En una reciente entrevista el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero de la bancada Avanza País, declaró que “nada garantiza” que la presidenta de la República Dina Boluarte continúe en enero próximo en el despacho presidencial, debido a la grave crisis que atraviesa su gobierno.

“Depende exclusivamente de ella (quedarse hasta el 2026), de cuán dispuesta esté a liderar el cargo que tiene. Nadie en el Parlamento está en la posición de desestabilizar al país ni de crear caos… Nada garantiza que llegue a enero o febrero; está en una situación muy crítica. Tiene que recomponer su equipo”, declaró Cavero.

Y añadió que como sea ella quiere llegar al 2026; pese a que actualmente se encuentra sola políticamente.

“La presidenta está sola con cuadros técnicos, está sola políticamente, no tiene una estrategia y está en una suerte de piloto automático. Ella quiere llegar al 2026 como sea, y eso no está bien (…) Su Gabinete debería cambiar, empezando por el premier, que no está articulando el Gabinete ni ofreciendo respuestas políticas. Está ahí solo para cumplir con la formalidad de tener un premier”, agregó.

Alejandro Cavero también se refirió al tema de la vacancia presidencial, e indicó que el país ya no puede seguir soportando más inestabilidad. “Lo que pasa es que tampoco estamos para estar empantanados un año y medio; hay que evaluar la balanza”, remarcó, y sugirió que es necesario que se tomen decisiones urgentes para evitar la prolongación de esta incertidumbre política que vive el país.

Rápidamente el congresista y vocero de la bancada de Fuerza Popular Arturo Alegría García salió a responder a las declaraciones que más temprano vertió su colega Guido Bellido Ugarte, quien afirmó que los fujimoristas votaron en contra de la censura del ministro Julio Demartini para salvarlo de la censura. Sin embargo, Alegría García cuestionó a Bellido Ugarte, e incluso mencionó que desconoce a qué bancada pertenece y agregó que no debería responderle a una persona que no supo manejar un gobierno.

«A Guido Bellido siempre le gusta hablar, más que actuar. Ahora ya no sabemos a qué bancada pertenece. El señor que comenzó con Perú libre y ahora no sabemos en qué bancada está. La verdad es que (no debería) responder a personas que no supieron manejar un gobierno como el señor Guido Bellido, quien fue premier y que lamentablemente no hizo nada por todos los peruanos», respondió el fujimorista. 

Arturo Alegría aclara que ‘Fuerza Popular’ no es parte del gobierno

Tras los rumores que señalan que existe un “pacto secreto” entre Fuerza Popular el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el parlamentario Arturo Alegría aseguró lo contrario. Que Fuerza Popular no forma parte del gobierno de Dina Boluarte y más bien criticó a las personas que votaron en las últimas elecciones por Pedro Castillo.

«Fuerza Popular no es parte de este gobierno. Nosotros competimos en las elecciones con el partido que ahora gobierna, con los que fueron electos en la fórmula de Pedro Castillo. Lamentablemente, las personas que ahora critican, no se dan cuenta que ellos fueron los que nos pusieron a estas personas a gobernar. Así que ahora no se vengan a lavar las manos y a echarle la culpa a otros partidos políticos de la responsabilidad que ellos deberían admitir», concluyó Alegría García.

Resulta increíble que el propio Tribunal Constitucional (TC), en el año 2020, haya declarado como constitucional la corrida de toros y peleas de gallos. Fue el magistrado del TC de ese entonces Carlos Ramos quien consideró ese tipo de actividades como parte de la tradición en el Perú.

Pues bien, asidos de ese precedente jurídico, la Comisión de Cultura del Congreso de la República viene impulsando un Proyecto de Ley (PL) para declarar las corridas de toros y las peleas de gallos como “manifestaciones culturales”.

El en PL promovido por el parlamentario Juan Burgos, se indica que: «Se encuentran presentes en la cosmovisión cultural del Perú, con más de 450 años de existencia, con mayor énfasis en las comunidades campesinas donde constituyen una importante dimensión para su desarrollo integral. Son dos sectores culturales que se enmarcan y respetan los derechos fundamentales».

A su vez, la legisladora Susel Paredes, contraria a dicha propuesta, mencionó que no se han tomado en cuenta las opiniones del Ministerio de Cultura del Colegio de Abogados.

“Es muy importante señalar que este dictamen señala que la opinión del Ministerio de Cultura es desfavorable. Además, no se han tomado en cuenta opiniones en contra como la del Colegio de Abogados. Solamente se han tomado en cuenta opiniones de quienes son favorables a las corridas de toros y peleas de gallos», aseveró.

