La sorpresiva salida del país de Nadine Heredia, ex primera dama de la Nación, ha desatado una tormenta política y judicial en el Perú. Según fuentes cercanas a la Cancillería, Heredia recibió un salvoconducto especial autorizado por la presidenta Dina Boluarte, permitiéndole abandonar el país con rumbo a Brasil, donde el gobierno de Lula da Silva le habría concedido asilo político.

Lo que agrava aún más esta situación es que Heredia no es una figura política cualquiera. La ex primera dama fue condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos. Su esposo el expresidente Ollanta Humala, también fue condenado por delitos similares, ambos implicados en el uso irregular de fondos durante la campaña presidencial.

Todo apunta a que desde el Ejecutivo se coordinó su huida. El actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien fuera también ministro durante el gobierno de Humala, habría participado activamente en estas gestiones, permitiendo la emisión del salvoconducto en tiempo récord.

Este hecho ha generado severas críticas por parte de juristas y especialistas en derecho internacional. La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 establece de forma clara que no se puede conceder asilo político a personas condenadas por delitos comunes o procesadas por tribunales ordinarios competentes. Nadine Heredia, al haber sido sentenciada por la justicia peruana, no califica legalmente para recibir este beneficio. El gobierno de Lula da Silva, sin embargo, le otorgó el asilo, avivando las suspicacias sobre una red de protección política transnacional entre antiguos aliados de la izquierda latinoamericana.

Cabe resaltar que el propio presidente Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero en el escándalo de Lava Jato, aunque posteriormente fue liberado tras anularse sus sentencias por irregularidades procesales. Su cercanía política con Ollanta Humala y su esposa no es un secreto, lo que añade más sombras sobre las verdaderas motivaciones detrás de la aceptación del asilo.

El Perú, una vez más, presencia cómo el poder político interfiere en los procesos judiciales, debilitando la institucionalidad y la credibilidad del sistema democrático. Permitir que una persona condenada por corrupción eluda a la justicia con el amparo del gobierno y la complicidad de antiguos funcionarios es un precedente terrible. Sienta las bases para que otros procesados puedan recurrir a favores políticos para escapar de sus responsabilidades penales, erosionando aún más la ya frágil confianza ciudadana en el Estado de derecho.

El Congreso ha anunciado que citará a la presidenta Dina Boluarte y al premier Adrianzén para que rindan cuentas por este escandaloso hecho. El país exige respuestas, pero, sobre todo, justicia.

Como se recuerda, en el mes de marzo, tras la salida del exministro Juan José Santiváñez en el Mininter, la congresista del ‘Bloque Democrático Popular’, Susel Paredes anunció que interpondría una moción de destitución contra la mandataria Dina Boluarte Zegarra. «Es una mentirosa compulsiva. Es hora que se vaya», expresó en aquel momento. Sin embargo, hoy la legisladora reiteró su pedido de impulsar la moción de vacancia contra la presidenta, debido a los casos por los que se le investiga actualmente: ‘Rolex’ y las cirugías estéticas que se habría realizado.

En tal sentido, la congresista del Bloque Democrático Popular criticó a la mandataria Dina Boluarte, y sentenció que el país no merece a una «gobernante de esa calaña», debido a sus constantes mentiras, pese a la existencia de presuntas pruebas.

«El Perú no merece una gobernante de esa calaña, una señora que miente, que nos ha mentido de todas las formas. En los Rolex primero, que dijo que era una joya de antaño y, al final, se descubrió que era una mentira. Las operaciones, todo es una mentira. Ella no tiene que ser suspendida, ella tiene que ser vacada», dijo Susel Paredes.

Seguidamente, aseguró que ya cuenta con nueve firmas de las 26 que se requieren para presentar la moción de vacancia al Congreso de la República y que, además, ha enviado un oficio a los congresistas que, hasta el momento, no han accedido a firmar el documento.

«Yo ya tengo nueve firmas de las 26 (que se necesitan) y ya le mandé oficios a cada uno de los congresistas que no ha firmado. Hay congresistas aquí que dan gritos diciendo que ‘la presidenta no puede’, (…) y no quieren firmar la vacancia», explicó Susel.

Por otro lado, Susel Paredes se refirió a la situación del cirujano Mario Cabani, quien operó a la presidenta Dina Boluarte con fines estéticos y aclaró que ahora todo depende del juez encargado del caso, debido a que el propio médico ha señalado que dirá toda la verdad si se le levanta el secreto profesional.

