La Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria resolvió que es improcedente la solicitud para declarar cumplida la condena de cadena perpetua impuesta a Osmán Morote Barrionuevo, por el caso del atentado de la calle Tarata, donde se le condenó por delito de terrorismo agravado.

Además, el Tribunal dispuso que la dirección del establecimiento penal donde Morote cumple carcelería priorice la atención de los profesionales médicos, psicólogos y trabajadora social, así como los exámenes médicos necesarios y atención integral para garantizar el buen estado de salud física y psicológica del sentenciado.

Así lo señala la resolución del Poder Judicial en donde se precisa que a Morote Barrionuevo le impusieron, en el 2018, la pena de cadena perpetua, “la misma que será materia de revisión por el órgano jurisdiccional competente, cuando los sentenciados cumplan 35 años de pena privativa de libertad“.

Durante la audiencia, el Ministerio Público señaló que “si bien es cierto que el sentenciado lleva años purgando pena, es necesario considerar que ha sido condenado en otros procesos penales en los cuales ya ha cumplido con las penas; sin embargo, el proceso por el cual solicita la revisión de la cadena perpetua en el expediente N°346-2013, ‘caso Tarata’ es de fecha posterior y por hechos diferentes“.

Por otro lado, la defensa legal de Morote señaló que “su patrocinado tiene un problema de Alzheimer, pero con esfuerzo puede recordar, que ha admitido en procesos penales su responsabilidad“, además de indicar que lleva detenido desde 1988.

Al respecto, la Fiscalía refutó que si bien se encuentra recluido desde dicha fecha ello correspondió a un expediente y delito diferente. “Lo que no está claro es por qué el abogado considera que el tiempo de reclusión tendría que ser desde el 2 de junio de 1988“, indica la resolución con respecto a los argumentos del Ministerio Público.

Finalmente, la Sala Superior decidió por unanimidad declarar improcedente la solicitud para declarar cumplida la condena de cadena perpetua de Morote Barrionuevo.

El atentado a la calle Tarata

La noche del 16 de julio de 1992 las apacibles calles del distrito de Miraflores sufrieron uno de los atentados terroristas más sanguinarios de su historia. La organización terrorista Sendero Luminoso, encabezada por Abimael Guzmán, llenaron un vehículo con 250 kilogramos de anfo y dinamita, dejándolo en la cuadra 2 de la calle Tarata, explotando donde se encontraban los edificios El Condado, San Pedro, Tarata, Residencial Central y San Carlos. El saldo de ese imperdonable accionar dejó 250 heridos, 437 viviendas dañadas, 420 familias afectadas y 25 fallecidos.

Cuando la Ciudad de la Eterna Primavera estaba empezando nuevamente a florecer, un polémico personaje podría volver a poner de cabeza esa ciudad con sus irreverencias y caprichos. Arturo Fernández regresaría al sillón municipal de Trujillo en el mes de junio y se quedaría ahí hasta el 2026. Esto después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundado el pedido de vacancia en su contra.

La autoridad fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada contra una teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que se originó por comentarios ofensivos hechos durante una transmisión en vivo en Facebook; sin embargo, para los magistrados, este fallo no lo inhabilita de ejercer un cargo público.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo el miércoles 17 de abril, el abogado de Arturo Fernández reiteró que el proceso judicial contra su patrocinado todavía no ha concluido, ya que está pendiente que resuelvan un recurso de queja. Este argumento habría sido clave a la hora que de que el Pleno tome una decisión.

“Ustedes tienen conocimiento de que hay un recurso de queja y mientras este recurso no se resuelva, la condición del sentenciado César Arturo Fernández Bazán no se encuentra firme, es decir, es una resolución no consentida, no ejecutoriada (…). Por lo cual, pido que se declare la improcedencia del recurso de apelación”, afirmó el letrado Jean Paul Silva León.

