A la jefa de Estado le gusta estar rodeado de inútiles. Pese a ser censurado el mes pasado por su evidente fracaso contra la inseguridad ciudadana, nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, ve muy conveniente y acertado volver a tener a su lado al ex ministro del Interior Juan José Santiváñez.

Mediante la Resolución n.° 000024-2025-DP/SGDP, Santiváñez vuelve a ser cobijado en el gobierno de Boluarte “en mérito a la nueva estructura orgánica y funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas del Despacho Presidencial”.

Cabe mencionar que su designación es “de confianza” bajo el régimen de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en su artículo 15 sección primera, las funciones que realizará Santiváñez son las siguientes:

• Gestionar la información requerida en el marco del desarrollo de la agenda presidencial.
• Establecer mecanismos de coordinación con las instancias competentes, para la obtención de información sobre el estado situacional de las políticas nacionales, los planes nacionales y los procesos de diálogo y concertación con la sociedad, vinculados con el desarrollo de la agenda presidencial.
• Brindar asesoramiento a las unidades de organización de línea del Despacho Presidencial respecto a la información procesada y sistematizada en el marco del desarrollo de la agenda presidencial.
• Monitorear y evaluar la continuidad y disponibilidad de la información relacionada con el desarrollo de la agenda presidencial.
• Elaborar informes de avance y los resultados de la información sectorial gubernamental relevante en relación con el desarrollo de la agenda presidencial.
• Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.
• Las demás funciones que le asigne el Secretario General del Despacho Presidencial en el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa.

Designado pese a investigaciones en su contra

Asimismo, Santiváñez regresa al Ejecutivo pese a contar con investigaciones fiscales. Una de ellas es un audio donde se le escucharía conversando con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias ‘Culebra’, donde le pediría que “controle” al periodista Marco Sifuentes.

Otra trata sobre su presunta influencia en los magistrados del Tribunal Constitucional para que fallen a favor de sus clientes (ex policías condenados).

El parlamentario Juan Burgos (Podemos Perú) viene recolectando firmas para interpelar al canciller Elmer Schialer debido al asilo diplomático otorgado a Nadine Heredia en Brasil. Debido a esta situación, el legislador Burgos viene preparando una interpelación con un pliego de 9 preguntas relacionadas al caso de la ex primera dama.

Cabe recordar que Nadine Heredia Alarcón fue sentenciada a 15 años de prisión efectiva junto con su esposo Ollanta Humala por el delito de lavado de activos, pero no viene cumpliendo dicha sentencia tras haber solicitado asilo diplomático a Brasil, la misma que fue aceptada y efectuada en cuestión de horas por el Estado asilante.

«Por lo expuesto, se acuerda interpelar al ministro de relaciones exteriores, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, a fin de que concurra al Congreso de la República y de cuenta sobre los cuestionamientos detallados y de respuesta al pliego de preguntas adjunto», se lee en el documento.

1. ¿Con qué base normativa y jurídica se fundamentó la tramitación y otorgamiento del salvoconducto solicitado por una representación diplomática extranjera a favor de la señora Nadine Heredia Alarcón?
2. ¿Cuál fue el pronunciamiento formal de la Cancillería respecto al pedido de salvoconducto? ¿Existe resolución escrita, informe jurídico u opinión legal interna sobre la pertinencia o improcedencia del mismo?
3. ¿Considera usted que la tramitación y emisión de un salvoconducto, sin acatar lo dispuesto en la sentencia condenatoria contra Nadine Heredia Alarcón, constituye una interferencia en la ejecución de una decisión judicial firme, así como, una intromisión en las competencias del Poder Judicial?
4. ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación al respeto al principio de separación de poderes en los casos de solicitudes de asilo diplomático con procesos judiciales en curso?
5. ¿Informó su despacho al Consejo de Ministros sobre el caso en cuestión? ¿Cuál fue la posición del Ejecutivo sobre la interferencia en la ejecución de una decisión judicial firme?
6. ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que este tipo de decisiones no constituyan tratos preferenciales a exautoridades o figuras políticas vinculadas al poder?
7. ¿Quién asumirá la responsabilidad política en caso se determine que se afectó el principio de legalidad, el debido proceso o la independencia del Poder Judicial como consecuencia de esta actuación diplomática?
8. ¿Cuál es su interpretación sobre los límites entre el respeto a tratados internacionales como la Convención de Caracas (1954) y la obligación del Estado peruano de perseguir delitos comunes?
9. ¿Reconoce usted que actos como este pueden socavar la legitimidad del Estado ante la opinión pública al generar la percepción de impunidad o privilegio político?

