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Política

Felipe Cantuarias: “No es cierto que con las energías renovables va a haber una reducción de las tarifas eléctricas”

En esta entrevista, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, cuestionó el apresuramiento por aprobar un Proyecto de Ley que buscaría beneficiar a un pequeño grupo de empresarios.

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En la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, existe un apuro por aprobar un Proyecto de Ley (PL) que beneficiaría a solo un pequeño grupo de empresarios de energías renovables. Lo sorprendente que esto ocurre a pesar que el COES y Fonafe se han pronunciado en contra del PL que busca modificar la ley de la generación eléctrica.

Para ampliar el debate y conocer qué cosas más se tejen detrás del Proyecto de Ley, Lima Gris conversó con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), quien nos comentó que probablemente exista una presión muy fuerte de un pequeño grupo que está buscando algún tipo de interés particular en perjuicio de todos los peruanos. Además, agregó «A nosotros nos corresponde exigir que las políticas públicas tienen que beneficiar a todos los peruanos y que en consecuencia se requiere un debate más amplio, y que sea técnico y profesional».

Aquí la entrevista.

¿Cuál es la posición de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos respecto al Proyecto de Ley que busca modificar la Ley de generación eléctrica?

Primero, mostrar nuestra sorpresa por el apresuramiento en aprobar un Proyecto de Ley que no cuenta con la opinión técnica de los dos organismos técnicos más importantes. Uno es el COES, que es el organismo técnico responsable del sistema integrado de electricidad, que es el responsable a su vez del tema de las tarifas eléctricas, y, en segundo lugar, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el responsable de garantizar la competitividad económica del país.

Pero el COES y el Fonafe (MEF) ya han opinado negativamente sobre el Proyecto de Ley que busca modificar la ley de generación eléctrica.

Así es, ya han opinado negativamente en anteriores oportunidades, y esto es porque el proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Energía y Minas, lo que va a generar es un incremento en la tarifa del gas natural, y esto es porque se incrementaría el costo de transporte y distribución al haber menos demanda, una cuestión muy sencilla de entender. Y siendo el tema del gas natural la principal fuente de generación eléctrica, esto va a terminar influyendo también en el costo de las tarifas eléctricas.

César Butrón, presidente del COES.

¿En qué porcentaje se incrementaría el costo del gas natural de aprobarse ese Proyecto de Ley?

Nosotros hemos mencionado que el riesgo que se pueda incrementar el costo del gas natural va entre el 8% y 28%, y esto va a tener un impacto inevitablemente en las tarifas eléctricas. Entonces, en primer lugar, no es cierto que con el ingreso de las energías renovables va a haber una reducción de las tarifas eléctricas, sino, todo lo contrario. En segundo lugar, inevitablemente va a subir de precio el gas natural; como tú sabes el día de hoy tiene un precio regulado. Esto va a afectar a más de 1 millón y medio de usuarios, más de cuatro mil empresas que hoy utilizan el gas natural como la principal fuente de energía y miles de transportistas que usan GNV, y también va a ponerle obstáculos a la masificación del gas natural que es la prioridad número uno del gobierno.

Al parecer desde NIMEM no entienden esto…

Recordemos que la transición energética del Perú significa migrar nuestra matriz de diésel y gasolina altamente contaminante a gas natural, una energía verde que además producimos al 100% y que tiene tarifa regulada y que nos permitiría reducir en 80% el costo de los combustibles y recudir hasta en 14 veces las emisiones de CO2. Entonces, cuando hablamos de transición energética nos estamos refiriendo a migrar al gas natural. Sé que vamos a tener una matriz bastante amplia, y por eso nosotros estamos de acuerdo en tener una matriz amplia, pero la principal energía de la transición energética es el gas natural. Entonces, es un contrasentido total que se termine incrementando el gas natural.

Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

Hay que entender también que las energías renovables no garantizan la seguridad del sistema eléctrico, debido a que dependen de las condiciones climáticas.

Con las energías renovables se afecta la confiabilidad del sistema eléctrico. Hoy, tenemos garantizado energía y potencia al 100%, esto quiere decir que, si se cae alguna fuente de energía, inmediatamente tienes fuentes alternativas que te permiten entrar, entre ellas la energía térmica que es gas natural. Pero si entran las energías renovables, como sabemos están sujetas a las condiciones climáticas. Entonces, las energías renovables no te dan 100% de confiabilidad. Esto quiere decir que va a haber momentos de riesgo en los cuales no se va a garantizar el suministro de energía en perjuicio principalmente de las empresas que requieren un suministro permanente para la continuidad de las operaciones. Además, esto afectará negativamente a todos los hogares peruanos. Entonces, bajo esos argumentos lo que nosotros estamos pidiendo es que haya un debate mucho más amplio, que se recojan las opiniones del COES, del Ministerio de Economía y de todos los expertos y que se dé absoluta garantía de que no va a ver incremento de tarifas.

