Mi relación con el marxismo empezó en Buenos Aires, a comienzos del 2001. No fue por Karl, ni por el Manifiesto Comunista, ni mucho menos por El Capital. Mi marxismo viene de Groucho, el genio del bigote pintado, el puro y las cejas arqueadas; un revolucionario del humor absurdo que, junto a sus hermanos, fundó su propia corriente.

Una tarde de verano, haciendo zapping, me topé con El Bar, un reality show transmitido
por América TV. Allí, entre 12 personajes que convivían en una casa en San Isidro,
apareció un tipo distinto: Eduardo Nocera, a quien todos llamaban simplemente Edu. En
esos tiempos prehistóricos de internet y sin redes sociales, era difícil saber quién era
realmente. Pero bastaba verlo un par de minutos para notar que no era un concursante
más.

Hablaba de pintura, de cine, de literatura, de música. En medio de ese formato plagado de
banalidad, su presencia era una rareza luminosa. Edu era un bicho raro, de esos que no
se olvidan porque cargan con una locura brillante. En uno de los capítulos, soltó el
nombre de Groucho Marx y comenzó a desmenuzar su obra: películas, libros, vicios,
amores y, por supuesto, su humor ácido e irreverente. En ese instante, supe que tenía
una deuda pendiente con ese personaje.

Busqué sus películas y me sumergí en la demencia creativa de Una noche en la ópera,
Un día en las carreras, Una noche en Casablanca, El hotel de los líos… Y también devoré
sus libros Groucho y yo y Memorias de un amante sarnoso, donde el cinismo se mezcla
con la ternura y la inteligencia desarma cualquier solemnidad.

Años después, entendí que El Bar, producido por Cuatro Cabezas de Mario Pergolini y
conducido por Andy Kusnetzoff, también había sido una forma de subversión: colar en la
televisión comercial a un personaje como Nocera, escritor y profesor universitario, fue una
manera astuta de filtrar cultura por los poros del espectáculo.

Por eso debo confesar, que mi formación no solo vino de libros o charlas con mis padres.
La pantalla chica, a veces, supo ser una maestra inesperada. Hoy, Groucho sigue siendo
un referente de irreverencia, de lucidez y de resistencia al aburrimiento.

Y hoy, cuando muchos creen que el humor se hace “Hablando huevadas”, reafirmo mi
militancia: Soy marxista, pero de Groucho.

Desde su creación, el Ministerio de Cultura ha sido sinónimo de improvisación, baja ejecución presupuestal y escándalos de corrupción. Pese a sus limitados recursos, su historial está marcado por denuncias graves y funcionarios de alto nivel bajo investigación. La actual demora en los procesos fiscales contra varios de sus exministros plantea serias dudas sobre la eficacia de la justicia y el rol del Ministerio Público.

La exministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, quien en 2018 lideró la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, enfrenta una investigación preparatoria por presunta negociación incompatible, colusión y discriminación. Según la Fiscalía, integró una red que defraudó al Estado mediante la sobrevaloración de servicios y la utilización de un anciano de escasos recursos como supuesto proveedor. Una ferretería vinculada a esta red habría recibido 200 mil soles.

A esta situación se suma la investigación contra la exministra Patricia Balbuena, acusada de peculado doloso en el caso ‘Richard Swing’. Este escándalo, que involucró a cinco exministros de Cultura entre 2018 y 2020, muestra una presunta red que favoreció a Richard Cisneros con más de 175 mil soles en contratos irregulares. Rogers Valencia, Ulla Holmquist, Luis Jaime Castillo, Sonia Guillén y la propia Balbuena fueron señalados como presuntos responsables de estas contrataciones, que, según colaboradores eficaces, se habrían dado por órdenes de Palacio de Gobierno.

El patrón se repite: investigaciones abiertas, nombres en titulares y promesas de justicia que se diluyen con el tiempo. Hoy, el actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia es investigado por la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima, y ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión, por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, mientras los procesos contra sus antecesores siguen sin resolución clara.

