¡Escudero a la vista! El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, calificó como «cortinas de humo» a las informaciones que revelan que la presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, no divulgar su historial clínico en la investigación que se le sigue en su contra, por el ‘caso cirugías’.

El titular del Ministerio de Educación presentó este martes la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2024, prueba censal realizada el 19 y 20 de noviembre del año pasado, y al momento de ser abordado por la prensa para conocer su opinión sobre la investigación que se le sigue a la mandataria, por presunta omisión de funciones y abandono de cargo, tras haberse sometido a cirugías estéticas en la clínica Cabani en 2023; cuando se le preguntó si tenía conocimiento sobre la solicitud que formuló Dina Boluarte durante una audiencia del 4 de abril al Juzgado de la Corte Suprema para evitar que los médicos revelen la historia clínica y detalles sobre sus intervenciones quirúrgicas en junio de 2023, Morgan Quero inmediatamente rechazó esa acusación y la calificó como «cortina de humo».

«Han mencionado que Dina Boluarte ha solicitado que no se levante su reporte médico o se sepa sobre su historial médico. ¿Usted apoya las decisiones que ha hecho durante esta audiencia del Poder Judicial?», le consultó una periodista, mientras que el ministro Quero Gaime pretendió ser irónico en su respuesta: «Le agradezco que nos hagan preguntas sobre cortinas de humo, muchas gracias».

Si la educación nacional se encuentra por los suelos, teniendo a muchos egresados ocupando su tiempo en cualquier otra actividad ajena a su carrera, ahora el promover un acceso casi directo terminaría por eliminar el filtro de aptitud que muchas casas de estudios superiores tienen para admitir a los nuevos estudiantes.

La bancada de Perú Libre viene impulsando un dictamen en la Comisión de Educación para que se cree una única modalidad de ingreso a todas las universidades, sean estas públicas o privadas, denominada ‘ciclo cero’, la cual deberá de ser mayoritariamente subvencionada por las casas de estudio superiores.

Ese dictamen, fomentado principalmente por los congresistas Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo, menciona que el costo de funcionamiento del ‘ciclo cero’ deberá ser mayoritariamente financiado por las universidades, teniendo que pagar solamente el alumnado 42,90 soles mensuales.

Ante ello, la Asociación Nacional de Decanos de Universidades del Perú se ha mostrado en contra de dicho dictamen, sosteniendo que se estaría transgrediendo la autonomía de cada institución.

“Este dictamen no fortalece absolutamente nada; constituye un atropello inaceptable contra la autonomía universitaria y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público universitario al intervenir arbitrariamente en los recursos propios, desmantelando la capacidad operativa de las universidades públicas”, se lee en el pronunciamiento.

“(…) docentes, materiales, laboratorios, bibliotecas, tutorías, servicios básicos, infraestructura, personal administrativo, etc. ¿Cómo pretenden que con S/42 al mes por estudiante se pague todo eso? Ni siquiera alcanza para cubrir el sueldo básico de un docente, ni mucho menos para garantizar condiciones mínimas de calidad.

“Este dictamen del “Ciclo Cero” busca imponer a las universidades públicas una carga financiera que corresponde al Estado, sin asignación presupuestal alguna, en un contexto ya marcado por recortes sistemáticos ejecutados anualmente por el propio Poder Ejecutivo, y sin plazas remunerativas a los Decanos(as)”, se acusa en el documento oficial.

Universidades presentarían una demanda de inconstitucionalidad de proseguir el dictamen

Además, los decanos de las universidades públicas indican que, en caso de que se apruebe esta propuesta en el Pleno del Congreso, la respuesta inmediata será interponer demandas de inconstitucionalidad para evitar que esta medida sea aplicada.

“De aprobarse esta ley en el Pleno del Congreso, se interpondrá demandas de inconstitucionalidad, por violar el artículo 18 de la Constitución Política del Perú (autonomía universitaria), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el principio de sostenibilidad presupuestaria y equidad de nuestras universidades por atentar contra nuestros Centros de Producción (Admisión)».

Cuando los transportistas salen a las calles a reclamar mayor seguridad, cuando los comerciantes se ven forzados a cerrar sus negocios ante los constantes mensajes extorsivos, cuando un niño tiene que dejar de ir al colegio por temor a que le explote una granada, la congresista de Acción Popular, Hilda Portero, ha presentado un Proyecto de Ley (PL) para promover el famoso dulce norte ‘King Kong’. Y es que la legisladora cree más conveniente fomentar una semana para saborear ese exquisito manjar a tener que atender los cientos de casos por intoxicación derivados del programa ‘Wasi Mikuna’.

La propuesta de ley se ha convertido en un tema de controversia debido a su presentación en un escenario marcado por el sufrimiento de miles de peruanos que padecen la violencia y los problemas de salud.

