Hoy el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, ha sido contundente en sus declaraciones, respecto al uso del vehículo asignado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, más conocido como ‘cofre, y aseguró que su grupo de trabajo está muy enfocado en «desenmascarar todas las mentiras del Gobierno».

Congresista Burgos afirmó que el gobierno mintió

El congresista de Podemos Perú declaró ante la prensa que las investigaciones que viene realizando enfrentan múltiples trabas, señalando que se han realizado esfuerzos para desacreditar a testigos y emisarios que podrían poseer información relevante sobre el actual mandato presidencial y que también existen intentos de desacreditar al equipo que investiga casos, como los relacionados con Vladimir Cerrón y las acciones del Palacio de Gobierno.

Asimismo, señaló que, ante la falta de compromiso de algunos funcionarios, ellos se mantendrán en la lucha por descubrir la verdad sobre el uso del vehículo presidencial.

«Yo confío que esta Comisión de Fiscalización está haciendo una labor importante y sobre todo estamos desenmascarando todas las mentiras del Palacio de Gobierno», declaró para la prensa, y al ser consultado sobre el llamado al suboficial Félix Montalvo, exchofer del «cofre,» Burgos respondió que habían solicitado su presencia en la Comisión de Fiscalización para obtener detalles sobre las actividades relacionadas con el vehículo presidencial; sin embargo, lamentó que la ausencia de Montalvo, se haya atribuido a una desautorización de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que no asista al Congreso.

«Él (Félix Montalvo) ha pedido la autorización y nosotros teníamos la confianza de que él iba a venir hoy día, probablemente la información que ha dado Shimabukuro no le ha convenido a él (…) Es por ello, que vamos a hablar con él. Vamos a invitarlo otra vez para que pueda venir a dar su descargo, porque lo que ha declarado Shimabukuro en un medio de comunicación no les ha gustado a muchas personas», refirió.

Burgos aduce que presidente del Congreso protege a Dina Boluarte

Como se recuerda, hace unos días, el 30 de octubre, Juan Burgos en declaraciones a la prensa criticó duramente al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, dejando entrever que él estaría pretendiendo obstaculizar el debate sobre las facultades solicitadas para investigar el caso del ‘cofre’, ¿con qué razón? presuntamente para proteger a la presidenta, Dina Boluarte.

«(¿Qué interés tendría Salhuana?) Bueno, eso habría que preguntarle a él, probablemente pues la protección que se le tiene que hacer a la señora presidenta Dina Boluarte Zegarra (…) Pienso que sí, es la única explicación. (¿Usted piensa que él la está protegiendo?) Desde el primer momento en que se presentó la moción, se negó a incluirla en la agenda. Nos ha pedido cumplir con una serie de requisitos, lo cual ha prolongado el proceso», refirió a los medios.

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, ha presentado un proyecto de ley que propone ampliar hasta los 65 años el límite de edad para el pase a retiro del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), de manera temporal y excepcional y regirá por un periodo de cinco años, con el fin de garantizar un mayor tiempo de permanencia del personal activo para que contribuyan a la lucha contra la criminalidad.

«La presente Ley tiene por objeto disponer por un plazo excepcional de cinco años, la ampliación del límite de edad para pasar a la situación de retiro al personal de la Policía Nacional del Perú hasta los sesenta y cinco años de edad, a fin que puedan contribuir a la lucha contra la delincuencia», se lee en el oficio.

En el dictamen se indica que los efectivos policiales mantendrán el grado, nivel, categoría y jerarquía correspondiente hasta su pase a la situación de retiro.

«Se dispone, por un plazo de cinco años, la ampliación del límite de edad para pasar a la situación de retiro hasta los sesenta y cinco años de edad. El personal de la Policía Nacional del Perú mantiene el grado, nivel, categoría y jerarquía establecidos dentro de los límites previstos por el artículo 84° hasta el pase a la situación de retiro», se lee en el texto.

La ley no contempla ampliar el plazo para el ascenso de policías

Asimismo, la iniciativa legislativa señala que, si bien el plazo excepcional que se proporciona es para contar con policías en actividad, esto no significa que se amplíe el plazo para el ascenso del personal.