La pregunta es inevitable: ¿el Ministerio Público busca justicia real o simplemente administra el olvido? La acumulación de casos sin sanción crea una percepción de impunidad institucionalizada. Si el tiempo sigue beneficiando a los investigados, la lucha contra la corrupción se convertirá en una consigna vacía, y el Ministerio de Cultura continuará siendo un símbolo del fracaso del Estado en sancionar a quienes traicionan el servicio público.

Sergio Galarza es un escritor que leí mucho de adolescente. En tiempos donde la brújula de mis gustos era mi salvaje corazón. Conecté con su libro Matacabros, con aquellas escenas de la vida en Lima, con adolescentes, alcohol y violencia. Después leí Todas las mujeres son galgos, El infierno es un buen lugar, La soledad de los aviones e incluso su novela Paseador de perros, escrita en su etapa europea.  

¿Qué me atraía de esos libros? ¿Por qué los buscaba desesperadamente por las librerías de Quilca? ¿Acaso el lenguaje desinhibido? Sí, fue un autor que me tocó digamos entre los dieciséis. Lo leímos con la tribu del barrio, mientras prendíamos un fallo y nos contábamos algunas escenas, generalmente ambientadas por The Velvet Underground.

Pasaron los años y ahora estoy frente a uno de sus nuevos trabajos, Cuentos para búfalos (2015), que ya muestra a un narrador adulto, sí, aunque igual nos devuelve algunas escenas de sus primeros trabajos. El título tiene un motivo especial: es una referencia a una reflexión de Roberto Bolaño, donde comparaba el acto de ganar concursos con el de cazar animales salvajes. Esos búfalos son los diez textos que comprenden el volumen. Y nacieron por la urgencia de tener dinero para solventar el nacimiento no de uno sino de dos hijos.

En La chica sin un brazo Galarza regresa a su primer tópico (los homofóbicos), así como Skate or Die y Todas las mañanas de mi padre guardan similitud con su mirada juvenil. Sin embargo, Al borde del borde, premiado generosamente con doce mil euros, es el cuento más destacado. El narrador es un pituco y estudiante de Derecho, fanático de la música alternativa. También es amigo de Harry, el personaje central, que tiene un puesto de discos de música, el Harry Underground. Así, la historia es un fresco de la juventud, el rock y el desenfreno. 

Si bien todos los cuentos son consecuencia de concursos, guardan una misma sintonía, un nervio realista. A su vieja facilidad para crear escenas memorables se suma la reflexión política y una mirada distante que le da más hondura de sus textos.  Volvamos a Galarza.

Qué tan inusual es Cuadrilátero (dentro del cuadrilátero no demasiado inspirado del cine peruano). En principio, y con ciertas prevenciones, sí; es inusual, hay un intento de hacer algo distinto, que se agradece; pero, desde otro punto de vista, en realidad, no, es solo y otra vez más-de-lo-mismo. Pese a los esfuerzos. ¿Mi conclusión o síntesis de estos dos puntos contrarios? Creo que hay que perseverar por el camino que está abriendo o tratado de abrir. Creo que hay una búsqueda pero que aún no logra escapar de lo peor del realismo, razón de las desgracias del cine peruano. ¿Y a qué me refiero con realismo?  

A un estilo de actuación y una cosmovisión reductora y simplificadora. Sabemos que el realismo no es la ‘realidad’, y el realismo a la peruana es grandioso, reduce el realismo, la realidad ya reducida previamente. Qué hazaña, compatriotas. Gloria al cliché.

Cuadrilátero, aunque no parezca, nos muestra las piezas de su juego. Su hermetismo es más enigmático que misterioso, tiene más de adivinanza o encriptamiento, que de búsqueda de lo ‘misterioso en sí’. No digamos del misterio de la vida, digamos del misterio del comportamiento humano.

Cuadrilátero coquetea con el fantástico. Y el fantástico no se deja seducir. Aprovecha -a medias- la oportunidad hacia una masiva salida sádica (era una posibilidad ‘extrema’; para entendernos: acuérdense del desenlace ‘tímido’ de Días de Santiago, de Josué Méndez). Tibio-tibio.

Es un juego que aparentemente no tiene explicación. O es muy sencillo. Comportamiento ‘animal’. Animalizado o des-humanizado. O solo son humanos, capaces no solo de lo mejor sino de lo peor; o de lo irracional (la carta marcada sería la palabra trauma) tras una pátina enferma de ‘orden’.