¿La Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha solicitado algún informe referente al tema de las tarifas eléctricas al Ministerio de Energía?

Nosotros le hemos pedido al viceministerio de electricidad, que nos demuestre con un modelo financiero y económico que no va a haber incremento de tarifas, pero no lo ha mostrado. Y esto como es un tema que impacta a todos los peruanos, nuestra posición como Sociedad Peruana de Hidrocarburos es defender el derecho de todos los peruanos, es decir, de todos los consumidores, para que un cambio regulatorio no nos termine generando un mayor costo, o sea, un perjuicio a 33 millones de peruanos, y todo en beneficio de un grupo muy pequeño de empresas que se beneficiarían con esta norma.

Las energías renovables dependen del clima.

Desde el MINEM y también algunos congresistas están difundiendo desinformando a la población ¿por qué cree que sucede esto?

Tú sabes que desde hace cuatro años tenemos a un gremio que está detrás de este tema haciendo una gestión de intereses muy profunda desinformando a la opinión pública y tratando de influir negativamente. Nuestra posición es que estos temas tienen que tratarse de manera transparente y abierta. Nosotros en el Perú necesitamos que las políticas públicas sean en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de algunos cuantos. Yo sé que ustedes en Lima Gris tienen una unidad de investigación que es muy responsable y muy profesional, y si hacen una investigación para saber a quiénes va a beneficiar este proyecto de ley, se van a dar cuenta que es un pequeño grupo de empresas que hace mucho tiempo están detrás de este tema. Este proyecto de ley tiene cuatro años, ya es la sexta u octava vez que lo resucitan en la Comisión de Energía y Minas, y esto ha sido rechazado innumerables veces, debido a que no tiene las condiciones técnicas. Lo que ocurre es que hay probablemente una presión muy fuerte de un pequeño grupo que está buscando algún tipo de interés particular en perjuicio de todos los peruanos. A nosotros nos corresponde exigir que las políticas públicas tienen que beneficiar a todos los peruanos y que en consecuencia se requiere un debate más amplio, y que sea técnico y profesional.

Ministro Alex Contreras, continúa en silencio respecto a la modificación de la generación eléctrica

¿Se tiene una idea equivocada de las energías renovables?

Lo que ocurre es que hay gente que cree que las energías renovables son energías más eficientes que el gas natural, y eso es un gravísimo error. El gas natural es una energía verde, es una energía incluso más amigable que muchas de las energías renovables y es el recurso más importante que tenemos en el Perú. Entonces, nuestra posición es que todos puedan participar, pero hagámoslo de una manera en que no terminemos generando un grave costo a todos los peruanos.

¿La Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha solicitado algún pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema? Lo pregunto porque hemos notado un gran silencio de parte del MEF.

Sí, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se pronuncie sobre el tema y que haga un análisis más profundo. De hecho, el día viernes pasado, que fue aprobado el dictamen, estaba citado el Ministro de Economía y Finanzas (Alex Contreras), pero recordarás que el ministro estaba en Nueva York difundiendo oportunidades de inversión privada para nuestro país, lo cual es excelente. Obviamente, por eso el ministro pidió que se postergara su presentación para esta semana, pero pese a la solicitud del ministro se decidió aprobar el dictamen entre gallos y medianoche sin esperar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es una de las razones por lo cual nosotros observamos el tema. Se ha pedido una reconsideración, así que esperamos que la Comisión apruebe la reconsideración y abra un debate mucho más amplio. Este es un debate que requiere además mostrar los números.

Jorge Flores Ancachi, presidente de la Comisión de Energía y Minas.

¿A usted no le genera suspicacia o desconfianza que el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República sea el parlamentario Jorge Flores Ancachi, investigado por el caso “Los Niños”?

