Le sudó la espalda y no fue por el incesante calor que se experimenta en las ciudades del norte del país. El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, ha protagonizado un confuso incidente este último fin de semana cuando se encontraba participando del cierre del Festival Nacional de la Marinera, y es que la autoridad edil de la ‘Ciudad de la eterna primavera’ se puso a bailar con el animador del evento, simulando incluso un ‘beso’ con el Luis ‘Gato’ Bazán.

El incidente generó críticas contra la autoridad edil por parte de la población debido a su actuación junto al animador, pero él se justificó señalando ante los medios de comunicación que todo se trató de un show. 

“Es parte del show que el señor (animador) realiza hace décadas, ya conoce todo el mundo cómo es, es show. Es un show, estamos en un festival, en diversión, entre familias o entre vecinos, es parte del show. Bueno, no justificará para algunos, para otros sí, de eso no hay prohibición ni reglamentación moral. Es un show, no es un beso, miren bien las imágenes, es show”, indicó Mario Reyna.

Y es que los espectadores del show veían cómo su alcalde se subía al estrado bailando y sosteniendo una botella de alcohol. Una vez en el escenario, el alcalde Reyna se puso a bailar con el animador de manera poco masculina.

Según el alcalde, el animador le sujeta el rostro y simula darle un fugaz beso. Luego de ello, afirmó que solo hizo un baile y siguió el juego. 

Cabe recordar que el alcalde Mario Reyna viene siendo cuestionado en su comuna por cerrar los locales a la una de la madrugada, perjudicando severamente a los negocios, así como su negativa para realizar la Feria del Libro en la Plaza de Armas de la ciudad.

El Congreso de la República rechazó que se pretenda pagar S/1,6 millones por un servicio de buffet a los legisladores y aseveró que dicho monto solo es un «valor referencial consignado para el concurso público de los servicios de alimentación». Lo cual no implica que al final de la buena pro y de acuerdo al consumo masivo de alimentación de los 130 parlamentarios, se termine abonando dicha millonada, precisamente, por ser un valor referencial limite y/o de tope.

A través de un comunicado de la Oficina de Comunicaciones, la institución parlamentaria aclara que es falso que se planee ofrecer buffets a los legisladores y desmiente que se pretenda pagar sus alimentaciones. Pero admiten que cada congresista es alimentado por el Parlamento los días del pleno.

«Es falso que se pretenda brindar buffets en el Congreso de la República. Es falso, que el Congreso de la República pague la alimentación de los parlamentarios. Es falso, que se vaya a pagar S/1’600 mil soles para atender desayuno, almuerzo, cena y alimentos extras», se lee en el comunicado parlamentario.

Sobre el monto de 1.6 millones de soles, mencionan que solo corresponde al ‘valor referencial’ y que no representa un gasto definitivo.

«El monto señalado, es el valor referencial consignado para el concurso público, de los servicios de alimentación probables en 16 meses, lo cual no significa que sea el monto a abonarse al final del servicio; ya que incluye, la suma total de las probables atenciones en las sesiones, en relación al número de parlamentarios (130)», se añade en el comunicado.

Congreso admite que existe un contrato de alimentación en proceso

Asimismo, señalan que, a la fecha, no se ha firmado ningún contrato para estos servicios; porque el proceso está aún en curso. Y que, si se detectan irregularidades o excesos, estos serán corregidos en el contrato final.

Cuánto mal le está haciendo al país el clan Acuña. La parlamentaria María Acuña Peralta, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), hermana del líder y fundador de dicho partido, César Acuña, no ha tenido mejor idea que ocupar su tiempo y el de sus asesores del Congreso que presentar el Proyecto de Ley (PL) N.º 10244/2024 que plantea establecer el 14 de marzo como el Día de la Cumbia Peruana. La iniciativa fue ingresada el último lunes al trámite del Congreso de la República y busca reconocer la influencia de este género musical en la identidad y cultura del país, sin embargo, existen cosas más importantes en el país como la terrible inseguridad que se vive en su región.

El proyecto establece que el Ministerio de Cultura (Mincul), en coordinación con los gobiernos regionales, locales y la sociedad civil, deberá organizar actividades culturales, educativas y artísticas para conmemorar la fecha. Entre las posibles acciones se mencionan conciertos, festivales, exposiciones y talleres relacionados con la cumbia peruana. Asimismo, se propone incluir esta efeméride en el Calendario Cívico Nacional.

