Se requería 46 votos a favor, para admitir la moción del orden del día 13251 que a solicitud del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Juan Burgos, se pedía facultades para investigar el presunto uso indebido del vehículo presidencial de placa EGR 844, más conocido como el ‘cofre’ y que involucraría a la propia mandataria; sin embargo, en la sesión plenaria de este jueves 7 de noviembre, el Parlamento le dio la espalda al grupo de trabajo investigador y apenas 17 parlamentarios votaron a favor, mientras que 16 votaron en contra, y 38 votaron por la abstención, entre ellos el bloque de Fuerza Popular.

Por lo tanto, no fue admitido el pedido de facultades investigadoras para indagar a la presidenta Dina Boluarte y a su entorno, por un presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón.  

Recordemos que el titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, informó que, de ser aprobada esta moción de orden del día, solicitaría ir la próxima semana a Palacio de Gobierno para entrevistar a la presidenta Dina Boluarte; sin embargo, esas acciones ya no podrán ser.

Por su parte, el legislador Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, durante su intervención se mostró en contra de investigar a la mandataria Boluarte Zegarra y afirmó: ¿Para qué entorpecemos una investigación que ya está en el Ministerio Público?

Asimismo, el presidente de la Comisión de Fiscalización Juan Burgos, fue enfático y respondió: “No quiero entrar en una discusión con los opositores; sin embargo, hemos sido hasta este momento la Comisión de Fiscalización que más logros ha tenido. Hemos hecho sesiones descentralizadas, estamos investigando; estamos indagando a los gobernadores regionales y a temas importantes. Así que para poder emitir un juicio tenemos que informarnos mejor primero”.

Finalmente, tras el término del debate, el legislador Juan Burgos fue abordado por la prensa en los “pasos perdidos” y con un tono de disgusto declaró: “Hay un cogobierno. Ya tienen los votos para censurarme. Les soy incomodo por fiscalizar. Yo sé que están buscando los votos para censurarme”.

El premier Gustavo Adrianzén sale mañana, tarde y noche en pantalla a solicitar que durante los días que se va a realizar el Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC) 2024 no se registren protestas; un poco más arrodillándose para que durante ese importante evento no se brinde una “mala imagen” a los visitantes; sin embargo, el descontento contra la pobre gestión de la presidenta Dina Boluarte es casi unánime.

Durante estos días se supo de personal de salud, trabajadores del sector transporte, sindicatos de Corpac, gremios de Gamarra y Mesa Redonda, y demás asociaciones civiles saldrán a las calles a alzar su voz de protesta por las constantes extorsiones que vienen recibiendo y que poco o nada ha hecho el Gobierno para darles una solución. La tan anunciada Línea “111” solo sirve de teléfono malogrado, pues las víctimas solo reciben las mismas respuestas que se les puede dar acudiendo a una comisaría.

Ante todo ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anunció que también se unen al paro.

Esta medida de fuerza surge como respuesta a las múltiples extorsiones que han estado sufriendo, así como para exigir al gobierno de Dina Boluarte que refuerce la seguridad y combata el crimen organizado, precisamente durante los focos de toda la comunidad internacional apunten al Perú por el APEC.

A menos de una semana de estas jornadas de protesta, la CGTP ha confirmado su participación, sumándose a un movimiento que ha logrado aglutinar a más de 230 gremios. Manuel Coronado Lino, secretario de Organización, anunció que sus bases se movilizarán en todo el país para hacer oír su voz.

«Exigimos principalmente dos cosas: el aumento de la Remuneración Mínima Vital, que este gobierno no ha cumplido, y la lucha contra la criminalidad que parece no preocuparle a la administración actual», afirmó Coronado. 

Sin embargo, el dirigente evitó revelar los puntos de concentración de las protestas y las rutas de marcha, citando «precauciones» ante el temor de represalias por parte de las autoridades, a quienes acusó de intentar “desvirtuar el paro”.

