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Fiscalía blinda a Keiko Fujimori

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Como ya es de conocimiento público, hace exactamente tres meses, el 15 de mayo los fiscales peruanos Alonso Peña (jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y de Extradiciones), Rafael Vela Barba, y Germán Juárez Atoche, que investiga a los hoy encarcelados Ollanta Humala y Nadine Heredia, viajaron a Curitiba-Brasil para interrogar en persona al preso Marcelo Odebrecht para que ratifique con su declaración, el aporte de 3 millones de dólares que realizó para la campaña de Ollanta Humala en 2011. Efectivamente, el empresario ratificó a los fiscales, que él encargó a su representante en Perú Jorge Barata a que cumpla con la entrega de la suma millonaria a los Humala-Heredia.  A pesar que Barata en un principio se mostró reacio al aporte porque manifestó su antipatía hacia el nacionalista, porque hasta ese momento tenía claro que Humala no tendría posibilidades de salir elegido presidente; no le quedó más remedio que cumplir con la consigna que venia del PT por encargo del expresidente Lula da Silva, y de su exministro Alfredo Palocci.

Odebrecht, también refirió que le advirtió a Barata que luego del aporte a Humala, y en caso que surgieran represalias, le tenía que dar más a Keiko. Él habló y apuntó una nota: “…dale 500 más, y además debo hacerle una visita…” El millonario empresario reconoció en el interrogatorio que él apoyaba a los candidatos que tenían mayores posibilidades de salir elegidos presidentes; por ello contribuyó a la candidatura de Keiko, y probablemente la del Apra; tal como está en el documento con escritura de su puño y letra: “Peru/AG. etc. Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita (ex:Venez). … Humala? Peru”.   Incluso, agregó a los fiscales que todos los detalles de los aportes los podría confirmar en Perú el propio Jorge Barata.

¿Qué pasó luego? Los fiscales luego de la diligencia en Brasil, cuando volvieron al Perú simplemente ocultaron todo lo dicho por Odebrecht con respecto a Keiko, y AG. Aquella extraña omisión fue denunciada en su momento por el periodista Gustavo Gorriti en su plataforma IDL-Reporteros, no obstante, la Fiscalía inmediatamente, y en un afán de deslindar aquel tremendo ocultamiento emitió un comunicado oficial que señalaba que las recientes diligencias realizadas en Brasil tenían un carácter reservado y confidencial; y además tildaron de mentiroso a Gorriti, y que lo dicho por él no se ajustaba a la verdad.

Lo que no pudo prever la fiscalía, es que IDL-Reporteros consiguió la nota escrita, y además toda la declaración oficial (son 59 páginas que están traducidas al español) del empresario, como prueba contundente que respaldaba la denuncia periodística. La fiscalía insistió en su necedad, y nuevamente emitió otro comunicado que refería una vez más: que aquellas anotaciones no existían, y que eran otra mentira de la prensa. Pero como el tiempo es sabio, actualmente se conoce la transcripción oficial gracias a la fiscalía brasileña, y se ha corroborado que todo lo dicho por el empresario brasileño es absolutamente veraz. Entonces ¿Quién mintió? de hecho, la fiscalía de la nación. ¿Las razones? Encubrir a la lideresa de fuerza popular ¿Por qué razón? Esa sería la pregunta del millón, que sin duda se vendrá descifrando en un “breve” tiempo.

Eso demuestra que la fiscalía no tuvo ni la menor intención de abrir una investigación con respecto a la candidatura de Keiko Fujimori, y la de Alan García; sin embargo, si se pusieron diligentes y aplicaron tremenda celeridad en los casos Toledo, Humala-Heredia.

Por si fuera poco, el 15 de julio el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez dio una conferencia de prensa sobre el tema, y arguyó que ellos se limitaron a actuar solamente sobre el involucramiento de Ollanta Humala y Nadine Heredia en la investigación; y no, sobre probables aseveraciones que involucrarían a Keiko Fujimori y AG. Tal como lo refirió textualmente: “La diligencia [en Curitiba] fue expresamente para un tema determinado. Solo se podía preguntar por ese tema, porque no había otro tema en la petición. No hay interés en proteger a alguien, ni a ninguna persona”.

Es increíble ver como un fiscal de la talla de Sánchez, se escuda en tan endebles argumentos que obedecen a la mera forma. El hecho es que, Pablo Sánchez, volvió a mentir, porque las preguntas de la fiscalía peruana se redactaron en escrito y así viajaron a Brasil. Asimismo, el día de la diligencia que se realizó en la sede de la Policía Federal, el propio procurador regional brasileño Orlando Martello ordenó bien intencionadamente que se incluyan nuevas preguntas; ello generó que inmediatamente uno de los interlocutores peruanos que se hallaban presentes formule la interrogante ¿se había colaborado en las campañas de otros partidos? Obviamente, Odebrecht respondió que sí; pero todo eso fue ocultado por el Ministerio Publico peruano.

