FPF: Agustín Lozano contra la pared por denuncia de abandono de La Nueva Videna
Una historia que daña el fútbol peruano. Seis canchas construidas con estándares FIFA, una empresa estafada y el abandono de una inversión que se está destruyendo.
La revista ONCE presentó un completo informe sobre el abandono de la Nueva Videna, una historia que tiene como principal responsable a Agustín Lozano, Presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
El periodista Umberto Jara detalló con documentos, una historia que daña el fútbol peruano a causa de la mediocre gestión de Agustín Lozano. Aquí la denuncia de ONCE:
Desde el inicio de su gestión, el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, planteó a la FPF una exigencia muy válida: la construcción de un predio destinado exclusivamente al trabajo de las selecciones nacionales, de juveniles a mayores. La idea era contar con una infraestructura esencial para el trabajo profesional y de las divisiones juveniles. A partir de una villa deportiva con instalaciones modernas se podía planificar un trabajo a futuro para el futbol con instalaciones adecuadas para todas las categorías de seleccionados. Ejemplos hay muchos en el mundo y, en Sudamérica, destacan el llamado Predio de Ezeiza que sirve a las selecciones argentinas y, en el fútbol chileno, el Complejo Juan Pinto Durán.
Contar con una instalación de esa envergadura era posible y por eso el 16 de noviembre del 2017, se anunció “una alianza estratégica entre el Arzobispado de Lima y la FPF” y se firmó un convenio para la construcción del nuevo Centro de Selecciones Nacionales de fútbol, publicitado como La Nueva Videna, a construirse en un terreno de 114 mil m2 de extensión de propiedad de la Iglesia católica en el distrito de Chaclacayo. En la página web del Arzobispado de Lima se informó que se construirían “seis modernos campos reglamentarios, camerinos, habitaciones y todo lo necesario para la formación de nuevos valores deportivos”.
Es verdad que hubo discrepancias desde el inicio por la dificultad de acceso al predio y porque el convenio tuvo oscuridades al ser impulsado por el ex abogado de la Iglesia y, a la vez, asesor de la FPF, Natale Amprimo. Pero la obra se echó a andar y al interior de la selección nacional hubo entusiasmo porque Gareca conocía de primera mano las ventajas de contar con un centro destinado exclusivamente al trabajo futbolístico. Él mismo había trabajado en el Club Atlético Vélez Sarsfield de Buenos Aires —logró cuatro títulos— que cuenta con una magnífica villa olímpica edificada por sugerencia de Marcelo Bielsa. En Vélez, la obra se inició en enero de 1998 y finalizó el año 2000, de modo que Gareca sabía que en dos años se podía estar trabajando, en Perú, con el mismo nivel de infraestructura que en otros países. Pero han pasado tres años y no hay nada.
Gareca veía con optimismo trabajar con infraestructura de alto nivel. Visitó tres veces el proyecto.
El 6 de enero de 2018, la FPF invitó a la empresa Agrícola Pumayaca a participar en el Concurso para la construcción y equipamiento de campos de campos de fútbol profesional en la sede de Chaclacayo. Se trataba de cinco canchas con medidas reglamentarias y una de menor dimensión.
El 21 de febrero del 2018, la empresa Agrícola Pumayaca recibió una comunicación de la FPF con el anuncio de que eran los ganadores del concurso. En ese momento, el presidente de la federación era Edwin Oviedo y el vice-presidente Augustín Lozano. El primer paso de la empresa fue enviar a la FPF un informe de 220 páginas con todas las especificaciones técnicas como Análisis de Suelos, Granulometría, Estratificación de Suelos, Cálculo Hidráulico, Electro válvulas, Controlador de Riego con Sistema de Multinyección, entre otros.
Incluso, se hicieron modificaciones al plan inicial de la FPF con el objetivo de que las canchas cuenten con todos los requisitos que recomienda la FIFA. Entre esos cambios estuvo el incremento de 5 cm. a 15 cm. de arena de río en todos los campos, cambio de diseño en el sistema de riego y una caseta de bombeo subterránea. A fines del mes de mayo del 2018, se iniciaron los trabajos.
Las primeras tareas fueron la construcción de la caseta de bombeo subterránea y el reservorio de 800 m3 para tener una disponibilidad mínima de 4 días de riego total de los campos. Luego, se procedió a la instalación del sistema de riego con tuberías especiales, equipos y accesorios de última generación y una caseta de riego con sistema de presión constante.
