La historia del loco y el profesor chiflado continúa. Ni un buen tiempo dentro de prisión le ha motivado al líder etnocacerista, Antauro Humala, que cambio de mentalidad, al contrario, parece estar más convencido que nunca que lo más conveniente para todos los peruanos es su postura nacionalista, a pesar de encontrarse congelada en el tiempo.

El también autodenominado líder del movimiento político A.N.T.A.U.R.O. volvió a manifestar que de llegar a ganar las próximas elecciones presidenciales previstas para el año 2026, otorgaría un indulto al ex presidente golpista Pedro Castillo, quien en la actualidad se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo investigado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su escueto gobierno.

Dicho anuncio de Antauro Humala, para variar, ha vuelto a generar controversia ya que el ex mandatario se encuentra bajo prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones de la Fiscalía.

Asimismo, el líder etnocacerista, también hizo referencia a su intención de impartir una “lección moral” a la izquierda peruana, indicando que el nacionalismo les enseñará a gobernar el país, destacando la “amabilidad” de los militantes de su partido hacia la izquierda personificada por el ex mandatario.

Cabe recordar que Antauro Humala, quien cumplió condena de 15 años por el caso ‘Andahuaylazo’, el año pasado había ya manifestado que una de sus primeras medidas como presidente de la República sería la de indultar a Castillo Terrones.

En aquella ocasión afirmó que, pese a que en el Gobierno del ‘profesor’ no le dieron la libertad, él sí lo haría para darle una lección moral. Sin embargo, el etnocacerista aseveró que no le debe nada al ex gobernador golpista.

Indulto no procedería ya que Castillo es un procesado y no sentenciado

Al respecto, el indulto es aquella facultad presidencial para disponer el perdón de las sanciones penales. En dicha medida, no aplica para procesados sino para sujetos con una sentencia condenatoria en su contra. Ahora bien, el indulto no anula la condición de culpable del favorecido, como sí ocurre en el caso de las amnistías otorgadas por el Congreso, sino que únicamente impide la ejecución de la sanción, esto es, la pena privativa de libertad.

En nuestro país se han emitido leyes que limitan la facultad del presidente de la República para conceder el indulto y el derecho de gracia. Entre ellas podemos destacar la Ley N° 26478, que excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado; el Decreto Legislativo N° 1181, que prohíbe el derecho de gracia, amnistía, indulto y conmutación de pena para los actores del delito de sicariato; y, la Ley N° 28704, que prohíbe la concesión de gracias presidenciales para los autores de los delitos de violación sexual de menores de edad y violación de estos seguida de muerte o lesiones graves.

Asimismo, siguiendo lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos tampoco es admisible la concesión de indultos.

Carlos Marina acusó el año pasado a la congresista Magaly Ruiz por apropiarse de un porcentaje de su sueldo cuando trabajaba en el Congreso. En tanto, la Fiscalía de la Nación denunció a la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) y obtuvo los audios, los cuales la incriminarían en los presuntos delitos de concusión y colusión agravada.

Asimismo, Johnny Fabián Romero Nima, quien habría sido la persona en recibir el dinero de algunos trabajadores, también está siendo investigado por el presunto delito de concusión. Precisamente, Romero fue quien reveló que el fiscal Richard Rojas le pidió dinero en dólares y cargos en el Congreso para sus dos hermanos a la legisladora por archivar el caso.

Dos audios argumentan la denuncia del Ministerio Público y complicarían la situación de Magaly Ruiz.

Los audios son altamente incriminadores

En el primer audio se escucha una conversación con su hijo Jeffrey Rahim Marrufo Ruiz, donde se habla de Camila Mantilla Heredia, con quien mantenía una relación sentimental y trabajó en el Parlamento desde febrero de 2022 hasta marzo de 2023.

Magaly Ruiz le menciona que existen partes que “la perjudican”.

“Camila le ha contado a una chica, dice que a mí me daba plata mensualmente y le ha dicho, aquí según dice acá que lo ha cambiado una tarjeta […] eso es cárcel hijo. Entonces, son dichos, pero pa’ desmentir eso solamente necesito ahorita una cosa y no sé cómo lo puedes decir. Necesito que saque un estado de cuenta del número de tarjeta que sacó”, se lee en la transcripción que sería la parlamentaria.