«Mi opinión es que este proyecto no debe aprobarse, por lo que votaré en contra del dictamen, porque en las principales plazas de tauramaquia de América, como México y Colombia, más bien el sentido es hacia la civilización, hacia la prohibición y desaparición de las corridas de toros», agregó.

Para Perú Libre la Comisión de Educación es clave para sus fines políticos, a pesar que el partido se encuentra resquebrajado y su líder prófugo. Desde la clandestinidad Vladimir Cerrón Rojas continúa en permanente comunicación con congresistas de su bancada y con operadores de confianza que ingresan a la Comisión de Educación para monitorear e informar todo lo que se presenta y se debate dentro y fuera de la mesa de trabajo del Congreso.

En las fotografías a las que tuvimos acceso, se lee conversaciones de WhatsApp entre Vladimir Cerrón y Leonel Falcón Guerra, personaje de izquierda que se presenta como abogado fundador del partido ‘Juntos por el Perú’ y asesor de los docentes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Además, Falcón Guerra, es un acérrimo defensor de la dictadura castrista y del propio Vladimir Cerrón. Recientemente, viajó a Uruguay para celebrar la victoria del presidente electo Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio.

Los hermanos Leonel (en círculo rojo) y Carlos Falcón Guerra en Uruguay.

Conversaciones de WhatsApp

Actualmente la Comisión de Educación se encuentra encabezada por los parlamentarios Segundo Montalvo, presidente (Perú Libre); Alex Paredes, vicepresidente (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) y María Jáuregui, secretaria (Renovación Popular). La presencia de Leonel Falcón Guerra en las recientes sesiones de la Comisión de Educación abre un nuevo capítulo que involucra al prófugo Vladimir Cerrón Rojas.

En una de sus visitas a la Comisión de Educación, Leonel Falcón fue captado chateando con el prófugo fundador de Perú Libre, al cual lo tiene registrado en su teléfono celular como “V Cerrón PL”. En la conversación de WhatsApp registrada el mediodía del viernes 08 de noviembre pasado, Falcón le responde el mensaje a Cerrón, en el cual se lee: “El tema es de decisión política y votos. Yo estoy aquí en la sesión. Y hay los votos. El traidor (Guido) Bellido, el felón (Roberto) Sánchez, (José María) Balcázar y (Esdras) Medina echados a las mafias de los Alcántara”.

¿Cuál es el tema al que se refiere Leonel Falcón? Se trata de los Proyectos de Ley 7627/2023-CR, 8022/2023-CR y 8220/2023-CR, presentados por los parlamentarios Waldemar Cerrón, Margot Palacios y Héctor Valer. En las iniciativas legales se propone la “Ley que declara la reorganización de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho”. El argumento para la reorganización es que en la universidad huachana actualmente existiría una presunta corrupción. Es decir, habría la existencia de irregularidades en su gestión y la inacción de los órganos de control y supervisión.

Sin embargo, fuentes de la Universidad Sánchez Carrión señalan que lo que buscaría Perú Libre es tener el control total de la casa de estudios, y para lograrlo, la única forma sería mediante una reorganización con lo cual eliminarían al Rector César Díaz Valladares, sus vicerrectores y decanos. Esto, a todas luces sería una intervención arbitraria por parte del Congreso de la República, con lo cual se vulneraría la autonomía universitaria.

César Díaz Valladares, Rector de la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

Al parecer, para Perú Libre es importante tener su cuota de poder en universidades, sobre todo, tras la actuación de la SUNEDU, que, durante la gestión del exministro de Educación Martín Benavides Abanto, se denegó el licenciamiento institucional a un total 45 universidades a nivel nacional, bajo el argumento que no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) requeridas para operar.

Movidas virtuales y presenciales

El mismo 08 de noviembre pasado, Leonel Falcón Guerra, tras sus comunicaciones con Vladimir Cerrón se quedó hasta el final de la sesión y se dio tiempo para tomarse fotografías y fue parte de un pequeño video donde junto al congresista Segundo Montalvo vitorearon: ¡Hasta la victoria siempre. Perú Libre fuerza del pueblo!

