Política
Francisco Diez Canseco: “El pensamiento caviar que tiene Sagasti y los morados, hoy gobiernan al Perú”
Francisco Diez Canseco Távara es un empresario, político y fundador del partido Perú Nación. Hace 30 años formó el “Consejo por la Paz” para luchar contra la corrupción y en estas elecciones estuvo en la carrera electoral para tentar la presidencia del país, sin embargo, el JEE de Lima Centro lo excluyó de los comicios de manera inexplicable, por no lograr inscribirse a causa de las fallas que presentó la plataforma web del JNE.
Conversamos con él sobre la difícil coyuntura sanitaria que atraviesa el país, ante falta de vacunas y oxígeno:
¿Qué le parece la actitud del mandatario por encargatura Francisco Sagasti, que se resiste a que el sector privado compre y ayude en esta cruzada de adquirir vacunas para salvar más vidas?
Hay varias cosas extrañas. En primer lugar, la absoluta ineficiencia de parte del gobierno, tanto que Vizcarra es como su tutor y evidentemente socio de Sagasti en el manejo de la compra de vacunas. Porque primero hablaron de que ya habían cerrado el contrato con Sinopharm y luego Sagasti salió a decir al segundo día, que estaban cerrando con Sinopharm y el anuncio que ha hecho, es que ya adquirieron 48 millones de dosis que son 24 millones de vacunas donde solo Sinopharm va a ganar. Entonces, qué está pasando con Sinopharm que envió por adelantado un millón de vacunas. Pero, primero fueron objeto de un adelanto por parte de los chinos que se han manejado en una pandemia totalmente corrupta. Allí hay todo un manejo que tiene que investigarse a fondo, con el nuevo gobierno, porque la comisión Carbone está tapando cosas muy graves.
Está bien; pero parece que Francisco Sagasti pretende algo más con su actitud obstaculizadora
El segundo tema aquí, es que hay un manejo ideológico que se decidió ya durante el gobierno de Vizcarra con la intervención de Farid Matuk, y eso supone a partir del marxismo cultural, que el Estado es quién tiene que ocuparse de todo, porque para el marxista al final de cuentas, es el Estado quien debe apropiarse de los bienes y de los servicios de un país para redistribuirla con justicia social y establecer lo que se llama una dictadura del proletariado. Ese pensamiento modernizado conlleva a la teoría caviar, que es la que ha llegado hoy día al gobierno, pero no se sustrae del trasfondo estatista que maneja toda esta gente que en su vida ha manejado empresa y que han vivido de la corruptela y siguen viviendo de las asesorías y de las ONG, muy bien subsidiadas por fundaciones extranjeras, que a futuro usan dinero de capitalistas para manejar estas ONG. Eso es lo que está pasando en el Perú en estos momentos.
Usted mencionó algo clave; justamente como precursor del Consejo por la Paz, me hizo recordar que este grupo de gente que predica la defensa de los derechos humanos, hace mucho tiempo querían hacer ver que el enemigo del Perú era el propio Estado y eximían a los grupos terroristas ¿Si el enemigo es el Estado, entonces por qué viven del dinero del Estado?
Claro. La idea es, que como el Estado es manejado por una corrupta clase capitalista que explota a los peruanos, se requiere una revolución para que el Estado sea tomado por los revolucionarios y se cree una dictadura del proletariado; y en la tesis comunista el Estado se autodestruye para que venga una sociedad sin clases en la cual, cada uno según su capacidad y a cada cual, según sus necesidades. Esta teoría convirtió a Rusia en la Unión Soviética en una dictadura totalitaria y ha tenido ese tipo de presidentes en la historia de la humanidad. Pero, el pensamiento caviar, que es el que tiene Sagasti y los morados que hoy día gobiernan al Perú, emanan de esa tesis radical, pero con poses de estatismo. Por eso es que ellos plantean que sería inequitativo que el Estado no distribuya estrictamente las vacunas y que el sector privado pueda comprarlas. Cuando sí hay mecanismos con los cuales se puede hacer; como lo que está haciendo por ejemplo la Unión Europea, que compra las vacunas de forma transparente. Entonces, aquí se tendría que regular esto, en vista de la absoluta ineficiencia de parte de Sagasti y compañía para manejar la pandemia.