Marrufo Ruiz confundido le menciona que “no entiende”, pero la legisladora le insiste que se debe “negar” todo y le pide que “mienta”:

“Estoy en sus manos. Estoy cambiando de abogado, estoy cambiando, estoy haciendo todo, pero me han dado el abogado este de acá y yo recién acabo de llegar a la casa y me avergüenza tu papá, lo encuentro todo molesto y yo no encuentro a nadie con quien conversar, no encuentro a nadie, pero no quiero escribirle también a Camila porque mi número de teléfono no vaya a estar intervenido, pero tengo miedo también que a ella le estén interviniendo su número, pero necesito que ella saque un estado de cuenta de su tarjeta, ella sabe, solamente eso me va a tener tranquila, si está todo bien eso tengo una salvación, sino que ella no, parece que lo conversó con alguien”, palabras Magaly Ruiz.

Entonces su hijo pregunta cuál es la situación que enfrentaría su enamorada Camila por estos actos, pero la congresista le niega que esté comprometida en la investigación.

“La cosa es que corroboren que ella diga sí. Si es cierto, eso me daría cárcel a mí. Tengo que contarle a tu papá, me da miedo [sollozos]. Por eso yo quiero estar segura, estoy un poco nerviosa sí […]”, manifiesta.

“O sea, quieres que le diga a Camila que te pase su estado de cuenta y que, si es que la llaman o algo para que declare que mienta”, le responde su hijo Jeffrey.

Otro audio compromete a Magaly Ruiz

En otro audio, la congresista vuelve a pedir el apoyo de su hijo y le asegura que no será incluida en otra investigación, debido a que la joven está en otro proceso sobre un presunto delito de tráfico de influencias por laborar con ella, a pesar de su vínculo.

“[…] mi caso no tiene nada que ver con ella, no tiene nada que ver, o sea, no lo relacionan conmigo con ella, es un caso que a ella solamente la investigan, donde ya se han olvidado, es porque yo le he dado trabajo, porque es tu enamorada y dicen que hay tráfico de influencias, y tampoco no hay tráfico de influencias hijo, porque ustedes no son casados no son nada […]”, indicó Ruiz.

La legisladora pretendía que los trabajadores que eran citados por el Ministerio Público solo hablen del caso conocido como ‘mochasueldo’, pero no del vínculo con Camila.

“[…] pero yo no, mientras yo lo trato de ayudar, no vaya a meter ella la pata… porque yo estoy segura de que le van a preguntar, pero ya han preguntado a Recursos Humano, porque yo le decía cómo vas a bloquear si le preguntan por su certificado, (ininteligible) yo sé cómo bloquearlo me dice”, responde la congresista.

Cada vez más, las explicaciones de la presidenta de la Republica Dina Boluarte, se hacen menos creíbles.

Desde que se reveló el escándalo del caso Rolex que la involucra a ella y al Gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por un presunto enriquecimiento ilícito; desde un principio la mandataria optó por el silencio y finalmente, tras salir de su visita a la Fiscalía, aseguró que las joyas que exhibía en eventos oficiales se trataban de un “préstamo” de su “wayki” Oscorima. Evidentemente, la población no le creyó ni una sola palabra.

En ese sentido, la mandataria señaló que desde su gobierno no trabajan para las encuestas, esto luego que en una última encuesta de Datum se revelara que su aprobación ante la ciudadanía cayó a 7%, siendo la cifra más baja que se registró en su gestión y la que, en los últimos 20 años, obtuvo un jefe de Estado.

Además, el sondeo arrojó que apenas un 4% de peruanos ha afirmado creer la historia que la mandataria brindó en un Mensaje a la Nación, tras haber declarado ante la Fiscalía de la Nación, el pasado 5 de abril.

Frente a esta mínima cifra de credibilidad, el porcentaje de personas que no le creen a la mandataria es aplastante. Con un 92% del total de peruanos encuestados, Datum indica que la presidenta ya no cuenta con la capacidad de hacer que la ciudadanía le otorgue algo de confianza.

Sin embargo, ella no acepta su desaprobación y responde:

“Desde el Gobierno les decimos: no trabajamos para las encuestas, donde nos dicen que estamos en el 9%, 10%. Nosotros estamos trabajando para que podamos desarrollar el país y ahí le ponemos la plata, no para pagar a las encuestadoras. La ponemos para los emprendedores”, increpó la presidenta Boluarte Zegarra.