El ‘King Kong’, la solución a todos los problemas del país

La congresista Hilda Portero, en colaboración con otros miembros del grupo parlamentario Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que establece la creación de la “Semana Tradicional del King Kong”, con el fin de promover este tradicional dulce originario de Lambayeque. El proyecto busca declarar la última semana de julio como una festividad anual dedicada a este producto emblemático. Según el texto del proyecto, la ley tiene como propósito fortalecer la identidad cultural, potenciar la economía regional y fomentar el desarrollo turístico de la región norteña.

En cuanto a los beneficios económicos, la propuesta contempla incentivos a los productores locales y pequeñas empresas que elaboran el King Kong. Además, se plantea crear eventos como ferias, exposiciones y concursos para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales, generando ingresos para la región y creando nuevos empleos. A través de esta propuesta, se espera que el dulce tradicional sea reconocido no solo como un producto regional, sino también como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

El proyecto también considera la entrega de apoyo a los productores para garantizar la calidad técnica del producto y su sostenibilidad a largo plazo. Además, se prevé la creación de incentivos fiscales y financiamiento para los pequeños empresarios que deseen comercializar el King Kong, promoviendo su visibilidad en mercados locales e internacionales.

Por Leonardo Serrano Zapata

De acuerdo con la última Encuesta Nacional Docente 2021 (ENDO, 2021), respecto a la pregunta: «¿Qué tan satisfecho está usted con el reconocimiento que brinda el MINEDU al docente?», el 35,1% de los docentes se mostró satisfecho, mientras que el 42,0% se mostró poco satisfecho y el 15,4% nada satisfecho. Esto resulta en un 57,4% de docentes insatisfechos con el reconocimiento otorgado por el MINEDU. Esto implica que las políticas de reconocimiento docente implementadas por el despacho, hoy a cargo del ministro Morgan Quero Nicollo no están reflejando adecuadamente el esfuerzo de los docentes para mejorar sus competencias profesionales en la búsqueda de la tan ansiada «calidad educativa».

Esta expectativa de satisfacción respecto al reconocimiento del mérito docente por parte del Estado probablemente se agravará en la próxima medición, especialmente considerando los criterios adicionales establecidos por el Ministerio de Educación para el Ascenso de Escala 2024.

Recordemos que los días 20 y 21 de febrero del presente año se publicó la lista de ganadores de la asignación regular de vacantes del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica, en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, correspondiente al proceso de 2024.

Lo primero que piensa la ciudadanía respecto a estos procesos es: «Qué bien que se evalúe a los docentes» o «Si quieren ganar más, que lo hagan por mérito propio», entre otras opiniones. Sin embargo, ¿es posible reconocer el mérito de los docentes cuando se desarrollan normativas que los colocan en condiciones adicionales y desiguales en comparación con otras profesiones?

Por ejemplo: el 7 de febrero del 2017, La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) informó que aquellos que cuenten con título de segunda especialidad profesional en Medicina Humana, obtenido a través del residentado médico, podrán utilizarlo como el equivalente a un grado de maestro, para ejercer la docencia en pregrado y maestría en dicha carrera.

La RVM N.° 077-2024-MINEDU, “Norma que regula el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica en el marco de la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial”,  norma que permitió el desarrollo del concurso de Ascenso docente 2024, establecía que para tener el mérito de otorgarle al docente un puntaje máximo de 4 puntos, en aplicación del criterio 1.2 ‘Otros estudios de educación superior’, sub criterio; los docentes nombrados debían presentar “título de profesor o licenciado en Educación y el título de segunda especialidad deben haber sido obtenidos posterior a su nombramiento”. Esta disposición excluye del proceso de valoración aquellos títulos de profesor, o licenciado en Educación y títulos de segunda especialidad obtenidos antes del nombramiento docente y/o Ingreso a la Carrera pública magisterial, lo que representó una restricción que en definitiva afectó a la evaluación de la trayectoria académica y profesional de los docentes participantes del concurso.

¿Quién propuso una medida tan claramente contraria a la norma? Según lo dispuesto en la Ley Universitaria N.º 30220, con respecto a la obtención de Título Profesional y Título de Segunda Especialidad, establecidos respectivamente en los literales 45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. y 45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico.

Ambas formaciones profesionales (segunda especialidad y segundo título profesional en educación), independientemente del vínculo contractual de cualquier profesional, deben ser reconocidas como mérito en cualquier concurso público y/o privado, ya que acreditan la existencia de nuevas competencias y especialización en el ejercicio profesional.

No obstante, la exclusión de título de profesor o licenciado en Educación y el título de segunda especialidad obtenidas antes del nombramiento constituye una limitación que desvaloriza la formación continua y desincentiva la mejora profesional previa al nombramiento y/o ingreso a la Carrera Pública Magisterial.