Rápidamente el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana Cavides, salió a defender la nueva acción del Gobierno de Dina Boluarte, y se refirió al asilo diplomático que el Gobierno de Lula da Silva en Brasil le otorgó a la fugitiva Nadine Heredia, y defendió el salvoconducto que la presidenta Dina Boluarte, a través de Cancillería le otorgó a la exprimera dama prófuga, pese a que el tercer precepto de la Convención de Caracas prohíbe que se otorgue asilo a sentenciados, tomando en cuenta que la esposa de Ollanta Humala, junto a él fueron sentenciados a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos.

¿Salhuana se volvió internacionalista?

Sobre este caso de carácter consular, el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, declaró ante los medios e indicó que, según los artículos 5° y 12° de la ‘Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas’, Perú está obligado a permitir la salida del país a Nadine Heredia; por lo tanto, el Ejecutivo habría actuado de acuerdo a lo que establece el derecho internacional.

«En este caso, Brasil ha considerado que otorgue el asilo a la señora Heredia, ha solicitado el salvoconducto y los artículos 5 y 12 de la Convención obligan al Perú a otorgar el salvoconducto, así que, a mi concepto, y conforme a la norma citada, el Gobierno habría procedido conforme al derecho internacional», indicó Salhuana Cavides.

Artículo 3° del Tratado, prohíbe dar asilo a sentenciados

A pesar que el artículo 3° de la ‘Convención sobre Asilo Diplomático’, adoptado en Caracas en 1954, donde se prohíbe concederle asilo a las personas que hayan sido procesadas judicialmente y sentenciadas, Eduardo Salhuana Cavides no tomó en cuenta dicha restricción del derecho internacional, e insistió en que una negativa del Perú, en caso de que no se hubiera otorgado un salvoconducto a Heredia Alarcón, habría generado una crisis diplomática con Brasil.

«Cuando solicité la consulta, me explicaron si el Perú se negase a hacerlo, generaría un problema diplomático con Brasil, y Brasil es el principal socio comercial del Perú en Latinoamérica y el cuarto a nivel internacional, entonces ya tendría repercusiones de otra naturaleza», culminó Salhuana Cavides.

“Sorpresas te da la vida”, dice el dicho. Y como se recuerda, mientras que Ollanta Humala ostentaba la investidura de presidente de la República, su hermano Antauro purgaba prisión por los delitos de secuestro, homicidio y rebelión. Actualmente Antauro se encuentra libre y su hermano Ollanta está preso en el Penal de Barbadillo y cumplirá una pena de 15 años por haber sido hallado culpable por el delito de lavado de activos.

Así las cosas, el hermano del exmandatario Ollanta Humala, Antauro Humala, no lo ha defendido y muy por el contrario ha dicho categóricamente que la denominada expareja presidencial son un «par de delincuentes»; e incluso consideró que fueron mal juzgados por lavado de activos.

Asimismo, calificó al Poder Judicial de «putrefacto» y apuntó que, en el caso de Odebrecht, se les debió juzgar por traición a la patria.

«No me cabe duda de la inmoralidad ‘corruptocrática’ de la pareja Ollanta y Nadine. Sin embargo, yo entiendo y estoy convencido de que el Poder Judicial es tan putrefacto como los otros dos Poderes del Estado. En este proceso de Odebrecht, que para mí es traición a la patria y no es solamente mera corrupción», advirtió en entrevista para Exitosa, e indicó que el proceso judicial del caso fue mal planteado desde un inicio por la Fiscalía. Del mismo modo, manifestó que Perú debe «dar un ultimátum a Brasil» y reevaluar la relación con este país, tras otorgarle asilo diplomático a Nadine Heredia, lo que constituiría una clara injerencia.

«Desde el inicio, el proceso judicial ha sido mal planteado por complicidad de una Fiscalía que llegó a un acuerdo con Odebrecht (…) Esta es una situación que pone en el tablero una situación geopolítica del país (…) Creo que se debe dar un ultimátum a Brasil y reevaluar la relación con este país porque estamos viendo una injerencia de su parte», sostuvo Antauro.

