Política
Exregidor Jorge Valdez: “Jorge Muñoz, de lejos, aun con sus falencias, era mucho mejor alcalde que López Aliaga”
Lea la entrevista completa de Luis FelIpe Alpaca.
Actualmente, la ciudad de Lima viene atravesando una serie de problemas que tienen que ver con la inseguridad, el desorden y los conflictos entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la ATU, con respecto a la nueva obra de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. Dicha controversia, no hace otra cosa que retrasar el proyecto y los únicos perjudicados siempre serán los ciudadanos. Lima Gris conversó sobre este tema y sobre la actuación del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, con el experimentado en temas municipales y exregidor metropolitano Jorge Valdez Oyola.
Aquí la entrevista.
Primero para contextualizar a la ciudadanía ¿Cuál es el verdadero rol de un alcalde?
Un alcalde, por la propia ley, se encarga de algunos temas puntuales de la administración de una ciudad. Por ejemplo, se encarga del ornato, de la limpieza, de la seguridad, pero que tiene que ver con el Serenazgo. Una cosa es el Serenazgo y otra cosa completamente distinta es la seguridad que nos tiene que dar la Policía Nacional y obviamente el Gobierno Nacional y el Ministerio del interior. Además de eso, se encarga del desarrollo de la propia ciudad y del reordenamiento de ésta. De cómo se administra el suelo de la ciudad; es decir, los permisos para construcción, las licencias para los negocios. Adicionalmente, también administran el tránsito, vale decir la circulación vehicular en su circunscripción. En este caso puntualmente la MML se encarga del tránsito en toda la provincia de Lima.
Hablemos del alcalde de Lima López Aliaga. Recordemos que primero quiso ser presidente y tras postular y perder las elecciones generales en 2021, inmediatamente optó por candidatear a la comuna metropolitana y luego de ser elegido se convirtió en alcalde ¿Qué opinión te merece esa actuación?
Puntualmente, en el caso de López Aliaga, siempre hay que preguntarnos ¿si estamos frente al candidato López Aliaga, o al actual alcalde de Lima? Porque yo soy de los que piensan que López Aliaga nunca dejó de ser candidato. Vale decir, postuló a la presidencia de la República, inmediatamente vio la elección municipal y continuó su candidatura; luego fue elegido como alcalde y mientras tanto, sigue actuando como candidato pensando en las siguientes elecciones presidenciales. Es una persona que desde mi punto de vista está ávida de poder y en ese deseo continúa actuando y continúa en su posición como un candidato. Y es ahí que vemos, no solamente que no ha colmado las expectativas del electorado, sino que, su propia actuación y su discurso, sobre todo confrontacional con el gobierno, me indican más bien una postura política y no tanto una postura de un alcalde que lo que quiere es conciliar y conversar para ver cómo la ciudad puede mejorar.
Entonces, ¿consideras que ya empezó su campaña presidencial, a pesar que es un alcalde en ejercicio?
Yo lo que creo, es que él nunca ha dejado de ser candidato. Incluso, electo alcalde, él ha continuado mirando con el rabillo del ojo el sillón presidencial y que cada acto que él toma como alcalde, se hace siempre pensando políticamente como candidato.
Ya es de conocimiento público que el alcalde de Lima ha utilizado las redes sociales de la MML para publicar imágenes donde se le ve con la banda presidencial ¿Esto puede tener efectos legales? ¿Se puede emprender una acción legal contra esta acción?
Por supuesto. Nada del recurso público debería ser utilizado para alguien que está manifiestamente y abiertamente pretendiendo una elección de un cargo que no tiene nada qué ver con el cargo que ocupa actualmente. Por eso la ley prescribe que un alcalde que quiera ser, por ejemplo, candidato a la presidencia, tiene que renunciar con una anterioridad. Lo que sucede es que esa anterioridad para mí es muy corta. Vale decir, si un alcalde en funciones pretende un cargo superior, yo creo que por lo menos, dos años antes debería dejar el cargo justamente para que no vaya a suceder esto que tú propones, la idea de que alguien podría estar utilizando recursos del Estado y municipales para una campaña presidencial.
Esa línea es bien delgada, porque todos tenemos claro y sabemos que López Aliaga es y va a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿su entorno personal, sus asesores, sus funcionarios y los que manejan la página web y los que cuelgan los contenidos, están pensando en López Aliaga como alcalde para resolver los problemas? o ¿ya todos están pensando en el López Aliaga candidato? y ¿cómo le hago la mejor presentación para verlo como un presidenciable? esa es la pregunta. ¿Será que ya todo un entorno y toda una maquinaria pagada obviamente por la municipalidad, estaría al servicio de una eventual campaña? esa es una pregunta que tenemos que hacernos.
