El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) resolvió destituir a Daniel Soria Luján del cargo de procurador general del Estado, esto a raíz de un procedimiento en su contra debido a cuestionamientos en su designación.

Mediante la resolución ministerial N.º 0097-2024-JUS, el sector también dispuso que se envíe una copia de la resolución y antecedentes a la Procuraduría General del Estado, a fin de que se proceda con el cese de la contraprestación de Soria y demás acciones administrativas correspondientes, según sus competencias.

Asimismo, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del MINJUSDH para que según sus competencias inicien las acciones legales que correspondan en defensa de los intereses de la entidad.

Daniel Soria, el funcionario que sobrevivía desde el gobierno de Martín Vizcarra

Como se recuerda, el pasado 24 de noviembre del año pasado el MINJUSDH, mediante una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.

Ello, en el marco de un proceso disciplinario iniciado por una advertencia que realizó el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría respecto de que el funcionario no cumplía con los requisitos establecidos cuando fue nombrado en el cargo durante el Gobierno de Martín Vizcarra, según se precisó, solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.

En febrero de este año, la comisión ad hoc encargada del procedimiento administrativo disciplinario contra Soria recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se destituya a dicho funcionario.

El documento señalaba que los hechos por los que Soria fue suspendido en noviembre de 2023 “fueron corroborados”. Asimismo, se señaló que “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020” y “solo cesará cuando se extinga el vínculo del servidor con la entidad”.

Precisan, además, que Soria se benefició ilícitamente al ostentar un cargo que no le corresponde y que existían indicios suficientes que acreditan que Soria vulneró los principios de probidad, idoneidad y veracidad, regulados en la Ley del Código de Ética.

Tras la revelación de este domingo que el parlamentario Darwin Espinoza (Acción Popular) cometió un intercambio de favores con su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz, para favorecer con un cargo de asesora a una amiga muy cercana suya: Stephanía Cuya; la congresista anunció que retirará de su cargo a su trabajadora de 31 años.

“Ya evalué, ya lo decidí la separación de la señorita (Estefanía Cuya Barzola) hasta que, de alguna manera, esto se vea”, aseguró Alcarraz.

Favor con Favor se paga

En el programa dominical Punto Final, se recordó que el 14 de agosto de 2023, el cuestionado Darwin Espinoza, flamante vocero de Acción Popular, cedió el cupo de su bancada en la comisión de Ética nada menos que a su colega Kira Alcarraz, de Podemos Perú.

Tener una posición en dicha comisión, es muy importante en el Parlamento, porque un voto a favor o en contra de un integrante de dicha comisión podría determinar la suspensión, o no, de un parlamentario por falta grave.

Tres días después, el 17 de agosto de 2023, la congresista de Podemos Perú le devolvió el favor y ese mismo día, contrató en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside, a la amiguita de Espinoza, Stephanía Cuya Bezzolo.

“La vida personal de cada trabajador es su vida personal y yo no le voy a preguntar qué hace o con quién está. Lamentablemente esto se está tergiversando y me quieren inmiscuir a mí por el cupo de Ética”, respondió Alcarraz.

Stephania Cuya Bezzolo, amiga de congresista Darwin Espinoza. Foto: captura Punto Final.

Kira Alcarraz niega haber favorecido a Darwin Espinoza con la abstención de su voto

Hace unos días el 18 de abril, la Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio al vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, por presuntamente haber utilizado recursos del Congreso para impulsar la inscripción de su partido político, el Movimiento Regional Adelante Áncash. La denuncia contra Espinoza finalmente se aprobó con 13 votos a favor y ninguno en contra. Y el único voto de abstención lo realizó la parlamentaria Kira Alcarraz Agüero.

Parlamentaria se defiende y niega que haya favorecido a su colega de Acción Popular

“¿El cupo de Ética cobras algo más? ¿Te da más personal? No. El cupo de Ética es solamente para que puedas votar y tu votación, en la que uno puede equivocarse, así como lo hacemos en el Pleno, no quiere decir que lo he favorecido porque todos votaron a favor y, si no lo saben, rectifiqué mi votación”.