“Son un par de delincuentes”

En otro momento, Antauro Humala aseguró que Ollanta y Nadine Heredia son «un par de delincuentes», y reiteró que ambos han debido ser juzgados por traición a la patria; de esa manera cuestionó el trabajo del ‘Equipo Especial’ del Ministerio Público en el caso Odebrecht.

«Soy un convencido que Ollanta y Nadine son un par de delincuentes, pero han sido mal juzgados, porque se les ha juzgado por lavado de activos, ni siquiera por corrupción. Es más, yo he sostenido que han debido ser juzgarlos por traición a la patria (…) La Fiscalía peruana ha cometido un grave error y no ha juzgado como debe ser», concluyó el hermano del actual expresidente preso.

En el Perú, los sindicatos nacieron con la misión de defender derechos laborales y representar a los trabajadores frente al abuso. Sin embargo, algunas agrupaciones sindicales han evolucionado hacia formas de presión política que generan dudas sobre sus verdaderas motivaciones.

La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú impulsa actualmente un proyecto de ley que propone elevar del 5 % al 10 % el reparto de utilidades para los trabajadores de las empresas eléctricas. La iniciativa busca igualar las condiciones del sector eléctrico con sectores como el pesquero y el de telecomunicaciones, donde ya se aplica ese porcentaje. No obstante, esta propuesta ha generado serias preocupaciones.

¿Un nuevo golpe al erario público?

El problema radica en que muchas de las empresas del sector eléctrico son estatales. Sus utilidades, en teoría, deberían destinarse a reinversión: mantenimiento de redes, expansión de cobertura, subsidios para zonas vulnerables y transición energética. Asignar una porción adicional de estas utilidades a un grupo reducido de trabajadores podría comprometer estos objetivos.

Diversos analistas alertan sobre el impacto potencial en tarifas eléctricas (un incremento estimado del 4%), la disminución de fondos para nuevas inversiones y el desincentivo a la eficiencia laboral, al modificarse el criterio de reparto privilegiando la asistencia sobre la productividad.

Y lo peor: todos pagaremos más en nuestras tarifas eléctricas

Una de las consecuencias más graves y menos difundidas de este proyecto de ley es que afectará directamente el bolsillo de los ciudadanos. Expertos y documentos técnicos alertan que el aumento del reparto de utilidades al 10 % generaría un alza de hasta 4 % en las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque al reducirse los fondos que las empresas usan para reinversión, modernización o subsidios, esos costos adicionales serán trasladados a los usuarios.
Esto significa que millones de peruanos, incluyendo pequeñas empresas, emprendedores, agricultores y familias vulnerables, pagarán más por la electricidad para financiar el beneficio exclusivo de menos de 7,000 trabajadores que ya se encuentran entre los mejor remunerados del aparato público.

Lobby sindical: ¿representación o captura?

Registros del Congreso muestran una constante presencia de dirigentes sindicales vinculados al gremio eléctrico visitando despachos parlamentarios. Aunque todo sindicato tiene el derecho de participar en el proceso legislativo, llama la atención la frecuencia y discrecionalidad de estas visitas en medio del debate de un proyecto que podría beneficiar directamente a sus representados.

La transparencia en este proceso es fundamental. La ausencia de opiniones técnicas de entidades clave como el Ministerio de Energía y Minas y el MEF, así como la falta de un análisis riguroso de impacto, debilita el sustento de la propuesta.

Hora de actuar con responsabilidad

El Congreso tiene una responsabilidad frente al país. Debe evaluar no solo los derechos laborales legítimos, sino también las consecuencias económicas y sociales de sus decisiones. La participación en utilidades debe responder a criterios de sostenibilidad, productividad y equidad, no a presiones políticas o gremiales.

El sector eléctrico es estratégico para el desarrollo nacional. Su futuro no puede hipotecarse en favor de decisiones apresuradas que beneficien a pocos y perjudiquen a millones.

Dice el refrán: “Juntos para siempre… en la buenas y en las malas”. Incluso, al momento de contraer nupcias, generalmente el padre menciona: “Hasta que la muerte los separe”.

