Ministerio de Cultura ha dejado sin efecto la controvertida resolución que recortaba en un 42% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca, ayer 8 de junio, fecha que coincidió con el aniversario del fallecimiento de María Reiche. Sin embargo, lejos de abandonar el intento, ahora se busca aplicar la misma medida por una vía formal y con la participación de varios sectores del Estado.
Detrás de este nuevo intento se encuentran los mismos funcionarios cuestionados, algunos de ellos vinculados a presuntos actos de corrupción. Todo indica que el objetivo sigue siendo el mismo: favorecer intereses privados, especialmente del sector minero y energético, bajo el disfraz de un proceso técnico y participativo.
Mientras se habla de diálogo intersectorial, lo que se estaría gestando es una estrategia para legitimar un nuevo recorte al área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, en beneficio de negociados políticos y empresariales que ponen en riesgo uno de los patrimonios más valiosos del país.
Parece que este gobierno no entiende que los geoglifos de Nasca y Palpa no son simples dibujos en el suelo; son un conjunto interconectado que necesita ser entendido en su totalidad. El espacio que las rodea no es vacío: es parte esencial de su lectura.
Finalmente, en esta historia hay más personajes que poco a poco saldrán a la luz.
Política
Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro
Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.
Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.
Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito
“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.
La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.
En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:
“Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.
Política
Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»
La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.
En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.
Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.
Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.
Política
Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva
Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.
El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.
Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.
Una oposición que aún no suma
La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.
Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.
Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.
Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.
¿Una izquierda como comodín?
Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.
¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?
A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.
La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
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