¿Y con respecto a la falta de gestión para producir plantas de oxígeno?
Hay un déficit de oxígeno de 110 toneladas diarias, pero este señor Sagasti, muy orondo anuncia que Chile les va a donar 40 toneladas semanales. Pero si el déficit es de 110 toneladas diarias, quiere decir que son 770 toneladas semanales; es decir, las 40 toneladas que nos están donando y se lo agradezco a los chilenos, son solo una gota de agua, y luego dice que va a importar oxígeno de Ecuador, cuando con una inversión de 25 millones de dólares, se podría establecer plantas de oxígeno, todas las postas médicas y sus sucursales en Perú y así resolver el problema.
Pero nunca lo hicieron
Ni lo van a hacer, porque son incapaces y corruptos; esa es la verdad del asunto.
¿Y qué de las vacunas?
Me parece muy bien lo que ha hecho Ciccia, que a través del gremio de transportistas van a traer las vacunas rusas y si no se las dejan pasar por la aduana, bueno, que se las decomise el Estado, pero que la distribuyan a todos los peruanos.
Aquí pasa algo muy grave. Hemos visto un Informe Carbone que esconde lo que realmente está pasando, sin mencionar el resto de nombres de funcionarios vacunados ilegalmente. Tenemos un JNE fraudulento, tenemos un Poder Judicial y una Fiscalía de la Nación que se mantienen inertes. ¿Qué se puede hacer con esta mafia?
Usted tiene toda la razón; estamos en manos de una mafia concertada. No es casualidad que este sujeto de apellido Salas Arenas esté presidiendo el JNE y con su voto dirimente ejecutando un fraude que sigue evidente y notorio. Eso ya lo hemos visto todos los peruanos y lo mismo con estas reuniones de las fiscales con Vizcarra y lo que usted acaba de señalar no hay necesidad de repetirlo, porque todos lo sabemos. Eso es lo que está pasando ahora en el Perú, pero tenemos que librar la batalla, no hay otra forma. La batalla a través de los medios, pero que se presten a dar la batalla, porque hay muchos que están amarrados. La batalla a través de estas elecciones que van a ser fraudulentas y tenemos que ver la forma de neutralizar todas las maniobras que están haciendo para eliminar candidatos. Por ejemplo, esta acusación que le hacen a Rafael López Aliaga es absolutamente risible, que por decir que va a renunciar a su sueldo está dando una dadiva y lo tienen que quitar de la carrera como lo hicieron conmigo, de manera absolutamente ilegal y fraudulenta.
¿Usted ha visto algo similar en años anteriores en el JNE?
Yo lo he visto en 1995. Cómo Fujimori manipuló desde el poder al JNE, y esa elección él la ganó porque estaba muy temeroso de perderla e hicieron una serie de maniobras. Eso me consta porque el Consejo por la Paz como organismo observador electoral fue eliminado de las elecciones de manera totalmente ilegal. En el JNE ha habido siempre manejos, como lo he visto en el año 85 y como me lo hicieron a mí personalmente con un fraude escandaloso en el recuento de los votos preferenciales. Siempre ha habido manejos en el Jurado, pero lo de ahora es escandaloso y a Rafael López Aliaga también se lo quieren bajar porque los caviares saben que, si Rafael llega a ganar las elecciones, no van a seguir contando con las gollerías, los abusos, las prebendas y todo el dinero que está recibiendo del Estado toda esta gente por asesorías. Acá hay un juego perverso de orden económico, político e ideológico.
Hace un momento usted mencionó a los medios ¿En décadas pasadas, los medios siempre fueron serviles y voceros de los gobiernos de turno?
Había manejo también, pero no en el grado que se ha llegado ahora. Siempre ha habido corrupción, siempre ha habido manejo, pero el grado de ver cómo ahora pueden ser manipulados, es una cosa que yo nunca había visto antes… no tiene precedentes.