Aquí el video que muestra los trabajos iniciales de la obra.
Una vez que se concluyó con la instalación del sistema de riego, se procedió con el acarreo de arena de río con granulometría exigida por el estándar FIFA y con una salinidad muy baja. Para cumplir con estos requisitos fue necesaria una búsqueda en diversas canteras de arena ubicadas en Lima provincia. Cuando se alcanzó el nivel de 15 cm. de arena, se efectuó la nivelación de las canchas con una niveladora laser para garantizar una pendiente de 00%.
Niveladora laser trabajando el terreno para evitar desniveles una vez puesto el césped.
Concluida esta etapa surgió el primer inconveniente. Se necesitaba energía eléctrica en el terreno para continuar con los trabajos. La FPF se había comprometido a conseguir los permisos. No cumplió. La obra se paralizó en el mes de setiembre y la única salida fue que Agrícola Pumayaca alquile dos generadores de electricidad de 40 y 60 kw para poder iniciar el sembrío y regado de los campos.
Correo incumplimiento de la FPF con trámites de electricidad y obligó al alquiler de equipos.
Al contar con esos implementos, se reiniciaron los trabajos y se empezó, en octubre de 2018, con el preparado del terreno para la siembra de las canchas con semillas de alta calidad importadas de los Estados Unidos de Norteamérica. Se logró tener en un mes una buena germinación que no necesitó de resiembra.
El antes y el después. Los terrenos agrestes de Chaclacayo convertidos en campos de fútbol.
Los avances de las obras eran satisfactorios y el profesor Gareca y su comando técnico visitaron el establecimiento y se mostraron satisfechos porque las canchas habían sido construidas con los requisitos para el entrenamiento de alto nivel.
Hasta que apareció en escena Agustín Lozano Saavedra. Este personaje asumió en el mes de diciembre de 2018 la presidencia de la FPF. La empresa Agrícola Pumayaca, que tenía un contrato con la obligación de dar mantenimiento a las canchas hasta el mes de abril de 2019, solicitó una y otra vez reuniones con la nueva directiva de la FPF para informar sobre los trabajos de mantenimiento. No encontraban ninguna respuesta, hasta que por insistencia lograron que los reciba el secretario general de la FPF, Oscar Chiri. En la reunión, Chiri les indicó que debían continuar con las tareas de mantenimiento de acuerdo al contrato y bajo las condiciones pactadas. En una palabra que el proyecto debía continuar y que les serían reconocidos a la empresa todos los gastos incluyendo el pago de los dos generadores de electricidad alquilados.
El 4 de abril de 2019, días antes de la fecha de conclusión del contrato, al fin accedió a una reunión Agustín Lozano. Esta actitud de no conceder citas era una muestra nítida de que a Lozano el fundamental proyecto de La Nueva Videna no le interesaba en absoluto. La razón se puede presumir: los contratos ya estaban efectuados y la obra en marcha, por lo tanto no había espacio para exigir prebendas u obtener beneficios indebidos.
En esa reunión, Lozano les indicó a los directivos de Agrícola Pumayaca que él “no tenía claro cómo manejar el proyecto”. Es decir, un proyecto que las principales selecciones y clubes en el mundo es una prioridad, para Lozano carecía de la menor importancia. Cuando le hicieron notar que las canchas se iban a deteriorar si no se les daba mantenimiento, Lozano contestó “sigan regándolas”.
Lozano, pasó del “No se qué haremos” al “Sigan regando” y terminó abandonando la obra.
Como el contrato concluía ese mes de abril, la empresa convocó a un grupo de técnicos e ingenieros de ambas partes para llevar a cabo la entrega de la obra. La reunión se efectuó el 26 de abril. Se encontraron algunas observaciones que fueron levantadas según consta del Acta de fecha 10 de mayo de 2019. Días más tarde, los representantes de Agrícola Pumayaca Jorge Morales y Alfonso Dibos hicieron la entrega de la obra a los representantes de la FPF, Agustín Lozano y Jorge Valenzuela. En esa ocasión, Lozano, tal vez motivado al ver el escenario con impecable verdor, les dijo a los representantes de la empresa: “Ustedes tienen que seguir trabajando hasta que yo les avise que paren. Yo soy la única persona que les tiene que dar la orden para que sigan o para que paren”. La empresa señala que se vieron obligados a continuar dándole mantenimiento a las canchas mientras la FPF decidía qué hacer con el proyecto, por una razón: existían deudas pendientes por los trabajos realizados y por el alquiler de los grupos eletrógenos. Ante el riesgo de no poder cobrar, sobre todo con personas con las cuales era muy difícil conseguir una cita, continuaron sus labores para simultáneamente solicitar los pagos pendientes y suscribir el documento concluyendo el vínculo. Lo que siguió después de mayo de 2019 a la fecha, son situaciones usuales en la destructiva gestión de Lozano: no daba cara a las repetidas solicitudes para resolver la situación.