El vocero de la CGTP se dirigió directamente al premier Adrianzén, instándolo a no engañar a la comunidad internacional sobre los problemas de seguridad que enfrenta el país. «Que el premier se preocupe por su pueblo, por lo que pasa en el Perú. No distorsione la noticia, ni esconda nada debajo de la mesa», declaró a Infobae. 

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), dio declaraciones a la prensa y se refirió a la vacancia presidencial contra Dina Boluarte y manifestó estar en contra de esta medida, argumentando que el país necesita estabilidad y que no se debería cambiar de presidente cada 12 meses, porque ello podría afectar negativamente la economía y la seguridad jurídica.

El militante de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana agregó que la vacancia la vienen promoviendo varios grupos parlamentarios, y reiteró que tampoco es el momento adecuado, tomando en cuenta el contexto político y económico, ya que la prioridad, según él, debe ser la estabilidad y cumplir con los plazos constitucionales para evitar más crisis políticas.

El presidente del Congreso también se refirió a la seguridad ciudadana y destacó que el Legislativo ya aprobó 12 proyectos de ley enfocados en combatir la criminalidad. En esa línea, resaltó el bloqueo de celulares usados para actividades delictivas, el bloqueo de cuentas bancarias, y medidas para proteger a los policías que abaten delincuentes en situaciones de flagrancias criminales. No obstante, mencionó que algunos proyectos importantes quedaron pendientes, como la creación de unidades de flagrancia, y que de todas maneras se espera completar este proceso en la próxima semana de representación. Además, está a la espera que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley relacionado con el uso de armas de fuego por parte de la policía dentro del fuero militar y policial.

Salhuana critica al gobierno por no haber presentado la Ley MAPE

El titular de la Mesa Directiva Salhuana también se dio tiempo para criticar al Ejecutivo que aún no ha cumplido con su responsabilidad de presentar la ley MAPE (formalización minera) que debía haberse enviado al Congreso y que actualmente se encuentra en espera. Asimismo, resaltó la importancia de la formalización minera para el Perú, pero advierte que no se debe permitir que las actividades ilícitas continúen siendo protegidas. 

Se acordaron de trabajar. El Pleno del Congreso de la República aprobó, de manera unánime, el dictamen que propone modificar el artículo 200 del Código Penal para incorporar la modalidad de préstamo conocido como “gota a gota” en el delito de extorsión.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 5474/2022-CR, 5631/2023-CR, 5817/2023-CR, 6064/2023-CR, 6177/2023-CR, 6941/2023-CR, 7269/2023-CR, 7480/2023-CR, 7513/2023-CR y 7636/2023-CR. Fue exonerada de segunda votación.

De acuerdo a ese dictamen, al incluir esta práctica delictiva en el Código Penal se pretende fortalecer la penalización de los préstamos extorsivos en el Perú.

«El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”, se lee en la propuesta legislativa.

La norma aprobada en el Congreso también incluye un artículo sobre préstamos informáticos extorsivos a través de plataformas digitales. 

“El que, a través de plataformas digitales, internet u otro medio análogo induce u obliga mediante amenaza, intimidación, engaño o ardid a aceptar dinero o bienes, simulando un contrato de mutuo o cualquier otro con el fin de obtener una ventaja indebida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”, se destaca.

Otro punto a mencionar es que la pena en ciertos casos con relación a los préstamos “gota a gota” será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si la violencia o amenaza es cometida bajo determinadas condiciones.

“Se impone al agente que, para perpetrar cualquiera de los supuestos extorsivos, usa armas de fuego o artefactos explosivos, o cuando el agente siendo miembro policial en actividad o retiro actúa como jefe o miembro de una organización dedicada a la perpetración de cualquiera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores”, se indica.

Intervinieron en el debate, como autores de proyectos de ley, los congresistas Kathy Ugarte (PP), Alfredo Azurín Loayza (SP), Patricia Juárez Gallegos (FP), Edgard Reymundo Mercado (BDP), Norma Yarrow Lumbreras (RP), Idelso García Correa (APP) y Jorge Marticorena Mendoza (APP).