¿Habrá alguna salida ante la falta de vacunas, el Congreso puede crear un Consejo de Estado para emitir una ley que autorice la compra urgente de vacunas en manos del empresariado?
Yo creo que sí. El Congreso, debería actuar de inmediato. Ha dado una serie de leyes populistas sin sustento, pero, ahora no sé por qué no se están moviendo, porque este es el momento en que deben actuar. Será que se rige de posiciones ideológicas manipuladoras y de cobertura, que es posible que el negociado que hay con Sinopharm evite que los peruanos podamos tener las vacunas.
¿Usted cree que esa inacción que tiene el Legislativo ante las vacunas, tenga que ver con su presidenta Mirtha Vásquez?
Por supuesto. Allí hay una alianza de todos los sectores de la izquierda marxista peruana que están manejando el poder a su antojo, en todos los niveles y ciertamente, tienen que solidarizarse con la posición ideológica Sagasti.
Para terminar ¿Ha habido algún avance o impulso a la agricultura desde los mandatos de PPK, Vizcarra y Sagasti?
Cero. Yo soy exportador de quinua, soy el pionero de la producción de quinua en el Perú. Trabajo en Puno y en otros lugares de la sierra desde hace 35 años y le puedo decir que el apoyo es cero. Se necesita una reforma del Banco Agrario y de Agrobanco, para que por lo menos en la campaña de la sierra de este año, haya aclimatación, semilla fortificada y luego se requiere capacitación y asistencia técnica para que no disminuya la productividad del campo. Hay muchísimo por hacer en un país tan rico como el Perú y con tan enorme potencial y tan mal explotado, entre otras razones, porque se requiere el apoyo del Estado, no para que intervenga, sino, para que pueda subsidiar realmente en áreas fundamentales, como las que acabo de señalar.
Política
Mineros informales amenazan con romper diálogo si el Gobierno no cede a sus reclamos
Mineros pretenden imponer sus condiciones, caso contrario anuncian nuevas protestas en el país.
Más de 50 personas fallecidas a causa de la minería informal, pero eso no es suficiente para muchos mineros informales que se encuentran camuflados entre algunos mineros artesanales. Para ellos, lo único que interesa es el oro, quedando en un segundo plano el derramamiento de sangre.
Pasadas las once de la mañana de hoy, los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Federaciones Mineras del Perú (Confemin) ingresaron al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para sostener la cuarta mesa de diálogo con el premier Eduardo Arana y otras altas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo.
En la importante reunión también estuvieron presentes Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), así como el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, y la exvicepresidenta de dicho grupo de trabajo, Diana Gonzales.
Este importante grupo de mineros pretende doblegar al Gobierno Central para que flexibilice los plazos para regular el uso de explosivos durante la extracción del oro, caso contrario abandonarán cualquier tipo de negociación.
El detonante es el Decreto Supremo 09-2025-EM, que exige a los mineros informales obtener autorización para el uso de explosivos antes del 17 de agosto. Según Confemin, este plazo es “técnicamente inviable” y dejaría fuera del proceso a miles de trabajadores.
Previamente, Máximo Franco Béquer, presidente de Confemin, criticó que el Ejecutivo haya ignorado las observaciones planteadas en mesas técnicas y subcomisiones. Según el dirigente, hubo consenso en que los plazos eran imposibles de cumplir, pero hasta ahora no se ha hecho ningún cambio normativo.
“Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, afirmó Ismael Palomino, coordinador nacional de Confemin. La paciencia se agota, y los gremios ya alistan acciones si el Ejecutivo mantiene la fecha límite actual.
El problema no solo afecta a quienes no han podido avanzar con la formalización. También golpea a los más de 50 mil mineros que ya fueron excluidos del Reinfo, profundizando la percepción de que el proceso está mal diseñado y genera más informalidad en lugar de reducirla.
El dato:
Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que más del 50% de los conflictos sociales en el país están vinculados a la minería, especialmente a la informal y artesanal.
Política
Perú evalúa retirarse de la Corte IDH: ¿defensa de soberanía o retroceso institucional? [VIDEO]
El Gobierno inició el análisis técnico para definir si el Perú debe continuar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en medio de presiones políticas y cuestionamientos al rol del organismo adscrito a la OEA.