Nosotros somos un gremio y como comprenderás no podemos opinar sobre suspicacias o rumores, lo único que pedimos es que se respete la institucionalidad y que se actué en beneficio de todos los peruanos, eso es lo que exigimos, y por eso es necesario un debate amplio, transparente, público y con data, es lo que estamos pidiendo. Al final que la decisión sea la mejor para los peruanos. También es importante que los medios de comunicación se involucren en el tema y puedan difundir de manera objetiva —así como ustedes lo hacen— para poder explicar a la opinión pública sobre los pros y cons del proyecto de esta naturaleza. Nosotros estamos de acuerdo con la promoción de las energías renovables, pero no a costo de poner en riesgo la masificación del gas natural y no cuando se está afectando también la competitividad del país y el riesgo de tarifas eléctricas.

¿La Sociedad Peruana de Hidrocarburos insistirá en reunirse con el ministro de Economía?

Por supuesto que sí, ya lo hemos solicitado y también estamos solicitando un mayor debate en la Comisión de Energía y Minas, esperemos que se apruebe la reconsideración y se nos invite a nosotros al igual que otros técnicos y también al COES y al MEF a participar de este debate, porque en ese debate técnico vamos a demostrar que el proyecto de ley que busca modificar la ley de generación eléctrica no es conveniente para la sociedad peruana.

Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para los congresistas de la Comisión de Energía y Minas del Congreso?

Que es importante un debate más amplio, transparente y que el debate de este proyecto de ley tiene que poner por delante los intereses del país.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

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Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

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Política

Fiscalía Investiga al ministro de Cultura Fabricio Valencia por escándalo de Nasca

La denuncia contra el titular del Mincul y la investigación fiscal surgen por un presunto atentado contra las Líneas de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco, que habría sido impulsado desde el propio Gobierno.

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La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, por una controvertida decisión que puso en riesgo uno de los patrimonios arqueológicos más valiosos del país: las Líneas de Nasca.

Todo comenzó cuando el Ministerio de Cultura redujo drásticamente el área protegida que cubre las milenarias líneas y geoglifos ubicados en la región Ica. Esta decisión —formalizada mediante una resolución viceministerial a fines de mayo— dejó fuera de protección más de 2,300 kilómetros cuadrados. Para muchos, ese recorte abrió las puertas a la minería informal, que ya amenaza la integridad del sitio arqueológico.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ica, con el respaldo de la Fiscalía Superior Penal de Lima. También participa el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, liderado por el fiscal José Alejandro Meléndez Curasi, que ha iniciado una pesquisa preliminar de 60 días, con posibilidad de extensión.

Fuente: Ministerio Público.

Además del ministro Valencia, están bajo la lupa la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva —quien firmó la resolución—, así como funcionarios clave de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde provincial de Nasca.

Los investigados incluyen a Jeanette Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica; Johny Isla Cuadrado, arqueólogo a cargo del Sistema de Gestión Nasca-Palpa; y William Bravo Quispe, alcalde de Nasca. Se les acusa de presuntos delitos como atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad.

El foco está en la resolución N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que modificó los límites del área protegida establecida en 1993 y reafirmada en 2004 por la Unesco. La zona original comprendía 5,633 km², pero con la nueva norma se redujo a 3,235 km², sin que —según la denuncia— se cumplieran los procedimientos legales.

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Política

PPK no podrá salir del país: PJ le rechaza habeas corpus

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski insiste en evadir a la justicia, pese a estar investigado por presuntos aportes ilegales en su campaña de 2016, vinculados al caso Odebrecht.

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Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, sigue buscando salidas para esquivar los procesos judiciales en su contra. Esta vez, el Poder Judicial rechazó un nuevo recurso de habeas corpus presentado por su defensa, con el que intentaba levantar la orden de impedimento de salida del país que pesa sobre él por 18 meses.

PPK enfrenta una investigación preparatoria por los presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016, relacionados al caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en América Latina. A pesar de ello, el exmandatario ha insistido en su derecho a viajar al extranjero, ahora apelando a su edad y estado de salud.

En junio PPK se quiso ir del país en silla de ruedas, pero fue impedido por Migraciones.  

La Segunda Sala Constitucional de Lima ratificó la decisión del juez Jonathan Valencia, quien ya había declarado improcedente el recurso. El tribunal consideró que no tenía sentido pronunciarse sobre el fondo del pedido, ya que existe una resolución vigente —emitida el 8 de junio por la jueza Margarita Salcedo— que impide la salida de Kuczynski del país por año y medio.

