Luego que a primera hora del día se allanara su vivienda, el vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, salió esta tarde a ofrecer una informal rueda de prensa en los exteriores de su domicilio, negando rotundamente cualquier vinculación de su persona con los casos denunciados por intoxicación producto de alimentos en mal estado del programa Qali Warma.

El vocero presidencial, y además jefe del Gabinete Técnico, manifestó que “no existe” ningún medio probatorio que lo vincule a las imputaciones del Ministerio Público”, esto en relación a cuando era director ejecutivo de dicho programa entre marzo del 2019 y noviembre del 2022.

«Si analizamos el caudal probatorio, a nivel jurídico, nos vamos a dar cuenta de que no existe ninguna sindicación, no existe ningún medio probatorio. La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricción», sostuvo.

«El día de hoy, hemos dado todas las facilidades a fin de que el Ministerio Público pueda ingresar al domicilio, revisar los documentos, se le ha proporcionado los equipos como la Tablet, celulares, con todas las facilidades; a fin de que el Ministerio Público pueda corroborar y esclarecer los hechos en relación a mi persona, no dudo que haya responsables que tienen que asumir», agregó. 

En esa línea, señaló que «de ninguna manera» se ha visto beneficiado por el hecho de que la jefa de Estado aún no promulga la autógrafa de ley impulsada por el Congreso para anular la imposibilidad de detención preliminar para casos de no flagrancia.

«Toda restricción de derechos de las personas implica un estándar de legalidad, o sea, no puede ser que arbitrariamente o por un tema político o por ser el vocero presidencial se le pueda imputar un hecho e, inmediatamente, restringirle su libertad», aseguró. 

@limagristv Vocero presidencial, Fredy Hinojosa, califica reportaje como "dicho de un dicho" tras allanamiento de su vivienda por caso Qali Warma #noticias #limagris #peru🇵🇪 #noticiasperu #midis #qaliwarma #ministeriopúblico ♬ sonido original – LimaGris

Por otro lado, el vocero de la Presidencia reiteró que no conoce a Nilo Burga Malca, presidente del directorio de Frigoinca.

«No lo conozco, de ninguna manera, no he tenido ningún vínculo con él, no lo conozco a este señor», señaló a la prensa.

En el Ministerio de Cultura se dieron más movidas y despidos, mientras la cartera aún no logra despegar ni mostrar una ambiciosa gestión del actual ministro Fabricio Valencia.

Mediante la Resolución Ministerial N° 000434-2024-MC, removieron a Gina Florencia Montecinos Atao del cargo de Directora de Sistema Administrativo III de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración del Mincul.

Como se sabe, el ministro Valencia Gibaja designó a Montecinos Atao, en dicho cargo el pasado 18 de septiembre, a pesar que actualmente ella se encuentra investigada en la Fiscalía por presunta Colusión y Negociación Incompatible en agravio del Estado cuando laboraba en el Senamhi. Asimismo, se desempeñó como coordinadora de Logística en la BNP. Y en su reemplazo, mediante la Resolución Ministerial N° 000436-2024-MC designaron a Christian Marthin Ríos Velásquez en dicho cargo de Director de Abastecimiento de la OGA del Ministerio de Cultura. la norma fue firmada por el ministro Fabricio Valencia. Dicho funcionario también se desempeñó como jefe de la Unidad Funcional de Administración y Finanzas Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú” que pertenece al Ministerio de Trabajo (MTPE).

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 000438-2024-MC del 16 de diciembre de este año, se resuelve dar por concluida la designación de Gabriel Ignacio Ramos Timaná, como responsable de la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio de Cultura, y en el artículo segundo de la misma resolución, en su reemplazo se designa a Daniel Enrique Chávez Castillo en el cargo de director de Sistema Administrativo IV de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y también como responsable de la Unidad de Estudios Económicos. La norma de nombramiento está firmada por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja. 

Como se sabe, Daniel Enrique Chávez Castillo ya se había desempeñado como director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Mincul, desde el 13 de septiembre del 2023, siendo designado por la exministra Leslie Urteaga. Sin embargo, salió del cargo el 11 de abril de este año, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 000168-2024, también firmada por Urteaga Peña.