El Gobierno peruano ha iniciado una revisión formal sobre su continuidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según confirmó el ministro de Justicia, Juan Alcántara. La evaluación está siendo desarrollada por un equipo técnico conjunto entre el Ministerio de Justicia y la Cancillería, aunque aún no se ha definido una fecha para presentar conclusiones ni decisiones oficiales.
Esta revisión se produce en un contexto de creciente tensión entre el Estado peruano y el organismo internacional, tras las recientes observaciones de la Corte sobre el proyecto de ley que busca otorgar una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa por acciones realizadas en el contexto del terrorismo de dos grupos subversivos entre 1980 y 2000. Aunque el proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, la Corte solicitó detener su avance, lo que provocó la inmediata reacción del Ejecutivo.
Para el canciller Elmer Schialer, esta intervención es una extralimitación. “Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte IDH es un gobierno supranacional?”, cuestionó en declaraciones a la prensa. La posición fue reforzada por sectores políticos, como el congresista José Cueto, quien reiteró su respaldo al retiro del Perú del sistema interamericano, al considerar que este vulnera la soberanía nacional.
No obstante, más allá del debate coyuntural, surge una pregunta de fondo: ¿ha sido favorable para el Perú mantener su participación en la Corte IDH?
Durante las últimas décadas, la Corte ha sido clave en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, donde se reconocieron violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. Estos fallos contribuyeron a fortalecer la rendición de cuentas y a consolidar una institucionalidad más respetuosa de los derechos fundamentales. Sin embargo, también ha habido momentos en que sus decisiones han generado fricciones con autoridades nacionales, especialmente en asuntos vinculados a las Fuerzas Armadas y la lucha contra el terrorismo.
El dilema, por tanto, no se reduce a obedecer o no a una corte externa, sino a equilibrar el respeto a la soberanía con el compromiso internacional del país en materia de derechos humanos. Retirarse de la Corte IDH también podría enviar un mensaje preocupante sobre el retroceso en estos compromisos, especialmente en un contexto donde las instituciones democráticas ya enfrentan desafíos serios.
El debate está abierto, y su desenlace tendrá implicancias profundas en la política exterior y la salud institucional del país.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) August 1, 2025
Juan Alcántara, ministro de Justicia: Se está evaluando la salida de la Corte IDH, cuando tengamos el resultado del equipo técnico se dirá si es conveniente o no
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Política
Solicitan vacancia de Gino Ríos en la JNJ por sentencias por violencia familiar
Parlamentaria Flor Pablo presentó formalmente una solicitud de vacancia contra el magistrado Gino Ríos “por carecer de idoneidad moral como exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, manifestó.
La permanencia de Gino Ríos Patio en la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido cuestionada por la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, quien ha solicitado formalmente su vacancia por falta de idoneidad moral, citando como fundamento dos sentencias firmes en su contra por violencia psicológica.
La solicitud fue presentada oficialmente mediante un oficio ante la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, según se informó a través de las redes sociales de la parlamentaria. En su pronunciamiento, Flor Pablo exigió a la JNJ actuar con celeridad, argumentando que un funcionario con antecedentes por violencia familiar no puede mantenerse en un cargo desde el cual se nombran jueces y fiscales, particularmente aquellos vinculados a la justicia de familia.
“Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando jueces y fiscales. He presentado una solicitud de vacancia contra Gino Ríos por carecer de la idoneidad moral que exige la ley para integrar, y menos aún presidir, la JNJ”, expresó la congresista en la red social X.
La parlamentaria recordó que las sentencias contra Ríos Patio se emitieron en el marco de un proceso de divorcio y una denuncia por violencia familiar, ambos con resolución firme. Bajo este contexto, insistió en que la ley es clara respecto a los requisitos éticos que deben cumplir los miembros de la JNJ, entidad clave para el sistema de justicia del país.
En su oficio formal, identificado como n.° 875-2025-2026-FPM-CR, Pablo sostiene que se cumplen plenamente las causales establecidas en el artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que contempla la vacancia por pérdida de idoneidad moral. Además, consideró que ignorar estas causales podría debilitar gravemente la credibilidad institucional de la JNJ.