Orden, simetría, reglas y más reglas. Inflexibles y no de lo más sutiles. Que una película te torture puede ser bueno y malo. Pero tortúrame para decirme algo que no sepa o que haya olvidado. ¿Gusto, glorificación de la violencia? (aparece por ahí alguna melodía como para recordar lo lejos que está La naranja mecánica).

Las explosiones de violencia -no sé qué tan contradictoramente- resultan un alivio. Lo abstracto, por su parte, funciona o contribuye para crear enrarecimiento, opresión. O será -insisto- la mentalidad reduccionista pequeñoburguesa de mis compatriotas al hacer cine lo que me produce, por lo menos en parte, la opresión.

Por Jorge Paredes Terry

En los últimos años, los gobiernos de turno han perfeccionado un método represivo para neutralizar las demandas sociales: la criminalización de la protesta. Bajo el pretexto de mantener el «orden público», se estigmatiza a los movimientos sociales, se infiltran agentes provocadores, y se judicializa a los dirigentes legítimos.

Hoy, este riesgo acecha a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN) quienes se encuentran en una movilización pacífica frente al Congreso de la República.  

El pretexto: un informe policial sospechoso.

Según el Memo 012-2025 de la Dirección de Seguridad del Estado, se alerta sobre una supuesta «toma violenta» del Congreso por parte de los mineros artesanales, argumentando que habría «infiltrados» para generar caos. Este lenguaje es clásico en los manuales de criminalización: se sataniza la protesta antes de que ocurra, justificando una represión desmedida.  

Lo grave es que, tras este operativo, podrían estar las grandes compañías mineras y consultoras de seguridad internacional, interesadas en debilitar a los pequeños mineros para imponer sus proyectos extractivos sin resistencia.  

El objetivo: descabezar el movimiento.

El verdadero peligro no es solo la represión en las calles, sino la detención selectiva de dirigentes y asesores, acusándolos de sedición, disturbios o terrorismo. Así se busca quebrar la organización, sembrar miedo y desarticular la lucha.  

Llamado a la prudencia y la resistencia legal.  

Frente a esto, los mineros deben:  

1. Mantener la protesta pacífica, sin caer en provocaciones.  

2. Documentar todo acto represivo (grabaciones, testimonios).  

3. Exigir veeduría internacional para evitar abusos.  

4. Preparar defensa legal anticipada, ante posibles detenciones arbitrarias.  

El pueblo no olvida. Si el gobierno insiste en reprimir en lugar de dialogar, quedará claro quiénes defienden al pueblo y quiénes protegen los intereses de las grandes mineras.

Que la lucha no se apague con la cárcel, sino que crezca con la verdad!

El caso “Cócteles” lleva años arrastrándose en el sistema judicial peruano, y lejos de aclarar responsabilidades o establecer verdades jurídicas, se ha convertido en otro episodio de la agotadora pugna política entre los bandos que dominan el debate nacional: los autodenominados «caviares» y la derecha conservadora.

Esta semana, el fiscal José Domingo Pérez volvió a aparecer ante los medios con nuevas acciones persecutorias contra Keiko Fujimori, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos a través de falsos aportes a su campaña presidencial del 2011. Según la fiscalía, los llamados “cócteles” sirvieron como fachada para ingresar fondos irregulares, incluyendo donaciones de la empresa Odebrecht.

Aunque la gravedad de las acusaciones no debe minimizarse, el estilo del fiscal Pérez sí genera cuestionamientos. Su permanente exposición mediática, sus frases calculadas para el impacto, y la forma teatral con la que presenta sus argumentos, alimentan la idea de que no busca solo justicia, sino protagonismo. El Ministerio Público no puede comportarse como una figura televisiva. Si la intención es desarticular redes de corrupción, la sobriedad institucional debería ser la regla, no la excepción.

En abril pasado se cayó el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso ‘Cócteles’, tras anulación del PJ.

Sin embargo, la crítica no puede quedarse en el plano del Ministerio Público. Cada vez que Keiko Fujimori enfrenta un revés legal, sus aliados de la derecha conservadora reaccionan con indignación automática. Invocan una supuesta persecución política, acusan al sistema de querer bloquear su participación electoral, y construyen un discurso victimista que choca con su habitual defensa del “orden” y la “legalidad”.

