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Política

Fuerza Popular y el lobby del tecnopor

No es la primera vez que Fuerza Popular ingresa al Congreso para realizar lobbies. Recordemos que, en 2016, impulsaron leyes a favor de grandes grupos empresariales y agrícolas, ligados al expresidente del Congreso, Pedro Olaechea, y al empresario José Chlimper.

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Desde hace algún tiempo, para los intereses de Fuerza Popular importa poco la salud pública, porque más les importan los lobbies y los intereses empresariales.

Actualmente, desde el Parlamento Nacional, la bancada naranja está luchando tenazmente para que se impulse el Proyecto de Ley Nº 399/2021-CR que prorroga el plazo para la entrada en vigencia de la Ley Nº 30884, que regula el uso del plástico y prohíbe el uso de los envases descartables de tecnopor, por ser perjudícales para la salud pública.

Proyecto de Ley Nº 399/2021-CR

Es decir, la Ley 30884 promulgada en diciembre de 2018, establece que aquellos descartables que son nocivos para la salud, se fabriquen, importen y comercialicen en el país solo hasta el 20 de diciembre del presente año; sin embargo, el proyecto de ley de Fuerza Popular, pretende que ese plazo se prolongue por dos años, hasta 2023.

Recordemos que la ley promulgada hace tres años, también fue petardeada por los 61 congresistas de Fuerza Popular, que en noviembre de 2018 se abstuvieron de debatirla y no votaron por la prohibición de envases de tecnopor. 

Los 61 excongresistas de Fuerza Popular se abstuvieron de votar por la Ley 30884.

Lo más insólito de esta iniciativa legislativa planteada por el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante Figari, señala que tiene como objeto contribuir a la reactivación económica de los micro y pequeños comerciantes de envases de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano; cuando en realidad, los microempresarios no son los que fabrican estos productos industriales y, por tanto, no serían los verdaderos favorecidos por esta ley.

Congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante Figari, autor del proyecto de ley.

En tanto, los verdaderos favorecidos con esta ley impulsada por el fujimorismo, serán las empresas industriales, que a gran escala y por millones, producen y fabrican aquellos productos que son distribuidos y comercializados en todo el territorio nacional, generando ganancias millonarias a dicho sector empresarial e industrial.  

No obstante, estamos descubriendo los “efectos” del lobby durante la campaña de Fuerza Popular, que precisamente tuvo aportes de personas ligadas a este negocio del tecnopor y el plástico.

El primero, es Ricardo Antonio Echegaray Llerena, gerente general de Peruana de Moldeados SAC (Pamolsa) y actual vicepresidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), que aportó al Partido Naranja más de S/15 mil soles durante su campaña en 2011. Y el segundo financista es Javier Antonio Vallejos Miranda, quien también figura como apoderado de Pamolsa y que aportó S/15,047 soles, el 17 de mayo del 2011.

Aportes de Ricardo Antonio Echegaray Llerena, gerente general de Pamolsa, a Fuerza Popular.  

Aportes de Javier Antonio Vallejos Miranda, apoderado de Pamolsa, a Fuerza Popular.

Cabe remarcar, que ambos empresarios fueron citados por el fiscal José Domingo Pérez en 2018, para que brinden sus testimonios por el caso de Lavado de Activos que involucra a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

No es la primera vez que Fuerza Popular ingresa al Congreso para realizar lobbies. Basta recordar que, durante el periodo parlamentario de 2016, desde su numerosa bancada que contaba con una mayoría abrumadora, impulsaron leyes a favor de grandes grupos empresariales y agrícolas, ligados al presidente del Congreso de esa época, Pedro Olaechea, y al empresario José Chlimper. Recordemos que, la bancada naranja en esa época, se opuso hasta el final a la ley de los octógonos, que comunicaba a los consumidores peruanos qué productos de consumo humano eran altos en grasas y azucares.