La defensa alegó una supuesta vulneración al derecho de una adecuada motivación judicial. Sin embargo, el colegiado concluyó que la medida restrictiva ya está activa, y por tanto el pedido no tiene objeto, aplicándose la figura legal de “sustracción de la materia”.

“Nos encontramos ante una situación jurídica que responde al régimen ordinario de sustracción de la materia”, señala la resolución judicial.

En 2016, gran sector de la prensa difundía que PPK era ‘presidente de lujo’.

Como ya es habitual, Kuczynski reaccionó alegando injusticia. El pasado 16 de junio, expresó su malestar por no poder viajar a Estados Unidos, argumentando motivos de salud y el deseo de reencontrarse con su esposa, a quien dice no ver desde hace siete años.

Su plan era acudir a una revisión médica en Miami y luego trasladarse a Wisconsin para reunirse con su pareja y buscar fondos para costear su tratamiento y defensa legal.

Sin embargo, para muchos, este nuevo intento de salir del país no es más que una estrategia más de PPK para evitar enfrentar la justicia en Perú. A lo largo de los años, ha usado distintos argumentos para eludir procesos judiciales, y ahora recurre a su edad, con la esperanza de quedar impune.

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Política

Inteligencia de la PNP alerta sobre posible toma del Congreso por parte de mineros

Servicio de inteligencia pone en alerta sobre posible toma del parlamento por parte de CONFEMIN.

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Un documento interno de la Policía Nacional del Perú (PNP), al que tuvo acceso este medio, advierte sobre una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por mineros afiliados a la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN PERÚ).

Según el memorando N.º 012-2025-DIRSEEST-DIVSECON-DEPOPEDH/OFIPLOPE, la Unidad Especializada PNP, a través de su canal de inteligencia, ha detectado intenciones radicalizadas dentro del grupo de manifestantes que desde hace días bloquean la Av. Abancay. El reporte señala que estas acciones podrían derivar en “posibles actos violentos contra las instalaciones del Palacio Legislativo”, con el objetivo de provocar desmanes dentro del recinto parlamentario.

Frente a este riesgo, el documento ordena al personal policial que extreme las máximas medidas de seguridad, vigilancia y control ante cualquier situación adversa. Se pide especial atención a la presencia de los manifestantes y al posible escalamiento de sus acciones.

El memorando establece una serie de medidas concretas, entre ellas:

  • Garantizar la seguridad personal del Presidente del Congreso, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos durante su permanencia en la sede.
  • Asegurar la protección de todas las instalaciones del Congreso y sus locales conexos, reforzando los dispositivos de seguridad.
  • Incrementar la presencia policial y los controles de identidad en accesos y zonas de alto tránsito dentro del perímetro institucional.
  • Establecer coordinación con las unidades de inteligencia y el DEPOPEDH para anticipar, prevenir y neutralizar cualquier amenaza.

Esta alerta ocurre en un contexto de creciente tensión social protagonizado por gremios de la minería artesanal, que exigen mayor reconocimiento legal y rechazan recientes fiscalizaciones del Estado. Hasta el momento, no se ha confirmado si el Ejecutivo ha tomado acciones preventivas adicionales frente a este posible escenario.

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Política

Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

Dina Boluarte cobrará S/ 71,136 por Fiestas Patrias

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Mientras el país atraviesa una crisis de legitimidad, pobreza creciente y una gestión estancada, la presidenta Dina Boluarte Zegarra ha decidido priorizar su propio bolsillo. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, con el cual oficializa un escandaloso aumento del sueldo presidencial: de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales. La norma fue firmada por la propia Boluarte y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF que aprueba aumento de sueldo presidencial.

A pesar de tener apenas un 3 % de aprobación —la más baja para un mandatario peruano en las últimas décadas— y sin logros de gestión visibles, Boluarte ha decidido duplicarse el salario. En lugar de responder al clamor ciudadano por mejoras en salud, educación o seguridad, la presidenta opta por asegurarse un sueldo mensual superior a los S/ 35 mil, en un país donde la mayoría sobrevive con el salario mínimo o menos.