Correos donde exigen a Lozano el pago por los trabajos realizados.
Sin embargo, las canchas seguían en buen estado debido al mantenimiento que Agrícola Pumayaca siguió dando mientras se seguían acumulando nuevas cuentas a las facturas pendientes de pago por el contrato original. Finalmente, tras largos meses de espera, el 5 de febrero de este año se celebró una reunión a la que asistieron por la FPF el secretario general Oscar Chiri y el gerente de administración Jorge Valenzuela. Por el lado de la empresa Jorge Morales y Alfonso Dibos. En la reunión, Chiri ofreció que a más tardar el 15 de febrero se firmaría el documento final que pondría fin a la relación y se procedería a pagar lo adeudado. Asimismo, Chiri señaló específicamente que no se debían continuar con los trabajos. Hizo la precisión, para que no quedarán dudas, de que no se debía dar ni mantenimiento ni riego a las seis canchas.
Como era de suponer, el 15 de febrero de 2020 no se cumplió nada de lo ofrecido y nadie atendió en la FPF. Agrícola Pumayaca dejó de dar mantenimiento y dejó de regar los campos acatando la indicacion del secretario general Oscar Chiri. A la fecha, la empresa no ha podido cobrar un céntimo y tiene totalmente cerradas las puertas de la FPF. Un correo electrónico de fecha 13 de agosto de este año da una muestra cabal del estilo “criollo” y tramposo que caracteriza a Agustín Lozano. En esta comunicación el directivo de la empresa, Alfonso Dibós, le resume la situación a Sabrina Martin Zamalloa, la jefa del Departamento Legal de la FPF, en estos términos: “Hasta la fecha no tengo una respuesta clara sobre el acuerdo qué debemos firmar, tú me dices que se lo pasaste a Jorge Valenzuela y él me dice que no me lo puede enviar porque sólo es asesor, lo claro y concreto es que hasta la fecha han pasado más de seis meses de la reunión con Oscar Chiri y Jorge Valenzuela, donde nos ofrecieron hacer el acuerdo de pagos y por alguna razón no se lleva a cabo. En tu correo me agradeciste por la comprensión pero como comprenderás se sigue pasando el tiempo y nosotros seguimos sin cobrar un dinero que nos pertenece que ha sido ganado honradamente y no merecemos este tipo de trato de parte de la FPF”.
En agosto de 2020 habían transcurrido 14 meses desde la conclusión de las seis canchas profesionales; a la fecha de este informe han pasado 19 meses. Lo grave de esta situación es el total abandono del proyecto de La Nueva Videna de Chaclacayo. Si Gareca y el comando técnico de la selección se habían entusiasmado porque en apenas dos años las selecciones peruanas de fútbol estarían trabajando en instalaciones de primer nivel, lo cierto es que han transcurrido tres años y no solamente la obra está inconclusa sino que, lo peor, está abandonada.
Una obra que debía competir con el Predio de Ezeiza de la selección argentina y con el Pinto Durán de Chile se encuentra en total abandono y las canchas construidas con todos los lineamientos FIFA de alta competencia están totalmente descuidadas y deteriorándose. Pero ese es un asunto que a Agustín Lozano y a Oscar Chiri, presidente y secretario de la FPF, no les interesa en absoluto. Sus intereses no son los de la FPF sino los beneficios que ellos puedan conseguir utilizando a la FPF. ¿El fútbol? Solo les interesa si deja ganancias oscuras.
Aquí un video sobre los trabajos generales en la obra.