Tampoco nos sorprende que este nuevo proyecto de ley tenga el apoyo incondicional de los legisladores naranjas, como Nano Guerra García, Rosangella Barbarán, César Revilla, Jeny López y Vivian Olivos; sin embargo, lo más sorprendente es que, según Salud con Lupa, la iniciativa legislativa también tendría la aprobación y apoyo de la actual presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva; precisamente, porque el suegro de la legisladora, Eric Farah Hayn es presidente de la Asociación Peruana de la Industria del Plástico (Apiplast), y en 2012 también fue presidente del Comité de Plásticos del SIN.

Pero, además, el esposo de Alva Prieto, Eric Farah Bote, fue gerente de Producción de Pentaplast y participó en la empresa Envases Industriales, que se dedicaba a la producción de bolsas de plásticos y que está en liquidación desde 2019.

Por su parte, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) Crisólogo Cáceres ha sido enfático y mencionó:

“Es lamentable que el partido Fuerza Popular vuelva a promover medidas que atentan no solo contra el medio ambiente sino también contra el derecho a la salud del consumidor, como intentó hacer hace años para impedir el uso de los octógonos nutricionales”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento, Margot Palacios, de Perú Libre, ha lamentado este proyecto de ley que pretende suspender la prohibición del uso del tecnopor, a poco tiempo de la entrada en vigencia de la norma, so pretexto de reactivar la economía.

Finalmente, la opinión pública espera que esta lesiva iniciativa legislativa no llegue al Pleno y mucho menos se promulgue, porque de lo contrario, nos confirmaría nuevamente, que, en el Congreso, se representa los intereses de los grupos empresariales, en desmedro de los intereses de los ciudadanos peruanos.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

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Política

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y Salvador del Solar por cierre del Congreso

Dicha comisión del Congreso aprobó la medida con 15 votos a favor y aguardan que el informe sea elevado en los próximos días a la Comisión Permanente para definir el plazo de resolución. La acusación se fundamenta en la disolución del Parlamento en 2019, con el argumento de la denegación fáctica.

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La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que se ha aprobado el informe de calificación (DC-384) para admitir la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, el ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y otros exministros, por incurrir en presunta infracción a los artículos 38°, 39°, 45° y 125° de la Constitución Política del Perú.

Dichos artículos constitucionales que han sido presuntamente vulnerados, establecen mecanismos sobre ‘los derechos políticos y de los deberes’; ‘de la función pública’, que señala que el poder del Estado emana del pueblo; y ‘de las atribuciones del Consejo de Ministros’.

Esta admisión se aprobó con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

La acusación se fundamenta en la controversia generada por la disolución del Congreso de la República en 2019. Se examina también un segundo informe de importancia relativo a la denegación fáctica y al cierre del año 2017. 

La admisión de la denuncia busca investigar y determinar si existen infracciones constitucionales por parte de los acusados, pudiendo concluir en inhabilitaciones políticas. 

Comisión Permanente definirá el avance de la denuncia constitucional

Finalmente, se espera que el informe sea elevado en los próximos días a la Comisión Permanente para definir el plazo de resolución para continuar con dicha denuncia constitucional.

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Política

Procuraduría anticorrupción solicita iniciar diligencias preliminares contra Rennán Espinoza por el accidente automovilístico que sufrió en garita de peaje

Alcalde de Puente Piedra habría hecho mal uso de los recursos de los bienes públicos, y por ello es denunciado por el presunto delito de peculado.

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La procuraduría anticorrupción solicitó al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza Rosales, así como quienes resulten responsables, por el presunto uso indebido de recursos y bienes públicos en beneficio personal, tras el accidente automovilístico que protagonizó la semana pasada.

El pedido, solicitado a la Fiscal Provincial de Turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Noreste, piden indagaciones por la presunta comisión del delito de peculado de uso y otros en perjuicio del Estado, así como los demás ilícitos penales que pudieran advertirse durante la investigación.