El registro de las fotografías y video fueron publicados recién el 11 de noviembre pasado, en la cuenta oficial de Facebook de la Comisión de Educación Cultura y Deporte. https://www.facebook.com/profile.php?id=61557703106820  junto a las imágenes se agregó: “Leonel Falcón Guerra, asesor de los docentes de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, dijo que existen tres proyectos de ley para combatir la presunta corrupción en esta casa de estudios”.

Lo curioso de esto, es que lo mencionan si haberle dado el uso de la palabra durante la sesión de la Comisión de Educación del 08 de noviembre. Se nota que lo que busca Perú Libre es darle protagonismo político, y sin duda, reorganizar la universidad de Huacho usando a la Comisión de Educación como su ‘caballito de batalla’.

Los WhatsApp con Taboada

El mismo 08 de noviembre pasado, mientras Leonel Falcón chateaba vía WhatsApp con Vladimir Cerrón desde la Comisión de Educación del Congreso, paralelamente también lo hacía con Rogger Taboada Rodríguez, ex candidato a la alcaldía de Trujillo por Perú Libre, y ex docente de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Además, Taboada Ramírez actualmente se encuentra con orden de captura.

Rogger Taboada Rodríguez. ex candidato de Perú Libre.

Aquí aparece otro dato importante, Taboada Rodríguez fue destituido de la universidad huachana por haber incurrido en faltas de carácter administrativo, según la Resolución del Consejo Universitario Nº 0643-2024-CU-UNJFSC de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, con fecha del 12 de junio de 2024.

Fuente: Universidad Nacional Faustino Sànchez Carrión.

El documento también señala que se debe “comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el presente acto administrativo, para los fines que considere pertinente, según la normatividad vigente”.

¿Reorganización o venganza?

Tras su destitución de la universidad de Huacho, Rogger Taboada sería uno de los más interesados en retornar a la casa de estudios, pero también en controlar la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión. Al parecer, esto es algo que la bancada de Perú Libre desearía lograr desde la Comisión de Educación. Es por ello que en la conversación de WhatsApp entre Leonel Falcón y Taboada Rodríguez a las 10:56 am del 08 de noviembre se lee: “Mira a quién encontré. Al felón de (Roberto) Sánchez en la Comisión”. El mensaje va acompañado de una fotografía que Falcón tomó al parlamentario Sánchez a su llegada a la Comisión de Educación.

Hora y media después, la comunicación entre Rogger Taboada y Leonel Falcón continúa con más sazón. Exactamente a las 12:21 pm Taboada le responde: “Balcazar recibió para la legislatura anterior”. Un minuto después Falcón le dice: “Para imponer la decisión política”.  Inmediatamente Taboada menciona: “Ojalá se apruebe. El hijo de p… de Marticorena después de un año recién se acuerda que hay que invitar a la mafia”. A lo que Leonel Falcón replica: “Sí pues, están arreglad…”.

Leonel Falcón chateando desde la Comisión de Educación del Congreso.

Esto demuestra una constante comunicación en plena Comisión de Educación, respecto a la reorganización de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho.  

Comisión reorganizadora

En la documentación del predictamen recaído en los proyectos de ley 7627/2023-CR, 8022/2023-CR y 8220/2023-CR, se menciona que la reorganización de la universidad huachana tendrá una Comisión, la cual “estará integrada por cinco miembros: tres docentes principales, con más de cinco años de antigüedad en su categoría, a propuesta de los rectores de la Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, un representante del gremio estudiantil y un representante propuesto por la Defensoría del Pueblo”.

En el documento también se lee: “La Comisión Reorganizadora estará facultada para llevar a cabo investigaciones y auditorías, tanto administrativas como académicas en todos los niveles, y formular denuncias ante las autoridades competentes contra funcionarios o autoridades de diferentes rangos jerárquicos, si se encuentran pruebas o indicios razonables de faltas administrativas o delitos penales”.

Pero lo más interesante viene aquí, donde algunos ya se estarían frotando las manos, debido a que “la Comisión reorganizadora asumirá las funciones de gobierno, dirección, gestión y administración de la universidad”. Es decir, tendrá el poder absoluto.

Fuente: Congreso de la Repùblica.

La respuesta de Leonel Falcón Guerra

Nos comunicamos vía telefonica con Leonel Falcón Guerra para recoger su descargo sobre su coordinación en la Comisión de Educación y sus comunicaciones con Vladimir Cerrón y Rogger Taboada. Y desde Uruguay respondió: “Los motivos de la reorganización lo hemos difundido a los medios de comunicación, no hay nada oculto. Ahí están las principales causas, circunstancias y motivos por la cual se está pidiendo la intervención, más aun que hay tres proyectos de ley. Se espera que se resuelva la intervención”.