“La mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, Jamás he negociado un cupo de trabajo. Ya renuncié, desde el día jueves renuncié al cupo de Ética y ahora estoy tomando acciones correctivas porque esto ya trasciende y no sigo queriendo que se siga creando una novela”, concluyó la parlamentaria Alcarraz.

A millones de peruanos no les alcanza el sueldo mínimo, y gran parte de ellos ni siquiera llega a los S/1,025 a fin de mes, teniendo que ingeniárselas para llevar un plato de comida en la mesa de sus hogares. Entre las pocas oportunidades y la mala alimentación resulta frecuente que los más necesitados tengan que acudir a los centros hospitalarios en búsqueda de medicamentos o una cita médica, encontrándose solamente con una larguísima fila que de manera silenciosa les va quitando las pocas fuerzas para reclamar. O te sumas a la lista de pacientes o das media vuelta a casa, ese es el dilema de millones de personas que tienen que esperar días, semanas o meses por una bendita atención.

A todo ello se suma la ineficiencia de las máximas autoridades de Salud, pero en una en particular: José Cedrón Caballero, encargado de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) de EsSalud, entidad responsable de abastecer de medicamentos y citas quirúrgicas los principales centros hospitalarios del seguro social en el país. Su ineptitud ha ocasionado un severo desabastecimiento y la responsable de ello también sería nada menos que la presidenta Dina Boluarte por mantenerlo hasta ahora en su cargo.

El dominical Cuarto Poder contó anoche el meteórico ascenso del abogado José Cedrón Caballero, quien pasó a ser un simple trabajador de Reniec durante la época de Dina Boluarte en dicha institución, a ser una pieza inamovible dentro del gobierno de la mandataria.

Según el reportaje, José Cedrón fue nombrado Jefe de la Oficina de Abastecimiento del MIDIS el 19 octubre del 2021 poco después de visitar en su despacho a Dina Boluarte, quien en aquel entonces era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En julio del 2023 y con Dina Boluarte como jefa de Estado, José Cedrón se trasladó a Essalud como Asesor II de la Gerencia de Asesoría Jurídica de EsSalud. Un mes después fue designado Gerente Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE) de Essalud, institución que ejecutan todas las compras de medicina e instrumental médico para todos los hospitales del seguro social en el Perú.

José Cedrón es Jefe de Central de Abastecimiento de Essalud y es el responsable de la compra de medicinas e instrumental médico de todo el seguro de salud en el Perú. Además, como figura en su declaración jurada, trabajó con la presidenta Dina Boluarte ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/sBOSw6xqZo

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) April 22, 2024

Más de 2 mil millones de soles de presupuesto, pero una nula capacidad de gestión de José Cedrón

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2023 ha presentado resultados desalentadores: de 241 procesos de compra proyectados, con un presupuesto superior a los dos mil millones de soles, solo se concretaron 127 contratos, lo cual representa 418 millones de soles.

Las cifras en rojo citadas en el reportaje evidencian solo un 53% de eficacia en las contrataciones y un 20% en la utilización de los fondos asignados.

Por más increíble que parezca todo esto, Cedrón Caballero se mantiene firme en su puesto, a pesar de las críticas recibidas el cambio de cuatro presidentes ejecutivos en EsSalud —Aurelio Orellana, Rosa Gutiérrez, César Linares y, más recientemente, María Elena Aguilar, quien se mantiene hasta el momento en la cabeza de dicha institución.

Cuando un equipo del reportaje dominical acudió en busca declaraciones, el directivo declinó a hacer comentarios. “No es el momento oportuno, estoy ocupado en este instante”, señaló antes de cerrar la puerta de su vivienda.

Ya es de conocimiento público que la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar pidió el despido del ahora exgerente general del Conafovicer por sus opiniones críticas contra el gobierno. Esta radical medida está asociada a hechos ocurridos durante el gobierno de Martín Vizcarra en 2018, cuando Rudecindo Vega denunció a Nicanor Boluarte por malos manejos y actos de corrupción en Sencico, una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Los cargos están documentados por el propio Vega; sin embargo, tras presentarlos, no se abrió ninguna investigación contra el hermano de la presidenta y por eso él tuvo que renunciar a Sencico.

