La parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, ha presentado el Proyecto de Ley N° 09470/2024-CR, ante el Congreso de la República que propone sancionar con cadena perpetua a los que les arrebaten la vida a los miembros de la Policía Nacional del Perú. El objetivo de la iniciativa legislativa, es contribuir a la protección de la vida de los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fortalecer su trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

«La presente Ley tiene por objeto modificar el Código Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 635 para contribuir a la protección de la vida de los miembros de la Policía Nacional y fortalecer su trabajo en la lucha contra la delincuencia en el país», se lee en el texto.

El dictamen justifica en su exposición de motivos, que se busca dar un mensaje claro contra la delincuencia y que, por causa del incremento de los actos criminales, se podría afectar la confianza dentro de la institución policial; si no se toman acciones al respecto.  

«Queremos que los asesinatos de policías que ocurren durante intervenciones, en situaciones de riesgo, operativos contra la delincuencia o en intervenciones en materia de seguridad ciudadana o durante la detención de delincuentes, sean sancionados drásticamente para dar un mensaje claro contra la delincuencia. El aumento de estos actos delictivos también podría afectar la confianza dentro de la institución policial si no se toman acciones al respecto», concluye el texto.

El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 7477/2023-CR, que busca mejorar la identificación visual de las motocicletas de la categoría L, más conocidas como motos lineales. Esta norma establece cambios en las características de la Placa Única Nacional de Rodaje para estos vehículos menores, con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana y ejercer un mayor control.

Según el texto aprobado, se deberá implementar nuevas placas de rodaje que deberán ser más visibles, tanto en la parte delantera como en la trasera de las motos lineales. Asimismo, se incluirá el uso de tecnología de punta de identificación, similar a la que emplea la Unión Europea. Esta tecnología facilitará la geolocalización de las motocicletas por parte de la Policía Nacional, e incluso, de los ciudadanos, con el fin de reducir la incidencia de delitos en los que se utilizan motos lineales como medio de escape. La norma también incorpora la obligatoriedad de un dispositivo electrónico adherido a la calcomanía de la placa, el cual permitirá una geolocalización precisa en tiempo real, en caso de emergencia o intervención policial.

Según el dictamen, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá establecer las especificaciones técnicas de las nuevas placas en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la mencionada ley y posteriormente deberá publicar en un máximo de 120 días hábiles el cronograma para la implementación de estas nuevas placas, cuyo proceso de cambio comenzará en Lima y Callao.

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Se queda en prisión. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó hoy la sentencia de 22 años y 5 meses de prisión efectiva contra el ex congresista Wilson Michael Urtecho Medina por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Durante la lectura, el juez Iván Sequeiros detalló que ha quedado acreditado el delito de enriquecimiento ilícito, basándose en su decisión en una pericia contable que arrojó un desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias.

Asimismo, remarcó que tanto el ex congresista como su esposa, Claudia González, se aprovecharon indebidamente de su situación y que esta última ejerció de “operadora” de las actividades ilícitas.

No obstante, el magistrado indicó como atenuantes para no incrementar la pena el delicado estado de salud de Michael Urtecho y la situación de la menor hija de los dos sentenciados.

De este modo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundadas las apelaciones presentadas por las defensas del exparlamentario y de su esposa. También confirmó el monto de la reparación civil que ambos deberán pagar al Estado.

Así, Urtecho y su esposa deberán pagar en forma solidaria S/2 millones 407 mil 990 como reparación civil por el delito de enriquecimiento ilícito, así como otros S/630 mil 666.6 por el delito de concusión.

El caso Urtecho, precedente para los nuevos ‘Mochasueldos’

Como se recuerda, el exparlamentario había sido condenado en primera instancia por el recorte de sueldo a trabajadores y enriquecimiento ilícito, al igual que su esposa, Claudia González.

En agosto del 2023, la Corte Suprema sentenció a 22 años y 5 meses de prisión a Michael Urtecho, así como una inhabilitación por 3 años y 8 meses para ejercer cargos públicos.

Según el fallo, quedó corroborado que ambos obligaron a su trabajadora, Gladys Flores, y haber inducido a otros funcionarios de su despacho a “entregarle indebidamente parte de sus remuneraciones y/o sus liquidaciones como condición para contratarlos, promoverlos y renovarles sus contratos”.

Según la acusación de la Fiscalía de la Nación, el exlegislador retuvo ilegalmente S/ 430.666,06 del sueldo de sus trabajadores, y se le atribuyó lavado de activos por un total de S/ 2′182.601.68.