Ante la pregunta, si es que la reorganización de la universidad huachana no sería una injerencia por parte del Congreso, ya que existe la Sunedu, Falcón Guerra respondió: “Usted me llama para contradecir. Esa es la posición que han asumido los traidores Bellido, Sánchez, y Medina, que dicen que hay que resolver el tema institucionalmente. Huacho está destrozado, ahí compran el voto de los alumnos, y de los profesores. El Congreso tiene la facultad de legislar y también de fiscalizar. La Sunedu está podrida. La Sunedu es la reunión de seis o siete pendejeretes que están ahí para bajarse la Ley Nº 30220. La autonomía universitaria no puede ser considerada como una isla en un país, todo esta regulado en base a la Constitución. El Congreso tiene facultades y puede intervenir; sí pues puede intervenir. Cuatro congresistas que están ahí conchabados con el rector porque reciben prebendas, reciben favores políticos, están defendiendo bajo esa tesis que tú me preguntas. Yo soy directo, si me llamas para eso, mejor no me llames”.

Cuando se le preguntó sobre su comunicación con Vladimir Cerrón sobre el tema de la reorganización de la universidad de Huacho, Leonel Falcón se exaltó respondiendo: “Tú me estás haciendo un interrogatorio medio de la Dircote. Yo soy abogado y tengo mis reservas. No te puedo responder nada de eso porque no estoy en la triangulación política, estoy en el asesoramiento legal, y yo no contamino los temas legales con los temas políticos”.

De igual forma,  muy incomodo nos contestó ante la consulta de su comunicación con el señor Rogger Taboada: “Te repito, yo soy abogado, tengo el derecho a la reserva profesional y tú no me puedes inquerir con quién me reúno o con quién no. Yo me reúno con Dina Boluarte, ¿lo vas a publicar?, así me reuna con el Papa yo no te puedo revelar”.

Para finalizar, mencionó: “Los Alcántara son los que manejan mafiosamente la universidad de Huacho. Eso no es autonomía, eso no es institucionalidad. Los Alcántara tienen dos hijas que estudian medicina y han sido desaprobadas; sin embargo el Consejo Universitario ha ordenado que les tomen la evaluación y las han aprobado. Yo sí te digo, los Alcántara son culplables del manejo y control político. Los conozco, estafaron a los fonavistas, son unos pendejos de la política, esos son los culpables”.

“Ahora cuando dicen que tal partido está interesado en el tema, échenle la culpa a Somos Perú, porque el congresista Valer ha firmado un proyecto de ley. Valer es más de derecha que de izquierda. También Margot Palacios es una independiente que se ha peleado con Perú Libre y ha presentado el proyecto de ley. Y el otro que ha presentado el proyecto de ley ha sido Waldemar Cerrón. Entonces son tres miradas respecto a un tema coincidente. A nosotros no nos interesa si el fujimorismo apoya, si el fujimorismo pone los votos, en buena hora. Este es un tema de carácter público, aquí no hay política partidiaria. Lo que nos interesa es que la ley se cumpla en este país. No confiamos en la Sunedu, no confiamos en los órganos institucionales de la propia universidad. Aquí la Sunedu se tapa los ojos porque es parte de una estructura mafiosa, siempre ha sido así. Para nosotros lo de Huacho ya está en la agenda política del Congreso y está para resolverse. Finalmente si los congresistas no apoyan, iremos tras las cabezas de los congresistas, de los traidores miserables, porque son unos hijos de pu…, son miserables, apoyan al mejor postor”, concluyó con su descargo Leonel Falcón Guerra«.

Lamentablemente, nos queda la sensación que para algunos políticos y bancadas del Congreso, las universidades son vistas como botines donde buscan ejercer oscuros intereses en perjuicio de la educación superior. Mientras tanto, desde la clandestinidad y virtualidad, Vladimir Cerrón continúa trabajando incansablemente.

Como se recuerda, a pesar de haber tenido una de las gestiones más decepcionantes del distrito, el exalcalde de Barranco José Rodríguez Cárdenas, inmediatamente después de abandonar la comuna del barrio de Martín Adán, en enero de 2023 fue reacomodado en el aparato estatal gracias a los oficios de la exministra de Cultura Leslie Urteaga, que le dio la Dirección de Programa Sectorial III de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, según la Resolución Ministerial Nº 000028-2023-MC.