¿Qué dice el fiscal encargado de la investigación Germán Juárez Atoche?

Nada. Él únicamente ha salido a justificarse, y señala que no ha negado la información anotada en Brasil que vincula a Keiko Fujimori con Odebrecht; y que como ésta aún no ha llegado formalmente al Perú, a través de la Unidad de Cooperación Judicial, él simplemente no ha señalado nada al respecto. Afortunadamente, aquellas pruebas que figuran en documentos escritos que vinculan a Keiko Fujimori, y a AG, ya se han remitido de parte de la fiscalía brasileña, y están a punto de llegar a nuestro país, para que la fiscalía peruana cumpla como debe ser con su labor, y ahonde en las investigaciones pertinentes. ¿O acaso seremos testigos de una fiscalía corrupta como en los tiempos de la doctora Colán, y su socio el chino Rodríguez Medrano?

Pero ahí no queda todo. Pese a que Jorge Barata se acogió a la colaboración eficaz, y por promesa del fiscal Hamilton Castro se le garantizó no abrirle responsabilidad penal; luego, el propio Juárez Atoche ordenó la inmovilización de sus cuentas y le inició una investigación por Lavado de Activos. Así es la incoherencia de aquellos fiscales que trabajan aislados. Mientras que uno ofrece beneficios, el otro acusa penalmente. Así se persiguen en Perú a los colaboradores eficaces. Entre tanto, Barata nada tonto, inmediatamente solicitó a los fiscales brasileños que acepten, y autoricen su nueva decisión de ya no colaborar y declarar más ante la justicia peruana; luego los fiscales le dieron la razón.

Eso le convendría al fiscal Juárez Atoche, pero no era suficiente; y para asegurarse: el 7 de julio emitió una resolución en la que claramente desistía de su rol para interrogar a Jorge Barata. Prácticamente el fiscal sacó el cuerpo ante la posibilidad de interrogar a Barata, en una nueva investigación que involucre a la lideresa del partido naranja. En palabras del propio Odebrecht, Jorge Barata tendría mucho qué decir sobre las cifras exactas y/o sobre cuánto dio a Keiko, y AG; no obstante, lo que hizo Juárez Atoche tiene un nombre, y se llama

BLINDAJE Y ENCUBRIMIENTO.

El caso Lava Jato es sin duda uno de los más relevantes de la historia de la corrupción latinoamericana; y Perú es uno de los países que se ha visto afectado por aquellas operaciones de soborno de parte del cartel de empresas brasileñas lideradas por la contratista Odebrecht, cuyo saldo de operaciones arroja una estadística de sobornos a más de 1,000 personas en el mundo, y pagos de comisiones millonarias a gobiernos de 12 países. Aún cabe resaltar que la investigación fiscal en nuestro país se viene mostrando inepta, y floja: y solo depende de los buenos oficios y las investigaciones de los fiscales brasileños, y de su policía federal.

De otro modo, hasta el día de hoy en nuestro país no nos hubiéramos enterado de aquella organización delictiva. Así, todo se descubrió desde hace años en Brasil; y la fiscalía peruana ni enterada, y no hizo nada, porque toda la diligente investigación se llevó a cabo cabalmente en el país carioca. Hay muchas otras interrogantes, pero los peruanos hasta el día de hoy nos preguntamos ¿por qué no se investiga a las otras empresas vinculadas? Como OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutiérrez, y Camargo Corrêa ¿Por qué? Porque simplemente la fiscalía es incompetente, y porque obedece a razones “extrañas”.  Y ¿sobre Graña y Montero, y JJ Camet ambas socias peruanas de Odebrecht? Tampoco, nada…

Por su parte Keiko Fujimori ha desmentido las afirmaciones en su contra, y asegura no haber recibido dinero de Odebrecht; pero actualmente no da señales visibles de su presencia; incluso algunas fuentes aseguran que ha salido del país; incluso hasta el cierre de esta edición en su twitter personal no ha lanzado nuevos comentarios, y el ultimo lo hizo el 10 de agosto.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

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Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños

Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

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Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.

El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.

La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?

El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.

Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.

No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.

Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?

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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República

El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

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Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».

Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:

  1. Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente

La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.

  • Veracidad y sustento de la información publicada

Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.

  • No existe animus difamandi

El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

  • Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa

La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.

  • Posibilidad de réplica o descargo

Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.

Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.

Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.

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Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]

Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

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Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.

Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.

Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.

Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.

«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.

fuente: latina.

En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.

«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.

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