Por peculado, se le acusó de apropiarse de S/ 339.962,54 que iban a ser destinados como donaciones para un centro médico para personas con discapacidad; y por apropiación ilícita, por haber retenido US$14.939 que iban a ir a damnificados por el terremoto de Pisco del 2007.

En tanto, Claudia González, esposa del ex congresista, también fue hallada culpable. A ella se le impusieron 28 años de prisión por los delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado.

El gobierno de Dina Boluarte, a través de la Junta General de Accionistas de Petroperú designó a su paisano Alejandro Narváez Liceras como nuevo presidente del directorio de Petroperú.

Narváez Liceras asume el liderazgo bajo la categoría de director independiente y como es de conocimiento público, este contador público apurimeño cuenta con un doctorado en economía y fue militante del partido ‘Movimiento Nueva Izquierda’. Actualmente, de acuerdo a información del ROP del JNE, Narváez pertenece a las filas del partido de izquierda ‘Juntos por el Perú’, con el que postuló sin éxito al Congreso de la República en las elecciones generales del 2021.

Asimismo, él ya ocupó la presidencia del directorio de Petroperú entre 2003 y 2005. No obstante, tras la renuncia del directorio anterior liderado por Oliver Stark Preuss, realizada el pasado 10 de septiembre, el nombre de Narváez ya estaba “cantado” como su reemplazo, porque incluso, criticó la gestión de Stark, calificándola como incapaz y además se mostró en contra de la contratación de un gestor privado para Petroperú.

Asimismo, de acuerdo a un informe de Gestión, Alejandro Narváez Liceras se habría reunido con la presidenta Dina Boluarte el 10 de septiembre de 3:04 a 4:08 de la tarde, junto a Óscar Vera, exministro del Minem, justamente el mismo día que renunció el directorio que era presidido por Stark Preuss y los exdirectores Germán Alfredo Boza Pro, David Alfredo Tuesta Cárdenas, Carlos Augusto Villalobos Dulanto y Pedro Fernando Gamio Aita.

Según la resolución los nuevos directores comenzarán sus funciones este viernes 8 de noviembre.

Tras casi dos meses de haber mantenido acéfalo a Petroperú, el gobierno, por fin eligió a un nuevo equipo directivo liderado por un paisano de la presidenta Boluarte. Sin embargo, se requiere implementar reformas urgentes para lograr que la petrolera busque la recuperación y es más que predecible que bajo la administración de Narváez Liceras, el Estado nuevamente inyectará miles de millones de soles para seguir manteniendo a la petrolera estatal, con el fin de que ésta nunca se extinga.  

El gobierno de Dina Boluarte busca por todos los medios presentar una imagen de armonía y tranquilidad ante los países invitados para el Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC), y por ello ha oficializado el Decreto Supremo N.° 123 – 2024 PCM para que los días 11, 12 y 13 de noviembre las clases educativas se realicen de manera virtual.

Como se sabe, la capital del país se encuentra próxima a recibir a diversas comitivas internacionales de alto rango. Debido a ello, el Poder Ejecutivo decretó hace algunas semanas que los días 14, 15 y 16 de noviembre sean no laborables para el sector público y privado, válido para Lima Metropolitana y el Callao.

Pero eso no es todo. El citado decreto publicado hoy en el diario El Peruano modifica el D.S 110 – 2024 PCM “con el objetivo de disponer la realización de teletrabajo del día 11 al 13 de noviembre de 2024, a fin de facilitar la implementación de dichas medidas”, buscando así que también la población permanezca en sus hogares y no se sume a las protestas convocadas por diversos gremios.

Si bien el caso no es obligatorio para las entidades privadas, el DS explica que las fechas en mención, estas podrán implementar el teletrabajo siempre que exista un acuerdo de por medio entre el trabajador y el empleador, en seguimiento de la normativa vigente.

«En las fechas antes señaladas las entidades o empresas sujetas al régimen de la actividad privada, pueden implementar la modalidad de teletrabajo, siempre que medie acuerdo entre trabajador y empleador, de conformidad con la normatividad vigente», se lee en el documento publicado en el Diario Oficial.