Por aquel tiempo, su designación causó la sorpresa de miles de vecinos barranquinos que no se explicaban cómo se podía premiar a un exalcalde luego de haber trabajado a espaldas de ellos, sin haber cumplido las promesas que formuló durante su campaña municipal y por haberse burlado de los ciudadanos durante la pandemia en 2020, al llevarse a su casa paquetes con donaciones de alimentos de modo sigiloso, sin que ello haya sido aprobado por el Concejo Municipal.

No obstante, este lesivo personaje nuevamente sale del aparato estatal, tras casi dos años de vivir del dinero del erario estatal y lo más probable es que se vuelva a “reciclar” en otra instancia pública, gracias al grupo de amigos que habría conseguido cuando éste trabajaba con Susana Villarán, exalcaldesa procesada por corrupción y quien le dio dos gerencias adscritas a la MML.

José Rodríguez fue reemplazado por otra arquitecta del Ministerio de Cultura

Asimismo, el ministro de Cultura Fabricio Valencia, a través de la Resolución Ministerial N° 000425-2024-MC, designó en reemplazo de Rodríguez Cárdenas, a Selena Flores García en el cargo de Directora de Programa Sectorial III de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

Flores García, también es arquitecta de profesión y ha trabajado precisamente en la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura desde hace ocho años. Incluso, en 2020 fue temporalmente directora de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Asimismo, durante la gestión de la exministra de Cultura Gisella Ortiz, ella fue delegada Ad Hoc alterna ante las comisiones técnicas para habilitaciones urbanas y Edificaciones de las municipalidades de diferentes departamentos del país.

No obstante, la gestión de Fabricio Valencia Gibaja continúa envuelta en denuncias de blindaje a funcionarios cuestionados e investigados por presunta corrupción. Y en lugar de ofrecer respuestas, se ha dedicado a callar y consolidar a su alrededor una red de personajes que parecen estar más interesados en los beneficios personales que en los desafíos que enfrenta el sector cultural. Entre tanto, José Rodríguez, para bien de la cartera de Cultura, ya salió; sin embargo, aún faltan más cuestionados funcionarios, como Luis Elías Lumbreras, Rafael Varón Gabai, José Bastante Abuhadba, Claudio Poma Hermoza y Leonardo Dolores, entre otros oscuros sujetos, que permanecen impunes bajo el brazo protector del aún ministro Valencia Gibaja.

En su presentación mencionó el premier Gustavo Adrianzén:

“Se ha dado inicio a la construcción de 5 importantes proyectos mineros. La ampliación de Quellaveco, Corani, a la reposición Raura, Chocobamba fase 1 y Romina. También tenemos proyectos en las regiones Apurímac, Huánuco, Lima Puno con una inversión superior a los 2 mil millones de dólares (…) En cuanto a la ejecución de 51 proyectos de remediación de paseos ambientales mineros de muy alto y bajo riesgo con un monto asignado de más de 840 millones de soles, teniendo en este momento un avance presupuestal del 70%”.

A este punto resulta mediocre 2 mil millones de dólares de inversión para un país inherentemente minero como Perú. Uno o dos proyectos mineros chilenos alcanzan ese monto en inversiones que los cinco sumados que nos deja la gestión del ex titular de la cartera Rómulo Mucho. Por otra parte, menciona un presupuesto de proyectos de remediación de pasos ambientales mineros que solo ha alcanzado una ejecución del 70% de su presupuesto a la fecha, y estamos acabando el año. La restauración de un medioambiente, sea ecosistema o hábitat físicamente impactada por la actividad minera, esto a través de neutralizar los suelos ácidos y revegetar la zona con especies nativas, es fundamental para la revalorización del área. Pero aquí queda claro que no hay un interés en ejecutar la protección de nuestros suelos.

El premier también mencionó:

“Lo que nosotros esperamos [para 2025] es una inversión minera ejecutada superior a 5 mil millones de dólares (…) queremos alcanzar el 96% en cobertura eléctrica rural para 2026 (…) queremos favorecer la industria petroquímica para la fabricación de urea…”. Demasiado voluntarismo sin una hoja de ruta clara.

Respecto a la minería y el canon refirió:

“Es el sector que más transfiere recursos a regiones en cuanto a canon y regalías. Al cierre de agosto 2024 el sector economía transfirió 12 mil 431 millones de soles, minería 7 mil 300 millones por canon, 5 mil 500 millones por regalías. Hidrocarburos alcanzó los 4 mil 709 millones transferidos por concepto de canon y sobrecanon. Transferido por concepto de canon hidroenergético por utilización de recursos hídricos en generación de electricidad alcanzó 209 millones de soles”.