No obstante, Grego Quiroz Diaz, abogado y exconsejero regional, expresó su desconcierto ante la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones. “En realidad, no entiendo la razón por lo cual el JNE ha declarado infundada la apelación cuando se cumplía con todos los elementos y requisitos. Legalmente esto no debió suceder. Hay que esperar la resolución para conocer el argumento del órgano electoral que lo ha llevado a declarar infundada la vacancia. Fernández Bazán seguirá suspendido hasta que culmine su sentencia, salvo que reciba otra condena por otro expediente”, señaló al medio trujillano N60.

Arturo Fernández, quien impulsó la instalación de los huacos eróticos en Moche, retornaría al sillón municipal en junio, eso quiere decir que Mario Reyna solo ocuparía el cargo de burgomaestre hasta dicha fecha.

Con el propósito de promover el acceso a la educación superior, por amplia mayoría (94 votos a favor), el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 3716, 4298 y 4590, recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 29659, que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, a fin de preservar su autonomía universitaria conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria.

El presidente la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar Zelada (PB), sustentó el texto destacando la necesidad de respaldar la propuesta en beneficio de miles de jóvenes.

“San Juan de Lurigancho amerita tener su propia universidad, al poseer una población que supera el millón de habitantes, sin incluir a las zonas aledañas de Lima”, sostuvo.

En esta misma línea el congresista José Jerí Oré (SP), en su calidad de presidente la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, coincidió en desestimar cada una de las observaciones presentadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la universidad ya posee un terreno y un pliego presupuestal.

“En la Ley de Equilibrio Financiero aprobada en diciembre pasado, se le asignó 3 millones de soles para que inicie su funcionamiento. Luego de la aprobación de esta insistencia, se van a iniciar las acciones para que comience a operar”, detalló el congresista de Somos Perú.

Durante el debate las congresistas Margot Palacios Huamán (PL) y Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), lamentaron las observaciones realizadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta la gran población que posee el referido distrito.

La congresista Noelia Herrera Medina (RP), sostuvo que la oportunidad educativa, será siempre la base fundamental para el desarrollo, no sólo de la población de San Juan de Lurigancho (SJL) sino de todos los peruanos.

Seguidamente, la parlamentaria Susel Paredes Piqué (CD-JPP), justificó la aprobación del texto, considerando la educación pública vital para el país. “La educación es la herramienta más eficaz de movilidad social, de entendimiento, de conocer nuestras realidades distintas y de superarnos como peruanos”, agregó.

De igual manera, los congresistas Alejandro Cavero Alva (Avanza País) y Martha Moyano Delgado (FP), se mostraron a favor de la iniciativa, considerando que SJL puede llegar a convertirse en un gran centro de innovación, tecnología y educación, en favor del país.

Participaron también del debate los legisladores Américo Gonza Castillo (PL), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Wilson Soto Palacios (AP), Francis Paredes Castro (PP), José Elías Avalos (PP), Guido Bellido Ugarte (PB), Rosangella Barbaran Reyes (FP), entre otros.

Solo queda un gran silencio por delante. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Especializada en Delitos de Lavado de Activos archivó de manera definitiva la investigación que se les seguía a Kenji, Hiro y Sachi Fujimori, y otros, por el presunto delito de lavado de activos relacionados con la ex empresa Limasa (ahora denominada Integrated Global Logistics), entre los años 2014 y 2016.

“Declara no haber mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Kenji Fujimori Higuchi, Hiro Fujimori Higuchi, Sachie Fujimori Higuchi (…) por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado y archívense definitivamente los actuados“, se puede leer en la resolución.

El caso

El escándalo de la empresa LIMASA es un caso en el que se involucra directamente a Kenji Fujimori y sus hermanos, descendientes del expresidente Alberto Fujimori. Este caso se centra en la investigación de supuestos actos de corrupción y manejo irregular de fondos relacionados con la empresa LIMASA, dedicada a la gestión de residuos, entre los años 2014 y 2016.