No es todo. Hay un epílogo que tiene que ver con el estilo depredador de quienes manejan la FPF. A principios de agosto de 2020, solicitaron a Agrícola Pumayaca el desmontaje de los equipos de riego de las canchas y el traslado de los equipos de riego de los campos de Chaclacayo a la sede central de la FPF. Incluso dispusieron camiones para el transporte. ¿Por qué se tenían que llevar estos implementos a la sede central de la FPF si allí no existen seis canchas de futbol? Es evidente que se trataba de un acto destinado a la disposición fraudulenta y ese equipamiento habría terminado en uno de los destinos ilegales que caracterizan a la gestión de Lozano y su directiva.
El desmantelamiento y traslado no fue posible por una razón: el Arzobispado de Lima, propietario de los terrenos, exigió un previo inventario con la presencia de un notario. El inventario también se practicó a las instalaciones que debían utilizarse para gimnasios, habitaciones, comedores, oficinas del proyecto. ¿Qué ocurrió? Descubrieron que la FPF había retirado puertas, ventanas, servicios higiénicos. Todo. Habían dejado en casco los locales destinado a La Nueva Videna de Chaclacayo. Entonces, la abogada del Azobispado de Lima se negó, con justa razón, a dar acceso y por esa razón no se pudieran desmontar los sistemas de riego de las canchas.
En suma, la FPF invirtió un total de S/. 5’693,743.35 para la construcción de seis canchas de futbol con sus correspondientes sistemas de riego. El directivo de Agrícola Pumayaca, Alfonso Dibos,consultado por ONCE señaló que, a la fecha, han transcurrido 19 meses sin que Lozano y Chiri cumplan con pagar una deuda que asciende a S/.1’397,568.50. Ahora bien, en lugar de seguir con esta empresa o contratar otra que preste un servicio similar en calidad, la decisión ha sido la peor: que las canchas queden abandonadas.
No estamos ante un otro capítulo más en la infame gestión de Agustín Lozano Saavedra, Oscar Chiri y la directiva de la FPF. Estamos frente a un episodio que, tarde o temprano, tendrá implicancias penales en dos ámbitos: el primero y fundamental, es la desprotección de una inversión esencial para el fútbol peruano. Se ha paralizado y destruído un proyecto que nos ponía al nivel de las selecciones con las cuales debemos competir en las Eliminatorias Mundialistas y en la Copa América. No se trata de simples partidos de fútbol. Se trata de eventos en los cuales una buena participación significa importantes ingresos económicos para invertir en el crecimiento del futbol nacional y, sobre todo, en el surgimiento de nuevas figuras. Esa es la gravedad del abandono al proyecto de La Nueva Videna. Lo segundo, es que han convertido a la FPF en un ente sin ninguna credibilidad frente a terceros. Hoy la FPF es vista como la entidad que le recorta sueldos a los trabajadores, que no cumple con las necesidades internas, y, frente a terceros, se incurre en estafas y nadie quiere convertirse en proveedor de una institución manejada por gentes sin escrúpulos.
Un video muestra al congresista y presidente del partido Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, admitiendo que los fondos públicos destinados a la capacitación de organizaciones políticas fueron desviados para financiar reuniones internas del partido, lo cual es ilegal.
El video, grabado en agosto de 2024, muestra a Sánchez explicando cómo se utilizarían estos recursos públicos para costear dos reuniones programadas de su partido, una en agosto y otra en septiembre.
En la grabación, Sánchez detalla que, debido a que no podían usar los fondos públicos para cubrir los gastos de transporte y alojamiento de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de JPP durante los dos días que pasarían en Lima, idearon una estrategia para encubrir la reunión como una capacitación. De esta manera, pretendían hacer pasar el evento como un taller formativo de corta duración, de dos o tres horas, que luego se transformaría en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional.
“Para formalizar este taller ante la ONPE, lo presentaremos como una capacitación breve, de dos o tres horas. Después de eso, continuaremos con la sesión del Comité Ejecutivo Nacional. Podríamos poner, por ejemplo, los días 1 y 2 como el taller. Haremos una capacitación corta y luego seguiremos con la sesión del comité”, explica Roberto Sánchez en el video.
Ministra Leslie Urteaga en la mira del Congreso tras denuncias de niños intoxicados con productos de ‘Wasi Mikuna’
La titular del Midis, quien hace unos días cogió maletas y viajó a Chile a un foro de ‘desarrollo sostenible’, tendrá que asistir al Parlamento para rendir explicaciones sobre la intoxicación de más de 120 escolares en diversas regiones. Por su parte, la congresista Norma Yarrow le cursó un oficio exigiéndole una inmediata respuesta.