Hay algo profundamente incoherente en esa defensa cerrada, casi corporativa, de una figura con tantos cuestionamientos judiciales. El “espíritu de cuerpo” con el que blindan a Keiko no es un gesto de principios democráticos, sino una estrategia para mantener una figura útil al statu quo conservador.

Así, el caso “Cócteles” ya no es solo un expediente fiscal, sino el reflejo de una guerra política que cansa y divide al país. ¿Hasta cuándo la opinión pública debe tolerar esta disputa interminable entre caviares y conservadores, donde la justicia se usa como arma y escudo según convenga?

Lo que el Perú necesita es un sistema judicial que no sea espectáculo ni herramienta política. Y una clase política que entienda que la corrupción —venga de donde venga— no se combate con discursos hipócritas ni con defensas interesadas, sino con coherencia y respeto por la ley.

En medio de un país herido por la inseguridad, sumido en la informalidad laboral, con servicios públicos colapsados y una clase trabajadora que sobrevive con el salario mínimo, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido que su prioridad no es el pueblo que dice representar, sino su propio bolsillo. Su reciente aumento de sueldo a más de S/35,000 mensuales, convalidado por el ministro de Economía Raúl Pérez Reyes y refrendado en Consejo de Ministros, revela no solo una desconexión absoluta con la realidad, sino una clara señal de desprecio hacia la ciudadanía que día a día se esfuerza por sobrevivir.

Este gesto, que supera el 125 % de incremento respecto al salario presidencial vigente, no solo es inoportuno, sino profundamente inmoral. Mientras los ciudadanos son víctimas de extorsiones, asesinatos y desempleo, la presidenta ha optado por priorizar la valorización de su cargo como si se tratara de una ejecutiva en una multinacional, y no de una funcionaria pública al servicio de una nación en crisis. ¿Cuáles son los méritos para semejante retribución? ¿Qué logros justifica semejante gasto en medio de recortes y deudas externas?

Desde el 2006, cuando Alan García corrigió el abuso cometido por el corrupto Alejandro Toledo al imponerse un sueldo presidencial de S/42,000 mensuales, todos los sucesores –incluido Pedro Castillo– mantuvieron el salario en S/15,600. Fue un gesto político que por lo menos marcó un mínimo de respeto institucional. Pero Dina Boluarte, cuya gestión se caracteriza por su precariedad técnica, falta de transparencia, represión social y opacidad administrativa, ha elegido romper con absoluta indolencia ese pacto tácito con el sentido común. Con apenas legitimidad política, sin partido, sin bancada sólida y con un país sumido en múltiples crisis, la mandataria parece decidida a asegurarse su propia prosperidad mientras el país se desangra.

Lo más grave es que este aumento no fue transparente. Un documento fechado el 10 de febrero de 2025 (Oficio N.º 001180-2025-DP/SSG) enviado desde su propio despacho a la Presidencia del Consejo de Ministros da cuenta del inicio del proceso que terminaría en el Decreto Supremo que oficializa su nuevo sueldo. Primero negaron su existencia y luego intentaron ocultarlo bajo la figura de “documento confidencial”. El cinismo de este mandato presidencial no conoce límites.

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, con un discurso timorato, justificó el aumento comparando el salario de Boluarte con el de otros mandatarios latinoamericanos. Lo que no dijo es que esos países, en su mayoría, tienen economías más estables, mejores índices de seguridad ciudadana y servicios públicos más eficientes. El argumento del “salario competitivo” no aplica para una presidenta cuyo gobierno reprime y no da explicaciones de sus investigaciones a la opinión pública, cuyo liderazgo es inexistente, y cuya gestión ha endeudado al país por más de S/13 mil millones para adquirir 24 aviones de guerra que ningún conflicto bélico actual justifica.