«El juez, en mi opinión, debe hacerlo (levantar secreto profesional) porque necesitamos saber la verdad. No merecemos ser gobernadas, gobernados, por una mujer mentirosa. Entonces la única forma de proteger al doctor Cabani, porque él estaría cometiendo infracciones o hasta delitos si habla, (…) entonces, necesitamos que el juez se lo levante. Él mismo ha dicho: ‘Yo hablo si el juez me levanta el secreto profesional'», concluyó la legisladora del ‘Bloque Democrático Popular’.

¿Su esposo le avisó que aliste las maletas? Escuchada la sentencia de 15 años de prisión contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, su esposo realizó una breve llamada telefónica que pocos tomaron importancia en ese momento, sin embargo, habría dado órdenes directas para que Heredia Alarcón salga disparada hacia la embajada de Brasil a solicitar asilo político.

En efecto, mientras se realizaba la audiencia de sentencia, diversos medios indicaban que la ex primera dama se encontraba en una clínica local, sin embargo, ninguno daba con su paradero. Horas después, desde la propia Cancillería del Perú se informó que ella había ingresado a la embajada de Brasil.

“La señora Heredia ha solicitado asilo a dicho país, en concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 194, de la cual el Perú y el Brasil son parte”, se lee en el Comunicado Oficial n.° 016-25.

El dato:

Esta medida de protección no puede ser concedida a ciudadanos que posean serios indicios que los relacionen con crímenes internacionales, como de lesa humanidad, de guerra y contra la paz.

El hermano del expresidente Ollanta Humala, Ulises Humala, se ha mostrado indignado por la sentencia condenatoria que recibió la denominada ‘expareja presidencial’ debido a que, con anteriormente, recibir aportes de campaña no constituía incurrir en delito.

El ingeniero Ulises Humala, manifestó su rechazo ante la condena de 15 años de prisión dictada contra su hermano y su esposa, Nadine Heredia Alarcón, por el presunto delito de lavado de activos.

El también excandidato presidencial por el partido Avanza País calificó de injusta la resolución del Poder Judicial y refirió que los aportes de campaña que se recibieron en 2006 y 2011 no constituían delito en ese momento.

«La justicia se ha politizado totalmente. Muchos abogados saben, y uno incluso sin ser abogado lo entiende, que, si no estaba tipificado como delito recibir dinero en campaña, no pueden penalizar eso y sancionar con una pena tan desproporcionada como son 15 años, ¿no? En principio, eso era solamente una falta administrativa», señaló Ulises Humala en una entrevista para Exitosa, e insistió en que la práctica de recibir fondos para campañas políticas era común y no estaba prohibida por la ley hasta años después. Según indicó, todos los partidos políticos recibían fondos en ese entonces y no existía una norma clara que penalizara tales ingresos si no eran reportados.

Asimismo, aseguró que recibir dinero no era delito en esos momentos y que no declararlo era solo una falta administrativa.

«La campaña política necesita de fondos, todos los partidos necesitan varios millones de dólares. Hasta el año 2011 era legal, recién en 2017 está prohibido, La jueza puede describir muy ilustrativamente la ruta del dinero, pero recibir dinero no era delito en esos momentos. No declararlo tampoco era delito, era una falta administrativa», concluyó Ulises Humala.

Bien dicen que del amor al odio hay un solo paso y eso parece saberlo a la perfección el ex primer ministro Alberto Otárola, quien este mediodía acusó a Yaziré Pinedo, una jovencita quien se le vincula de haber tenido una relación sentimental, de solicitarle una cuantiosa suma de dinero.

“A continuación, muestro un manuscrito de puño y letra de la ciudadana Yaziré Pinedo Vásquez, en que se demuestra la extorsión de la que soy víctima. En efecto, en mes de enero del año 2024, esta persona me hizo llegar una nota de puño y letra en la que me solicitó el pago de S/. 850 mil soles”, indicó.

El ex hombre de confianza de Dina Boluarte reveló que la nota extorsiva se encuentra en manos de la Fiscalía para su peritaje grafotécnico. “Esta nota está desde el mes de diciembre en la Fiscalía y hago una invocación a la primera fiscalía penal corporativa, tercer despacho, a cargo de los fiscales Lidia Mendoza Alarcón y Elíseo Estrada, a quienes vengo reclamando insistentemente que procedan con las pericias grafotécnicas”, añadió.

Según el texto al que accedió RPP noticias, la joven le pide el dinero con la excusa que necesita proteger a su familia: “Necesito 850 000 soles para traer y cuidar de mi familia por culpa de tus c…. Solo te espero 2 días para que me respondas. Besos. Te amo”, se lee en la misiva.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República aprobó por mayoría, con 12 votos a favor y uno en contra el informe preliminar que recomienda suspender temporalmente del cargo a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, porque habría incurrido en un presunto abandono de funciones, tras haberse sometido a una intervención quirúrgica sin dar previo aviso al Parlamento.