La procuraduría precisa que Espinoza habría utilizado para fines personales, ajenos a su función pública, al personal de serenazgo y vehículo de patrullaje de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de dicho distrito, presuntamente para huir de la escena cuando estaba siendo trasladado en una ambulancia al hospital, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Solicita también que, como actos de investigación, se tomen declaraciones a los presuntos implicados, así como que se recabe toda la documentación, a fin de esclarecer objetivamente los hechos materia de la denuncia.

“La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción reitera su compromiso con la defensa de los derechos e intereses del Estado en toda instancia pública en la que sea competente”, señala este organismo.

Fuente: Procuraduría General del Estado.

Como es de conocimiento público, tras el accidente ocurrido el 1 de mayo, el burgomaestre de Puente Piedra fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra. Cerca de la puerta de dicho nosocomio, dos mujeres y un personal de serenazgo se acercan a la ambulancia y lo ayudan a retirarse en una camioneta de la comuna distrital.

Espinoza dijo que, debido a que se “demoraban en atenderlo en el hospital”, decidió irse en una camioneta de la Municipalidad de Puente Piedra a un establecimiento particular, y que las dos mujeres lo ayudaron gentilmente a descender de la ambulancia.

“No me sentía con gravedad, yo voluntariamente decidí retirarme y atenderme de manera particular. […] No tenía ninguna obligación de ir al hospital, no estaba obligado a pasar por dosaje etílico, yo me sentía bien”, expresó.

De acuerdo al penalista Andy Carrión, el escape de Espinoza y la colaboración de terceros para su huida podría implicar varios delitos, los cuales pueden acumular una pena de hasta 15 años de cárcel.

“Hay una serie de hechos que tienen que tomarse en cuenta de cara a identificar los eventuales delitos que habrían ocurrido, no solamente Rennán Espinoza, sino algunos otros partícipes. Estamos hablando de manejar en estado de ebriedad, que es una pena de tres; el desobedecer una orden o sustraerse a la propia persecución que tiene de cuatro a siete años; el delito de obstrucción que puede tener tres a cuatro años. Una prognosis podría ser los 15 años, más o menos”, señaló Carrión en diálogo con RPP.

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Política

Morgan Quero ¿Ministro, abogado o escudero de Dina Boluarte?

El exasesor presidencial y actual ministro de Educación defendió a la mandataria y aseguró que ella nunca se ausentó del despacho presidencial y que ha gobernado en todo momento. Además, indicó que son sus asuntos personales y privados.

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El ministro de Educación, Morgan Quero, salió a responder sobre los cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte por ausentarse por unos días para atender sus presuntas intervenciones estéticas y aseguró que ella no se ausentó de sus funciones por una supuesta cirugía estética.

“En ningún momento la presidenta se ha ausentado; siempre ha estado al pendiente y ha estado gobernando en todo momento”, indicó a la prensa.

El ministro también dijo que la supuesta ausencia de Dina Boluarte tiene que ver con sus asuntos personales y privados.

“No hay ninguna ausencia de la presidenta de la República. Hay un tema de la esfera íntima, privada y en ningún momento hubo una ausencia”, mencionó.

Asimismo, Morgan Quero, también respondió y aseguró que “en los próximos días” la mandataria Dina Boluarte nuevamente declarará ante la prensa. Esto pese a que lleva 30 días sin hablar con los periodistas. 

“La presidenta Boluarte va a seguir con sus actividades en las regiones, ha estado haciendo actividades en Lima Metropolitana, en Palacio de Gobierno. Ahora tenemos un vocero que va a dar cuenta de las actividades de la presidenta, que es el señor Fredy Hinojosa. Así que la presidenta va a estar, seguramente, en los próximos días, intercambiando temas de agenda con la prensa nacional”, anunció desde Arequipa.

Finalmente, Morgan Quero también informó que desde el Ejecutivo se está protegiendo los recursos públicos, y exhortó a las entidades del Estado a que se aplique la austeridad.