Han transcurrido 8 meses de su salida, y ahora nuevamente asume el mismo cargo.  Anteriormente, Chávez Castillo también se desempeñó en el cargo de director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior, desde el 12 de abril del 2022 en la gestión del exministro Alfonso Chávarry, y durante el mandato de Pedro Castillo.  

En el Mincul, mediante la Resolución Ministerial N° 000435-2024-MC designaron a Miguel Ángel Aedo Núñez en el cargo de Asesor II de la Secretaria General del Ministerio de Cultura, quien reemplaza a Jhon Roberth Zapata Ramos de las funciones de responsable de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales del pliego 003, en adición a sus funciones. Zapata Ramos apenas duró poco más de dos meses en el cargo, tomando en cuenta que el ministro Valencia lo designó como secretario general el pasado 11 de septiembre.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 000432-2024-MC, designaron a Gisella Mariell Escobar Rozas en el cargo de Asesora II del Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Dicha funcionaria, durante este año, desde el mes de marzo se desempeñó como asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONABEC, una entidad que está adscrita al Ministerio de Educación. Esta abogada, también se ha desempeñado como asesora en el Ministerio de Defensa y también trabajó en el Mincul, como asesora en la Secretaría General y como asesora legal en la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Finalmente, faltan más movidas en la gestión del ministro Fabricio Valencia, quien pese a las notas periodísticas que señalan lo lesivo que significa mantener en el cargo a un grupo de funcionarios cuestionados que se hallan investigados por presuntos actos de corrupción, él titular del Mincul, aún se resiste a tomar acciones y no separa a los malos elementos que perduran groseramente en la entidad.  

¡Se salvó de ir a la cárcel! Luego de realizarse el allanamiento a la vivienda del cuestionado exdirector de ‘Qali Warma’, hoy jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, y vocero presidencial, Fredy Hinojosa. Y es que la Fiscalía de la Nación solicitó la detención preliminar del investigado; sin embargo, éste se salvó debido a una reciente norma que prohíbe la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Por el hecho de no promulgarse la revocatoria de la reciente ley que prohíbe la detención preliminar en los casos mencionados, dicha situación salvó y amparó al vocero presidencial Hinojosa de pasar la noche en la cárcel. El Ministerio Público pidió la detención por 10 días, sin embargo, el Poder Judicial solo autorizó el allanamiento.

Como se sabe, Hinojosa estuvo detrás del programa ‘Qali Warma’, que hoy es objeto de investigaciones por irregularidades en su desarrollo que incluyeron hasta la ingesta de comida malograda y él en su rol de director, habría impedido denunciar hechos que indicaban que algunos proveedores falsificaban documentos para ganar las licitaciones. El vocero afronta cargos por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos. Junto con su allanamiento, otras 14 viviendas de otras personas relacionadas con el caso fueron parte del operativo.

La ley que «salvó» de la cárcel a Fredy Hinojosa y los otros implicados es la Ley N° 32181, promulgada por el Poder Ejecutivo hace una semana.

Allanaron la vivienda de vocero Fredy Hinojosa

Desde las 4:30 de la mañana, aproximadamente, la casa del vocero Fredy Hinojosa fue allanada por efectivos de la Policía y del Ministerio Público. Su casa de Pueblo Libre fue parte de un operativo que englobaba a otras 14 personas. Es imperioso recordar que el funcionario trabajó en el Ministerio de Desarrollo Agrario e Inclusión Social cuando Dina Boluarte era ministra.

De acuerdo a un reportaje de Punto Final, la empresa Frigoinca tuvo un gran crecimiento económico en la gestión de Dina Boluarte como titular del Midis y de Fredy Hinojosa como director de ‘Qali Warma’, en la época que ambos trabajaban juntos en el sector social.

Algo se pudre cerca de la vivienda del vocero presidencial. Desde tempranas horas del día efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en colaboración con el Ministerio Público (MP) allanaron alrededor de 15 viviendas, entre ellas la del vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa. El funcionario viene enfrentando cargos por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos, todo esto por la distribución de alimentos en mal estado cuando este era director ejecutivo del programa Qali Warma.

Según información de RPP noticias, la diligencia inició a las 4:30 de la madrugada. Personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) llegó hasta el inmueble de Hinojosa, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. Dos horas después, a las 6:40 a.m. el abogado del funcionario, Omar Hernández, se apersonó a la vivienda.