En el ámbito educativo, la norma permitiría que las instituciones públicas y privadas incorporen contenidos sobre la cumbia en sus programas pedagógicos. El financiamiento de estas actividades se realizaría con recursos presupuestales ya asignados o con aportes del sector privado, sin generar costos adicionales al Tesoro Público.

La legisladora sustenta en el PL que la cumbia peruana es un género musical que ha evolucionado en distintas variantes y ha tenido presencia tanto a nivel nacional como en el extranjero. Durante décadas, diversas agrupaciones y solistas han desarrollado este estilo con influencias de ritmos tropicales, andinos y amazónicos.

El PL también plantea que el Mincul pueda otorgar reconocimientos especiales a músicos e investigadores que hayan contribuido a la difusión y desarrollo de la cumbia peruana.

Ante la grave situación del Seguro Social de Salud, conversamos con Carlos Chiang Bernal, funcionario de alto nivel, con más de 22 años de experiencia en sistemas de administración, fiscalización, planificación y solución de conflictos. Además, es Magíster en Gestión Pública, Contador Público Colegiado, encargado de asesorar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal en equipamiento hospitalario y compra de medicinas.

Chiang Bernal, también ha sido asesor en Control Previo Interno en entidades públicas y privadas. Con él conversamos sobre lo que viene ocurriendo en EsSalud, una institución que arrastra continuas denuncias por presunta corrupción y cuestionamientos por el desabastecimiento de medicinas que vienen sufriendo los 13 millones de asegurados a nivel nacional.

¿Cuál es tu balance sobre la gestión de la presidenta María Aguilar del Águila en EsSalud?

Hemos visto que existen actos de malos manejos. En este momento, EsSalud que tiene algo de 13 millones de asegurados, no tiene capacidad hospitalaria. Ahora mismo estoy recibiendo denuncias del Nivel 2; te estoy hablando de hospitales de contención, y también de nivel 3, hospitales como el Almenara y Rebagliati, porque ellos también tienen problemas de equipamiento.

Otra de las denuncias contra EsSalud es la falta de medicamento para los asegurados. ¿Por qué sucede esto?

Estos días he conversado con médicos del Almenara y Rebagliati, y ellos mismos me dicen que en el listado muchas medicinas, cuando preguntan, les dicen que no hay. Aquí el gran problema es que no hay articulación en la actual administración de EsSalud. El tema de las faltas de medicinas es recurrente, pero aquí hay todo un tema: hay medicinas en EsSalud, pero no el total. Aquí el gran problema es la distribución. Cuando estuvimos en pandemia, salieron las farmacias vecinas; eso fue un positivo planeamiento, pero lo han dejado de costado. Ahora lo que pasa es que hay una entidad que se llama Salog y que está concesionada y justo ahí es la traba. No solo es el proceso de contratación, sino que cuando llegan las medicinas, la distribución no es eficiente.

¿Esta burocracia también se puede entender como un círculo de corrupción dentro de EsSalud?

Lamentablemente, la presidenta de EsSalud no se rodeó de gente que conoce de gestión. Solo se ha rodeado de gente que tiene denuncias de corrupción. Por ejemplo, en Arequipa se encuentra el señor Yuri Vilca. Este señor ha sido asesor principal de la señora María Aguilar del Águila; a pesar de las serias denuncias por presunta corrupción, la presidenta de EsSalud ni siquiera le abrió proceso administrativo ni lo denunció, simplemente lo pasaron para otra gerencia central, y actualmente está como gerente. Con este ejemplo claro, sabemos que no van a marchar bien las cosas en EsSalud. Con esto, los más afectados son los asegurados.

Lo grave aquí es que hay un grupo de personas que lucra con la salud de 13 millones de asegurados. ¿Cómo acabar con esta corrupción?

En una oportunidad me llamaron a mí y a otras personas y nos reunimos con la actual presidenta de EsSalud. Ahí nos dieron la oportunidad de exponer la problemática y la solución en cuanto se refiere a la infraestructura hospitalaria. Los contratos se deben hacer con estándares internacionales; no es que nosotros seamos las lumbreras, sino que no se quiere hacer porque en esta modalidad no existe corrupción. Esto tiene tres ingredientes claves: es eficiente, eficaz y económico. En ese momento, el señor Yuri Vilca era el asesor principal de María Aguilar del Águila; nosotros le hicimos seguimiento a toda esa información y lo mandó al archivo electrónico. Ahorita ese mismo señor está como gerente de la Gerencia Central de la Persona Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Con todas estas maniobras oscuras, entonces, ¿quién está detrás de María Aguilar del Águila manejando EsSalud?