Y cuando renunció el 27 de junio de 2018, Vega ya había enviado a Vizcarra Cornejo un informe de 55 páginas con detalles de su denuncia, sin embargo, “cayó en saco roto”. Y actualmente, resulta explicable por qué el fastidio de Dina Boluarte y Hania Pérez de Cuellar por la presencia de Rudecindo Vega en una institución clave para los proyectos de construcción del gobierno, y revela, además, la importancia de la injerencia que tiene Nicanor Boluarte en el poder de turno.

En ese sentido, el también exministro de las carteras de Vivienda y Trabajo, Rudecindo Vega, acusó a la ministra Hania Pérez de Cuellar de extorsionar al directorio del Conafovicer para que lo despidan, luego de que publicara artículos críticos contra el gobierno de Dina Boluarte y habló sobre la injerencia de su hermano Nicanor Boluarte.

En la entrevista que sostuvo en Exitosa, Vega, aclaró que el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer) es una institución privada sin fines de lucro y no recibe ni un sol del gobierno.

Por lo tanto, la injerencia que hace el gobierno no tiene ningún sentido, y con lo realizado contra él, el mensaje de la ministra Pérez de Cuellar: es que no nadie tiene seguridad ni oportunidad en el trabajo si es que se piensa diferente al gobierno.

“A mí me están violando mi derecho a expresarme y mi derecho al pensamiento. La extorsión ha venido con todo a través de los gremios y se ha pisoteado mis derechos”

El exgerente del Conafovicer, Rudecindo Vega, contó que cuando la ministra de Vivienda envió la carta al presidente del directorio de Conafovicer Jorge Rochabrunt Gamarra para que lo despidan, la presentó con 50 páginas adjuntadas de los artículos que él había escrito criticando el régimen de Boluarte. Vega también contó que Rochabrunt además es asesor de Hania Pérez de Cuellar.

Carta enviada por Hania Pérez de Cuellar pidiendo despedir a Rudecindo Vega.

Lo que incomodó a la ministra Pérez de Cuellar, según Vega son tres cosas:

• Por ser un gobierno muy incapaz e inepto, por haber sumido al país en una recesión económica, la más espantosa en los últimos 34 años.
• Por ser un gobierno antidemocrático y bañado en sangre, porque se encuentra el saldo de los 70 muertos de las protestas sin ninguna explicación y pese a ello, existe una denuncia en el Congreso que está paralizada y no la impulsan porque el propio Parlamento juega en pared con la mandataria Boluarte.
• Y por ser un gobierno totalmente corrupto. Él menciona: “porque ya flota sobre la pus”.

Rudecindo Vega, aclaró que como él también ha sido ministro de Vivienda en el gobierno de Toledo, y de Trabajo, en la era Ollanta Humala y Presiente de Sencico, han buscado su historial e información que pueda comprometerlo en algo turbio, pero no encontraron nada.

“Los delincuentes y extorsionadores ya no solamente están en la calle, ahora están en el gobierno”, remarcó.

Presidente Dina Boluarte recibió el apoyo incondicional de Hania Pérez de Cuellar respecto al caso ‘Rolex’.

Y nuevamente explicó que tras salir la publicación que redactó para el diario UNO, cuestionando el atropello que cometen contra la libertad de prensa, la ministra Hania Pérez de Cuellar llamó a los directivos de Capeco y a los dirigentes de Construcción Civil. Y a los de Capeco les mencionó el Decreto de Urgencia para los bonos de Techo Propio, y que ese decreto se paralizaría si no le daban el apoyo. Asimismo, a los de Construcción Civil les dijo que en el ministerio tienen dos representantes del gobierno en el Directorio de Construcción Civil, y que, si no la apoyaban, esos representantes también se retirarían y toda la agenda que estaba pactada con los trabajadores quedaría paralizada.

Ante ese ultimátum de la ministra Pérez de Cuellar, Vega, advirtió: “Más chantaje que ese… o sea es extorsión… Decir presión es un eufemismo; están extorsionando, entonces por esa situación yo decidí renunciar, pero ellos deciden despedirme”.  

En otro pasaje reveló que en una reunión que tenía pauteada con la ministra Pérez de Cuellar, las encargadas del evento le dijeron: “Nos acaba de informar la ministra que usted no entra (a la reunión del Conafovicer)”. Vega explicó que eso se dio luego de que la ministra (sobre la crisis del agua), respondió que ella no tenía ninguna responsabilidad porque eso era responsabilidad de Sedapal; sin embargo, Vega, opinó que ella como titular de Vivienda, no podía ‘sacar el cuerpo’ y no debía ‘lavarse las manos’.