Al actual vocero presidencial también se le investiga por su vínculo con la empresa de conservas Frigoinca, según un reportaje difundido por el programa Punto Final. De acuerdo al citado dominical, el ahora vocero tuvo una cercanía con Nilo Burga cuando ambos eran partidarios del APRA.

En imágenes de Punto Final se aprecia a Burga participando de condecoraciones partidarias y reuniones entre afiliados apristas. Según consta en registros del APRA él fue afiliado al partido del 2008 al 2021.

Cabe señalar que este megaoperativo se lleva a cabo en simultáneo en diferentes distritos de la capital: San Isidro; donde se encuentra la sede de la empresa Firgoinca, Ate, La Molina, Jesús María y Pueblo Libre.

Trascendió que el MP pidió la detención preliminar de Hinojosa, pero debidoa que el Gobierno no ha publicado la revocatoria de la ley que prohíbe esta medida, el juez solo autorizó el allanamiento.

También se informó que la vivienda de Nilo Lino Francisco Burga Malca fue allanada. Burga Malca figura como propietario de la empresa Frigoinca, la cual está siendo investigada por la distribución de conservas no aptas para el consumo al programa Qali Warma; sin embargo, el empresario no fue localizado.

El Poder Judicial a través del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional admitió el recurso de apelación del prófugo Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, el abogado Mateo Castañeda Segovia y otros integrantes más dentro del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, entre ellos, Jorge Chingay Salazar. A través de una notificación, se esgrimió lo siguiente.

“Se concede el recurso de apelación presentado por las defensas técnicas de Nicanor Boluarte Zegarra, Jorge Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Luis Ortiz Marreros contra la resolución número dos de fecha 17 de noviembre del 2024”, se lee en el documento.

Asimismo, agregaron que se concede el recurso de apelación presentado por las defensas técnicas de Noriel Chingay Salazar y representante del Ministerio Público contra la Resolución numero tres de fecha 22 de noviembre del 2024.

¡Terrible! La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Rosemary Pioc dio declaraciones sobre la grave crisis de salud que se vive en su comunidad respecto a los contagios del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La dirigente pidió que se declare en emergencia la salud de la región de Condorcanqui. En esa línea, pidieron que se tome en cuenta la atención inmediata de declaratoria en emergencia, así como para su área de educación. Pioc enfatizó que se trataría de una pandemia de VIH.

«Por estos casos, pedimos la atención inmediata y declarar en emergencia la salud en Condorcanqui y la Educación. De verdad, pedir al Estado y a todos los cooperantes internacionales, que nos apoyen en estos casos para nosotros esta ya es una pandemia y no se está tomando en cuenta», subrayó.

575 casos de violación sexual y 80 adolescentes embarazadas con VIH

La comunera Pioc indicó que los contagios reportados han cuadruplicado los indicadores de años o meses pasados. Asimismo, contó que la violencia existente en la comunidad awajún aumenta y es principalmente por agresiones físicas y psicológicas.

«Los casos siguen incrementándose; hasta el mes de noviembre tenemos 22 nuevos casos; los casos que se han cuadruplicado desde el mes de agosto hasta la fecha. Eso a nosotros nos preocupa y también comentar que el total de las 524 mujeres que hicimos la denuncia, tenemos hasta el momento 880 casos de denuncias y 575 de violencia sexual. (…) Violencia física y psicológica», refirió.

La mujer también señaló que son cerca de 80 mujeres adolescentes que han quedado embarazadas y están contagiadas con el virus. Una situación por la que piden mayor atención y por la que trabajan para su mayor visibilización. “En la actualidad, también de esas denuncias y los casos de contagio del VIH, ahora tenemos a más de 80 adolescentes embarazadas con contagio del VIH-SIDA. Que es muy preocupante y alarmante en nuestro territorio, por eso nosotras seguimos visibilizando esta problemática», comentó.