Más allá de lo romántico que pueda significar dicha frase, el objetivo principal es la capacidad de compromiso que asume el/la consorte para acompañar siempre a su pareja sentimental. Sin embargo, las cuatro esposas y exprimeras damas de los cuatro expresidentes perversos y traidores (Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala) Es decir, Nancy Lange, Eliane Karp, Lilia Paredes y Nadine Heredia, se olvidaron de la liturgia sensiblera y se mandaron a mudar.

Ellas cuando residieron en Palacio de Gobierno se aferraron al poder y empezaron a viajar por todo el mundo, en especial Karp y Heredia, las más pérfidas del grupo de desertoras, que no solo ostentaron la figura accesoria de primeras damas; sino que “gobernaron” tras las sombras del modo más inescrupuloso y grotesco, mientras acudían a todas las galas VIP con joyas y vestidos de diseñador. Es decir, unas arribistas angurrientas de poder que succionaron al Estado con tal de satisfacer sus enfermizos intereses.

“Cuando el barco se hunde, las ratas huyen”  

Desde luego, que cuando el panorama empieza a ponerse “color de hormiga”, ellas emprenden un ejercicio de contingencia y proyectan su mirada hacia dónde escapar, con el afán de refugiarse y dejar atrás su otrora ecosistema de poder, con el único propósito de evadir responsabilidades éticas, administrativas y penales. Aunque el costo para ello signifique abandonar todo lo que antes era glamour. E ahí donde calza el adagio marinero: “Cuando el barco se hunde, las ratas huyen”.  

Así de traidoras y oportunistas son estas sujetas, que antes proclamaban su vocación para los programas sociales, para dedicarse “en cuerpo y alma” a ayudar a las madres vulnerables y a las ollas comunes.

Nadine la prófuga

Actualmente, la condenada a 15 años de cárcel por la justicia peruana, Nadie Heredia Alarcón, ya se convirtió en una prófuga de la justicia y a pesar de ello, ha recibido la protección de quien fuera su amigo, el presidente Lula da Silva, quien acaba de concederle asilo en Brasil, con ayuda del Gobierno de Dina Boluarte, quien quizá ya preparó estratégicamente ese mismo destino de “terreno consular”, cuando le toque huir del Perú, luego que deje Palacio de Gobierno para saldar cuentas con la justicia.

La profesora que vive como reina en México

Lo mismo, hizo la tacabambina Lilia Paredes, quien actualmente goza de exilio político en México, tras abandonar Perú en diciembre del 2022 junto a sus hijos, siendo recibida por el expresidente AMLO en calidad de asilada política, mientras goza de una jugosa pensión económica y reside en una de las zonas más exclusivas del país azteca.

Eliane la más despiadada

Eliane Karp también se rehusó a afrontar el proceso judicial por el caso Ecoteva y antes de que sea extraditada a Perú, cogió maletas y el 10 de mayo de 2024, fugó de Estados Unidos para refugiarse en Israel, a sabiendas que dicho país no tiene un tratado de extradición con nuestra nación. En otros términos, el ladrón Alejandro Toledo quizá fallezca en la cárcel, si es que antes no le otorgan el indulto, pero no cabe duda que su examada Karp, se quedará en Tel Aviv gozando de los millones que se apropiaron indebidamente, producto de coimas. 

Lange abandonó a PPK

Cómo olvidar a la “correcta” y “sumisa” exprimera dama, Nancy Lange, esposa del expresidente procesado por presunta organización criminal, lavado de activos, colusión agravada y cohecho pasivo propio, Pedro Pablo Kuczynski, quien espera una pronta condena.

Recordemos que ella antes decía textualmente en su red social: “Mi esposo PPK siempre ha trabajado por los más necesitados de manera desinteresada, responsable y honesta. Lo conozco desde hace 35 años y me siento orgullosa de su trabajo y entrega por el desarrollo del Perú».

Sin embargo, Nancy Lange de pronto cambió de opinión y viajó a Estados Unidos el 14 de marzo del 2018 para nunca más volver; una semana antes de que su octogenario esposo renunciara a la Presidencia del Perú.

Y ya desde Norteamérica, toda oronda dijo:

«La semana pasada tuve que viajar a Estados Unidos por asuntos médicos familiares. Antes de partir, informé oportunamente al Ministerio Público para reprogramar la cita a la que acudiré en calidad de testigo», escribió Nancy Lange y nunca más se supo más de ella.