El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en la implementación progresiva de la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057), que establece un nuevo régimen de compensaciones para altos funcionarios. También se argumenta que el aumento no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto del Despacho Presidencial. Sin embargo, el gesto ha sido duramente cuestionado por la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Boluarte no solo firmó su propio aumento de sueldo, sino que ahora se ubica entre las funcionarias mejor pagadas del país, a pesar de no tener resultados concretos que justifiquen semejante privilegio. La decisión se hizo oficial tras la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) por parte de Servir, cumpliendo con los requisitos técnicos exigidos por la Ley de Presupuesto 2025. Pero lo legal no siempre es lo legítimo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por el legislador Juan Burgos ya ha citado de urgencia a los titulares de la PCM, Eduardo Arana, el MEF, Raúl Pérez-Reyes y Servir para que este viernes 4 de julio expliquen el sustento real de este incremento. Porque más allá del tecnicismo, lo cierto es que el país no ve reflejado en la gestión de Boluarte Zegarra una razón válida para premiarla con más dinero.

El contraste es evidente. Hace no mucho, la presidenta declaró públicamente que con 10 soles se podía comer en el Perú. Hoy, con un ingreso mensual que supera los S/ 35 mil —sin contar gratificaciones—, la brecha entre su discurso y sus actos se vuelve insostenible. En julio, por ejemplo, recibirá una gratificación adicional por Fiestas Patrias del mismo monto, es decir, S/ 71,136 en un solo mes.

Decreto Supremo N.º 136-2025-EF.

Pero más allá del descontento social, el aumento podría tener implicancias legales. La Ley 28212, que regula las remuneraciones de altos funcionarios del Estado, establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, y fija como tope máximo diez Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP). Cada UISP equivale a S/ 2,600, por lo que el salario presidencial no debería superar los S/ 26,000.

Con el nuevo decreto, Boluarte sobrepasa ampliamente ese límite, lo cual podría configurar una infracción a dicha ley. Además, la misma norma indica que cualquier pago que exceda este tope es nulo de pleno derecho y genera responsabilidad administrativa para quienes lo autoricen.

De acuerdo con la Ley 28212, toda modificación en la escala salarial debe responder a principios de racionalidad y equidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, el aumento aprobado por el Consejo de Ministros va en contra de esta lógica, y evidencia una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales del país.

Mientras millones de peruanos enfrentan precariedad económica, la presidenta ha decidido recompensarse a sí misma, como si estuviera liderando un país exitoso y en bonanza. La medida, aunque revestida de legalidad, refleja una ambición personal incompatible con el momento crítico que vive el Perú.

Dina Boluarte no solo es la presidenta más impopular en la historia reciente, sino que ahora también será una de las mejor pagadas. Una contradicción que retrata con claridad sus prioridades: primero su sueldo, después —muy después— el país.

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Política

Premier Arana: “Un juez supremo gana mucho más que la presidenta”

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana sobre el aumento de sueldo presidencial brindó un absurdo y polémico argumento, minimizando el contexto social y priorizando comparaciones que poco justifican el privilegio.

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Tras la aprobación formal del controvertido aumento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte, en el Consejo de Ministros, duplicando su remuneración mensual. Según explicó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, la medida responde a una supuesta “homologación” con los salarios de otros jefes de Estado en América Latina.

Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, la defensa incondicional del premier Eduardo Arana ha despertado cuestionamientos. En lugar de mostrar sensibilidad ante el contexto de crisis económica y el rechazo ciudadano, Arana optó por justificar el incremento apelando al rango constitucional del cargo presidencial. Afirmó que la presidencia es la más alta función del Estado y, por ende, debería ser la mejor remunerada.

“Con relación a la institución presidencial, no se debe hacer ni demagogia ni escarnio (…) tenemos funcionarios que están incluso por encima de S/ 60 mil soles, solo un juez supremo gana más que el sueldo aprobado”, señaló, en una inusual comparación que parece más una defensa personal que un análisis técnico.

El Congreso citó al premier Arana por polémico aumento de sueldo presidencial.

El premier intentó deslindar el beneficio directo a Boluarte, señalando que no se trata de una persona, sino de un cargo. Según él, la iniciativa busca “darle el lugar que merece” la figura presidencial, completando así la reforma pendiente de Servir, que ya había ajustado los salarios ministeriales.

No obstante, su insistencia en justificar lo injustificable parece más alineada con una estrategia de blindaje político que con un criterio de equidad o eficiencia del gasto público. La decisión de aumentar el salario presidencial en medio de recortes sociales, crisis de legitimidad y baja aprobación ciudadana, refleja una desconexión preocupante entre el Ejecutivo y la realidad del país.

Boluarte, cuya remuneración era una de las más bajas de Sudamérica, ahora se ubica entre las presidentas mejor pagadas del continente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿merece el país este tipo de prioridades mientras millones enfrentan precariedad y abandono estatal?

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