Es una buena pregunta. Los que hemos pasado por esas instituciones sabemos cómo se maneja eso. Nosotros hemos sido claros. Ella es una buena profesional como ginecóloga, pero no está preparada para estar dirigiendo una institución. Pueden tener 50 maestrías en salud pública, pero eso no sirve para dirigir una institución; eso los hace mejores médicos, pero no los convierte en mejores gestores públicos. Ahora, ¿Quién está detrás de esto? Pues estamos viendo el tema de la cirugía a la presidente Dina Boluarte donde se encuentra involucrado el doctor Mario Cabani y estos presuntos convenios con EsSalud.

¿Por qué la presidenta Dina Boluarte mantiene a María Aguilar del Águila como presidente de EsSalud a pesar de todos los escándalos que se conocen?

La presidenta Dina Boluarte ya tiene que tomar una decisión, no solo por la señora Aguilar, sino por los 13 millones de asegurados. Ahora, el secretario general, que es el señor Enrique Caballero, y el señor Alex Iparraguirre Vargas, que estuvo como gerente general; en esos dos casos no ha pasado nada. Ellos dos han sido socios de una empresa consultora. Lo grave es que ninguno de ellos tiene experiencia en el sector salud. Esto es peligroso, nos están mandando a un abismo en EsSalud.

Otro drama terrible es que en los hospitales de Lima no hay camas para los pacientes, y esto debe ser peor en provincias y otras zonas alejadas.

¿Sabes por qué salí de EsSalud? Porque me dio vergüenza pedir a unos postores que nos presten 50 camas para que salgan en las cámaras y vean que hay camas. Si los hospitales como Almenara y Rebagliati no tienen camas, imagínate en los centros poblados; ahí el servicio de salud no existe, la gente se va muriendo de distintas enfermedades.

En EsSalud siempre se infiltran grupos políticos para levantarse el presupuesto. Esto cada año se observa con las grandes compras públicas para la institución. ¿Cómo evitar que metan las uñas y transparentar las compras que se hacen mes a mes?

La nueva ley de compras públicas es una lavada de cara. Siempre lo he dicho y lo he escrito: toda compra debe tener certificación internacional ISO 37001 antisoborno. Esto hace que el procedimiento sea mediante compras corporativas y subasta inversa electrónica. Cuando nosotros recibimos el Ministerio de Salud (Minsa), cuando yo era director general de administración, tuvimos lo que era Qali Warma y también tuvimos a EsSalud. En esa época el ministro Solari me dijo: «Destraba todo esto y bota a todos los corruptos», y con carta blanca destrabé todo esto en 30 días. Esto se hizo a través de lo que se llama la bolsa de productos. Hablé con el Ministerio de Agricultura y con la bolsa de valores. O sea, todo lo que realmente hoy es subasta inversa.

Ahora, no es posible que en EsSalud no haya procuraduría. No hay defensa del Estado, solo hay una oficina de asesoría jurídica.

¿Cree que la ausencia de un procurador en EsSalud es darle ventaja a la corrupción?

Concretamente, sí. La misión principal del procurador es defender a la institución. Ahora, es cierto que hay muchos procuradores que son mesa de partes, pero ellos tienen que estar mirando lo que sucede en la institución. Esto no es de ahora, esto se arrastra desde el año 2013. Sin embargo, ahora es decisión de la presidenta de EsSalud, María Aguilar del Águila, ya que simplemente debe hacer una carta al Procurador General de la República para que designe un procurador a través de una resolución suprema.

Por otro lado, se tiene que proteger a los trabajadores que denuncian la corrupción en EsSalud. Recuerdo que hace muchos años, Contraloría daba protección a la gente que denunciaba. Para acabar con la corrupción hay que proteger a esta gente, porque actualmente al que denuncia lo botan. Además, en esta nueva ley de contrataciones no existe ningún artículo donde se hable de anticorrupción. Hay que entender que la gran corrupción se encuentra en las compras públicas, y quien hace las compras es logística y administración.

Líneas arriba mencionó que salió de EsSalud porque le dio vergüenza prestarse camas para simular en cámaras que había camas. En la actual situación, ¿volvería a EsSalud?