Los fujimoristas blindaron a Dina Boluarte

Lo congresistas que votaron a favor del informe que propone suspender a la presidenta Boluarte Zegarra son: Juan Burgos, de Podemos Perú; Segundo Acuña, de Honor y Democracia; Pasión Dávila, de la Bancada Socialista; Patricia Chirinos, de Avanza País; Héctor Valer, de Somos Perú; Isaac Mita, de Perú Libre; Ariana Orué, de Podemos Perú; Margot Palacios, no agrupada; Hilda Portero, de Acción Popular; Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular; Norma Yarrow, de Renovación Popular; y Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular.

Quien votó en contra fue la parlamentaria Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, y los que no contestaron son: Jorge Marticorena, de Alianza para el Progreso; Elvis Vergara, de Acción popular; y los fujimoristas, Magally Santisteban Suclupe, Héctor Ventura y David Jiménez Heredia. Por su parte, la legisladora naranja Vivian Olivos Martínez se encontraba de licencia

El presidente de dicha comisión, el legislador Juan Burgos durante su intervención refirió que la mandataria se ausentó de sus funciones como consecuencia de una intervención quirúrgica de presunto carácter estético y que ésta no fue comunicada al Congreso para su debida autorización, por tanto, habría incurrido en abandono de funciones.

“Este informe preliminar se enmarca en un presunto abandono de funciones por parte de la presidenta Dina Boluarte, debido a su ausencia durante un periodo significativo del ejercicio del cargo. Esta ausencia se habría producido como consecuencia de una intervención quirúrgica —presuntamente de carácter estético—, realizada sin la debida comunicación ni autorización del Congreso de la República”, afirmó Burgos Oliveros, de Podemos Perú.

De acuerdo con el informe, la mandataria habría estado inhabilitada para ejercer sus funciones entre 2 y 12 días, como resultado del procedimiento quirúrgico al que se habría sometido, según consta en el reporte operatorio. Esta inactividad habría afectado la continuidad del mando y la toma de decisiones en el Ejecutivo, lo que podría constituir una afectación directa al normal desempeño de la presidencia del Perú.

Juan Burgos, remarcó que la jefa de Estado también se encuentra relacionada en otros escándalos, como el presunto uso indebido del aparato estatal para favorecer a su hermano, Nicanor Boluarte, la adquisición de los relojes Rolex, y la supuesta falsificación de firmas en documentos oficiales, mientras se encontraba convaleciente.

“Se ha determinado de manera objetiva y veraz que la presidenta no informó al Congreso sobre la presunta incapacidad temporal (…). Esta omisión es relevante en la medida que la Constitución establece procedimientos claros”, afirmó el secretario técnico. Por esa razón, la mandataria Boluarte habría faltado a los artículos 114°, 115° y 118° de la Constitución del Perú.

“El reporte operatorio constituye una parte sustancial de toda historia clínica. Es un documento clave, ya que detalla con precisión los procedimientos realizados, el equipo médico interviniente, la fecha y las condiciones clínicas de la paciente. Hasta la fecha, no ha existido una declaración oficial que refute categóricamente la veracidad de esta intervención ni una explicación convincente sobre las circunstancias que rodearon la ausencia de la presidenta de sus funciones durante ese periodo”, argumentó el legislador Burgos Oliveros.

Asimismo, el informe plantea que la presidenta habría incurrido en una presunta incapacidad moral permanente, contemplada en el artículo 113°, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. Esto se basaría en una conducta reiterada de faltas a la verdad, presunto encubrimiento, uso desproporcionado de la fuerza y posibles actos de corrupción. También se menciona una presunta infracción constitucional, ya que la presidenta habría permanecido internada, además de haber gozado de 12 días de descanso médico, sin comunicarlo oficialmente al Congreso, incumpliendo así sus deberes constitucionales.

“Según la información recopilada durante el proceso de indagación, la presidenta Dina Boluarte se habría sometido a un procedimiento estético que incluyó la colocación de hilos tensores, injerto de grasa en la zona malar, blefaroplastia y otros tratamientos faciales. La intervención habría durado aproximadamente dos horas y media, bajo probable sedación, y con una internación de más de dos días en la clínica Cabani”, precisó el presidente de la comisión.

Además, se menciona que, de acuerdo con la revisión de la agenda oficial de la Presidencia de la República, no se registraron actividades oficiales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. El retorno oficial de la presidenta a sus funciones recién se registró el 10 de julio.