“Todos tenemos que hacer una reflexión sobre una necesaria austeridad, sobre todo el 2024 donde como consecuencia de un crecimiento bajo el año pasado, lamentablemente por una serie de sucesos tanto climatológicos como sociales, hemos tenido esta situación. Todos tenemos que afrontar y todos ponernos en modo Bicentenario”, concluyó.

El ministro de Educación no solo atiende los temas de su portafolio, sino, que pretendería ejercer la vocería del despacho presidencial. Según, nuestras fuentes, Morgan Quero desea ser premier y también estaría voceado para eventualmente asumir la titularidad de la PCM. Entre tanto ¿Estaría haciendo los méritos suficientes?  

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Política

Vocero de Dina Boluarte opta por no dar más detalles sobre ausencia de la mandataria por 12 días [VIDEO]

Portavoz presidencial respondió que no se brindará mayores detalles, invocando un “derecho a la intimidad personal” de la mandataria.

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Hermetismo total dentro de Palacio respecto a los 12 días donde no se le vio públicamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Durante ese lapso la jefa de Estado, según el semanario Hildebrandt en sus Trece (H13), se habría sometido a unos retoques estéticos en el quirófano, el cual no se a afirmado ni desmentido desde su Despacho. Al respecto, el vocero presidencial Fredy Hinojosa, manifestó ayer que la ausencia de la mandataria corresponde a un tema estrictamente privado, motivo por el cual no proporcionará más detalles.

“La Constitución establece un derecho fundamental de todo ciudadano: el derecho a la intimidad personal, este derecho también le asiste a la presidenta. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la presidenta”, dijo en la primera rueda de prensa ofrecida desde que asumió el cargo.

Según H13, en junio del año pasado, la mandataria se tomó un receso de 12 días para recuperarse de una cirugía estética. Tres fuentes oficiales dijeron al citado semanario que decidió corregir la curvatura de su nariz y otras insatisfacciones personales como ojeras, bolsas debajo de sus ojos y líneas de expresión, con la asistencia del cirujano Mario Cabani.

El retiro temporal de la vida pública finalizó el 10 de julio, cuando Boluarte retomó actividades con una apariencia visiblemente rejuvenecida en una reunión con Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina.

Hinojosa aseguró que atenderá el pedido de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien requirió la entrega de documentos que incluyen la agenda presidencial del 29 de junio al 09 de julio de 2023, documentación sobre el descanso médico de Boluarte, ajustes a sus haberes durante este periodo y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros llevadas a cabo en dichas fechas.

“Respecto al pedido de información de la congresista, se procederá estrictamente en observancia de los procedimientos establecidos por ley, dentro del plazo que corresponda. […] Desde el primer día que asumió el cargo viene ejerciéndolo a cabalidad y con estricta observancia de la normatividad legal. De manera constante, incluyendo fines de semana y feriados, viene ejerciendo la labor de presidenta”, remarcó Hinojosa en otro momento.

Cabe recalcar que la última declaración de la mandataria ante la prensa sucedió el 5 de abril, cuando reconoció que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le entregó relojes Rolex y otras joyas, un caso por el que actualmente viene siendo investigada por la Fiscalía.

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Política

Pedro Castillo también solicita que se le pague una pensión vitalicia de S/15,600

En un principio solicitud fue rechazada, pero fue apelada por la defensa legal del ex mandatario.

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Se sube al coche. Recientemente se supo que el ex presidente Alberto Fujimori había presentado, por intermedio de su abogado Elio Riera, un pedido al Congreso para que se le restituya su pensión por haber ejercido como presidente de la República. Pues bien, el también ex mandatario Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022 tras su intento fallido de golpe de Estado, presentó al Legislativo una solicitud para acceder a una pensión vitalicia de S/15,600.