Así las cosas, Perú, no solo cuenta con un ramillete de míseros presidentes corruptos, que tarde o temprano terminan encerrados en el Penal de Barbadillo; sino, que sus esposas son parte de su calaña y en lugar de enfrentar a la justicia con dignidad, simplemente huyen como ratas y la evaden con deshonra y desvergüenza.

Quiso hacer la de Nadine, pero no le dieron chance. En declaraciones para RPP, el ex canciller del Perú, Javier González-Olaechea, aseguró que durante su gestión el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, buscó asilo en la embajada de Bolivia, pero este intento fue frustrado luego de contrastar información con servicios de inteligencia.

«Desde la Dirección General de Asuntos Globales de la Cancillería, que es el enlace con los servicios de inteligencia, me pidieron la autorización para otorgar los números de las placas de los automóviles de la embajada de Bolivia, porque se tenía conocimiento de que el señor Cerrón estaba en camino a asilarse a la embajada de Bolivia. Yo obviamente autoricé que se les diera el número de placas», contó el ex ministro para el citado medio.

En esa línea, el ex canciller -quien dijo que el hecho ocurrió entre los meses de febrero y marzo del año pasado- sostuvo que recibió luego una llamada del general a cargo del operativo y le preguntó qué hacer con los automóviles que estaban bajo protección diplomática «que otorga el Perú a las embajadas y a sus líderes» ya que no podía intervenir en ese momento.

«Optamos por una fórmula creativa de la cual no voy a dar cuenta, pero luego se hizo un pedido importante de circulación nacional y filtrado esa información como a la 10 de la mañana, en donde se dijo que el señor Cerrón se estaría asilando, en condicional, en las oficinas diplomáticas de Bolivia, con lo cual se frustró el movimiento de Cerrón«, aseguró.

La respuesta de Cerrón

Como ya es habitual del líder y fundador de Perú Libre de responder los ataques sin salir a dar la cara y solamente detrás de un dispositivo, calificó al ex canciller de “viejo” y “mentiroso”, utilizando para ello sus redes sociales.

“Gonzáles-Olaechea, tan viejo y tan mentiroso. Perú Libre está en el lugar donde la historia lo puso como partido de vanguardia. El asilo nunca estuvo en nuestros planes”, respondió.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad el 6 de octubre del 2023 tras ser sentenciado a tres años y medio de prisión por el caso Aeródromo Wanka.

Tal parece que el triste final de los ex presidentes peruanos será una fría prisión en Barbadillo o, en su defecto, en Santa Mónica. El ex presidente Ollanta Humala fue ingresado alrededor de las tres de la madrugada de hoy al centro penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, luego de se le dictara 15 años de prisión en su contra, en un adelanto de sentencia, por el caso de aportes ilícitos al Partido Nacionalista durante las campañas electorales de los años 2006 y 2011.

El INPE, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), había señalado que garantizará «el respeto de los derechos fundamentales del exmandatario, además del estricto cumplimiento del régimen penitenciario de acuerdo con la ley”.

Horas previas, Humala Tasso estuvo presente en la lectura del adelanto de fallo, realizada en la sede del Poder Judicial, en el Edificio Carlos Zavala Loayza, Cercado de Lima; sin embargo, misma situación no ocurrió con su esposa Nadine Heredia, quien se había justificado indicando que se encontraba internada en una clínica local.

La sentencia, que también afecta a su esposa, establece que ambos son responsables de recibir aportes irregulares provenientes del expresidente venezolano Hugo Chávez y la constructora brasileña Odebrecht.

Barbadillo, la prisión de los tres ex presidentes

Pero no solo se encuentra Ollanta Humala recluido dentro del penal de máxima seguridad, sino que va a compartir los establecimientos con otros dos ex mandatarios peruanos: estos son Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

El cholo ‘sano y sagrado’ fue condenado a cumplir 20 años de prisión por los sobornos otorgados por Odebrecht. La justicia peruana determinó que Toledo recibió 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en la adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica.

En tanto, el ex dirigente chotano cumple prisión preventiva por los cargos de rebelión, conspiración y corrupción. El profesor sindicalista, desde iniciado su juicio oral, no ha dejado de agraviar a los magistrados, calificando su juicio como un “mamarracho”.

El dato:

No es la primera vez que Ollanta Humala ingresa al penal de Barbadillo. Durante la investigación por los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, el exmandatario ya había cumplido prisión preventiva en este centro penitenciario.