Estas declaraciones las brindó desde Palacio de Gobierno al cierre de la premiación a los ganadores del programa ProInnóvate, que impulsa la innovación y apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, sostuvo que su gobierno es “de hechos y no de palabras”; y remarcó que “no se van a distraer en temas menores”.

“Somos un Gobierno de hechos y no de falsas esperanzas. Donde antes había olvido, hoy hay atención. Donde antes había desidia, hoy hay coraje y firmeza. Donde antes había corrupción, hoy estamos sacando a los corruptos, y por eso tenemos las broncas allá afuera, pero no les tenemos miedo, seguiremos avanzando”, enfatizó la mandataria.

Nuevamente fuera. El Tribunal Constitucional (TC) suspendió la medida cautelar del Poder Judicial (PJ) y restablece la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello de sus funciones como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En la resolución se declara fundada en parte la solicitud del Congreso de la República.

“Lo que estamos diciendo es que esta medida cautelar que emitió esta sala queda en suspenso porque hay una apelación en el proceso de amparo. Hasta que la sala constitucional y social de la Corte Suprema de la República defina la situación de esa apelación, puede confirmar la medida cautelar, en cuyo caso quedará vigente”, explicó el magistrado César Ochoa, en entrevista con RPP.

Indicó, además, que la medida cautelar entrará en vigencia apenas la resolución sea publicada. “He tenido que hacer el anuncio debido a esta desinformación que se ha generado en los medios”, precisó.

Por otro lado, negó que se esté violando el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que impide a cualquier autoridad interferir con los procesos judiciales en cursos.

“Eso será entre órganos de una misma jerarquía, pero no entre un órgano supremo que está ejerciendo control de competencias. Además, nosotros no hemos anulado, hemos dicho se suspende los efectos de esa medida cautelar, en tanto la Corte Suprema, a través de la sala, se pronuncie al respecto”, argumentó.

En contraposición, el abogado constitucionalista Omar Cairo, dijo que “lo que debe quedar es un error manifiesto del TC, que quedará como una decisión declarativa sin ninguna consecuencia”.

“Yo no creo que el Poder Judicial se doblegue para permitir que la resolución, número 3, que no es parte del competencial, haya sido rota por el Tribunal Constitucional. (…)”, mencionó en diálogo con el mismo medio.

Presidente del Congreso a favor de decisión del TC

Al respecto, a través de sus redes sociales, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, saludó el pronunciamiento del TC que ratifica la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.

“El pronunciamiento del TC ratifica la decisión legal y constitucional del Pleno de inhabilitar a los señores Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ. Seguiré defendiendo al Congreso de la República en pleno respeto a la separación de poderes”, escribió Soto Reyes en su cuenta de X.

Según la tesis de la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, el abogado Óscar Nieves habría sobornado con dinero al fiscal supremo provisional Marco Huamán, así como a los exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, para que algunas denuncias sean archivadas.

Nieves habría ofrecido, una “buena cantidad de dinero” para que se archive la denuncia contra Camilo Peirano Blondet, por lavado de activos. En esa línea, habrían buscado aprovechar la relación de amistad que el “filosofo” mantenía con Rafael Vela Barba, fiscal coordinador repuesto en la Fiscalía de Lavado de Activos.

Según la investigación, Vela Barba, habría solicitado información al despacho del fiscal Carlos Puma Quispe, quien tenía a cargo el caso contra Peirano Blondet.

Óscar Nieves habría ofrecido dinero para que se archive denuncia contra Camilo Peirano Blondet, por lavado de activos.

¿Quién es Camilo Peirano Blondet?

Camilo Peirano Blondet de 46 años, es hijo de los exministros de Cultura, Luis Peirano Falconi y de la Mujer, Cecilia Blondet Montero. Este señor en años anteriores hacía gala de ser uno de los empresarios jóvenes más exitosos; sin embargo, ‘las perlas’ de su supuesto éxito financiero fueron saliendo a la luz a poco a poco.

Camilo Blondet en su faceta con la pesca.

Sentenciado por violación sexual

Camilo Peirano cuando era más joven, fue denunciado por el delito de violación sexual, según consta en el atestado Nº 78-JAP-16-CLM-SEINCRI, el 17 de junio del año 2000 de la Comisaría de La Molina. No obstante, la agresión sexual ocurrió el 15 de junio; es decir, dos días antes de interponer la denuncia policial.