No cabe duda que la jefa de Estado se encuentra desesperada por presentar una imagen del país totalmente irreal, colocando debajo de la alfombra todos los casos de extorsión y sicariato que se viven en distintos puntos de la ciudad. Solo faltaría que la mandataria intervenga las señales de televisión abierta y prohíba la difusión de las protestas.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Alejandro Vivanco Gotelli pidió a la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, que el juez Richard Concepción Carhuancho sea apartado del caso que involucra a su defendido, denominado ‘Los Waykis en la sombra’. Este pedido se da mientras el mencionado juez evalúa un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

La defensa de Boluarte Zegarra sostiene que ha tomado conocimiento de ciertos hechos que pondrían en duda la imparcialidad con la que el juez Concepción Carhuancho estaría conduciendo el proceso y se ampara en artículos del Código Procesal Penal. Asimismo, el letrado fundamenta que la intervención del magistrado podría comprometer el debido proceso.

«Habiendo tomado conocimiento de hechos que constituyen una causal que evidencia que se ha comprometido la imparcialidad con que debe ser conducido el presente proceso, más aun teniendo en cuenta que se encuentra desarrollándose el trámite de audiencias de un requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público contra mi patrocinado», se lee en el oficio publicado por el Comercio.

El abogado Vivanco Gotelli enfatiza la importancia de asegurar que el órgano jurisdiccional mantenga una postura objetiva y veraz.

«En ese sentido, en aras que se garantica la imparcialidad del órgano jurisdiccional al momento de resolver sobre el presente proceso y, concretamente en el marco del incidente de prisión preventiva que se viene desarrollando, así como evitar la lesión a la garantía institucional del debido proceso, mediante la presente solicitud formulo a la siguiente pretensión: SOLICITO, que declare FUNDADO nuestra recusación», concluyó.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, confirmó su presencia en el Perú para ser parte de la Cumbre APEC que se desarrollará en la ciudad de Lima. Así lo dio a conocer la Casa Blanca este jueves y precisó que el presidente norteamericano viajará a Perú para asistir a dicho foro que se celebrará del 10 al 16 de noviembre, y posteriormente a Brasil para participar en el G20, que tendrá lugar el 18 y 19 de este mes.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó que Biden acudirá a ambas cumbres, pero no ofreció más detalles sobre las fechas exactas del viaje, ni sobre los posibles líderes con los que podría reunirse en el marco de estos eventos.

«Va a ir a Perú y Brasil para asistir a esas conferencias», se limitó a decir Jean-Pierre, quien añadió que el equipo de prensa confirmará detalles más adelante.

Estos viajes serán los últimos que realizará Biden antes de dejar la investidura presidencial el 20 de enero de 2025, cuando tomará posesión el futuro presidente de EE. UU., Donald Trump, quien ganó las elecciones el último martes 5 de noviembre a la actual vicepresidenta Kamala Harris.

Se requería 46 votos a favor, para admitir la moción del orden del día 13251 que a solicitud del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Juan Burgos, se pedía facultades para investigar el presunto uso indebido del vehículo presidencial de placa EGR 844, más conocido como el ‘cofre’ y que involucraría a la propia mandataria; sin embargo, en la sesión plenaria de este jueves 7 de noviembre, el Parlamento le dio la espalda al grupo de trabajo investigador y apenas 17 parlamentarios votaron a favor, mientras que 16 votaron en contra, y 38 votaron por la abstención, entre ellos el bloque de Fuerza Popular.

Por lo tanto, no fue admitido el pedido de facultades investigadoras para indagar a la presidenta Dina Boluarte y a su entorno, por un presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón.  

Recordemos que el titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que, de ser aprobada esta moción de orden del día, solicitaría ir la próxima semana a Palacio de Gobierno para entrevistar a la presidenta Dina Boluarte; sin embargo, esas acciones ya no podrán ser.

Por su parte, el legislador Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, durante su intervención se mostró en contra de investigar a la mandataria Boluarte Zegarra y afirmó: ¿Para qué entorpecemos una investigación que ya está en el Ministerio Público?

Asimismo, el presidente de la Comisión de Fiscalización Juan Burgos, fue enfático y respondió: “No quiero entrar en una discusión con los opositores; sin embargo, hemos sido hasta este momento la Comisión de Fiscalización que más logros ha tenido. Hemos hecho sesiones descentralizadas, estamos investigando; estamos indagando a los gobernadores regionales y a temas importantes. Así que para poder emitir un juicio tenemos que informarnos mejor primero”.

Finalmente, tras el término del debate, el legislador Juan Burgos fue abordado por la prensa en los “pasos perdidos” y con un tono de disgusto declaró: “Hay un cogobierno. Ya tienen los votos para censurarme. Les soy incomodo por fiscalizar. Yo sé que están buscando los votos para censurarme”.