Mediante una carta emitida el pasado 11 de abril, el Congreso notificó al profesor de Chota la improcedencia de su solicitud, lo que llevó a su defensa a apelar esa decisión. Castillo Terrones fue objeto de una acusación constitucional por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, una denuncia presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En la apelación presentada recientemente, el exgobernante sostiene que obtuvo el derecho a una pensión vitalicia justo después de su destitución, el 7 de diciembre de 2022. Argumenta que, dado que la acusación constitucional en su contra se aprobó más de dos meses tras su salida del poder, considera “arbitrario e ilegal” que se le niegue dicho acceso.

También destaca la desproporción de restringir esa pensión dado que, al estar privado de libertad, carece de ingresos para cubrir necesidades básicas y el sustento de sus hijos, actualmente asilados en México con la ex primera dama, Lilia Paredes. Castillo concluye que esta negativa del Congreso vulnera, además, su presunción de inocencia y otros derechos.

La apelación, firmada por el exministro Walter Ayala, ha sido criticada por el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien la calificó sin fundamento legal o constitucional, e instó al Congreso a declararla improcedente.

El letrado destacó que los mismos argumentos podrían aplicarse a Fujimori, quien también busca una pensión vitalicia, además del pago de un asistente personal y vales de combustible, pese a que adeuda 57 millones de soles en reparación civil por diversas condenas relacionadas con actos de corrupción junto a su exasesor, Vladimiro Montesinos.

Mandatario solicita pensión de más de 15 mil soles, sin embargo, no se explica cómo su esposa e hijos viven cómodamente en México. Foto: captura Tv.

Los pedidos del excarcelado aún se encuentran en la Oficialía Mayor del Congreso, que deberá evaluarlos y decidir si proceden o no.

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Política

Congreso: Comisión investigadora de muertes en protestas contra Dina Boluarte quedó congelada por 15 meses

El grupo multipartidario aprobado en enero del año pasado para investigar las responsabilidades penales en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, a la fecha no ha tenido ninguna sesión. Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País aún no han acreditado a sus representantes para dicha comisión.

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Han trascurrido más de 15 meses, desde que el 12 de enero del 2023, el Pleno del Congreso aprobara con 71 votos la creación de una comisión multipartidaria para investigar durante 90 días, las presuntas responsabilidades penales por las muertes ocurridas durante las protestas que se registraron cuando la mandataria Dina Boluarte ingresó al poder en diciembre del 2022.

Sin embargo, dicha comisión que se encargaría de investigar los hechos que dieron un saldo de 60 fallecidos durante las manifestaciones “antiboluarte”, hasta hoy no se instala, ni cuenta con miembros acreditados de las bancadas.

Fuente: Latina.

Ante ello, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, envió un oficio al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, el 6 de noviembre de 2023, en el que indica que la comisión investigadora no se instalaba desde hace meses y exigía explicaciones.

Asimismo, adjuntó un cuadro de las bancadas que no habían cumplido con el deber de incluir a sus miembros.

Entre ellas, Fuerza Popular, que tiene dos cupos, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, con un cupo cada uno; sin embargo, no informaron quiénes los representarían en el grupo de trabajo.

Sin embargo, Perú Libre sí acreditó a Margot Palacios, Cambio Democrático hizo la mismo con Ruth Luque, el Bloque Magisterial puso a Pasión Dávila, y Acción Popular tiene como representante a Elvis Vergara.

Fuente: Latina.

No hay interés e investigar ¿Las razones?

Por su parte, José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, en dialogo con Latina indicó que la inactividad de esta comisión incumple el acuerdo tomado en el Pleno hace más de un año.

«No se está cumpliendo el acuerdo del Pleno. El presidente [Alejandro Soto] tiene que generar que en la Junta de Portavoces se establezcan los integrantes para que luego el Pleno los nombre y se cumpla con ese acuerdo. Se debería consultar por qué no se ha instalado ni ha acreditado a los miembros para que pueda funcionar y cumplir la función que les han encomendado en el plazo establecido», señaló.