Gracias a declaraciones de testigos presenciales y los informes médico-legales que certificaron la violación que cometió el ex profesor de la academia Trener, Camilo Peirano Blondet, contra una alumna suya menor de 17 años; luego de doparla con una droga somnífera y abusar de ella cuando se encontraba en estado inconsciente, el caso siguió su traslado. En aquella, época su abogado fue José Ugaz, amigo de su madre Cecilia Blondet, (ambos directivos de la ONG Proética). 

Posteriormente, pasadas algunas semanas el 11 de julio, el fiscal suplente Alindor Astocóndor Fuertes, de la 14º Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita formalizó denuncia penal contra Peirano Blondet, en la modalidad de violación sexual de la persona en estado de inconsciencia, o en la imposibilidad de ofrecer resistencia.

Luego, el 31 de julio del año 2001 se emitió la resolución del 25º Juzgado Penal, que despachaba la jueza Abigail Culquicocha, que mediante el control de acusación abrió juicio penal contra el agresor sexual y tras cinco años, el 20 de setiembre de 2006, el fiscal Delbo Rodríguez Ticona emitió el dictamen pidiendo que a Peirano Blondet se le imponga siete años de prisión. En noviembre de 2006, el juez del Quinto Juzgado Penal de Lima declaró fundada la denuncia y sentenció al acusado a una pena de tres años de prisión suspendida. Esta sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia.

Según el doctor Pedro Coello Rivera, abogado defensor de la víctima de violación, en la evaluación hecha por los peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, contenida en el protocolo de pericia sicológica 060-2000 del 19 de diciembre del 2000, “estamos frente a un sujeto manipulador y deshonesto, capaz de cometer el acto criminal agravado por el cual se encuentra procesado”.

Asimismo, en su alegato indicó que “Ante la sociedad se trata de un sujeto potencialmente peligroso, porque la pericia expresa que ‘tiene dificultad en controlar su conducta agresiva’, lo cual “explica la conducta salvaje que evidenció frente a su indefensa víctima al consumar la agresión sexual el 15 de junio del 2000, en una persona que normalmente debía ser defendida y protegida por cuanto era alumna suya”.

En diciembre de 2008, la congresista aprista, Olga Cribilleros Shigihara, en su calidad de Vice Presidenta de la Comisión de la Mujer, pidió la presencia, ante la comisión congresal, de la señora Cecilia Blondet, exministra de la Mujer, para que explique y permita esclarecer si existió o no, injerencia suya en el proceso judicial por violación sexual que se le seguía a su hijo, Camilo Peirano Blondet, con la finalidad de favorecerlo. En el documento del Congreso al cual tuvimos acceso, se puede leer:

“Es importante que la señora Cecilia Blondet explique por qué no asumió una actitud firme frente al caso de violación de una estudiante en el cual se vio implicado su hijo, ya que dicho proceso se encontraba en marcha, incluso cuando ella ejercía el cargo de ministra del entonces PROMUDEH, y además en esas fechas registró una inusitada dilación. Este proceso judicial, de acuerdo a la información recibida, ha tenido una serie de marchas y contramarchas que sólo han perjudicado a la víctima y a su familia, las cuales se atribuyen a supuestas presiones que ella habría ejercido”, expresó la congresista Olga Cribilleros.

La parlamentaria añadió, que la presencia de la señora Cecilia Blondet era importante porque permitiría esclarecer la situación. “Entiendo que la situación es penosa para la señora Blondet, ya que se trata de su propio hijo; sin embargo, en su calidad de ministra del PROMUDEH ella debió adoptar una posición firme para salvaguardar los derechos de la víctima, quién cuando sucedieron los hechos era una menor de edad”, concluyó.

Fuente: Congreso de la República.

Poder Juficial ordenó 15 meses de prisión contra Camilo Peirano Blondet por narcotráfico

Camilo Peirano Blondet también estuvo involucrado en un delicado caso de tráfico ilícito de drogas y durante los primeros días de junio de 2019, el Poder Judicial (PJ) ordenó que cumpla quince meses en prisión de manera preventiva.

En este caso, según las autoridades judiciales, el “empresario pesquero” Peirano Blondet habría intentado enviar más de una tonelada (1291 kilos) de cocaína a Europa, el 17 de marzo de 2017. La droga estaba camuflada en un cargamento de pota de exportación en el interior del depósito temporal TRAMARSA, en el puerto del Callao y tenía como destino final Bélgica. 

