Política
Francisco Diez Canseco: “La vieja estrategia de los comunistas ha sido la Asamblea Constituyente”
Francisco Diez Canseco Távara es político y fundador del partido Perú Nación. Hace 30 años formó el “Consejo por la Paz” para luchar contra la corrupción y en las últimas elecciones fue excluido por el JEE de forma “sospechosa” de su candidatura presidencial. Y esta vez, él nos da su opinión sobre la coyuntura y en especial, sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo.
Aquí la conversación:
La muerte del criminal Abimael Guzmán ha generado una serie de rencillas y dimes y diretes entre todos los actores políticos ¿Cuál debería ser el destino de los restos del genocida?
Los restos de Abimael Guzmán no deben reposar ni en la tierra santa del Perú, ni en el heroico mar del gran almirante don Miguel Grau. Deben ser cremados y luego la marina de guerra en un bote que vaya fuera de las 200 millas, y lo bote al océano pacifico. Fuera del mar territorial peruano. Eso es lo que deben hacer.
En ese sentido, ¿Cree que ha habido una irresponsabilidad de los Poderes del Estado? ¿Por qué esperaron 29 años para crear normas que en el futuro sirvan como precedente ante el deceso de otro terrorista?
Esa es una vieja tradición del Perú; hacer todo a última hora, y siempre pedir prorroga, o incumplir los plazos de manera inconstitucional o arbitraria como suele hacerlo últimamente, el JNE que preside un personaje de apellido Salas.
Hablemos del tema económico, que es la “constante” que nos flagela día a día, ¿Cuáles son los distractores que impiden que se emprenda ya una reactivación económica?
Yo no veo ningún tipo de recuperación económica; lo que yo veo es lo contrario. Las cifras son graves, hay una inflación anualizada de 9.5% que no se ve en el Perú hace muchísimos años y que ha sido generada por este gobierno. El Moody`s que es una certificadora internacional que acredita el riesgo de un país, nos ha bajado 2 puntos aproximándonos al caso argentino, que ya ha quedado fuera del rango de inversión.
Por otro lado, la subida del dólar; eso se envía por el BCR, que está soltando 250 millones de dólares diarios, hasta donde pueda. Y eso ha generado un incremento del precio de los alimentos que dependen de insumos importados, como el pollo que depende del maíz importado y el pan que depende del trigo importado. Han tenido que reingresar después de muchos años, el gas, al Fondo de Estabilización de Combustibles, debido al alza pavorosa de este importante combustible que es usado por tantos millones de peruanos para cocinar en sus casas y esto es consecuencia de dos cosas: que el 25% del gas se importa, y luego, que, al importarse, se paga con dólares y los dólares han subido.
¿Y por qué en otros gobiernos cuando se aplicó este Fondo de Estabilización de Combustibles, no hubo una crítica similar? Si tomamos en cuenta que eso era un subsidio.
Yo no quisiera establecer comparaciones con otros gobiernos que fueron manejados por presidentes corruptos. Siempre estuve en la oposición; pero esa oposición o crítica, no es porque se ingrese al gas al Fondo de Estabilización; sino, por la razón por la cual se le ha tenido que ingresar, y no solamente porque el gas haya subido; sino, básicamente por el incremento del dólar. Y para ser más precisos, por la devaluación del sol, y eso lo ha generado este gobierno. Y cuando ha habido un alza del combustible de merecido impacto en el hemisferio norte, no se habría generado la necesidad de ingresar al Fondo de Estabilización de Combustibles, porque como usted bien lo ha señalado, es un subsidio que es necesario hacerlo en ciertas ocasiones, como ahora, pero que tampoco puede ser permanente.
Por otro lado, continúa el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, mientras hay problemas que se tienen que resolver en Perú. Más allá de los dimes y diretes entre ambos Poderes del Estado. ¿Esas posiciones enfrentadas ayudan al país?
Yo creo que lo que tenemos que hacer rápidamente, es vacar a Pedro Castillo. Nos estamos enfrentando a un gobierno poblado de senderistas y comunistas. Una cosa es dialogar con un gobierno que se presidió por un demócrata, y otra, es dialogar con un gobierno que es presidido por un senderista. Pedro Castillo es el fundador del Conare-Sutep, que con otro nombre acaba de ser reconocido por el Ministerio de Trabajo después de muchos años y que es el brazo del Movadef. Además, mantiene a un ministro como Maraví, que es de probado senderismo, y a Guido Bellido, que corroboradamente es un simpatizante de Sendero Luminoso.
¿Y qué, de los verdaderos problemas del Perú?
El problema del Perú hoy día, no es conciliar con los comunistas, sino, sacar a los comunistas del Gobierno y que se convoque a nuevas elecciones de gente sin fraude, porque lo que ha hecho Castillo como candidato ha sido un doble fraude. El fraude electoral cometido con el apoyo de Salas Arenas, el impresentable presidente del JNE que viene de Patria Roja, y, por otro lado, el fraude de engañar a un grueso sector del electorado, con el cuento de una nueva Constitución que ni siquiera han redactado.
Pero tienen un proyecto, como ellos mismos han reconocido, y que, en todo caso, vendría a ser una réplica de la Constitución de Cuba, que es a su turno, el modelo utilizado por el clan de Gobierno de Perú Libre. Entonces no nos engañemos… estamos frente a un gobierno comunista y hay que sacarlo, para salvar la democracia en el Perú.
Dice que hay que sacarlo… pero usted es un demócrata que cree en las instituciones. Y si hubo elecciones que proclamaron al presidente Castillo por mandato popular ¿Usted las deslegitima?