Finalmente, Rudecindo Vega, aseveró que esta historia viene de mucho más atrás, por casos que él reportó sobre Nicanor Boluarte. Y contó: “Hace 9 meses Nicanor Boluarte fue a pedir al Secretario General de la Federación que me pidan que no escriba artículos críticos contra el gobierno y de esa forma, generarían determinados beneficios para los trabajadores de construcción; luego hace unos meses se cambió al presidente de Conafovicer, sin consultar, la practica era que se consultaba con la federación, pero este es un presidente impuesto”.

Por lo visto, el gobierno de Dina Boluarte no tolera a los servidores del Estado que opinen en contra de su mandato y mucho menos que denuncien a su hermano Nicanor por cometer presuntos actos irregulares y al parecer, para ello está la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar, para cuidar la imagen de la mandataria, aunque ella no haya sido designada para esa función; porque la ley establece que Hania Pérez de Cuellar tiene otras labores específicas qué cumplir al mando del Ministerio de Vivienda.

Le dieron la contra. El Poder Judicial (PJ) declaró como “improcedente” la demanda de habeas corpus presentada en favor de la presidenta de la República Dina Boluarte con la que se pretendía anular todo lo actuado en la diligencia de allanamiento que ejecutó la Fiscalía y personal policial de la Diviac en su vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, el pasado 29 de marzo como parte de la investigación preliminar que se le sigue el caso Rolex.

El juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos desestimó así el recurso interpuesto por el abogado Marco Riveros Ramos a favor de la mandataria contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por una supuesta vulneración del derecho a contar con un fiscal competente y a un debido proceso garantizado.

El magistrado emitió esta sentencia luego que la presidenta Dina Boluarte no cumpliera con el requerimiento que este le hizo para que legalizara su firma ante el especialista a cargo de dicha labor o a través de un notario público en el documento que envió su defensa legal, mediante el cual desautoriza el habeas corpus presentado por el abogado.

El letrado señaló en su demanda que el actual fiscal de la Nación no ha juramentado ante la presidenta de la República, como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que refirió que se trata de un fiscal “deslegitimado”; y, por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta la fecha para investigar a la mandataria son nulas.

También sostuvo que quien ha ejecutado el allanamiento al domicilio de la jefa del Estado no fue el fiscal de la Nación, por lo que ha trasgredido el debido proceso en la vertiente de legalidad procesal, y que además se ha iniciado un proceso penal contra la mandataria sin que se haya realizado una denuncia ante el Congreso de la República violentando el debido proceso.

Al respecto, el juez Núñez Matos indicó que en cuanto a lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público respecto a que el fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la República solo resulta aplicable en el caso del fiscal de la Nación “titular”, algo que no se da en el presente caso al tratarse de un fiscal interino, razón por la cual las actuaciones de Juan Carlos Villena Campana no están deslegitimadas.

Respecto a que el presidente de la República durante su periodo solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117 de nuestra carta magna, el magistrado sostiene que “ello no es impedimento para se pueda iniciar una investigación preliminar en su contra siempre que existan justificaciones razonables y suficientes que así lo requieran, como lo sería el caso materia de investigación por parte del Ministerio Público”.

Finalmente, el abogado Marco Riveros Ramos presentó el último 20 de abril un recurso de apelación contra la sentencia de dicho magistrado con el fin de que sea revisada por una sala constitucional de Lima.

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, se pronunció sobre el despido de un miembro del directorio de Conafovicer por las expresiones que este emitió en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Pérez de Cuellar en declaraciones a los medios, reconoció que al gerente general de Conafovicer Rudecindo Vega se le retiró la confianza en el cargo debido a sus expresiones contra la mandataria.

Cabe mencionar que el funcionario despedido, reiteradamente, se manifestaba incluso en una columna escrita y criticaba la injerencia y el poder del que goza el hermano presidencial, Nicanor Boluarte Zegarra. 