Con respecto a la controversia de la obra de la estación central de la Línea 2 en el centro de Lima, el alcalde ha ordenado instalar una veintena de carteles para desmentir al concesionario e indicar que han cerrado el Paseo Colón sin autorización de la MML ¿Es verdad que cada panel ha costado S/700 soles?
De repente podría equivocarme en el número, en uno o dos; pero yo circulé por el centro de Lima el otro día y si no me equivoco yo habría contado 20 paneles. Entonces, al ver que no es un panel informativo, sino, un panel que tiene que ver más bien con una respuesta política a algo, porque ese panel no informa nada y no tiene una comunicación virtuosa. Inmediatamente hice una llamada a una persona que provee paneles y le di las características y me dio el precio aproximado de S/700 cada panel.
López Aliaga ha salido a los medios a decir que el ‘malo de la película’ es el MTC, que desde hace muchos años dicha institución del Ejecutivo ha trabado la obra de la Línea 2. Sin embargo, la misión del alcalde de Lima es precisamente no trabar dicha obra, entonces, ¿Qué está sucediendo exactamente?
López Aliaga está abocado en tratar de instalar en la población el hecho de que él está haciendo algo, cuando en realidad no está haciendo nada. Ahora resulta que él es el paladín y defensor de la ciudad y de los ciudadanos. El alcalde no tiene porqué dedicarse al enfrentamiento con otras instituciones también abocadas al desarrollo. Deberíamos tener un alcalde, más bien conciliador, evaluador de la obra, con propuestas de cómo lograr que la empresa de verdad termine la obra en el plazo que le corresponde. Debería estar abocado a eso y no a ponerle trabas a la empresa a modo de hábeas corpus y de denuncias legales.
Él debería estar abocado a mejorar el tránsito y la circulación alrededor de la obra. A ver cómo hago para que el plan de desvíos funcione mejor. A plantear ideas y no el conflicto. Él continúa actuando políticamente, queriéndonos hacer pensar que lucha a favor del vecino contra el gobierno. Que él está enfrentado al gobierno; sin embargo, cruzando la avenida Abancay (en el Congreso) la bancada de Renovación Popular le vota todo a favor del gobierno y lo apoya en todo. Entonces, veo ahí la histórica ‘escopeta de dos cañones’. Yo juego por acá con este cañón a ser el que fiscaliza al gobierno y defiende al ciudadano; y por el otro, tú con la bancada apoya al gobierno en todo.
Mencionaste la palabra conciliación. Sin embargo, el alcalde se ha peleado con diversos gremios, e intenta desalojar a los emolienteros que desde hace 28 años fueron refrendados por una resolución de alcaldía gracias a Alberto Andrade. Asimismo, pretende desalojar a los canillitas. Ha cerrado ‘Las Cucardas’ y las trabajadoras sexuales están en las calles expuestas ante los extorsionadores. Incluso, ha despedido a 860 trabajadoras de limpieza con más de veinte años de servicio.
No sé cómo él está intentando iniciar una campaña presidencial y que en su acápite diga: “generación de trabajo”, cuando en realidad con la mano izquierda, está haciendo que cientos de familias puedan quedarse sin trabajo. Y me refiero a los emolienteros, a los canillitas y también a las trabajadoras sexuales. Él debería, por el contrario, ver cómo generar, no solamente la posibilidad de que se queden estas personas de manera ordenada, obviamente respetando el ornato, con limpieza, con calidad en los lugares que ya tienen. Si no, cómo puedo promover incluso mayores posibilidades para ese comercio ambulatorio que inunda Lima. Fracasó en una intentona que tuvo de llevárselos a Barrios Altos a una zona que era un poco más que un descampado. Debería generar posibilidades en zonas más urbanas, en zonas donde de verdad los comerciantes puedan tener negocio y donde puedan vender.
Hablemos de la revocatoria contra el alcalde López Aliaga. Ya se adquirió el kit electoral y ya se están recabando las firmas. Suena fuerte esta iniciativa contra él y contra otros alcaldes distritales de su partido ¿crees que finalmente se pueda destituir a López Aliaga?
La permanente incapacidad de gestión, la permanente falta de resultados, la permanente incapacidad para poder resolver los problemas de la ciudad, le han ganado a López Aliaga a pulso, la posibilidad de que un grupo de ciudadanos quiera revocarlo. Eso a mí no me cabe duda, porque no hay un resultado y no se ve un horizonte en la administración de la ciudad y por supuesto, me refiero también a algunos distritos donde casualmente hay alcaldes del partido del alcalde de Lima, donde los vecinos ya hartos han salido a buscar su kit y salen a las calles organizados a buscar las firmas.