General PNP Héctor Loayza Arrieta, director de la Dirandro, mostrando la droga incautada en Tramarsa.

Según la Primera Fiscalía Antidrogas del Callao, Camilo Peirano, habría estado detrás del envío del cargamento ilegal. La droga fue llevada a un fundo en Chancay donde funcionaba un frigorífico. En ese lugar se acondicionó la cocaína con un embarque de Pota.

Según la Fiscalía, la droga con la pota salió de Chancay con rumbo a la empresa Superfish S.A.C de propiedad de Camilo Peirano Blondet y cuyo gerente financiero era su hermano Marcelo; la firma estaba ubicada en el Callao. La Fiscalía sostuvo que en la empresa de Peirano Blondet se colocó el embarque ilegal dentro de un container para sacarla rumbo a Bélgica, Europa.

El abogado de Camilo Peirano era nada menos que Julio Rodríguez y negó las imputaciones en contra de su cliente. Sin embargo; junto a Camilo Peirano, el Poder Judicial ordenó quince meses de prisión preventiva también contra Aldo Villacorta Lora, María Chumpitaz Nieto, David Rolando García Guerra y Fernando Alfredo Negrón Querzola.

Camilo Peirano se muestra nervioso en audiencia de prisión preventiva.

Por aquella época en junio de 2019, el semanario Hildebrandt en sus trece mencionó: “Antes de cumplir 30 años, el empresario pesquero Camilo Peirano Blondet ya tenía su propia empresa de exportación y vendía importantes cantidades de productos hidrobiológicos a Asia y Norteamérica. Peirano, hijo de los exministros Luis Peirano y Cecilia Blondet, levantó un holding empresarial cuya matriz, fundada el 2002, llamó “Superfish”. Sin duda, Camilo Peirano hubiese sido un ejemplo de emprendedor nato si la policía de Bélgica no hubiera descubierto 35 ladrillos de clorhidrato de cocaína escondidos en un contenedor que transportaba productos de una de las empresas vinculada a su grupo empresarial: “Villa de Oro Perú S.A.C.”. Aquel alijo, detectado en el 2015, fue la pista que finalmente terminó con la leyenda empresarial de Peirano, de 41 años, hoy preso preventivamente en un penal”.

Sobre este caso, la Corte Superior de Justicia del Callao el 11 de febrero de 2022 informó sobre la audiencia de careo que sostuvieron Camilo Peirano Blondet y el sentenciado Fernando Alfredo Negrón Querzola, quien se acogió a la terminación anticipada y cumplía una condena de siete años, respecto a los testimonios brindados por este último en la audiencia de prisión preventiva por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas que se realizó el 15 de agosto de 2018.

Alfredo Negròn Querzola.

La confrontación entre Peirano Blondet y Negrón Querzola fue intensa, y este último cara a cara confirmó a los magistrados del Tribunal, que Peirano Blondet le alquiló, con contrato de por medio, un local en Chancay para la instalación de una cámara de frío como centro de acopio y condicionamiento de la droga camuflada en los filetes de pota congelada, productos pertenecientes a la empresa “Villa de Oro SAC”, propiedad de Camilo Peirano Blondet. Negrón Querzola habló de todo y también reveló la participación de operadores colombianos en dicha operación y admitió que tenía conocimiento de lo que era el delito de tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, Camilo Peirano negó todo lo que declaró Negrón Querzola, y decía que no tenía ni vínculos amicales, ni laborales con el condenado. No obstante, se le acusó de crear una empresa fachada con la ayuda de sus trabajadores para que esta sirviera de plataforma en el ilegal envío de la droga camuflada en filetes de pota con destino a Bélgica y Estados Unidos, y el Ministerio Público solicitó 15 años de cárcel por el delito de narcotráfico.

Local de fachada de ‘Villa de Oro Perú’ y Supermaq ubicado en San Miguel.

En 2022 el Poder Juficial absuelve a Camilo Peirano Blondet de tráfico ilícito de drogas

En una audiencia virtual Camilo Peirano Blondet se defendía de Fernando Negrón Querzola, que lo incriminaba en el almacenamiento y traslado de 1 291 kilos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino Bélgica. Sin embargo, la sindicación del colaborador eficaz Negrón Querzola no sirvió para implicar en delito de narcotráfico a Camilo Peirano Blondet.