Por su parte, la ministra afirmó: “Frente a estas declaraciones creo yo, un poco disonantes, era mi deber alertar el directorio sobre esta situación y es el directorio quien ha tomado la decisión de retirarle la confianza es importante señalar que ese directorio está conformado por siete votos y el Ministerio tiene 1 voto y es una decisión colegiada”, expresó.

“Se ha evaluado en tres directorios esta situación y finalmente es el colectivo que tomó esta decisión de retirarle la confianza y cesarlo. Esto no se debe, quiero ser muy clara y enfática, a las opiniones personales del señor Rudecindo Vega. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero él ejerce, o ejercía un mandato de gerente general de un espacio privado tripartito”, refirió la titular de Vivienda.

Es decir, la señora Pérez de Cuellar, se contradice, porque por un lado menciona que debido a las declaraciones disonantes del exgerente general Vega, era su deber alertar al directorio para que lo despidan. Sin embargo, al minuto de afirmar aquello, menciona que, al funcionario en mención, no se le retiró la confianza por haber emitido sus opiniones personales, porque ella es respetuosa de la libertad de expresión. ¿acaso se entiende esa respuesta?   

Lo cierto es que la ministra Hania Pérez de Cuellar envió una carta al presidente del Directorio de Conafovicer, Jorge Rochabrunt Gamarra, donde mostró su incomodidad por las expresiones del gerente general Rudecindo Vega y le pidió que tome cartas en el asunto y que la gestión de Conafovicer no puede verse afectada por la actuación personal del funcionario en mención, por la agenda en común que mantienen con el Ministerio de Vivienda.

Carta que envió Hania Pérez de Cuellar al presidente de Conafovicer para que despida a Rudecindo Vega.

“Dicha agenda en común se ve hoy en riesgo por los ataques intemperantes que difunde en distintos medios el gerente general de Conafovicer contra distintas autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte.

Me corresponde solicitarle que el directorio de Conafovicer tome cartas en el asunto porque la agenda común, los legítimos intereses de las entidades que conforman Conafovicer y los convenios suscritos entre ellas no pueden verse afectados ni comprometidos por la actuación personal del gerente de Conafovicer”, culminó en su carta la ministra Hania Pérez de Cuellar.

Cabe recordar que Rudecindo Vega opinó en marzo pasado -sobre la presidenta Dina Boluarte- que el caso de los relojes Rolex ha demostrado la corrupción que envuelve a su gestión, a su entorno y a ella misma y refirió: “El gobierno de Dina Boluarte está marcado por la incapacidad, manos manchadas de sangre por las muertes en las movilizaciones y por la corrupción que nos está demostrando”.

Favor con favor se paga, según la ley no escrita de los ‘otorongos’. El dominical Punto Final puso al descubierto que los congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarraz tendrían un acuerdo verbal en cuanto a la contratación de sus allegados en cargos públicos dentro del Congreso de la República, además de apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética cuando se trata de blindarse en una investigación.

Tras un trabajo de seguimiento de un par de meses, se descubrió que Alcarraz, titular de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, empleó a Stephania Cuya Bezzolo, una joven de 31 años.

Según las imágenes reveladas por el dominical, Cuya y Espinoza tendrían una relación muy cercana desde la campaña electoral del 2021, que tuvo como escenario la región de Áncash. Esto fue confirmado por testimonios de extrabajadores del despacho del parlamentario.

Luego de ganar una curul en el Legislativo, la joven trabajó dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, cuando el grupo de trabajo era presidido por Darwin Espinoza, en el 2021.

Al dejar esta comisión, Cuya siguió frecuentando el despacho de Espinoza, al que acudió al menos ocho veces. Hasta que fue contratada el 17 de agosto del 2023 como asesora en el grupo de trabajo de Alcarraz.

Esta acción fue solo tres días después de que Espinoza le cediera a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética.

Un excolaborador del parlamento proporcionó un testimonio al referido dominical que sugiere que Alcarraz no solo logró un puesto en la Comisión de Ética, sino que también solicitó a Espinoza que contratara a una antigua trabajadora de su despacho.

Se trata de Myrna Mosso Carmona, quien desempeñó el rol de coordinadora en la oficina de Alcarraz desde 2021 hasta 2022. Posteriormente, en agosto de 2023, fue empleada como asesora por la bancada de Acción Popular.