Como se recuerda, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini pretendió “lavarle la cara” al otrora programa alimentario ‘Qali Warma’, tras las denuncias que indicaban que los productos alimenticios destinados a escolares del país, estaban preparados con carne de caballo. Por lo que optó a cambiarle de nombre y en diciembre de 2024 decidió ponerle ‘Wasi Mikuna’.
Como se recuerda, en diciembre del 2024 el Fujimorismo y APP blindaron al exministro ‘carne de caballo’, a pesar de las intoxicaciones de escolares.
‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ resultaron ser lo mismo
Han transcurrido, cuatro meses, y dicho programa social no ha cambiado en su estructura ni en sus habituales problemas. Y en solo una semana, se han intoxicado alrededor de 120 niños en Áncash, Amazonas y Piura, luego de consumir conservas de pescado procedentes del programa Wasi Mikuna.
Ante ello, algunos congresistas, como la presidenta de la Comisión Investigadora en torno a Programas Sociales, Katy Ugarte Mamani dijo que «no hay un control de calidad» en el programa ‘Wasi Mikuna’, el cual reemplazó a ‘Qali Warma’. Asimismo, consideró que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, inmediatamente debe acudir al Congreso para responder sobre los reportes de escolares intoxicados, tras consumir los alimentos del cuestionado programa social.
“La ministra tiene que venir al Congreso sobre esta situación tan delicada, porque no podemos permitir que niños sigan intoxicándose y no podemos jugar con la salud de la niñez”, refirió Ugarte Mamani.
‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ es más de lo mismo en calidad de atención.
Norma Yarrow exige explicaciones a ministra Leslie Urteaga
La parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras también se pronunció sobre la reciente denuncia de niños intoxicados por ingerir productos alimenticios de ‘Wasi Mikuna’, e indicó que tiene información del daño ocasionado en más de 80 menores de un colegio piurano, donde se distribuyen desayunos elaborados por el programa del Midis. Además, recordó los posibles casos de intoxicación ocurridos recientemente en el distrito de Los Olivos y en la localidad de Bagua.
Yarrow Lumbreras solicitó a tomar acciones de supervisión e investigar los hechos de esta alarmante situación, remarcando que «afecta la salud de la población escolar». En ese sentido, exigió una inmediata respuesta a fin de que se identifiquen las responsabilidades del caso.
Posteriormente, la congresista anunció mediante sus redes sociales que había enviado los oficios correspondientes a la ministra Leslie Urteaga y el contralor César Aguilar, con la finalidad de esclarecer estas preocupantes circunstancias que perjudican a varios escolares peruanos. Además, criticó duramente al programa ‘Wasi Mikuna’, calificándolo como «un burdo maquillaje» de su predecesor, ‘Qali Warma’.
«Nuevamente alumnos de diferentes regiones resultan intoxicados al ingerir alimentos del programa Wasi Mikuna, antes Qali Warma. Esto es una burla y atentado a los estudiantes más humildes. Envío oficios a la Contraloría y al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (MIDIS). Otra vez se pone en riesgo la vida de nuestros escolares», publicó en su cuenta de X, Yarrow Lumbreras.
Leslie Urteaga se fue de viaje a Chile
La cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, apenas hace tres días cogió sus maletas y emprendió vuelo a Santiago de Chile, representando a Perú en la Octava Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en el país mapuche, del 1 al 4 de abril.
Actualmente, Fiscalía investiga a ministra Leslie Urteaga por presuntos actos de corrupción cuando despachaba en el Mincul.
Durante su ausencia, el despacho del Midis quedó a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.
No quiere compartir el baño. El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, en declaraciones para Exitosa, manifestó que las personas de la comunidad LGBT son las únicas responsables de sentirse discriminadas “cuando quieren ser algo diferente en la sociedad”. Dichas aseveraciones se dan bajo el contexto de que recientemente el Congreso de la República aprobó una ley que establece el uso de baños según el sexo biológico.
El legislador recalca que sus declaraciones no implican cualquier tipo de discriminación hacia la comunidad LGBT, argumentando que sus miembros son seres humanos al igual que todos.
“No hay discriminación a nadie. La discriminación es cuando ellos se autocalifican LGBT. Son seres humanos al igual que yo y que usted. Ellos son los que se discriminan y quieren ser algo diferente en la sociedad», declaró para el citado medio.
🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En declaraciones para Exitosa, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, aseguró que las personas LGTB se "autodiscriminan" por querer ser algo "diferente en la sociedad". Ello en el marco de la aprobación de una ley que establece el uso de… pic.twitter.com/H3F8QCtSS6
El congresista, uno de los coautores de la norma, explicó que estuvo “congelada” durante más de dos años y que nació a raíz de la denuncia de una usuaria al notar que en el aeropuerto Jorge Chávez existían baños para aquellas personas con que se autoperciben como mujeres u hombres.
«Yo soy autor de parte de esa ley. Ayer ha sido aprobada esta ley que fue puesta en comisiones hace más de dos años (…) ha estado congelada, recién salió ayer. Esto se hizo cuando se escuchó la denuncia de una persona que había ido al aeropuerto y encontró unos baños donde podían entrar hombres y mujeres juntos, entonces salió la discusión, hicimos una investigación y era necesario normarlo para evitar problemas, sobre todo en la niñez», continuó explicando.
Activista trans en contra de Ley
A propósito de ello, la activista trans Gahela Cari rechazó que se acuse a las personas trans como los principales agresores sexuales contra menores.
«En lugar de poder invertir el dinero del Estado en sacar normas a favor de la educación y de la población, se use a los niños para vulnerar los derechos de las personas trans. Es grave», sostuvo la ex candidata al Congreso.
Gobernadores regionales, alcaldes, congresistas y otros funcionarios públicos están prohibidos de realizar publicidad estatal
Tras el anuncio presidencial que convocó a Elecciones Generales 2026 quedan prohibidas todas las propagandas estatales. Es decir, todo servidor público no podrá aparecer en spots a través de su imagen y voz que lo identifique y tampoco deberá publicitar colores, frases, símbolos, o signos, que estén relacionados con una organización política.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde este jueves 27 de marzo se encuentra efectiva la prohibición de realizar publicidad estatal en todo el país, ante la oficialización de la convocatoria a Elecciones Generales 2026 (EG 2026), de acuerdo con la normatividad vigente.
El impedimento rige desde el pasado jueves 27 de marzo. Es decir, desde el día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N°039-2025-PCM, mediante el cual la mandataria Dina Boluarte convocó al proceso para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.
Resolución n.° 047-2024-JNE.
Existen excepciones
Si bien esta restricción está vigente y tiene que acatarse bajo todo concepto, también tiene excepciones. Es decir, cuando la publicidad estatal se justifica en casos de impostergable necesidad o utilidad pública, por temas referidos a educación, salud, seguridad u otras situaciones similares, tal como lo precisa el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado por Resolución n.° 047-2024-JNE.
Alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos no podrán hacer propaganda
Los avisos o mensajes exceptuados, en ningún caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente esté relacionado con una organización política.
Además, ningún funcionario o servidor público de una entidad o cualquiera de sus dependencias deberá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.
En las citadas excepciones, debe cumplirse las exigencias señaladas en el citado reglamento. Así, por ejemplo, se debe solicitar autorización previa, de tratarse de avisos o mensajes publicitarios a ser propalados por radio o televisión.
En tanto, si la difusión se lleva a cabo a través de la prensa escrita, redes sociales u otros medios se deberá presentar un reporte posterior. También se anota que los referidos procedimientos deben entregarse ante la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) del JNE, mientras no se instalen los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes.
Las notas de prensa no están prohibidas
Asimismo, no se encuentran dentro de la definición de publicidad estatal las notas de prensa; las comunicaciones internas e interinstitucionales; y los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y otras normas afines.
Indecopi se niega investigar a Centro Comercial Real Plaza
La Comisión de Protección al Consumidor declaró improcedente la denuncia presentada contra la empresa Real Plaza y sus apoderados, basándose en una ‘leguleyada’ que sustenta el principio ‘non bis in idem’, “ya que existe otra entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados”.
Indecopi declaró improcedente la denuncia presentada por la asociaciones de defensa al consumidor, Centro EQUIDAD, ADCIP, y PROCONSUMO, contra Real Plaza SRL y sus gerentes y/o apoderados, Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemi Rodríguez Ortiz, por su presunta responsabilidad y/o culpa, en los hechos fatídicos del pasado 21 de febrero del 2025, y por su actuar negligente en días posteriores, por acciones de supuesta omisión que vulneraron los derechos de los consumidores. Y por haber ocultado información de las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales.