“Estas cuatro imputaciones han sido obtenidas por el MP bajo una actuación deficiente. En juicio no se ha actuado ningún documento de allanamientos a domicilio. No ha existido ninguna diligencia de levantamiento del secreto de las comunicaciones”, indicó el juez Gino Paolo Delzo Livias que lo absolvió de todo.

“El Juzgado Colegiado Permanente de la Corte de Justicia del Callao falla absolviendo a Camilo Peirano Blondet como autor del delito contra la salud pública de Trafico Ilícito de Drogas en su forma agravada”, concluyó el juzgador.

La absolución se dio cinco años después del hallazgo del impresionante cargamento de droga en un depósito del Callao. Durante la audiencia, Camilo Peirano Blondet aprovechó para declararse inocente.

Camilo Peirano fue absuelto del delito de tráfico ilícito de drogas.

“Este proceso me ha malogrado la vida. Yo tengo una gran familia decente que ha sufrido. Estuve preso 28 meses en una injusta prisión preventiva. En este proceso lo que ha quedado completamente claro, demostrado, corroborado y sustentado es que el señor que me quiere vincular a mí, el señor Negrón, es un delincuente confeso con varios otros casos de drogas”, sostuvo el absuelto.

La pesca negra de Peirano Blondet

Durante 2012 y según datos oficiales, Camilo Peirano Blondet, mientras su padre era ministro de Cultura, él era gerente general de ‘Alimentos El Ferrol SAC’, empresa procesadora de harina de pescado que estuvo involucrada en “pesca negra” por compra ilegal de anchoveta que debería ser orientada al consumo humano.

Esta información la confirmó nada menos que la colega del ministro de Cultura, que en ese momento era Lucho Peirano.

Expresidente Ollanta Humala nombró ministro de Cultura a Luis Peirano.

En 2012, la ministra de la Producción, Gladys Triveño Chanjan, confirmó que la empresa industrial Alimentos El Ferrol SAC’ tuvo 829 “reportes de ocurrencia” o infracciones de pesca entre el 2009 y los primeros meses del 2012 y que sería sancionada con otras 170 multas.

“Es peor que una combi llena de infracciones de tránsito”, dijo en esa época la ministra Triveño Chanjan.

“En este caso está involucrado el apellido de un ministro de Estado y por eso ha llamado la atención de la prensa, pero yo los invito a indignarse también por los otros miles de casos similares”, dijo.

Triveño precisó que la empresa Super Fish, cumplió en realidad la tarea de transportar en una embarcación la anchoveta de procedencia artesanal hasta la planta industrial de Alimentos El Ferrol SAC, gerenciada por Camilo Peirano Blondet. La mayor responsabilidad correspondería a esta planta procesadora.

“A mí no me consta que el hijo del ministro sea dueño de Super Fish”, aclaró la ministra. Sin embargo, diversas fuentes indican que Camilo Peirano es también propietario o accionista de la empresa Super Fish (Caretas 2025, 30 de abril de 2008). “Lo ideal es que todos los familiares de los ministros, de los congresistas, los jueces, etc. sean personas intachables, que ni siquiera tengan multas de tránsito”, concluyó la titular de Produce.

Según la denuncia que en 2012 realizó Panorama, toneladas de anchoveta eran trasladadas desde el muelle siete del Callao -conocido como el muelle artesanal- hacia las fábricas de harina de pescado; a pesar que de dicho corredor solo podía salir pescado para el consumo humano directo.

El hecho es que una de las empresas, denominada “Superfish”, que trasladaba y recibía la anchoveta depredada por los barcos artesanales, pertenecía a Camilo Peirano Blondet, hijo del exministro de Cultura, según los Registros Públicos.

BBVA denuncia a Camilo Peirano Blondet por presunto fraude

La entidad financiera responsabiliza a un grupo de compañías y empresarios, entre ellos al pesquero Peirano Blondet, por cometerpresunta falsedad genérica y estafa agravada por millones de dólares.

Lo más increíble es que el fraude bancario, no se dio contra los usuarios, sino contra uno de los bancos más poderosos de Perú. Una presunta millonaria estafa en dólares que involucraría un viejo conocido de la Policía Antidrogas, según el informe de ContraCorriente.