A su turno, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) señaló que, considerando las reiteradas faltas de la presidenta, su falta de transparencia en los casos Rolex, cirugía y el cofre, así como las constantes contradicciones y mentiras en las que ha incurrido, se evidencia una permanente incapacidad moral. Por ello, sería factible no solo pedir una suspensión, sino considerar directamente una vacancia presidencial.

Zeballos indicó que esta situación ya está sobrepasando los límites. “A Pedro Castillo se le buscó una vacancia por menos imputaciones. En este caso, hay múltiples indicios que evidencian una falta de capacidad moral para ejercer el cargo”, advirtió Zeballos.

En razón a ello, el congresista solicitó que en el informe se incluya que la comisión sugiere permitir que cualquier congresista pueda presentar una moción de vacancia en base a los puntos señalados en el informe preliminar.

El Poder Judicial, a través del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha emitido una orden de captura contra Nadine Heredia Alarcón, tras su ausencia en la lectura de sentencia que solo hace unas horas la condenó a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos.

La ex primera dama y esposa del expresidente condenado Ollanta Humala, no asistió a la audiencia de lectura de sentencia, alegando un descanso médico. Decisión que la jueza Nayko Techy Coronado Salazar consideró insuficiente.

En horas de la mañana, mientras Humala Tasso acudió presencialmente al edificio Carlos Zavala Loayza para escuchar la lectura de sentencia, su esposa Nadine Heredia apenas participó vía Zoom y no asistió a la sala. Dicha ausencia de la exprimera dama fue interpretada por el tribunal como un acto de rebeldía. Como se sabe, la reciente condena, que incluyó la disolución del Partido Nacionalista y una reparación civil de S/15 millones, estableció que ambos cónyuges recibieron fondos de Odebrecht y Venezuela para las campañas de 2006 y 2011.

Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

Mientras tanto, la orden de captura contra Nadine Heredia, junto con su hermano Ilán Heredia, también condenado a 12 años, busca asegurar su ingreso inmediato al penal de Chorrillos.

Por su parte, las cámaras de Canal N permanecieron en los exteriores de la casa de la ex primera dama en Surco. Sin embargo, en las últimas horas, se registró la salida de una mujer, aparentemente familiar de Heredia, quien con una maleta abordó un vehículo sin brindar declaraciones a la prensa. Según su abogado, Heredia se encuentra delicada de salud y por ello no asistió a la audiencia. Sin embargo, no se ha emitido ningún parte médico oficial, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre su situación.

El congresista del Grupo Parlamentario Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley n.° 10771/2024-CR que propone crear el fondo de asistencia económica en favor de los hijos de docentes fallecidos en cumplimiento de su labor.

De acuerdo a lo indicado en el objeto de la ley, se busca garantizar una ayuda económica que les permita acceder a una vida digna en reconocimiento al sacrificio y compromiso de los docentes con la educación del país.

La ley será para hijos menores de 18 años

Con respecto al alcance de la iniciativa legislativa, ésta se extenderá a favor de hijos de profesores que hayan fallecido en el ejercicio de su labor, hasta los 18 años de edad. Sin embargo, los que estén cursando estudios superiores hasta que culminen los mismos, también serán beneficiados con la asistencia económica; así como las personas con discapacidad que hayan dependido del docente fallecido.

Subvención anual no excederá al valor de una UIT

Asimismo, se indica en el texto que el monto individual otorgado a cada descendiente beneficiario del profesor fallecido no puede exceder del monto anual al valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT-S/5350). Y será otorgado de forma bimestral para fines de alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación u otros asociados a la protección social y desarrollo integral de las personas beneficiarias.

Asimismo, no es heredable y tampoco estás sujeto a pago de devengados. Con respecto al financiamiento, a partir del año fiscal 2026, dicha asistencia económica será financiada por el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo al artículo 77° del Reglamento del Congreso, este proyecto de ley será trasladado a las Comisiones de Educación, Juventud y Deporte; y de Presupuesto y Cuenta General de la República, para su respectivo estudio y dictamen.

Profesores fallecidos no fueron atendidos por el Minedu

La propuesta parlamentaria se fundamenta, ante una eventual falta de apoyo del Ministerio de Educación, por casos de docentes que encontraron la muerte en el ejercicio de sus funciones en diversas regiones del país. Por ejemplo, con el fallecimiento de la profesora Mónica Vergara Amay de 53 años en marzo de este año y que en un intento por llegar hasta su colegio en Gran Chimú, en La Libertad, por falta de carreteras tuvo que caminar prolongadamente en una accidentada zona, hasta que murió debido a las bajas temperaturas. Asimismo, hubo más casos similares con docentes fallecidos procedentes del caserío de Huaranday en la sierra de Lambayeque, así como La Libertad, y Pucallpa.