La congresista también solicitó ser notificada de los descargos y pruebas que pueda presentar el señor Ríos, para ejercer su derecho a rebatir cualquier alegación que busque invalidar la solicitud.
Con esta petición, se reabre el debate sobre los criterios éticos y la responsabilidad institucional en los altos cargos del sistema judicial, y se pone a prueba la disposición de la JNJ para aplicar con firmeza su propia normativa interna.
Política
Fiscalía Anticorrupción allana gestión de César Acuña en La Libertad
César Acuña tomó vacaciones y el Ministerio Público intervino las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad por presuntas irregularidades en contratos de obras valorizadas en S/ 300 millones.
Mientras el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, se encuentra nuevamente fuera del cargo por vacaciones hasta el 9 de agosto —sumando ya 145 días de ausencia en lo que va del año—, el Ministerio Público ha iniciado una diligencia clave para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de dos obras públicas por casi S/ 300 millones.
La Fiscalía Anticorrupción intervino esta semana las oficinas del Gobierno Regional de La Libertad, incautando documentos relacionados con los contratos observados. Durante más de dos horas, los fiscales se reunieron con funcionarios para recoger información administrativa y escuchar los primeros descargos. El objetivo: determinar si los procesos de licitación se ajustaron de acuerdo a ley o si, por el contrario, existieron prácticas que podrían configurar presuntos delitos de corrupción.
Desde la administración regional se ha insistido en que los procedimientos fueron legales. El gerente general, Martín Namay Valderrama, aseguró que el control posterior —responsabilidad de la Contraloría— permitirá verificar la autenticidad de los documentos presentados por las empresas contratistas. Además, afirmó que la gestión regional viene colaborando con la Fiscalía y ha puesto a disposición toda la información solicitada.
Sin embargo, la investigación no se detiene en La Libertad. El consejero regional Robert de la Cruz encendió las alarmas al señalar que la empresa ganadora de las obras también ha sido beneficiada con millonarios contratos en otras regiones gobernadas por autoridades cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña Peralta. Particularmente, mencionó Ayacucho, donde el gobernador Wilfredo Oscorima —otro aliado político de APP— ha adjudicado proyectos millonarios a la misma compañía.
Estas coincidencias, según De la Cruz, no pueden ser ignoradas y exigen una revisión más amplia del patrón de contrataciones públicas dentro de regiones dirigidas por el partido apepista. Advirtió posibles conflictos de interés y solicitó una investigación profunda, no solo desde el ámbito judicial, sino también político.
Acuña Peralta, por su parte, rechazó las acusaciones a través de redes sociales y sostuvo que su gestión se rige por principios de legalidad y transparencia. Pero su prolongada ausencia en momentos clave y la repetición de contratistas bajo su entorno partidario dejan más preguntas que respuestas.
Política
Bancada de Somos Perú ahora tiene 10 miembros tras la integración de Paul Gutiérrez
Parlamentario en este quinquenio ha pasado por cuatro bancadas.
El congresista ‘golondrino’. El parlamentario por la región Apurímac, Paul Gutiérrez Ticona, bien podría ser calificado como el típico legislador sin bandera ni ideología definida, pues desde que se estableció este Parlamento en el 2021 inició con Perú Libre para luego conformar la bancada del Juntos por el Perú, tiempo después representaba los colores del Bloque Magisterial, y tras la disolución de esta última ahora anuncia su inserción a Somos Perú.
Con la incorporación de Gutiérrez Ticona a Somos Perú, la bancada del actual presidente del Congreso, José Jerí, alcanzó los 10 integrantes. Antes de las elecciones a la Mesa Directiva 2025-2026, se incorporaron a esta bancada los congresistas Alex Paredes, Elizabeth Medina y Óscar Zea, quienes también dejaron el desintegrado Bloque Magisterial.
De esta manera, los integrantes de la bancada de Somos Perú suman 10 representantes: Alfredo Azurín Loayza, Paul Gutiérrez Ticona, José Jerí Oré, Elizabeth Medina Hermosilla, Jorge Morante Figari, Alex Paredes Gonzales, Bernando Pazo Nunura, Héctor Valer Pinto, Óscar Zea Choquechambi y Ana Zegarra Saboya.