«Si bien es cierto que el plazo excepcional que se proporciona es para contar con efectivos policiales en actividad, no significa que se amplíe el plazo para el ascenso, de allí se establece que se mantiene el grado, nivel, categoría y jerarquía establecidos dentro de los límites previstos por el artículo 84° de la norma en mención hasta el pase a la situación de retiro», se menciona en el texto legislativo.

Hoy la Comisión de Ética del Congreso de la República, presidida por Alex Paredes en su sesión verá las denuncias correspondientes a los legisladores Darwin Espinoza Vargas y Kira Alcarraz Agüero, quienes están involucrados en un presunto intercambio de favores, por haber utilizado sus influencias para contratar a personas cercanas a ambos con recursos públicos. El grupo de trabajo, que sesionará este lunes 4 de noviembre a las 5:00 p.m. discutirá esta denuncia que se encuentra contenida en el Expediente N.º 174-2023-2024/CEP-CR.

Asimismo, la Comisión de Ética Parlamentaria, también tiene previsto realizar la audiencia del expediente seguido contra el legislador José Arriola, así como el informe de calificación correspondiente a la denuncia contra los congresistas Guillermo Bermejo, Elizabeth Taipe, Kelly Portalatino y María Agüero.

Darwin Espinoza y Kira Alcarraz son acusados de usar sus influencias para intercambiar favores

Cabe recordar que hace siete meses, el pasado 21 de abril, de acuerdo al informe de «Punto Final», la parlamentaria Kira Alcarraz de Podemos Perú contrató a Stephania Cuya Bezzolo en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Parlamento. Según testimonios de extrabajadores parlamentarios, Cuya Bezzolo quien se desempeñó como auxiliar de Comisión es una amiga muy íntima de Darwin Espinoza desde la campaña electoral del 2021. En tal sentido, su contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Fiscalía inició diligencias contra Darwin Espinoza y Kira Alcarraz por presunto cohecho

Asimismo, tras el destape de este caso, la Fiscalía de la Nación inició diligencias contra los congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarraz, por un intercambio de favores; para supuestamente beneficiar a sus allegados. Según se conoció, se involucró a Stephania Cuya Bezzolo, amiga íntima de Espinoza. De acuerdo a la disposición fiscal, Espinoza Vargas es sindicado como presunto autor del delito de cohecho activo genérico, mientras que Alcarraz Agüero será investigada por cohecho pasivo propio. En tal sentido, la Fiscalía requirió los informes de la Semana de Representación de Espinoza Vargas en los meses de marzo y abril.

¿Y cómo lo hizo? Un informe del programa Panorama reveló que la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino contrató para su despacho como auxiliar de confianza a Lesly Valverde Broncano, hija de Juan Broncano, la mujer que cuida a los hijos de la parlamentaria.

Valverde ganó S/15,000 durante los primeros meses de septiembre de 2022, pese a no tener ninguna experiencia en el cargo. Dejó el Congreso y en marzo de 2023 postuló a otra entidad, donde la rechazaron y calificaron su currículum como “no apto”. Dos meses después de dicha postulación, en mayo de 2023, volvió al Legislativo y ha ganado hasta septiembre de este año el monto total de S/61,000.

Efectivamente, para evitar sospechas, a los seis meses de su contrato, Valverde Broncano dejó el despacho de Kelly Portalatino y postuló a la Municipalidad de Barranco. Sin embargo, fue declarada no apta para el puesto. A pesar de ello, en mayo de 2023, regresó al Congreso de la República, esta vez con un cargo en la Oficina de Prevención y Seguridad, con el doble de su salario original.

Al ser consultada sobre los méritos que llevaron a la joven a ocupar dicho cargo, Portalatino evitó brindar detalles específicos. “Dígame usted cuál es el criterio para tener un cargo de confianza. Cargo de confianza es tener un profesional que tú tengas la confianza para poder abordar como asistente y otras competencias”, respondió la parlamentaria visiblemente incómoda.