Asimismo, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, resaltó que el Parlamento “nunca tuvo aparentemente una decisión real de investigar, sino una decisión simulada para aparentar la voluntad de indagar por un asunto de interés público”, en alusión a las muertes de las marchas regionales.

«Los grupos son los responsables del problema. Si los grupos no tienen interés, disposición ni voluntad de acreditar a sus integrantes ante la comisión, esta nunca se podrá constituir ni conformar. Este hecho lo que nos revela es que se ha tratado más que una decisión efectiva de un gesto temporal para hacer de cuenta o simular el interés que tiene el Congreso», concluyó.

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Congresista Héctor Acuña sobre el contrato irregular de Joinnus: “El Ministerio Público va a actuar”

El Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, conversó con Lima Gris sobre las irregularidades en el sector cultural.

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En la Comisión de Cultura se viene tratando temas neurálgicos del sector cultural. Esta mesa de trabajo es presidida por el legislador Segundo Héctor Acuña Peralta (No agrupado). El parlamentario es un ingeniero civil y empresario que viene cuestionando las acciones que se realizan en la actual gestión de la Ministra de Cultura Leslie Urteaga.

En esta entrevista, Acuña Peralta habla claro sobre el contrato irregular de Joinnus, el papel de la Ministra Leslie Urteaga, las críticas sobre el Archivo General de la Nación, los cuestionamientos a los trabajos en Kuélap y Chan Chan. Además, señala “estoy seguro de que el Ministerio Público va a que actuar, no creo que sea indiferente. Entonces, creo que tenemos que esperar que inicien las acciones. Nosotros como Congreso, Ministerio Público, y creo que también la Procuraduría”.

Para responder sobre el caso de Joinnus, el próximo lunes 18, la ministra de Cultura Leslie Urteaga se debe presentar en la Comisión de Cultura del Congreso.

Aquí la entrevista:

Quisiera que nos comente sobre el nuevo informe de la Contraloría sobre la empresa Joinnus y la contratación que realizó el Ministerio de Cultura ¿Desde la Comisión como se está trabajando en ese sentido?

Justo hemos tenido una sesión ordinaria, donde dentro de los temas tratados ha sido justamente la invitación por nuestra parte, y también aceptar el oficio de la señorita ministra (Leslie Urteaga) para que pueda participar en nuestra Comisión el próximo lunes. Hacer una sesión extraordinaria no es el caso, como tenemos una sesión ordinaria el lunes ella debe venir para explicar lo concerniente a esta acción de control, que ya es conocido por todos nosotros, qué es lo que ha encontrado la Contraloría, donde ellos bien claro consideran muchas irregularidades. Por eso que queremos que dé el descargo, porque ya nosotros hemos tenido a la señorita ministra en fechas anteriores; también ha ido al Pleno, ha sido parte de una interpelación. A esa fecha no teníamos la acción de control o el informe y ahora los momentos son otros, y esperar qué nos puede decir.

Como presidente de la comisión votó a favor de la censura de la ministra Leslie Urteaga, pero no existió el apoyo o los votos suficientes para censurarla. En ese sentido, señor congresista, después de todo lo que ha pasado, y ahora con la nueva confirmación de Contraloría, ¿Cómo evalúa el comportamiento de algunos congresistas en el Parlamento?

Hay muchos congresistas que quieran documentos. Nosotros como comisión teníamos una opinión, teníamos informes, pero creo que una opinión mucho más seria, una opinión como de una autoridad como de la Contraloría debe hacer cambiar. Espero que con toda la información que tenemos los congresistas deberían cambiar de opinión y actuar en forma distinta. Realmente es solo entender que lo que nosotros buscamos es defender los recursos, el patrimonio; necesitamos una administración mucho más transparente.

Ministra de Cultura Leslie Urteaga.

En Cusco ha sorprendido la ausencia de varios nombres en el informe final de Contraloría, solo se leen tres responsables. ¿Qué le dice a esa población cusqueña que está atenta lo que pasa con el caso de Joinnus?