Las elecciones han sido fraudulentas. A nosotros en mi Partido, Salas Arenas nos sacó de manera ilegal, inconstitucional, y fraudulenta de la carrera electoral y por eso perdimos la inscripción. Por supuesto, nos vamos a reinscribir con Salas o sin él. Pero, por otro lado, a Castillo se le puede vacar y se le debe vacar; no por las razones que yo he indicado, que no están previstas en la Constitución, pero que políticamente son clarísimas, sino, porque, además, padece de incapacidad moral. Él es socio de Vladimir Cerrón que tiene una sentencia penal y por eso no pudo postular a la presidencia por su condena por corrupción y es el socio manifiesto de Pedro Castillo y además tiene denuncias por terrorismo y lavado de activos. Qué esperamos… a Merino lo botaron por menos.
¿Y qué me dice de los observadores de la OEA que dijeron que las elecciones fueron regulares?
Bueno, usted vio que uno de ellos estaba en farra tomando whisky de etiqueta negra en un almuerzo con aquellos a quienes pretendía “controlar” en las elecciones. Como presidente del Consejo por la Paz, he hecho observación electoral; pero estos eran observadores “light”. No observaron nada, ¿acaso han estado detrás de todas las barrabasadas que hizo Salas Arenas? ¿Qué dijeron sobre el fraude que nosotros denunciamos en el caso de Perú Nación? Absolutamente nada. Eso no es observación electoral, pues. Eso es tomadura de pelo.
Perú Libre está haciendo una campaña regional para lograr las firmas para una Asamblea Constituyente ¿Qué opinión le merece esto de cambiar la Constitución?
La vieja estrategia de los comunistas ha sido la Asamblea Constituyente. Para comenzar, Castillo ha dicho que su nueva Constitución no existe, que se va a redactar en la Asamblea Constituyente, lo cual demuestra no tanto la improvisación, sino, el hecho de que no quieren mostrar su verdadero proyecto comunista. En segundo lugar, la antigua estrategia de los comunistas desde la época de Lenin en la Unión Soviética ha sido clara, la Asamblea Constituyente como lo hizo él para tumbarse al Congreso que estaba vigente en aquella época para tomar todo el poder en Rusia. Y de otro lado, he escuchado los spots radiales promoviendo la nueva Constitución, donde dicen mentiras, como, que la educación y la salud en la Constitución actual no son considerados como un derecho, sino, como un servicio. Y eso es falso, así como una serie de otras mentiras para vender su Constitución que no existe y que será para tumbarse la democracia en el Perú.
Esos patrones que usted menciona sobre los comunistas, fueron en antiguos contextos históricos ¿Usted cree que en pleno siglo XXI en una sociedad de la información donde la juventud está conectada día a día a través de las redes y donde la economía de mercado prevalece finalmente, podría ser viable instaurar un desfasado comunismo?
Lo estamos viendo en Venezuela y sigue ocurriendo en Cuba.
Pero en aquellos países eso empezó hace varias décadas
Lo que es una vergüenza es el caso de Nicaragua, donde hay un presidente que se quiere elegir por cuarta vez y que ha metido preso a todos los candidatos de la oposición y es comunista. Entonces, ya sabemos cómo funciona. Lo ve usted con el cuento del comunismo en Corea del Norte, porque al final no son comunistas; ellos son autócratas, son oligárquicos. Perú Libre habla de marxismo, leninismo, mariateguismo, y de un Estado socialista como Cuba, y no es otra cosa que un Estado totalitario. Y ellos van a seguir avanzando ocupando el aparato del Estado hasta que busquen un golpe de Estado para quedarse 50 años; y si no actuamos rápidamente, ni usted ni yo podremos dialogar libremente, porque una de las principales limitaciones que ellos establecen, es precisamente la libertad de expresión.
En ese sentido, usted ha sido un hombre de prensa durante mucho tiempo ¿Qué opina del rol de los medios actualmente?
Felizmente hay un canal como Willax, que emite todo tipo de voces. Pero los otros medios siempre han estado mediatizados y controlados por la torta publicitaria estatal que es la más grande y de la cual dependen canales de televisión que están básicamente quebrados y por otro lado, vendidos a los caviares que han hecho lo que les ha dado la gana durante los últimos veinte años poniendo solamente a su gente, o a aquellos que les podían servir y excluyendo a quienes levantaban voces opositoras, como es mi caso. Yo he estado veinte años bloqueado en esos canales de televisión, donde los caviares me atacaban a mansalva y yo no podía responder… y eso no es libertad de expresión, pues.
Para terminar, ¿La clase política debería hacer un mea culpa, por todas las inacciones y omisiones de los últimos quinquenios? No un mea culpa. Hay que erradicarlos; hay que renovar la política en Perú y eso es lo que estoy intentando hacer. Hay que tener nueva gente, que esté limpia y que tenga vocación de servicio y que no tenga un pasado turbio; que sea intachable y que trabaje por nuestro país como todos debemos de hacerlo de manera consecuente y por supuesto con amor por la patria.
Política
Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales
El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.
El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.
En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.
El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.
Política
Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez
Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.
El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.
Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.
Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.
Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.
El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.
Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.
Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.
Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.
La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.
Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.
Política
Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte
Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.
La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.
Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.
El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.
“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.
Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.
La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.
Política
Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso
Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.
Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.
Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.
La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.
La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.
Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.
El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.
La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.
Política
REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?
La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.
El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.
Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.
Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.
Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.
Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.
Política
Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca
La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.
La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.
Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.
Fuente: Ministerio Público.
Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.
Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.
El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.
Política
PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.
PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.
En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.
La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.
La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.
“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.
En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.
Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.
Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.
Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.
Política
Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros
Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.
Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).
Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.
Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.
El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:
- Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
- Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
- Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
- Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.
Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.
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