Cabe destacar que la estrecha relación entre Espinoza y Alcarraz se ha evidenciado también en varias fotografías compartidas en redes sociales, donde se les ve juntos participando en actividades de ayuda social y representación parlamentaria.

En la sesión del jueves pasado, Alcarraz fue la única que optó por abstenerse cuando la Comisión de Ética aprobó una denuncia de oficio contra Espinoza. Esto ocurrió después de que se le acusara de utilizar recursos públicos y personal del Congreso para inscribir al movimiento regional Adelante Áncash.

Sin duda, la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar está muy “consolidada” en el portafolio que lidera desde hace 16 meses. En ese sentido, la ministra del “Ensure” y de los banquetes chiferos pagados con la caja de chica del ministerio, hoy goza de la confianza total de la mandataria Dina Boluarte, porque tras el escandalo del ‘caso Rolex’, ha sabido fajarse con la prensa, a tal punto de reconocer que ella también compró un reloj “replica” en China y aseveró que existe todo un complot de venganza para tumbarse al gobierno.

La señora Pérez de Cuellar, que insiste en afirmar que no privatizará Sedapal y que solo optarán por una “tercerización”, con su propuesta de dividir la empresa en “tres partes” (norte, centro y sur), para así otorgarla en concesión a operadores privados, a través de Asociaciones Públicas Privadas (APP), continúa realizando gestiones para mantener estrechos lazos con las trasnacionales francesas.

Presidenta Dina Boluarte y ministra Hania Pérez de Cuellar pretenden privatizar Sedapal.

Antes de ser designada ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar se unió a la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa (CCIPF), un gremio de empresas francesas que agrupa a Vinci, Suez, Veolia, y más transnacionales de Francia.

Según las notas de prensa del gremio francés, la nieta del exsecretario general de la ONU se unió a la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, el 12 de abril del 2022 y luego de unos meses, el 24 de septiembre del mismo año, fue nombrada presidenta del Consejo Directivo 2022-2024.

Inscripción en Sunarp de la elección de Hania Pérez de Cuellar como presidenta de la CCIPF.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2022 Pérez de Cuellar fue designada ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento; sin embargo, ella continuó ocupando el cargo de presidenta en el gremio empresarial francés, pese a ser servidora pública.

Esto quedó registrado en los archivos de SUNARP, en donde se aprecia que, ya siendo ministra de Estado participó en la sesión del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, en la que presentó su renuncia y que según la Sesión del Consejo Directivo, fue aceptada el 21 de agosto del 2023; casi 9 meses después de haber sido designada por Dina Boluarte, ministra de Vivienda.

Registro en Sunarp de renuncia de Hania Pérez de Cuellar como presidenta de la CCIPF

Sin embargo, la ministra Pérez de Cuellar consignó en su declaración Jurada de Intereses, que presidió dicho gremio empresarial hasta el 10 de diciembre de 2022, justo el mismo día que asumió la titularidad de Vivienda en el Ejecutivo, a pesar que los registros de SUNARP señalan otra fecha.

En su declaración señala que ya no es presidenta de la Cámara desde el 10 de diciembre 2022.

¿Acaso la ministra mintió al momento de consignar su declaración bajo juramento?

En los tratados jurídicos se conoce que los conflictos de interés apuntan a la tensión entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un funcionario, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público. Cabe recordar que la ministra de Vivienda es propietaria de la firma “PDC Consultores”, dedicada a la asesoría empresarial en Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos; aunque la empresa actualmente se encuentra con suspensión temporal.

¿Qué conflictos de interés se habrían dado mientras Hania Pérez de Cuellar era ministra de Estado?

Los más llamativos serían los contratos de concesión de operaciones y cobranza de SEDAPAL; licitación pública convocada mediante UNOPS, que dio como ganadores al “Consorcio WAS Lima” integrada por subsidiarias de SUEZ y la empresa VEOLIA, por cierto, sancionada por OSCE por presentar documentación inexacta. Ambas transnacionales del país galo son miembros del gremio de empresas francesas que presidió Hania Pérez de Cuéllar solo hace unos meses en la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa.

Contrataciones SACO en Sedapal con empresas francesas a través de UNOPS.

Suez S.A.