Este aumento, además, podría marcar un nefasto precedente. Si la presidenta chalhuanquina puede duplicar su sueldo sin mayor oposición, ¿qué impide que ministros, directores, gerentes públicos y demás funcionarios empiecen a reclamar lo mismo? No se trata de populismo ni de demonizar el gasto público, sino de responsabilidad política y ética. En un país donde el sueldo mínimo apenas alcanza los S/1,025, donde la canasta básica se vuelve inalcanzable, y donde la desigualdad se acentúa día tras día, este tipo de decisiones son provocaciones directas al pueblo.

¿Y después qué? ¿Una pensión vitalicia de S/35,000? Aunque la Ley n.º 26519 establece S/15,600 mensuales para los expresidentes, la práctica política peruana ha demostrado que lo legal importa poco cuando el poder se ejerce sin escrúpulos. Si expresidentes de transición como Merino y el ‘morado’ Sagasti intentaron cobrarla, ¿qué impedirá a Boluarte hacerlo, ahora con un sueldo duplicado?

Dina Boluarte Zegarra pasará a la historia no como una lideresa, sino como un símbolo de la desconexión del poder. Una mandataria más interesada en los beneficios personales que en el bienestar colectivo. Gobernando entre vuelos diplomáticos y decretos ocultos, mientras el Perú se incendia, y la clase trabajadora –la verdadera columna vertebral de esta nación– es ignorada, despreciada y ahora, burlada.

Por Rafael Romero

¿Hay un poder oculto en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)? Es innegable a estas alturas de las investigaciones del Ministerio Público sobre funcionarios de la Cancillería (Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-144-0).

Por la salud de la República y la diplomacia peruana, no se puede seguir mirando de costado desde el sillón ministerial, especialmente cuando la Casación N° 18558-2024 del pasado 2 de abril, emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, confirmó la nulidad del procedimiento administrativo abierto por Popolizio y De Zela contra el embajador Fortunato Quesada, debido a graves irregularidades, a la vulneración del debido proceso y la confirmación de que hubo un complot desde el MRE para destituirlo.

No le queda más alternativa al canciller Schialer que cumplir los principios de la administración pública: legalidad, veracidad, integridad, probidad, honestidad, transparencia y ética en la función pública, y con ello estará cooperando institucionalmente con la Fiscalía, entidad que investiga a altos funcionarios diplomáticos por un supuesto tráfico de influencias.

Empero, urge una mirada más profunda y pesquisas contundentes por parte de la Fiscalía pues habría otros delitos y no solo el de tráfico de influencias; y si bien la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Quinto Despacho, viene haciendo un importante trabajo, bien podría valorar y ponderar hechos y declaraciones que configurarían más ilícitos que se habrían cometido por parte de los investigados en la Carpeta N° 506015505-2025-144-0.

Así, una serie de declaraciones atestiguan la existencia de un poder oculto y una argolla que vendría actuando por años y por encima del ordenamiento administrativo del MRE, y esto es peor a partir de un diálogo entre el funcionario Pedro Rubín y el fenecido José Boza, tal como consta en el expediente administrativo disciplinario abierto por la Cancillería contra el embajador Quesada. Asimismo, está la declaración del chef Jesús Alvarado Zegarra del Carpio, que trabajó en la embajada del Perú en Israel, y es fundamental su carta pública del 1 de abril del 2025, donde señaló con nombre propio quiénes son los funcionarios de la Cancillería que habrían actuado fuera de la ley.

Efectivamente, urge valorar por parte del Ministerio Público la confesión reveladora, mediante entrevista periodística del referido señor Jesús Alvarado, que consta en fuente abierta y puede verse en la red social YouTube, con su respectivo enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=E26xNCzhYKQ&t=194s, titulado: “CHEF JESÚS ALVARADO CORROBORA COMPLOT CONTRA EMBAJADOR QUESADA”.