La fiscalía de la Nación centró su atención en las actividades financieras de esta empresa constituida por los hermanos Fujimori, especialmente por la forma en comofue utilizada para presuntamente canalizar fondos ilícitos. De acuerdo con las investigaciones, los Fujimori habrían desviado recursos del Estado hacia cuentas y empresas controladas por ellos, en un esquema de lavado de dinero y apropiación indebida de recursos públicos.

A medida que avanzaba la investigación, se recopiló una serie de pruebas, incluyendo registros bancarios, testimonios de colaboradores cercanos y análisis de transacciones financieras, que apuntaban a una red de corrupción sofisticada.

Según la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, que remitió los informes contables correspondientes, Kenji Fujimori registró un desbalance patrimonial de S/466.747 soles. Asimismo, su hermana Sachi Fujimori y su esposo, Marc Koenig, registraron entre los dos un desbalance de S/1 millón 395 mil 691 soles; mientras que Hiro Fujimori registró un total de S/1 millón 159 mil 54 soles. Estos desbalances fueron detallados por un informe extenso del medio Ojo Público en el 2021.

El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha postergado la exigencia de visa para ciudadanos peruanos que quieran ingresar a dicho país. La disposición, que entraba en vigor el 20 de abril, fue extendida y ahora entrará en vigencia el lunes 6 de mayo.

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dispone la “reforma el diverso por el que se da a conocer la aplicación temporal de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en pasaportes ordinarios” de los peruanos.

La Secretaría de Gobierno (Segob) argumentó que la norma responde al incremento “sustancial” en el número de peruanos que ingresan al territorio, con un perfil que “no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en su documentación”.

Cabe precisar que en el año 2012 México dispuso eliminar el requisito de visa para los peruanos que visitaran el país durante un máximo de 180 días. Tras esta disposición, los ciudadanos de nuestro país se ubicaron entre las diez nacionalidades que más visitan la nación azteca.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la postergación de la medida temporal que requiere la visa a los ciudadanos peruanos para ingresar a su territorio.

Gobierno del Perú dio marcha atrás en exigir visa a los mexicanos

Como se recuerda, en respuesta a la nueva exigencia de México en exigir visa a los peruanos, el Gobierno del Perú, a través de un Decreto Supremo, estableció el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que visiten el Perú; sin embargo, días después el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se decidió revocar la norma.

Mediante un comunicado se precisa que “esta acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines, y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico (…) Asimismo, reafirma nuestro espíritu en favor de la integración regional y los lazos de amistad y de cooperación con el pueblo mexicano”.

La Comisión de Ética del Congreso que lidera el legislador Diego Bazán, aprobó el informe final en contra del legislador Edgar Tello Montes, del Bloque Magisterial por haber vulnerado el Código de Ética Parlamentaria.

Sin embargo, y como generalmente es habitual, dicho grupo de trabajo rechazó la denuncia del caso ‘Mochasueldos’, pero sancionó al congresista con 60 días de multa por pedir donaciones.

El informe final del Exp 130-2022-2023/CEP-CR fue aprobado por 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención en la Comisión de Ética.

A favor votaron Kira Alcarraz (Podemos Perú), María Taipe (Fuerza Popular), Rosangella Barbarán (FP), Héctor Ventura (FP), María Zeta (FP), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Ruth Luque (Cambio Democrático), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Elías Varas (PB), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Ruth Trigoso (APP), Nelcy Heidinger (APP) y Diego Bazán (Avanza País).

Cabe recordar, que en el año 2023 el congresista Edgar Tello fue denunciado por haber recortado el sueldo a sus trabajadores, hostigar a una de ellas que se encontraba embarazada y por haber solicitado $8 mil dólares al gobierno de Taiwán.

Luego de las averiguaciones como parte del proceso, el informe final señala que se ha acreditado que el parlamentario solicitó a la Oficina Económica de Taipéi ayuda para las ollas comunes por un monto de $8 mil dólares.