Resolución Final n.° 0747-2025/CC2 de Indecopi.
La Comisión de Protección al Consumidor a través de la Resolución Final N° 0747-2025/CC2 argumenta que se han cumplido todos los requisitos necesarios para que se configure el supuesto de afectación al Principio de Non Bis In Idem (no dos veces por lo mismo). Por esa razón, no solo han declarado inadmisible la denuncia, sino también, improcedente, por falta de competencia, arguyen.
Denuncia contra Real Plaza y sus apoderados.
Alegan que no tienen competencia para sancionar
De acuerdo al punto 23 de la resolución de Indecopi, se señala que el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas y por ende establecen las escalas de multas. Asimismo, en el punto 24, indican que las municipalidades de Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico, y Juliaca cuentan con competencia para conocer los hechos cuestionados, con respecto a los centros comerciales de Real Plaza.
En tal sentido, en el punto 25, Indecopi argumenta que “ya existe una entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados por Equidad, Proconsumo y ADCIP, por lo que no corresponde a Indecopi conozca el mismo sin haberse verificado una afectación en concreto a los consumidores”. Asimismo, en el punto 26, la entidad señala que “En atención a lo expuesto, corresponde declarar improcedente por falta de competencia, el extremo referido a que Real Plaza, el señor Shimizu, el señor Santa María y la señora Rodríguez habrían puesto en riesgo la seguridad de los consumidores, toda vez que sus locales comerciales (Real Plaza Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Puruchuco, Santa Clara, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico y Juliaca) presentaban defectos (estructurales y eléctricos)”.
Indecopi no identifica deficiencias de Real Plaza
En los puntos 36, 37 y 38, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi considera que los denunciantes de Real Plaza y sus apoderados, brindaron medios probatorios con información que sustenta de manera genérica las deficiencias que habrían presentado los centros comerciales de dicha empresa. Por lo tanto, no fue posible identificar de manera concreta y detallada los defectos aducidos. Asimismo, señalan que no les fue posible verificar que, con anterioridad a las intervenciones de las municipalidades, la empresa denunciada hubiese tenido conocimiento de las deficiencias alegadas.
Declaran improcedente resarcir económicamente a afectados de Real Plaza
Finalmente, en los puntos, 39, 40 y 41, Indecopi declaró improcedente interponer la medida cautelar solicitada por los denunciantes, con el fin de que se reembolsen los gastos efectuados por los consumidores que fueron afectados por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo. La entidad, nuevamente argumenta que, ante esta pretensión, también se ha configurado el Principio de Non Bis In Idem, considerando que las supuestas infracciones ya están siendo analizadas por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad.
En resumidas cuentas, Indecopi, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, prácticamente abandona su legítimo rol de proteger a los usuarios peruanos. En tanto, surge la pregunta ¿a quién protege Indecopi, al consumidor o a la empresa privada?
Recapacitaron. El gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás en querer imponer una “franja informativa” que obligaba a todos los medios de comunicación el transmitir todo lo que se debatía en el denominado ‘Cuarto de Guerra’, presidida Boluarte Zegarra y sus ministros.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la medida había sido planteada con el fin de garantizar que los medios informaran sobre las actividades oficiales y las acciones del Ejecutivo durante el estado de emergencia contra la criminalidad.
Durante su anuncio, el funcionario detalló que la propuesta se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya prevé el apoyo de los medios “en situaciones de desastre y emergencia”. Además, mencionó que un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya regula las obligaciones de los medios en estos contextos. “Hay una norma vigente. No es verdad que sea inconstitucional o ilegal, ya existe”, afirmó.
Explicó, además, que el propósito de la medida era unificar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada y brindar a la población información relevante sobre las acciones del gobierno en el marco de un estado de emergencia. Aunque la propuesta no había sido sometida a un “debate público” formal, Arana reconoció que los comentarios previos habían generado “confusión sobre el verdadero propósito” de la propuesta.
“La intención de la medida tenía el fin de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática. Suspenderemos la referida propuesta”, dijo al reiterar que el Ejecutivo defiende los “valores democráticos” y la libertad de expresión.
Titular de Justicia fue el encargado de anunciar que “franja informativa” ya no iba. Foto: Andina.