Luz verde para la informalidad. Este último viernes el Pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 2124, 2487, 4812, 4909 y otros, que prorroga la vigencia de la Ley 31096, la cual establece los alcances de la Ley 28972, que regula la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

“Se prorroga por cuatro años la vigencia de la Ley 31096, Ley que precisa los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, contados a partir del vencimiento del plazo original establecido en la quinta disposición complementaria de la citada ley, manteniéndose subsistentes las condiciones y el plazo para la prórroga adicional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o autoridad competente”, se lee en el documento.

El dictamen terminó siendo aprobado con 75 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones.

Durante su intervención, la congresista Marleny Portero López (AP), presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, destacó que el objetivo principal de esta propuesta es evitar la congestión, la sobreoferta, el desorden y la competencia desleal generados por los automóviles colectivos en las zonas donde opera el transporte público regular mediante unidades vehiculares de clasificación M3.

A su vez, resaltó que la medida también busca satisfacer las necesidades de movilidad en las áreas no cubiertas por el transporte público regular, garantizando que los usuarios no deban recorrer largas distancias para llegar a los paraderos de transporte.

Según el texto sustitutorio establece que se prorroga por cuatro años la vigencia de la Ley 31096, la cual especifica los alcances de la Ley 28972. Esta última establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

La prórroga comenzará a partir del vencimiento del plazo originalmente establecido en la quinta disposición complementaria de la mencionada ley, manteniendo las condiciones y el plazo para la prórroga adicional bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o de la autoridad competente.

Nelcy Heidinger Ballesteros (APP), expresó su preocupación por los riesgos asociados con la formalización de los colectivos, particularmente por la irresponsabilidad al volante en algunas regiones.

El proyecto de ley fue exonerado en segunda votación con 85 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones.

El gerente comercial de la constructora ICCGSA e investigado por la Fiscalía, Rafael Granados Cueto, ratificó las declaraciones que dio el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, quien afirmó que el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo recibió una coima de más de S/1 millón. Estas declaraciones las dio durante el juicio oral contra Vizcarra Cornejo por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’.

Los pagos a Martín Vizcarra se hicieron en armadas en sobres manila

Al momento de su intervención oral, el investigado Granados Cueto detalló que los pagos del soborno se habrían realizado en seis entregas que le fueron entregadas al exministro de Agricultura, José Hernández, para que éste se las haga llegar al Vizcarra Cornejo. También, precisó que las entregas eran de cantidades entre S/ 100 y S/ 200 mil , que eran introducidas en sobres manila.

«Sí, sí se materializó dicho pago. Fueron pagos hechos en efectivo, que se hicieron en seis entregas, a través del señor José Hernández, las cuales él después se las hacía llegar al señor Vizcarra. Estas entregas fueron cantidades entre S/ 100 y S/ 200 mil más o menos», contó.

Rafael Granados Cueto también contó que el exministro Hernández acudía a su oficina. Y es allí donde él le entregaba un sobre manila con el dinero en efectivo y agregó que, previamente, armaba el sobre junto al gerente general de ICCGSA, el investigado Fernando Castillo Dibós.

«El señor Hernández venía a mi oficina, previa coordinación, yo le entregaba un sobre de manila donde se encontraba el dinero. Este sobre manila era previamente preparado con el señor Fernando Castillo Dibós (gerente general de ICCGSA), yo le comentaba sobre el requerimiento de entrega y me citaba él a las oficinas de ICCGSA y armábamos juntos un sobre manila, lo sellábamos con cinta adhesiva y quedaba listo», reveló Granados.

Granados Cueto y Castillo Dibós también le entregaron directamente coimas a Martín Vizcarra

El investigado gerente comercial de ICGSA Rafael Granados Cueto también reveló que existieron dos entregas adicionales de dinero para Martín Vizcarra. La primera la hizo él directamente al exmandatario y el monto era cerca de US$30 mil . La segunda entrega, de US$60 mil , la realizó el propio dueño de ICCGA, el investigado Fernando Castillo Dibós en la casa del exministro José Hernández.

“Posteriormente, hubo dos entregas. Una que hice yo directamente al señor Martín Vizcarra, en las oficinas de ICCGSA, que fue más o menos por $30 mil dólares, el equivalente a los S/100 mil soles, y otra que hizo el señor Fernando Castillo Dibós en la casa de José Hernández por US$60 mil dólares, que era un equivalente a S/200 mil más», concluyó el investigado Rafael Granados Cueto.