También mencionó un impulso a 18 proyectos eléctricos. No hizo mención de energías renovables a profundidad. Al parecer no es el momento. De momento hay una intención de cerrar la brecha eléctrica rural para 2026. ¿Podrá este gobierno si quiera sobrevivir al 2024?

Cree que nos chupamos el dedo. Ya no se tira al suelo cuando le gritan que lo haga, tampoco sostiene tembloroso un papel frente a una cámara, pero lo que no pierde es la mala costumbre de ver espejismos que alteran la percepción de la realidad. Algo tiene el sillón presidencial que últimamente viene distorsionando a los jefes de Estado que ven cosas que no existen, creyendo que la población los idolatra y les ve como los últimos paladines de la democracia.

Durante la audiencia de autoapelación del proceso que le sigue la Fiscalía por el presunto delito de rebelión, el ex presidente Pedro Castillo Terrones negó tener intenciones de fugarse del país, como si todos hubiésemos olvidado que su ex ministro de Transportes, Juan Silva, nunca se hubiese escapado ni bien vio la oportunidad de hacerlo.

Como se recuerda, el profesor chotano viene cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo desde diciembre del 2022.

“Si ahora me dan la oportunidad de estar libre, yo no voy a fugar -al contrario- inmediatamente lucharía para que mi familia esté conmigo, a mi lado, junto a mis hijos. Yo no voy a fugarme del Perú, yo amo este país. Yo amo a mi patria”, expresó el exmandatario.

Durante la audiencia, Castillo estuvo acompañado de su defensa, la misma que ha presentado este recurso legal, solicitándole al juez César San Martín que revise el mandato de prisión preventiva contra el expresidente y que esta varíe por una comparecencia con restricciones.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó que este requerimiento sea desestimado debido a que ya ha pasado por una apelación y evaluación anteriormente.

Tras escuchar a ambas partes, el juez César San Martín informó que la decisión será sometida a voto e informada en los próximos días.

En otro momento de la audiencia virtual, Pedro Castillo manifestó ser aún presidente del Perú.

“Yo sigo siendo presidente de la República… El Perú conoce de los hechos, el pueblo sabe que el 7 de diciembre, siendo presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente”, sostuvo Castillo Terrones.

🚨 Se agrava la salud mental de Pedro Castillo: Durante su audiencia de apelación, insistió en que aún es presidente y exigió su liberación. pic.twitter.com/RAzhiO13AQ

— Izquierdistas Nostálgicos De Sendero Luminoso ☭ (@AccidentalFuji) November 26, 2024

Lo quieren sacar del juego. La Subcomisión de Acusaciones Constitucional (SAC) del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por un lapso de 10 años al ex presidente Francisco Sagasti de ejercer cualquier cargo público, y así truncarle su intención de postular a las Elecciones de 2026. De acuerdo a dicho grupo de trabajo, Sagasti Hochhausler habría incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.

El documento aprobado con 15 votos a favor, 1 en contra y una abstención, acusa a Francisco Sagasti y a los exministros del Interior Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro por presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en un cargo público, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal. Además, se recomienda inhabilitar a Sagasti de la función pública por un periodo de 10 años.

En noviembre de 2020, el entonces presidente de Perú, Francisco Sagasti, llevó a cabo cambios significativos en la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que generó controversia y críticas. Estos cambios incluyeron el pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la institución. Según el congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el documento al respecto, estas acciones fueron tomadas de manera “arbitraria y abusiva”, afectando la estructura de la PNP.

El contexto de estos cambios se remonta a las protestas sociales que se desataron en Perú tras la designación de Manuel Merino como presidente interino. Durante estas manifestaciones, que se tornaron violentas, dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, perdieron la vida, lo que intensificó la presión sobre el gobierno de Sagasti para realizar ajustes en la policía.

Montoya argumenta que las decisiones de Sagasti y sus ministros del Interior no solo fueron precipitadas, sino que también impactaron negativamente en la moral y el funcionamiento de la policía. Este informe ha sido presentado en un momento en que el país sigue lidiando con las secuelas de las protestas y la inestabilidad política que caracterizó ese periodo.

Si se llega a aprobar en esta instancia, se tendrá que nombrar a la subcomisión acusadora para que sustente esta propuesta ante el Pleno.