Sin embargo, tal anuncio trajo consigo una ola de críticas por parte de distintos sectores, en especial desde la Asociación de Periodistas del Perú (APN), el cual calificó de “inaceptable” dicha propuesta del Ejecutivo.
La ANP había señalado que la propuesta revestía una particular gravedad, ya que observaba un intento de controlar el contenido de los medios. “En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza”, sostuvieron.
Premier Gustavo Adrianzén será interpelado por el Congreso de la República
Adrianzén deberá presentarse al Parlamento el 9 de abril para responder un pliego de 43 preguntas. La moción se fundamenta en “la incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana”. En respuesta, el titular de la PCM califica la medida de “persecución política” y no descarta pedir cuestión de confianza.
Parecía nunca llegar, pero llegó el día en que algunas facciones del Congreso ya no pretenderían arropar al Gobierno de Dina Boluarte. Por lo que el Pleno aprobó, con 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones, la admisión de la Moción de Orden del Día 16263, que solicita la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.
Como era de esperarse, las bancadas que se opusieron a aprobar la moción fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial y Honor y Democracia.
Keiko y Acuña responsables de sostener el gobierno de Dina Boluarte.
La interpelación propuesta por el legislador Edward Málaga Trillo (Avanza País), de acuerdo a lo confirmado por el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Salhuana, quedó programada para el próximo miércoles 9 de abril a las 3 de la tarde, en la cual Adrianzén Olaya deberá responder un pliego de 43 preguntas alusivas a su labor en temas urgentes, como la inseguridad ciudadana y minería ilegal, la composición de su Gabinete Ministerial y la política económica del gobierno.
Por su parte, Málaga Trillo remarcó que el gobierno no resuelve un tema tan importante, como es la inseguridad.
“Incapacidad para avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que nos sigue costando vidas, especialmente afectando a empresarios, comerciantes, transportistas, colegios y artistas”, refirió el parlamentario.
Premier Adrianzén menospreció encuesta que dio 3% de aprobación a gestión presidencial de Dina Boluarte.
Premier Adrianzén: interpelación es una “persecución sistemática”
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, comparó la medida de interpelación, con casos anteriores de censura en el gobierno de Boluarte Zegarra y se refirió a las destituciones del exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y el exministro del Interior Juan José Santivañez, así como la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes.
Asimismo, afirmó que el Ejecutivo también evalúa las medidas de retribución que tomará ante este proceso, como es la figura de cuestión de confianza: “Pero en la misma medida que el Congreso de la República articula mecanismos contenidos en el Reglamento del Congreso, el Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto”.
No se cuidaron. El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, indicó que viene realizando investigaciones contra unas supuestas ‘influencers’ por presuntamente infringir el reglamento de visita del santuario de Machu Picchu.
La entidad recordó que el uso de la imagen del Santuario Histórico “con fines publicitarios” está estrictamente prohibido.
Asimismo, explicó que la norma tiene como objetivo “proteger este invaluable Patrimonio Cultural y Natural”, así como garantizar “su conservación a lo largo del tiempo”.
A propósito de ello, Nino del Solar Velardo, jefe del referido parque arqueológico, expresó su preocupación sobre este caso, donde las ‘influencers’ habrían configurado el posible uso no autorizado de la imagen de Machu Picchu.
“Es fundamental que todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, que visitan la Llaqta de Machu Picchu cumplan con el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Llaqta de Machu Picchu que establece claramente las conductas calificadas como prohibidas o que transgreden la norma vigente”, manifestó.
Además, destacó que el boleto de ingreso establece explícitamente que, al adquirirlo, se aceptan los términos, condiciones y el reglamento de visita.
En ese sentido, indicó que la DDC, ante un posible incumplimiento de las normas, está facultada para iniciar ‘las acciones legales correspondientes’, lo que motivó abrir una investigación contra este grupo de creadores de contenido.
Responsables de publicidad no solo recibirían un “calambre al ojo”, sino durísimas sanciones.
Cabe precisar que cualquier visitante que realice actos indebidos o intente ingresar con objetos prohibidos en los monumentos históricos enfrentará consecuencias severas. Estas medidas incluyen la expulsión inmediata del recinto sin posibilidad de reembolso y el inicio de acciones legales correspondientes.
El control y la vigilancia dentro de estos espacios están a cargo de los guardaparques del Ministerio de Cultura y de los agentes de la Policía Nacional, quienes deberían garantizar el cuidado.