El BBVA denunció ante la Fiscalía por presunto millonario fraude al hijo de dos exministros de Estado, alguna vez vinculado al narcotráfico, el “pesquero” Camilo Peirano Blondet.

En total, un poco más de US$9 millones de dólares. Al cambio, casi S/34 millones de soles en esta trama financiera presuntamente delictiva.

¿Cuál fue el modus operandi para vulnerar los controles de un banco transnacional? ¿Cómo este empresario pesquero, de vida resuelta y años atrás fichado por la Dirandro, habría lanzado su red para pescar turbios negocios ahora en la banca?

En operativo Valkiria, Fiscalía allanó casa de Camilo Peirano Blondet

Durante la madrugada de este martes 23 de abril, el Perú entero despertó con noticias fiscales de allanamiento de personas claves que hacían tratos en el Ministerio Público.

El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) realizó un nuevo operativo ligado al caso Valkiria para recopilar más información de la presunta red de corrupción que lideraría la exfiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas.

Sorpresivamente, una de las personas mencionadas en el documento de allanamiento es nada menos que Camilo Peirano Blondet. Según el requerimiento fiscal, el empresario pesquero, es también ahora investigado dentro del caso ‘Valkiria XI’.

La Fiscalía solicitó allanar su domicilio ubicado en Barranco, con fines de registros vehiculares e incautación de bienes como aparatos electrónicos y documentos relacionados a la investigación. Según el acta, Peirano Blondet fue favorecido en una investigación que se le seguía por lavado de activos de la cual fue absuelto y el caso archivado.

Esto habría llegado luego de que Oscar Nieves Vela, también investigado, entregó dinero al fiscal adjunto Marco Huamán Muñoz y a los exasesores de Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, por el presunto archivamiento de la investigación por el delito de lavado de activos contra Camilo Peirano Blondet y otros.

Allanan 21 inmuebles de allegados a Patricia Benavides.

El documento del Ministerio Publico señala que Camilo Peirano habría pagado US$20 mil dólares para que se archive investigación fiscal en su contra.

Se tiene que, con fecha 23 de enero de 2023, Miguel Girao y el fiscal Marco Huamán Muñoz, se habrían presentado ante Jaime Villanueva y le manifestaron que el abogado Oscar Nieves Vela, estaba ofreciendo una buena cantidad de dinero a cambio de que se le ayude a conseguir el archivo de una investigación por el delito de Lavado de Activos seguida en contra de su patrocinado Camilo Peirano Blondet, ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

En la reunión habrían acordado que Jaime Villanueva Barreto, aprovechando la relación que tenía con Rafael Vela Barba, quien se desempeñaba como Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, se contactaría con él para buscar la forma de conseguir el archivo de la investigación antes señalada.

Sin duda, Camilo Peirano Blondet estuvo y está ligado a cuestionados actos que presuntamente lindan con lo delictivo. En ese sentido, más allá de ser hijo de dos exministros de Estado ¿Acaso ha sabido tejer sus influyentes conexiones en el Ministerio Público?

Por lo visto, el congresista Darwin Espinoza no es un asiduo concurrente a las sesiones del Congreso, porque según información detallada sobre los descuentos por inasistencias a las sesiones de los Plenos y a la Comisión Permanente, entre enero del 2022 y febrero del 2024, el legislador de Acción registra demasiadas inasistencias. 

En el documento oficial al que accedió Latina, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Darwin Espinoza registra el monto de S/ 6 297 en descuentos por sus inasistencias congresales. Del total citado, cerca de S/ 1 508 corresponde a los meses de agosto (S/520), septiembre (S/208), noviembre (S/260) y diciembre (S/520) del 2022.

Asimismo, los S/4 789 restantes que descontaron a Darwin Espinoza corresponden a los meses de enero (S/ 520), febrero (S/ 1 040), marzo (S/ 416), abril (S/ 1040), mayo (S/ 1 040), junio (S/ 75), julio (S/ 75), agosto (S/ 75), septiembre (S/ 75), octubre (S/ 75), noviembre (S/ 75) y diciembre (S/ 283) del 2023.

Reporte de los descuentos por inasistencias de Darwin Espinoza, Fuente Latina.

En lo que va de este año 2024, el sistema del Congreso no registra descuentos a Darwin Espinoza.