Según el portal de transparencia del Estado, hasta setiembre de este año, Valverde Broncano ha recibido aproximadamente 61 mil soles por su trabajo en el Congreso. Esta nueva revelación de Panorama ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso de cargos de confianza y la transparencia en la contratación de personal en el Palacio Legislativo.

El Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, nuevamente reiteró su incondicional respaldo a la presidenta de la República Dina Boluarte. En declaraciones a la prensa en la ciudad de Trujillo, el líder de Alianza para el Progreso, (APP) se manifestó en contra de las iniciativas de vacancias que vienen impulsando algunos congresistas debido a la ineficacia del gobierno para luchar contra la creciente criminalidad, y más bien aseguró que estas mociones no contribuyen a la estabilidad del Perú.

“Yo no creo en las vacancias, ni en las interpelaciones. No creo en la inestabilidad del país”, afirmó el popular ‘plata como cancha’.

César Acuña añadió que, a menos de dos años de culminar el periodo presidencial, se requiere estabilidad para que el gobierno logre avanzar.

“Estamos a menos de dos años de elecciones, y creo que todos los peruanos de buena voluntad deberíamos ponernos de acuerdo para ayudar a este gobierno a salir adelante”, expresó y sugirió que se debe apoyar a la gestión para lograr el bienestar del país en el tramo final.  

Cuando se le preguntó sobre una posible afiliación de Dina Boluarte al partido Alianza para el Progreso, Acuña fue claro: “Todavía no; está muy tarde. Creo que eso sería muy prematuro”. Además, resaltó que cada político debe a aspirar a construir su propio partido, sugiriendo que no ve viable una incorporación de Boluarte Zegarra a su agrupación.

Y con respecto a su propia participación en política, afirmó: “El que nace en la política, se muere político”. Dejando así abierta la posibilidad de participar en los futuros comicios electorales; y por último, el gobernador también sugirió de que la presidenta debería evaluar a sus ministros.

“La gestión depende de los ministros. Ella debería buscar los mejores para ayudarle a sacar adelante el país”, concluyó.

El gobierno del negacionismo. A casi unos meses para que Dina Boluarte cumpla dos años en el poder, no cabe duda que su principal trabajo es el de ‘maquillar’ los resultados, enviando de aquí para allá a cuanto ministro se ofrezca a servir de escudero. Uno de los más polémicos es el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, quien en más de una oportunidad ha tratado, de manera infructuosa, de disimilar las terribles cifras de asesinatos por sicariato y extorsión.

No solo ello, sino que también continúa negando, durante una conversación entre él y el capitán Junior Izquierdo (‘Culebra’), que se esté protegiendo al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

El programa dominical Cuarto Poder difundió anoche un nuevo audio atribuido al titular del Mininter en el que se da cuenta que dos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y otro en situación de retiro estarían detrás de la protección al líder del partido Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.

«La información que yo tengo es que hay generales que están protegiendo a Cerrón», le dice supuestamente el titular del Mininter, investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, encubrimiento real y tráfico de influencias, a ‘Culebra’.

«¿En actividad?», pregunta su interlocutor, a lo que este responde: «Hay dos generales y un general en retiro que ha sido Digimin (Dirección General de Inteligencia)». Sobre este último, el protagonista del extracto grabado por ‘Culebra’ el 21 de mayo pasado hace alusión a «Monar».

De acuerdo con el citado programa periodístico se trataría de Sergio Monar Moyoli, un general PNP en condición de retiro que fue director general de la Digimin del Mininter entre el 1 de diciembre de 2023 y marzo de 2024.

#CuartoPoder accedió a un nuevo audio donde el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habla con su entonces amigo, el capitán Junior Izquierdo 'Culebra' sobre un presunto blindaje de altos mandos al prófugo Vladimir Cerrón ► https://t.co/aTG6bPNOYX pic.twitter.com/trAJJhpvD9

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 4, 2024

Monar conoció a Juan José Santiváñez

Por su parte, Monar Moyoli confirmó que fue convocado para ese cargo por el entonces ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, pero se negó a señalar si conformó un grupo de búsqueda para capturar a Vladimir Cerrón durante su gestión.