Cabe señalar que esta restricción no está respaldada por la legislación universitaria actual, lo que genera inequidad en la valoración de los méritos de los docentes en el proceso de Ascenso de Escala 2024.

Esto perjudicó a aquellos docentes que, en su compromiso con la educación, optaron por especializarse antes de obtener su nombramiento o ingresar a la carrera pública magisterial como lo hacen miles de docentes que aún no se encuentran nombrados, pero cuentan con muchas acreditaciones y grados académicos entre ellos (Segunda Especialidad, Maestría y Doctorado).

Esta situación contraviene la política de reconocimiento docente y permanencia en la carrera, así como el principio de «meritocracia» tantas veces mencionado. Nos preguntamos: ¿A cuántos docentes perjudicó la medida del Ministerio de Educación, que claramente carece de fundamento? ¿Cuántos docentes vieron limitadas sus oportunidades de participar en un concurso público diseñado para reconocer el mérito y permitirles ascender dentro de la Carrera Pública Magisterial? Parece que el ministro está enviando un mensaje claro a los docentes: «Solo reconoceré tus méritos obtenidos después de tu nombramiento como docente». En otras palabras, espera a ser un docente nombrado para luego especializarte…

¿Dónde quedó la meritocracia?

Idas y venidas que le cuestan mucho dinero a todos los peruanos. El fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, acaba de ser suspendido por un plazo de 6 meses, de acuerdo a la última resolución de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, presidida por Juan Fernández Jerí, quien también estaría involucrado en un presunto audio donde el ex abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, le habría solicitado el apartamiento inmediato de Domingo Pérez de su cargo.

Motivos de la suspensión

El cargo que se le atribuye al fiscal José Domingo Pérez es “haber actuado en un proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré Guardia, en la investigación 55-2017, como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia”.

Ello, dice la ANC, pese a que “el supuesto hecho habría sido incurrido dentro de la investigación que ya se venía conociendo con antelación, situación de la que debió haber previsto inhibirse del mismo, a pesar de habérsele solicitado, empero aun así continuó avocándose al caso por un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses”.

A partir de los elementos de convicción, incluida la sentencia del TC a favor de Arsenio Oré, el órgano de control concluye que hay fundadas y razonables piezas para suponer que el fiscal habría incurrido en falta disciplinaria e incumplido “su deber de perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso”.

La ANC sostiene que el apartamiento preventivo del cargo sobre José Domingo Pérez se justifica en “la gravedad de los hechos que se le imputan” y “la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria”, así como “el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público”.

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, no solamente blindó a sus colegas “otorongos”, los congresistas Pasión Dávila, José Jerí, Kira Alcarraz y Elizabeth Medina. Sino que hizo lo mismo con la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino Ávalos, al aprobar por mayoría el informe final que recomienda desestimar la denuncia de oficio en su contra y proceder con su archivo.

Alex Paredes indica que no se pudo corroborar los hechos denunciados

El presidente de la Comisión de Ética, Álex Paredes Gonzales, durante la sesión del lunes 7 de abril presentó el informe final de las investigaciones, en el cual concluyó que no se pudo corroborar lo denunciado por un extrabajador en 2024. En este sentido, señalaron que revisaron las afiliaciones políticas y descubrieron que estas fueron a diversos partidos, y no solo a Perú Libre. En el documento presentado se detalló que las inscripciones incluyeron partidos como ‘Juntos por el Perú’, ‘Adelante Pueblo Unido’, ‘Ahora Nación’, ‘Somos Perú’, ‘País para Todos’, entre otros.

Asimismo, el informe desestimó la acusación de que se realizaron descuentos y/o recortes en los sueldos de los extrabajadores, aclarando que no existen pruebas suficientes para respaldar lo que alegaba el exasesor.

«No existen pruebas respecto al porcentaje del descuento de remuneraciones y bonos, como la presentación de vouchers, depósitos bancarios, grabaciones de audio y videos, fotos, participación de terceros que vinculen a la congresista con algún trabajador o extrabajador que se haya visto afectado», indicaron en la sesión.

“Kelly Portalatino no tuvo responsabilidad ética”

Asimismo, indicaron que el caso de afiliación presentado en el programa Cuarto Poder constituye «un caso único (…), por lo que se descarta que este hecho, planificado, pueda considerarse como una afiliación de nuevos militantes de Perú Libre».

Finalmente, el informe concluyó recomendando que se desestimara la denuncia contra la congresista Kelly Portalatino, debido a que no se halló «responsabilidad ética», por lo que solicitó su archivo. El informe fue respaldado en la comisión, con 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Kelly Portalatino fue sindicada de haber cometido presunto peculado

La congresista fue señalada por haber contratado a Luis Solís Rodríguez en marzo de 2024 como coordinador en la región Ancash, quien supuestamente dedicaba su tiempo laboral a afiliar nuevos militantes al partido Perú Libre, a cambio de puestos de trabajo.