Este miércoles 6 de noviembre el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación y con 87 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el dictamen del Proyecto de Ley 8530/2024-CR, que modifica los Decretos Legislativos 1350 y 1582 para disponer la obligatoriedad de identificación de las personas extranjeras.

Extranjeros que no se identifiquen ante la Policía serán expulsados del país.

La autora de la ley es la congresista Diana Gonzales, de Avanza País, y en la norma se señala que los extranjeros que incumplan con la obligación de identificarse ante la autoridad competente serán sancionados con la expulsión del país. La sanción se aplicará a los extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular por ingresar al Perú sin realizar el control migratorio de conformidad con la normativa vigente; y a los extranjeros que realicen actividades que atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.

En tal sentido, se ha dispuesto que la duración del procedimiento administrativo sancionador especial excepcional no puede exceder las veinticuatro (24) horas, contabilizadas desde la retención administrativa del ciudadano extranjero. Para dicho efecto, se modifica el Decreto Legislativo 1350, ‘Decreto Legislativo de Migraciones’, en lo relativo a la expulsión e identificación de extranjeros. Asimismo, se modifica el Decreto 1582 en lo relativo a la Retención Administrativa. Asimismo, se permite que la Superintendencia Nacional de Migraciones pueda implementar un documento de viaje adecuado para que la persona no identificada pueda ser expulsada.

¿Cuáles serán los beneficios de esta ley?

Según la propuesta, se busca garantizar la seguridad nacional y ciudadana, así como el orden público e interno, salvaguardando los intereses nacionales, a través de la prevención, disuasión y sanción de aquellas conductas infractoras a la norma migratoria. Además, se fortalecerán los controles migratorios para evitar la permanencia ilegal de personas que representen un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. Asimismo, se incrementa la confianza en los “emprendedores” que cierran sus negocios debido a las extorciones y se contribuye a la disminución de los delitos.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), destacó que, con la modificatoria de dichos Decretos Legislativos, se obliga a la identificación de extranjeros y, de esa manera, los individuos con antecedentes delictivos, o integrantes de organizaciones criminales internacionales ya no podrán evadir la acción de la ley.

Lo dejaron fuera de juego. Desde tempranas horas de la mañana, efectivos del Ministerio Público, con apoyo de la Policía, allanaron 17 inmuebles en Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco, dando como resultado la detención de manera preliminar por 15 días del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, así como de otras 7 personas. La orden de detención preliminar recae en total sobre 12 personas vinculadas a la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’.

El general PNP Nilton Reynaldo Santos manifestó que Agustín Lozano es investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, debido al supuesto uso indebido de los recursos de la FPF. También, aseguró, se detuvo al presidente del Sporting Cristal, Joel Raffo.

Durante las diligencias también se detuvo a la secretaria de la FPF, Sabrina Martin; la presidenta del club Academia Cantolao, Gisella Mandriotti; el exsecretario de la FPF, Jean Marceal; el presidente de la Liga de Tumbes, Humberto Miñán; la operadora de venta de entradas, Norma Alva y el contador de la FPF, Fredy Salazar.

Es importante mencionar que todos los detenidos son investigados por los presuntos delitos de fraude, corrupción, lavado de activos y por el supuesto uso indebido de los recursos de la FPF, favoreciendo indebidamente a algunos clubes peruanos, la reventa de entradas durante el repechaje al mundial Qatar 2022.

@limagristv HA SIDO DETENIDO EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL. #agustínlozano #fpf #selecciónperuana #federaciónperuanadefútbol #actualidad #limagris #noticia #noticias #parati #actualidadnoticias #fyp #peru #lima #perú ♬ sonido original – LimaGris

Más directivos serán detenidos

Por su parte, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó que durante las próximas horas se dará con la detención de otros cuatros directivos que aún permanecen con paradero desconocido.