«Yo no puedo declarar sobre actividades, documentos, decisiones que he tomado en el ejercicio de mi cargo. Tengo un acuerdo de confidencialidad», se excusó.

Asimismo, el general en retiro admitió que conoció a Juan José Santiváñez antes de que este presida el Mininter.

De acuerdo a Cuarto Poder, ambos coincidieron en febrero de 2024, cuando Sergio Monar Moyoli ya era general de la Digimin, mientras que Santiváñez ocupaba la jefatura del gabinete de asesores de la Alta Dirección del Mininter.  

Luego de conocerse que por mayoría, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada a Antauro Humala, el congresista Guido Bellido se solidarizó con el etnocacerista.

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, el parlamentario Bellido Ugarte señaló: «Las ideas se confrontan en el ámbito político. Excluir a un candidato del proceso electoral por ideas, no es democrático. Expresamos solidaridad con Antauro Humala y los militantes del partido A.N.T.A.U.R.O, a quienes se pretende privar del derecho constitucional de ser elegidos».

¿Quiénes fueron los jueces que tomaron esa decisión? Los jueces supremos fueron: Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaqué, Juan José Linares San Román y José Wilfredo Díaz Vallejos emitieron el fallo en mayoría, a favor de declarar fundada la demanda. Mientras que el juez supremo Pedro Cartolín Pastor, en minoría, votó por declarar infundada la demanda.

Ante lo sucedido, el congresista Bellido se pronunció con firmeza en defensa de la democracia frente a la disolución del partido político de Antauro Humala, subrayando que esta medida resulta contraria a los principios democráticos que deben regir en el país. Según Bellido, el pueblo peruano es el único soberano para decidir a sus gobernantes y expresar su voluntad en las urnas, y no se debería limitar su derecho a elegir y participar en la vida política.

Recordemos que la democracia es un bien fundamental que no puede ser vulnerado, y una medida de este tipo plantea la urgente pregunta: ¿dónde queda la democracia en el Perú si no se respeta la pluralidad y la participación popular?

El Primer Despacho del Equipo Especial, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, requirió ayer la suspensión del cobro de peajes de concesión ‘Línea Amarilla’, como medida preventiva en las investigaciones que se le siguen a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como las empresas Constructora OAS y Línea Amarilla SAC.

Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que la solicitud de suspensión abarca los peajes ubicados en la sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, y la sección 2: Peajes Estadio, Ejército y Huánuco.

La Fiscalía también requirió el nombramiento de la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes (Emape S.A.), como administrador judicial, a fin de que custodie los bienes de la concesión de las áreas del terreno.

Este pedido fue presentado por el Ministerio Público bajo el amparo del artículo 313 del Código Procesal Penal, como parte de las investigaciones contra la empresa Línea Amarilla S. A. C., Constructora OAS y Susana Villarán de la Puente, durante su gestión como exalcaldesa de Lima.

Con la medida, según el requerimiento, se busca poner término a las pretensiones de Lima Expresa de “seguir beneficiándose de manera indebida con el cobro de un peaje incrementado mediante acuerdos clandestinos” encubiertos vía un mecanismo de trato directo.

La respuesta de Lima Expresa

Por su parte, la empresa concesionaria Lima Expresa emitió un comunicado para señalar que la solicitud hecha por la Fiscalía se encuentra en «proceso de investigación» y piden al Poder Judicial tomar decisiones en respeto de las garantías constitucionales.

«Invocamos a las autoridades del sistema de justicia del país a adoptar decisiones en estricto respeto de las garantías constitucionales, única manera de restituir la confianza empresarial, garantizando la seguridad jurídica y la predictibilidad que son muy necesarias para el desarrollo de la inversión privada», se lee en el pronunciamiento.

El dato:

El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el próximo 21 de noviembre, a las 10 de la mañana, la audiencia donde se verá el pedido realizado por el Ministerio Público para suspender la recaudación de peajes.