Creo que estamos frente a un inicio de esta fiscalización, las acciones de control tienen para rato porque la forma como hemos visto el informe, estoy seguro de que el Ministerio Público va a actuar, no creo que sea indiferente. Entonces, creo que tenemos que esperar que inicien las acciones. Nosotros como Congreso, Ministerio Público, y creo que también la Procuraduría.

Congresistas del Cusco, como Guido Bellido, han solicitado a la presidenta Dina Boluarte la salida de la ministra Leslie Urteaga, ¿cree que es momento de que la ministra Urteaga dé un paso al costado?

En mi caso que interactúo con varios ministros, varios sectores, pertenezco a la Comisión de Transporte, en una comisión de Proinversión, donde vemos que realmente hay un Ejecutivo que le falta gestión, no solo es la ministra de Cultura. Yo creo que la presidenta debió cambiar no solo a cuatro ministros, era que cambie más. Por ejemplo, el cambio del ministro de Comercio Exterior, francamente ha sido una sorpresa porque venía trabajando mucho mejor que otros, pero no cambió a otros ministros que no están haciendo bien su trabajo.

Congresista Guido Bellido.

Se habla de una nueva renovación de Gabinete, sobre todo por los enfrentamientos que ha tenido el ministro de Economía y Finanzas con algunas precisiones ante los medios de prensa.

Creo que el ministro de Economía se pasó de técnico. Técnicamente creo que tiene la información, los datos, pero políticamente un poco que ahí no le acompañó. Muchas veces, estando en un cargo muy importante, actúan solo como técnicos, también tienen que actuar en concordancia con la política.

Congresista, regresando al tema cultural. Aquí en la comisión se ven varias problemáticas del sector. Hace poco ya hay cuestionamientos desde Kuélap, y ahora desde Chan Chán, por estas especies de modificaciones o construcciones de fierro y cemento que viene haciendo el propio Ministerio de Cultura. ¿Ustedes ya han revisado información, han pedido el argumento técnico por parte del ministerio?

Lo que más nos preocupa es que el Mincul sea un ministerio muy centralizado, que todas las decisiones se den directamente a través de una persona o dos. Las direcciones desconcentradas como hemos visto ¿quiénes nombran a los directores?, ¿a quiénes dan cuenta?, realmente ahí hay un problema que corresponde a los gobiernos regionales; de alguna forma no están actuando como la ley les obliga. Ellos ya deberían ir asumiendo mayor responsabilidad; eso hace que finalmente el Mincul se mantenga en el nivel que quieren que esté.

Realmente si tuviéramos gobernadores con una decisión más descentralista, con ganas de trabajar más y de asumir responsabilidades, estoy seguro de que muchas direcciones desconcentradas ya estuvieran a un paso de estar en el gobierno regional.

Comisión de Cultura tras debatir la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, a fin de promover el saneamiento físico – legal de los bienes inmuebles prehispánicos.

En esta Comisión de Cultura hay varios congresistas que se preocupan por el Museo Nacional del Perú. ¿Usted sabe cuándo se va a inaugurar?

Nosotros sí lo tenemos en cuenta eso, nosotros sí tenemos dentro de nuestras observaciones. Tenemos un tema pendiente todavía; hemos hecho la visita y queda pendiente otra visita para ver realmente qué se ha avanzado. Para nosotros es una preocupación grande, porque es como un elefante blanco en un 50%. En un 50% lo están ocupando, pero el resto no. Contestando a tu pregunta, no me han comentado si es que mañana o el próximo año, el 2026 o 2027 vamos a inaugurarlo. Nada. No hay fecha, y es una preocupación de nuestra comisión también, y seguro que cuando viene vamos a tocar ese tema.

Otro tema que se viene debatiendo es el financiamiento de las películas peruanas, creo que es un tema que ya se debe examinar delicadamente porque durante mucho tiempo hay solamente un grupo del sector cinematográfico que se beneficia con esto, pero, además, las películas, su desarrollo y el tratamiento son discutibles. ¿Cómo están viendo eso en la comisión?