Con este nuevo cambio la conformación de los grupos parlamentarios ha quedado de la siguiente manera: Fuerza Popular continúa siendo la bancada con más integrantes, teniendo a 21; le sigue Alianza para el Progreso con 17; detrás de ellos está Podemos Perú con 13; Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Perú Libre y Renovación Popular tienen 11 legisladores; Somos Perú con 10; Acción Popular con 9; Avanza País con 6; Bancada Socialista, Bloque Popular Democrático, Honor y Democracia cuentan con 5 integrantes cada uno; finalmente los no agrupados suman 6.
El dato:
En febrero de 2025, la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionarlo con una amonestación escrita pública. Se le señalaba por incluir respuestas generadas por ChatGPT en al menos cinco proyectos de ley sin edición ni revisión adecuada, lo cual fue considerado un “descuidado uso de la inteligencia artificial”, aunque no se estableció plagio formal.
Luego de investigaciones periodísticas, Gutiérrez retiró los proyectos cuestionados. Reconoció que fue un asesor quien copió y pegó las respuestas de IA y afirmó que no supervisó los documentos antes de presentarlos oficialmente.
Política
Gobierno rechaza afirmaciones de López Aliaga y respalda al ministro Sandoval
La disputa por el proyecto ferroviario Caltrain aviva el enfrentamiento entre el MTC y la Municipalidad de Lima. La mandataria Dina Boluarte apoya al ministro César Sandoval y deslegitima las acusaciones del alcalde Rafael López Aliaga, profundizando la confrontación política.
La reciente controversia por el proyecto del Tren Lima-Chosica ha desnudado algo más que una discrepancia técnica. Ha puesto en evidencia un enfrentamiento político entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por César Sandoval, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga. Lo que podría haber sido un debate técnico sobre movilidad urbana, terminó convertido en un intercambio de acusaciones que refleja la descoordinación entre niveles de gobierno.
El punto más álgido se produjo cuando el alcalde de Lima acusó al ministro Sandoval de intentar apropiarse del material rodante del tren con supuestos fines irregulares. Incluso fue más allá, al insinuar que el ministro había buscado respaldo político para acceder al cargo, encendiendo así una chispa que rápidamente escaló.
La respuesta no se hizo esperar. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) difundió un comunicado categórico respaldando a Sandoval y condenando lo que calificó como “lamentables expresiones” del burgomaestre. En el documento, se destaca que el titular del MTC actúa con criterios técnicos y en busca de soluciones sostenibles para el sistema de transporte, mientras se lamenta el deterioro de la coordinación interinstitucional.
Detrás del lenguaje diplomático, sin embargo, se percibe una preocupación legítima. El enfrentamiento entre dos figuras clave en la gestión de infraestructura pública pone en jaque proyectos urgentes como el tren Lima-Chosica, vital para aliviar el caos vehicular de la capital. Lejos de fomentar consensos, ambos actores han optado por el enfrentamiento público, arrastrando consigo el riesgo de paralización de obras necesarias.
El ministro Sandoval, por su parte, agradeció públicamente el respaldo de la PCM, reiterando su compromiso con cerrar brechas sociales y trabajar con gobiernos locales.
Pero ese llamado al diálogo llega después del ruido mediático, y en medio de una narrativa de poder en la que cada parte institucional parece más interesada en marcar territorio que en coordinar esfuerzos.
Más allá de quién tenga la razón técnica, lo cierto es que esta disputa política revela la fragilidad de la articulación institucional en el país. En un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas al colapso del transporte, la confrontación parece ser, una vez más, el camino elegido.
Política
Mañana el Congreso decide si autoriza viaje de Dina Boluarte a Asia
Permiso de mandataria para salir del país el próximo martes con destino a Japón e Indonesia será debatido este 1 de agosto en el pleno del Congreso.
El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se pondrá a debate en el Pleno el nuevo pedido de autorización presentado por el Ejecutivo para que la mandataria Dina Boluarte pueda ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con destino a Japón e Indonesia.