La denuncia, que fue divulgada en un programa dominical, también incluía acusaciones sobre despidos de empleados que se negaron a afiliarse al partido, descuentos del 5% en salarios y bonos que serían destinados al partido, y el uso de recursos estatales para fines exclusivos del partido político. El fin de las afiliaciones sería el recorte del porcentaje indicado en las remuneraciones mensuales, cuya comisión mensual iría directamente en beneficio del prófugo Vladimir Cerrón Rojas.

En rojo. No se puede tapar el sol con un dedo cuando se informa sobre un hecho delictivo casi a diario, indicándose que los malhechores utilizaron como medio de escape una motocicleta lineal. En reiteradas ocasiones se han visto robos o atracos teniendo a dos sujetos con el rostro completamente cubierto encima de una moto, huyendo inmediatamente entre los automóviles.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Poder Ejecutivo implementar “medidas extraordinarias” durante el estado de emergencia en Lima. Entre ellas, destaca la propuesta de restringir el uso de motocicletas lineales entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., sin ninguna excepción.

A través de un comunicado oficial, la entidad plantea que esta restricción se aplique de manera continua y rigurosa, con el fin de dificultar el accionar de bandas criminales que operan a bordo de este tipo de vehículos.

La moto lineal, el medio para la huida más rápida

Según la Defensoría, las motocicletas lineales son usadas con frecuencia por delincuentes porque facilitan la huida rápida, complicando su identificación y posterior captura. Por ello, también han sugerido una segunda medida que se aplique durante el día.

“Prohibir, sin excepción, que las motocicletas lineales transporten a más de una persona dentro del marco temporal establecido para su circulación”, añade la institución, recomendando además que se evalúe la efectividad de estas medidas luego de 30 días de su aplicación.

Estas recomendaciones llegan en medio de una crisis de seguridad que ha motivado al Gobierno a declarar estado de emergencia en Lima Metropolitana, ante el incremento de robos, extorsiones y sicariato, muchos de ellos ejecutados a bordo de motocicletas.

La adopción de las medidas queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá evaluar la viabilidad legal y operativa de la propuesta, así como sus implicancias en el transporte, el comercio y los derechos ciudadanos.

Esta propuesta ha tenido como consecuencia directa el reclamo inmediato de distintos gremios y trabajadores de delivery, así como de ciudadanos que utilizan las motos lineales como su medio de transporte, argumentando que dicha solicitud resulta desproporcionada y carente de enfoque ya que la delincuencia puede actuar de otras maneras.

Martín Valeriano Napan, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), anunció que el gremio de choferes llevará a cabo un paro este jueves 10 de abril en Lima, como respuesta al aumento de la delincuencia que continúa afectando al sector del transporte.

El dirigente de transportes indicó en una entrevista con América Noticias, que el gremio tomó la decisión de realizar el paro, debido a la inoperancia de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad y extorsión, que han llevado al asesinato de más conductores de transporte público.

«Todo esto sucede por la inoperancia de las autoridades, que no resuelven el problema de la inseguridad. Frente a todo lo que viene sucediendo, se ha tomado la decisión con las bases para hacer una paralización el jueves 10 de abril. No queremos ver más muertes de choferes», expresó Valeriano Napan.

Invitó a más choferes a sumarse al paro

Asimismo, el presidente de Anitra contó que el próximo paro será respaldado por gremios del transporte formal y añadió que todos los choferes del servicio público están invitados a sumarse a esta paralización, en afán de protesta.

«Queremos reiterar que la convocatoria la está haciendo el transporte formal. Invitamos a todos los choferes. Esto no puede seguir sucediendo, vemos tantas muertes a diario y más de 50 empresas extorsionadas. Muchas han dejado de laborar, debido a los cobros dobles. No solamente una banda hace el cobro de cupos», agregó.

Asesinato de chofer de Etuchisa originó los nuevos paros

Como se sabe, el lunes 7 de abril, desde horas de la madrugada, en Lima se realizó un paro, acompañado de protestas organizadas por un grupo de transportistas de Lima Norte, pertenecientes a las empresas Etuchisa (‘El Chino’), Vipusa, El Rápido y Consorcio, entre otras. Ellos mientras bloquearon importantes vías, incluyendo la Panamericana Sur, realizaron una marcha hacia el Congreso de la República para presentar sus demandas y exigir acciones contra la creciente ola de extorsiones y de criminalidad en su jurisdicción. Asimismo, la protesta se originó a raíz del asesinato de Loymer Noé Benigno, chofer de Etuchisa, ocurrido el pasado viernes 4 de abril en Los Olivos.