También se justifica un mayor análisis y nuevas pesquisas a la luz de los siguientes hechos todavía no valorados, contenidos en el artículo del periodista Herbert Mujica, jefe de la Unidad de Investigación del Diario UNO, del lunes 24 de febrero del 2025, titulado “Quesada, complot y escándalo y no hay culpables”. Igualmente, resulta revelador su otro artículo titulado “Sacan de Egipto a embajador peruano José Betancourt”, cuyo enlace web es:

https://senaldealerta.pe/sacan-de-egipto-a-embajador-peruano-jose-betancourt/.     Pues, los hechos estarían en relación con los supuestos delitos de omisión funcional y organización criminal, y debe ponderarse la nota periodística de la agencia de noticias INFOBAE, del 20 de setiembre del 2024, escrita por el periodista Ricardo Mc Cubbin, y titulada: “Perú retira a su embajador en Egipto luego de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios”, y cuyo enlace web es: https://www.infobae.com/peru/2024/09/20/peru-retira-a-su-embajador-en-egipto-luego-de-acusaciones-de-mal-comportamiento-con-altos-funcionarios/

Porque en medio de todo esto resultan contradictorias las Resoluciones del MRE, pues por un lado retira al embajador José Betancourt de Egipto, mediante Resolución Suprema N° 151-2024-RE, del 10 de setiembre del 2024, cuyo enlace web es: https://www.gob.pe/institucion/rree/normas-legales/6207474-151-2024-re; y, por otro lado, la Cancillería lo premia en un puesto dorado, de asesor especializado de Recursos Humanos en Lima, mediante Resolución Ministerial N° 0871-2024-RE, cuyo enlace web es: https://www.gob.pe/institucion/rree/normas-legales/6200953-0871-2024-re.

Esta blandura puesta en perspectiva, y a la luz de toda la documentación de la Cancillería existente en sus Oficina de Recursos Humanos (ORH), evidencia el trato desigual brindado a José Betancourt, exembajador peruano en la República Árabe de Egipto, respecto del abusivo proceso disciplinario impuesto contra el entonces embajador Fortunato Quesada, quien tenía función representativa oficial de nuestro país en Tel Aviv (Israel).

Es más, una profunda investigación de la Fiscalía no podría dejar de lado el testimonio y las aseveraciones del referido diplomático de carrera, Fortunato Quesada, brindadas al Canal N, sobre el complot en su contra y cuyo enlace web es el siguiente: https://canaln.pe/video/cuentas-claras/fortunato-quesada-exembajador-peru-israel-responsabilizo-al-excanciller-popolizio-y-zela-complot-su-contra-n5476, pues con ellas se tiene un panorama claro del supuesto “iter criminis” en su contra y la relación de los investigados en la Carpeta Fiscal N° 506015505-2025-144-0.

También existe abundante documentación oficial en la sede del MRE sobre LOS 31 FOLIOS OCTUBRE DEL 2020 donde se evidenciaría la organización y programación de un escándalo mediático e ilegal, usando los cargos públicos para llevarlo a un programa dominical (“Panorama” de Panamericana Televisión); y también en el INFORME (ORH) N. 011 DE DICIEMBRE DEL 2020, donde la propia Cancillería señala el nombre de cuatro funcionarios involucrados en la trampa (Popolizio Bardales, José Boza, Pedro Rubin y Hugo de Zela) y que se habría configurado una serie de ilícitos penales, los mismos que hoy tienen que ser esclarecidos por el Ministerio Público.

Incluso, más recientemente, siendo un hecho público la nota del diario Perú 21 sobre la Casación del Poder Judicial frente a un posible complot, sería pertinente que la Fiscalía a cargo del doctor Néstor Rivera Navarro, pondere el contenido de la noticia titulada: ”Según investigación, audios fueron manipulados. Embajador Fortunato Quesada gana juicio a la Cancillería y deberá ser repuesto”, cuyo enlace web es: https://peru21.pe/politica/embajador-fortunato-quesada-gana-juicio-la-cancilleria-0/, publicada el 11 de junio del 2025, donde se hace referencia a audios manipulados.

En suma, lo recomendable es profundizar en cada aspecto y trazar nuevas líneas de investigación hacia otros posibles delitos (omisión de funciones, abuso de autoridad, organización criminal, falsedad genérica, etc.) ya que no solo existiría el de tráfico de influencias. La pelota está en la cancha de la Cancillería, pero el ministro Schialer, ¿será el árbitro, un jugador o solo un espectador desde la tribuna? Por lo pronto mantiene como su asesor ad honorem al embajador Hugo de Zela, cuando hay una sentencia judicial de la Corte Suprema en su contra (que le anuló una resolución arbitraria y abusiva). No es esto una seria contradicción moral y ética.