Cuando estuve en Europa, me hicieron un llamado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para apoyar. Tuvimos conversaciones y me interesó; para esto recluté un equipo A1 de profesionales anticorrupción. Esto les gustó a los asesores de la PCM, y toda la documentación la pasaron al Ministerio de Trabajo, que tiene adscrita a EsSalud. Luego expusimos ahí y, con el visto bueno de la PCM y el Ministerio de Trabajo, nos pasaron a EsSalud, pero la señora María Aguilar del Águilar tomó la decisión de no hacernos ingresar. A pesar de todo esto, no tengo ningún inconveniente en regresar a EsSalud para aportar en mejorar la atención a 13 millones de asegurados.

Luego de que el Gobierno de Dina Boluarte oficializara la norma que eliminó el ‘Proyecto Especial Legado’ que administraba varios millones de soles y que consiguió que Lima lograra la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, la Comisión Especial de Seguimiento a la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 citó al premier Gustavo Adrianzén y al ministro de Educación Morgan Quero, para que se apersonen este lunes a las 11:00 horas al Palacio Legislativo y se pronuncien sobre esta decisión y brinden una explicación debidamente sustentada.

Sin embargo, ellos no se presentaron. Y el único que sí asistió a la reunión fue el presidente del Instituto Nacional del Deporte (IPD), Federico Tong.

El grupo de trabajo congresal indicó que tanto Gustavo Adrianzén, en su condición de jefe de Gabinete y Morgan Quero en su condición de titular de Educación debían de explicar los «fundamentos técnicos, legales y presupuestales para la extinción del proyecto especial Legado, así como el costo beneficio» que habría detrás de esta sorpresiva disposición.

Sin embargo, ambos funcionarios del Estado no se apersonaron. Como se sabe, el jueves pasado se les consultó por esta citación y Adrianzén indicó que tendrían que evaluar la «pertinencia» de acudir a este encuentro debido a que se trata de un tema «técnico».

«No estoy seguro de haber recibido esa información, por lo menos no la tengo aquí mismo, pero veremos la pertinencia y, sobre todo, aquí quien tiene que participar es el órgano técnico. El IPD es quien se va a hacer cargo de todo ello», expresó Adrianzén, pero días después reveló que la propuesta para desactivar ‘Legado’ fue impulsada por el propio presidente del IPD, Federico Tong. 

El Ministerio del Interior (Mininter) compró 7.323 fusiles Arad 5 de calibre 5,56 x 45 mm, sin haber realizado previamente una licitación. De acuerdo con La República, el sector liderado por el ministro Juan José Santiváñez efectuó esta adquisición a la compañía “Industrias de Armas de Israel” (Israel Weapon Industries-IWI), a través de la empresa estatal “Fábrica de Armas y Municiones del Ejército” (FAME).

Según fuentes del Mininter, se habría gastado $27,3 millones de dólares. Bajo la Ley N.º 31684, (Ley FAME modificada) que, según el sector, establece un procedimiento especial sumamente ágil y transparente para la adquisición de sistemas de armas, equipos no letales, vehículos especiales y diverso equipamiento para la defensa y seguridad nacional. Según informan, como empresa estatal, FAME está facultada para proveer directamente dichos bienes.

Sin embargo, la Contraloría General de la República emitió informes donde advierten sobre irregularidades en la aplicación de esta normativa, ya que estaría siendo utilizada para evitar procesos como el concurso de precios y la convocatoria a licitaciones. Por esa razón, según La República, FAME propuso el Arad 5 de IWI, luego de que el Mininter pidiera buscar un fusil para sustituir el AKM y el HK.

“Personal de FAME y el representante de IWI acordaron la reducción del beneficio económico a favor de FAME de 12.08% a 5,5% (…), ocasionando que FAME deje de percibir el 6,58% del valor de venta (…), (esto es) S/5′784.823 (561.902 dólares), en el marco de la operación comercial vigente con el Ejército por el suministro de fusiles asalto Arad 7″, indica la Contraloría.

En esa línea, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez se habría acogido a este mismo mecanismo con el fin de comprar 7.323 fusiles Arad 5 de IWI, en reemplazo de los AKM y HK, que tienen 30 años de servicios.

¿Qué es la Ley FAME?

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército es una empresa estatal del Ministerio de Defensa que fue creada a través de la Ley N.º 29314.

Su principal objetivo es la “comercialización, fabricación, ensamblaje, (…) de sistemas de armas y municiones de guerra, (…) y actividades conexas para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú”, entre otras instituciones nacionales.

Sus actividades se realizan bajo la modalidad de encargo, la cual es de “obligatorio cumplimiento” por los organismos estatales”, dice la normativa.