Las protestas sociales del año pasado tuvieron un terrible resultado, falleciendo alrededor de 50 personas, muchas de ellas que ni siquiera se habían sumado a las protestas, sino que sencillamente andaban transitando por la zona. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la respuesta de las fuerzas del orden no fue consistente en todo el país y que se produjeron episodios graves de uso excesivo de la fuerza en ciertos casos específicos.

Al respecto, el congresista Héctor Valer Pinto, representante de Lima Metropolitana y miembro del grupo parlamentario Somos Perú, ha presentado el Proyecto de Ley (PL) 7672 que busca modificar el Decreto Legislativo 1186 para permitir la inclusión de perdigones y pistolas de descarga eléctrica entre las armas no letales utilizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según el texto del proyecto, las tácticas defensivas no letales como el uso de irritantes químicos y proyectiles de goma de impacto cinético buscan ser empleadas únicamente cuando existan agresiones directas y evidentes contra las fuerzas del orden o terceros. Estos métodos deberán ser proporcionales al nivel de amenaza y no se podrán emplear para disolver manifestaciones que sean pacíficas.

El legislador Valer argumenta que la medida es necesaria debido al elevado grado de inseguridad observado durante marchas y manifestaciones sociales en el país. “Los actos de violencia y convulsión social se han replicado a lo largo de varias regiones del territorio nacional, contribuyendo a la pérdida de tranquilidad de las personas, la destrucción de bienes públicos, saqueos y agresiones físicas”, explicó el parlamentario.

La reforma tiene un doble objetivo: garantizar el control de multitudes en distintos escenarios de protestas y manifestaciones y, al mismo tiempo, reducir o evitar las posibilidades de una fatalidad durante los enfrentamientos. Estas medidas serán aplicadas en situaciones que permitan la canalización de conflictos, así se sumarán esfuerzos para mejorar el control de la inseguridad ciudadana.

Dentro del PL, se incluyen además de la pistola eléctrica los siguientes armamentos como “no letales”: balines de goma y plástico, perdigones de goma, munición antidisturbios, bastones policiales, irritantes químicos de uso manual y a distancia, armas deslumbrantes, cañones de tipo acuático, armas y equipos acústicos, y aerosol o gas pimienta.

Por buen amigo, o buen “Wayki” ahora será investigado. La Fiscalía de la Nación dispuso ayer ampliar la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el presunto delito de cohecho activo genérico, en el marco de las investigaciones por el ‘caso Rolex’.

A través de la red social X, el Ministerio Público (MP) detalló en un comunicado que ha dispuesto ampliar la investigación para comprender a la mandataria respecto a la comisión del delito de cohecho pasivo impropio.

“Ampliar las investigaciones preliminares para comprender a Dina Ercilia Boluarte Zegarra por hechos referidos a la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio”, se lee en una parte del comunicado del MP.

La institución fiscal también indicó que se ha tomado la decisión de ampliar la investigación para incluir al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por hechos vinculados a la comisión del presunto delito de cohecho activo genérico, pasando de testigo a “investigado”.

“Ampliar las investigaciones preliminares para comprender a Wilfredo Oscorima Núñez por hechos vinculados a la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico”, se lee en otra parte del escrito.

Relojes Rolex y demás joyas “prestadas” no la eximen de responsabilidad a Boluarte

De acuerdo con el abogado Hugo Mendoza, en declaraciones para Infobae Perú, el hecho de que la mandataria asegure que los Rolex y joyas fueron dadas ‘en calidad de préstamo’ por el gobernador ayacuchano no la exime de responsabilidad.

“La Fiscalía debe investigar a la persona de quien provino los relojes y joyas, en este caso Wilfredo Oscorima, porque podría establecer una trazabilidad del beneficio posterior para la persona que regaló o prestó. Por ejemplo, yo regalo o presto algo, en este caso un reloj, y después me benefician con la licitación de una buena pro. ¿Cómo se ejecuta? Con recursos públicos, por lo que estaríamos frente a delitos de corrupción de funcionarios”, detalló.

“Súmale que si nos vamos a revisar con detalle ese papel o ese expediente de la contratación y se descubren gruesas irregularidades que hacen ver que había un direccionamiento, queda claro que este reloj puede ser entendido como una promesa, una ventaja para un tema de cohecho”, continuó.

Asimismo, mencionó que por más que se haya realizado algo que es parte de sus funciones, si existió un aceleramiento o priorización solo por la entrega de estas joyas, también existe ilícito.