Acá hay dos o tres congresistas que han planteado proyectos de ley que tienen que ver con el cine y la forma de cómo mejorar la administración. El tema está en que muchas veces nos sacrificamos como país en darles una subvención, pero muchas veces en la forma nos equivocamos. En la forma no está bien porque muchas veces se concentra en personas que no deberían tener esos privilegios. Entonces, creo que con estos proyectos de ley, de una forma podemos ir mejorando ese problema que tenemos.

Comisión de Cultura: Congresistas Isaac Mita y Héctor Acuña.

Para finalizar, el Archivo General de la Nación es otro problema. Parece mentira pero creo que en estos dos últimos años se viven problemas graves en el sector cultural.

En mi caso yo puedo ser amigo de todos los ministros. No visito los ministerios, pero tengo la oportunidad de interactuar cuando vienen a las comisiones. Quieras o no, casi todos los proyectos tienen que ver con ingeniería, todos los proyectos tienen que ver con estructuras; en este momento que hemos hablado del MUNA, la fortaleza de Kuélap, Chan Chan, todos tienen que ver con estructura.

Si vamos a otros sectores, en mi caso el hecho de ser ingeniero me da una ventaja enorme y realmente vemos que hay un descuido. Realmente vemos que en el Mincul tiene que haber otra gestión, una que ayude realmente a valorar nuestro patrimonio, a cuidarlo, pero en lo real y no en la teoría, donde muchas veces solo es discurso. Necesitamos presencia a todo nivel, un gobierno francamente con mejores gestores. Recursos tenemos, plata hay pero no lo sabemos invertir o lo invertimos mal.

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Política

JNJ no ratificó a Piero Corvetto y tendrá que dejar la jefatura de la ONPE [VIDEO]

No se alcanzaron los 5 votos requeridos para su permanencia para 4 años más.

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Con el tiempo contado. El actual jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electoral (ONPE), Piero Corvetto, solo obtuvo cuatro de los cinco votos requeridos para que su mandato se extienda cuatro años más luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en su puesto; por consiguiente, su jefatura culmina el próximo 31 de agosto del presente año.

En un video publicado en las redes sociales de la JNJ, se hizo público el sentido de los votos. Votaron a favor los consejeros Humberto de la HazaGuillermo ThornberryMaría Zavala e Imelda Tumialán. El único voto en contra fue de Marco Falconí, quien fue incorporado al organismo constitucionalmente autónomo por una sentencia del Tribunal Constitucional.

“Habiendo emitido los 5 miembros del Pleno su voto, el señor Corvetto no ha obtenido los votos suficientes para su ratificación”, indicó De la Haza.

Cabe mencionar que, según la Ley Orgánica de la JNJ, para la ratificación se requiere del voto conforme de los dos tercios del número legal de los miembros, es decir de cinco votos.

Ahora, la JNJ deberá convocar un concurso público de méritos para nombrar a un nuevo jefe de la ONPE en reemplazo de Corvetto quien fue designado en agosto de 2020 por un periodo de cuatro años, sucediendo en el cargo a Manuel Cox Ganoza, quien estuvo en el cargo de manera interina desde el año 2018.

Comisión de Constitución debate hoy reemplazo de la JNJ

Por otro lado, la Comisión de Constitución del Congreso de la República debate hoy el predictamen de reforma constitucional que desaparece la JNJ y crea, en su reemplazo, la Escuela Nacional de la Magistratura

Como se recuerda, la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, presentó un proyecto de ley que propone crear la Escuela Nacional de la Magistratura, la cual estaría encargada de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales y de su nombramiento. 

Asimismo, la iniciativa legislativa propone que dicha nueva entidad cuente con un Consejo Directivo, integrado por un juez y fiscal supremo titular, en actividad o cesantes, elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente.

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