La solicitud, registrada en el Proyecto de Resolución Legislativa N° 11986/2025-PE, fue remitida al Parlamento el 29 de julio. Según se detalla, la jefa de Estado ha sido invitada por el Gobierno japonés a participar en la Exposición Universal ‘Osaka Kansai 2025’, evento que se celebrará el 9 de agosto en la ciudad de Osaka. Además, está programada una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, y una audiencia con el emperador Naruhito.
Posteriormente, Boluarte planea trasladarse a Indonesia, donde el 11 de agosto asistiría a las actividades oficiales por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. La visita, de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, tendría carácter de “Visita de Estado”.
Aunque la solicitud cumple con los procedimientos constitucionales, el titular del Congreso expresó ciertas reservas. Jerí lamentó que la presidenta no haya enviado aún las iniciativas legislativas anunciadas durante su reciente mensaje a la Nación, como la propuesta de ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal.
“Creo mucho en la política de los detalles. Hubiera sido más oportuno que, junto con el pedido de autorización, llegaran también los proyectos que prometió. Eso habría sido un gesto distinto”, comentó Jerí. También reconoció que parte de la ciudadanía cuestiona la frecuencia de los viajes presidenciales y percibe una falta de atención a temas prioritarios del país.
El Congreso definirá este viernes si autoriza el desplazamiento internacional de la mandataria, en un contexto en el que se exige mayor coherencia entre los anuncios del Ejecutivo y sus acciones.
Política
Piden a la fiscal de la Nación investigar a López Aliaga por presunta compra encubierta de trenes
El congresista Pasión Dávila pidió a la Fiscalía abrir una investigación preliminar contra el alcalde de Lima y funcionarios de la MML, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, malversación, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica.
La adquisición de trenes por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha entrado en una fase crítica de cuestionamiento. Lo que inicialmente fue presentado como una generosa donación por parte de la empresa ferroviaria estadounidense Caltrain, ahora es objeto de sospecha y denuncia formal ante la Fiscalía de la Nación.
El congresista Pasión Dávila Atanacio, de la Bancada Socialista, solicitó el 23 de julio que se inicie una investigación preliminar contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y funcionarios de la MML, por presuntos delitos que incluyen defraudación de renta de aduanas, malversación de fondos, colusión, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Según el parlamentario, no se trataría de una donación genuina, sino de una “compraventa encubierta”.
La solicitud enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, incluye el pedido expreso de que se cite como investigados tanto al burgomaestre como a los funcionarios responsables de la operación. Dávila advierte que la magnitud de los hechos amerita una investigación “exhaustiva e inmediata”, ante posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y declaraciones aduaneras.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la aparente contradicción entre la información entregada por Caltrain y la presentada por la MML. Mientras la empresa estadounidense consignó en su carta oficial de “donación” un valor de US$ 4.9 millones por el material ferroviario, la Municipalidad registró el mismo proceso con un valor inflado de S/822 millones, bajo el concepto de “valor técnico patrimonial”.
Además, Dávila Atanacio indica que existen actas del Comité Consultivo de Ciudadanos de Caltrain, fechadas el 15 de enero de 2025, en las que se hace referencia explícita a una “venta” de locomotoras, no a una donación. También se sostiene que el material fue parte de un proceso de retiro de flota diésel y había sido previamente puesto en venta pública por la empresa.
La denuncia también incluye la posible existencia de pagos no declarados. Por su parte, el exministro Rafael Rey habría afirmado que la MML transfirió más de US$ 7 millones a Caltrain, contradiciendo el discurso oficial sobre la gratuidad de la operación.
Frente a estos indicios, surgen preguntas que la municipalidad metropolitana liderada por López Aliaga aún no ha respondido con claridad: ¿hubo realmente una donación sin condiciones? ¿Por qué no se hizo pública toda la documentación? ¿Y por qué el valor declarado varía tanto según la fuente?
Por ahora, el caso avanza hacia el Ministerio Público, mientras las dudas sobre la transparencia del proceso siguen creciendo.
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