Suez S.A. (Suez Environnement entre 2008 y 2015) es un grupo francés que opera principalmente en los sectores de la distribución y tratamiento de aguas, la gestión y tratamiento de residuos y mantenimiento. Su sede en Perú es Water Advanced Solutions Perú S.A.C.

Veolia Environnement S.A.

Veolia Environnement S.A., con el nombre de Veolia, es una empresa multinacional francesa fundada en 1953 y sus servicios que generalmente administran las autoridades del Estado son: gestión del agua, gestión de residuos y servicios energéticos. Esta empresa empleaba a 318,376 trabajadores en 48 países y tiene su sede en Aubervilliers, en Sena-Saint Denis, Francia.

El desayuno empresarial de la ministra con sus exsocios de las trasnacionales francesas

Hace poco más de un mes, el 29 de febrero del 2024, la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar acudió a un Desayuno Empresarial en el Hotel Los Delfines organizado por sus exsocios de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa (CCIPF). En dicho evento, según las notas de prensa, estuvieron presentes nada menos que los representantes de SUEZ y VEOLIA, los grandes ganadores que se hicieron de contratos con Sedapal por más de S/. 840 millones.

El 29 de febrero del 2024, la ministra Hania Pérez de Cuellar acudió al Desayuno Empresarial con sus exsocios de la CCIPF.

Aquel desayuno empresarial tuvo como anfitriones al presidente de la CCIPF, Ricardo Guevara Bringas y a la gerenta de la CCIPF, Valérie Boyer, y también asistieron diversos actores de la comunidad franco-peruana de negocios.

Guevara Bringas, como sucesor de Pérez de Cuellar en la cámara, en su intervención destacó el “enfoque del ministerio de Vivienda y su labor al impulsar el destrabe de proyectos beneficiosos para el país”.

Una vez terminada la exposición, agradecieron a sus miembros premium; las empresas Lima Expresa, Indeco by Nexans, Veolia y Eiffage.

¿Acaso hubo un faenón con el agua?

Suez y Veolia ganaron los contratos SACO del ítem 1 (operación, recaudo y mantenimiento en Lima Norte) por un monto de S/284 608 146.50; del ítem 2 (Lima Centro) por un monto de S/297 123 748.00; y del ítem 3 (operación recaudo y mantenimiento de Lima Sur) por un monto de S/198 704 486.92.

Suez y Veolia ganaron los contratos SACO del ítem 1, 2, y 3.

Y tras el desayuno empresarial de la ministra, acaban de firmar el 15 de abril pasado el cuarto contrato de Sedapal (ítem 4, que estaba declarado desierto) con Suez, prácticamente con los ganadores de los ítems 1 y 2, que es el “Consorcio WAS Lima”.

En la descripción del cuadro del Seace, figura como “Servicio de Actividades Comerciales y Operativas; Clientes Especiales” (SACO). Así se denomina ese ítem. Entonces “Consorcio WAS Lima” (Suez-Veolia) cobrará y tratará el agua en todo Lima, así como de los clientes grandes como Gloria, Alicorp, Backus y Lindley.

Contrato firmado entre Sedapal y “Consorcio WAS Lima”, el 15 de abril de 2024.

El monto de este contrato (ítem 4) es de S/60 142 458.68, incluido IGV.

“Consorcio WAS Lima” (Suez-Veolia) ganó contrato del ítem 4.

De esa forma se otorgan 4 contratos de Sedapal, vía UNOPS, por S/840 578 838 millones a las empresas francesas miembros del gremio del que la ministra Hania Pérez de Cuellar era presidenta.

¿Acaso están concentrando el mercado de Contratos SACO en Sedapal? si fuera así, Indecopi podría intervenir, como ya sucedió con el Club de la Construcción.

Antes del cierre de este informe, Lima Gris se comunicó con el área de comunicaciones del Ministerio de Vivienda, para obtener los descargos de la ministra Hania Pérez de Cuellar y llamamos al jefe de prensa, Alexis Landeo, pero no obtuvimos respuesta.  

Vemos que el gobierno de Dina Boluarte —conocida como la señora de los Rolex— cada vez más se convierte en un calco del gobierno de Pedro Castillo Terrones, hoy preso en el penal Barbadillo.