Asimismo, se acreditó que su despacho canalizó dicho monto y actuó como supervisor de la adquisición de las ollas, cocinas y utensilios debiendo dar cuenta de dicho cumplimiento a la mencionada oficina.

‘Niño’ travieso y descarado. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este jueves iniciar una indagación contra Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, por presuntamente usar recursos del Congreso para impulsar la inscripción de su partido político “Adelante Áncash”.

La votación registrada en la sesión que empezó a las 8 a.m. terminó con 18 votos a favor y una sola abstención, la de Kira Alcarraz (Podemos Perú).

Diego Bazán (Avanza País), presidente de la comisión, señaló antes de someter al voto este caso que la presidencia de Ética estaba proponiendo de oficio denunciar a Darwin Espinoza en base al informe emitido por el programa “Punto Final” sobre el supuesto uso de trabajadores y bienes de su despacho para promover la inscripción del movimiento regional “Adelante Áncash”.

“Existen elementos de convicción que determinarían aparentemente una responsabilidad”, aseveró en alusión a los tres hechos cuestionados según el reportaje de “Punto final” contra Espinoza: el uso de la cuenta de Reniec para verificar a militantes de los padrones del movimiento regional, el emplear a trabajadores parlamentarios para recolectar firmas, y usar bienes del Congreso como papel y la impresora de su despacho.

Bazán había adelantado que este jueves se votaría el caso de Espinoza, luego que se frustrara la sesión ordinaria que habían programado para el lunes por falta de quórum ante las ausencias de legisladores de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP).

“Vamos a realizar una sesión de manera extraordinaria el jueves en la mañana, antes de la sesión del pleno, para que no haya ninguna excusa de ningún parlamentario”, aseguró este lunes.

En una entrevista a RPP otorgada el martes 16 de abril, Bazán reiteró sus cuestionamientos a los otros integrantes de Ética por no haberse presentado y así haber frustrado la realización de la sesión en la cual verían, además del caso de Darwin Espinoza, informes finales contra dos legisladores acusados por “mochasueldos”.

“Lo que ha sucedido el lunes me ha avergonzado particularmente […] De los nueve, solo tres entregaron licencia válida. Dos por temas de salud, uno porque estaba fuera del país. Los demás, queda claro que son descuentos que se van a aplicar”, señaló en alusión a los parlamentarios de Fuerza Popular y APP.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido no observar la ley que autoriza el retiro de fondos de las AFP hasta por 4 UIT (S/ 20.600), aprobada el pasado 11 de abril por el Congreso.

Además, invocó al Congreso que el retiro de la CTS, aprobado este miércoles 17 de abril en la Comisión de Economía y ayer en la de Trabajo, sea respetando un mínimo de cuatro meses de desempleo.

“El Ejecutivo, en Consejo de Ministros ha analizado el tema el día de hoy y ha decidido no observar esta ley. Y al mismo tiempo aprovecho esta tribuna para invocar al Congreso a que esta norma referida al retiro de la CTS sea respetando un mínimo, que yo estimo debería ser cuatro meses de desempleo. Como ustedes saben, la Compensación por Tiempos de Servicios permite a un profesional mantener ingresos en el tiempo en que está cambiando de trabajo, el promedio es de cuatro meses. Yo pediría al Congreso que autorice con un piso mínimo de cuatro meses”, refirió en conferencia de prensa.

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto por la Comisión de Economía con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, que recoge los aportes de los proyectos de ley 3585, 4190, 4201, 4378, 4556, 4799, 4992, 5761, entre otros, que permite el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), sin ninguna excepción, de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En la sesión también se votó el dictamen de modernización del sistema de pensiones en el país, sin embargo, la iniciativa no tuvo el respaldo de la mayoría de congresistas. Votaron a favor solo 20 legisladores, 74 en contra y se contabilizaron 10 abstenciones.