Tras el destape periodístico que reveló que el Congreso de la República gastará S/ 1,6 millones en ‘buffet’ para los 130 parlamentarios, el congresista Wilson Soto Palacios aclaró que él trae su almuerzo proveniente de su casa.

Esta respuesta la dio en una entrevista para canal N, tras propalarse la información que, mediante un renovado contrato de alimentación, tanto él y sus colegas gozarán de un nuevo y lujoso ‘buffet parlamentario’ que le costará al erario público un millón 600 mil soles. Entre tanto, el millonario proceso de licitación del servicio de alimentación que durará 6 meses, ya se encuentra en trámite.

En el dialogo televisivo, el congresista de Acción Popular señaló que los legisladores no tendrían que aprovechar «todo» de este servicio alimentario y remarcó que él paga sus propios alimentos e intenta llevar almuerzo preparado en casa hasta el Parlamento y que cuando ello no es posible, entonces recurre a comer en el Pleno. Sin embargo; no menciona que, durante las sesiones plenarias, comisiones y juntas de portavoces, los legisladores tienen desayuno, almuerzo y cena a su disposición.

«La verdad yo, algunas veces, traigo mi almuerzo de mi casa. Algunas veces, cuando estoy contra el tiempo, trató de almorzar en el Pleno; pero, la mayor parte yo todos los días pagó mi almuerzo. No es que a mí el Congreso de la República me da gratis de almorzar», expresó Soto Palacios.

El parlamentario de izquierda Guillermo Bermejo Rojas es acusado de recibir miles de soles en sobornos para favorecer el aumento presupuestal del año 2022 para un proyecto de obras a la municipalidad distrital de Huáchac, ubicada en la región Junín.

La revelación fue propalada por el dominical Panorama, tras publicar el testimonio del Colaborador Eficaz 11-2024, quien dice conocer al legislador de la bancada ‘Juntos por el Perú – Voces del Pueblo’. Según sus declaraciones ante las autoridades, todo empezó en agosto de 2021, cuando Bermejo Rojas, al poco tiempo de juramentar como congresista, fue declarado como “visitante ilustre” por el alcalde de Huáchac, Jaime Cueva.

El colaborador eficaz 11-2024, aseguró que el congresista habría empleado su cargo para pedir coimas por impulsar obras dentro del mencionado municipio distrital. Esto se habría concretado luego que Bermejo Rojas visitara Huáchac en agosto del 2021 y se comprometiera a lo ya pactado con el alcalde Jaime Cueva.

Guillermo Bermejo habría recibido las coimas en sobres manila

Asimismo, el colaborador eficaz narró el supuesto ‘modus operandi’. La entrega de coimas habría sido gestionada por Yul Valdivia Beteta, un amigo y asesor del parlamentario que se encargaba de entregar el dinero a Jaime Jara, quien también habría tenido un vínculo de amistad con Bermejo Rojas y que además trabajaba en su despacho congresal.

Si bien, no se indicó el monto exacto de las coimas, se precisó que estas se habrían pagado entre septiembre y octubre del 2021. El informe de Panorama aseguró que el primer monto habría sido de alrededor de 40 mil soles y una de las entregas fue recibida directamente por el congresista.

«Yul Valdivia le hizo entrega de dinero a Jaime Jara en sobres manila amarillos en varias oportunidades. Esto fue unas cinco veces para el apoyo en la inclusión de un proyecto de obras de la Municipalidad de Huáchac, en el presupuesto del año 2022; este dinero cuando lo recibía Jaime Jara, lo entregaba al congresista Guillermo Bermejo», manifiesta el colaborador.

Alcalde de Huáchac y Guillermo Bermejo se reunieron en su despacho

 El dominical mencionó que el alcalde de Huáchac, Jaime Cueva, se reunió con el parlamentario Guillermo Bermejo Rojas y Yul Valdivia el 25 de octubre del 2021. El encuentro se dio en el propio Congreso de la República y aquella fecha, el legislador habría recibido artesanías y quesos.

Como se recuerda, ese mismo mes de octubre, el entonces presidente Pedro Castillo emitió un decreto de urgencia en el que se incluye a dos proyectos de obras para el distrito de Huáchac en el presupuesto para el 2022. Sin embargo, en menos de un año, Jaime Jara y Yul Valdivia fueron detenidos, por la investigación por el caso ‘La Unión’, cuya indagación persigue el presunto cobro de coimas para la ejecución de obras durante el gobierno del expresidente chotano.