«Investigamos con 25 fiscales y, obviamente, apoyados por la policía fiscal, Dirincri, (…) los detenidos están siendo llevados a la Prefectura para que, en estos 15 días, ejerzan su derecho conjuntamente con su defensa (…) el requerimiento es contra 12 personas y, a la fecha, han detenido a ocho (…) (a las que faltan) las están buscando», declaró.

El fiscal Chávez Cotrina remarcó que las personas que aún faltan detener son aquellos encargados de las direcciones de diferentes ligas departamentales del país.

«Tengo entendido que son directivos de las ligas deportivas, (¿presidente de las ligas departamentales?) Así es», agregó.

Un grupo de congresistas estaría presentado una moción que propone la vacancia contra la presidenta de la República Dina Boluarte. El escrito, ya cuenta con algunas firmas y argumenta que la jefa de Estado incurrió en incapacidad moral permanente, debido a diversas acciones e inconductas ejercidas durante las últimas semanas.

La moción de orden presentada por Susel Paredes sugiere que, en conformidad con el artículo 113°, numeral 2 de la Constitución, así como el artículo 89-A del Reglamento interno, se ha decidido presentar la facultad legislativa por constantes infracciones al orden legal, mismas que habría cometido la presidenta en medio de su actual gestión y entre los argumentos que indica el texto, sugiere que los hechos de mayor gravedad, se encuentran los presuntos actos de corrupción, como el caso ‘Rolex’ y el caso ‘Cofre’, así como el abandono del cargo presidencial para realizar viajes con una ‘Ley a la medida’. El siguiente punto que señala la moción se refiere a las graves violaciones a los derechos humanos, relacionadas a las muertes ocurridas durante las protestas, tras la vacancia a Pedro Castillo.

Como se recuerda, hace seis meses, en mayo de este año se presentaron hasta tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte en el Congreso; sin embargo, las iniciativas no contaron con los votos necesarios para ser admitidas a debate y votación, por lo que fueron archivadas.

Esta vez la legisladora Susel Paredes necesita la firma de al menos 26 congresistas para que su iniciativa logre ingresar al Pleno del Congreso y se dé cuenta de la misma. Posteriormente, en la sesión plenaria siguiente, se tendrá que debatir y votar la admisión de vacancia, para lo cual se requiere el voto del 40% de congresistas, que significa, unos 52 votos.

Los gremios del sector salud han anunciado una huelga nacional indefinida a partir del jueves 21 de noviembre para exigir al gobierno de Dina Boluarte, mejoras laborales. El anuncio lo hicieron este miércoles 6 de noviembre, a través de una conferencia de prensa, y exigieron que el Ejecutivo incremente el presupuesto destinado al sector salud, al 10% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Dicho incremento servirá para mejorar la infraestructura de los centros de salud, así como la calidad de los materiales, medicamentos e insumos disponibles que todos los días requieren los pacientes del Perú.

En vista que anteriormente realizaron esfuerzos para dialogar con las autoridades del Ejecutivo, y como no han encontrado una solución satisfactoria, esto los ha llevado a decidirse por la huelga. Asimismo, piden una reforma en la escala laboral para garantizar nombramientos correctos y mejoras en las condiciones laborales del personal del sector salud. También se menciona la necesidad de reconocer y valorar al recurso humano en el sector, ya que llevan años esperando mejoras en sus condiciones laborales. 

Exigen reunirse con Dina Boluarte y otras autoridades del Estado

Los gremios han solicitado reuniones con la presidenta de la República Dina Boluarte, el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, el primer ministro Gustavo Adrianzén y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lady Camones, quienes habrían mostrado disposición a atenderlos; sin embargo, no se ha encontrado soluciones definitivas hasta el momento. Los gremios aseguran que están tocando puertas en el Congreso para evitar la huelga, pero advierten que si no se encuentran soluciones antes del cierre del presupuesto 2024 la huelga de todas maneras se llevará a cabo dentro de las próximas dos semanas y agregaron que esta medida se toma después de doce años de espera por reformas y mejoras en el sector salud.