Ahora, sobre López Aliaga, creo que de revocarlo, le estarían haciendo un bien, porque no solamente lo harían dejar el cargo con más tiempo para luego dedicarse a su campaña; sino, que va a salir a decir que le hicieron daño, que la izquierda, que los proterroristas y quien fuere. Va a decir que son malos y que como él ya estaba a punto de convertir Lima en Potencia Mundial, había que sacarlo. Entonces creo que la revocatoria, dado el proceso electoral tan cerca y dado que él ya es prácticamente un candidato a ese proceso, por el contrario, lo va a victimizar. Creo que dejarlo en el cargo donde está hasta el último momento que tenga que estar, va a evidenciar claramente la gran incapacidad que tiene de gestión, con lo cual, el electorado en el tema nacional seguramente lo castigaría, como tiene que castigarlo.
Ahora, conseguir dos millones de firmas es una tarea titánica en una ciudad compleja como es Lima. Verdaderamente, en otras condiciones yo estaría completamente de acuerdo, pero adelantándome a la posibilidad de una victimización, me manifiesto en contra. Sin embargo, soy también de los que firmaría el planillón de revocatoria, solamente como muestra de rechazo a una gestión incapaz, a una gestión sin una luz al fondo del túnel.
Para terminar, estamos acostumbrados a elegir al mal menor. En ese sentido, cuál de los dos alcaldes fue peor ¿Jorge Muñoz o Rafael López Aliaga?
Todos saben la profunda oposición que tuve a la gestión del alcalde Jorge Muñoz, porque no compartía muchas de las cosas que él hacía, pero increíblemente… y es una reflexión que he hecho; tengo que decir que Jorge Muñoz, de lejos, aún con sus falencias, era mucho mejor alcalde que López Aliaga y tenía una primera cualidad que lo diferencia. Jorge Muñoz sí era un hombre más dialogante. Era un hombre que sí dialogaba con todos los sectores. Seguramente él en una coyuntura como esta de la Línea 2, habría estado sentado con todos los actores buscando la solución y no provocando más conflicto y echándole más leña al fuego. Creo que finalmente, en el tiempo la gente va a terminar diciendo que Jorge Muñoz fue mejor alcalde que López Aliaga.
Es increíble lo que mencionas…
Sí, suena increíble.
Política
Ministra Leslie Urteaga en la mira del Congreso tras denuncias de niños intoxicados con productos de ‘Wasi Mikuna’
La titular del Midis, quien hace unos días cogió maletas y viajó a Chile a un foro de ‘desarrollo sostenible’, tendrá que asistir al Parlamento para rendir explicaciones sobre la intoxicación de más de 120 escolares en diversas regiones. Por su parte, la congresista Norma Yarrow le cursó un oficio exigiéndole una inmediata respuesta.
Como se recuerda, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini pretendió “lavarle la cara” al otrora programa alimentario ‘Qali Warma’, tras las denuncias que indicaban que los productos alimenticios destinados a escolares del país, estaban preparados con carne de caballo. Por lo que optó a cambiarle de nombre y en diciembre de 2024 decidió ponerle ‘Wasi Mikuna’.
‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’ resultaron ser lo mismo
Han transcurrido, cuatro meses, y dicho programa social no ha cambiado en su estructura ni en sus habituales problemas. Y en solo una semana, se han intoxicado alrededor de 120 niños en Áncash, Amazonas y Piura, luego de consumir conservas de pescado procedentes del programa Wasi Mikuna.
Ante ello, algunos congresistas, como la presidenta de la Comisión Investigadora en torno a Programas Sociales, Katy Ugarte Mamani dijo que «no hay un control de calidad» en el programa ‘Wasi Mikuna’, el cual reemplazó a ‘Qali Warma’. Asimismo, consideró que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, inmediatamente debe acudir al Congreso para responder sobre los reportes de escolares intoxicados, tras consumir los alimentos del cuestionado programa social.
“La ministra tiene que venir al Congreso sobre esta situación tan delicada, porque no podemos permitir que niños sigan intoxicándose y no podemos jugar con la salud de la niñez”, refirió Ugarte Mamani.
Norma Yarrow exige explicaciones a ministra Leslie Urteaga
La parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras también se pronunció sobre la reciente denuncia de niños intoxicados por ingerir productos alimenticios de ‘Wasi Mikuna’, e indicó que tiene información del daño ocasionado en más de 80 menores de un colegio piurano, donde se distribuyen desayunos elaborados por el programa del Midis. Además, recordó los posibles casos de intoxicación ocurridos recientemente en el distrito de Los Olivos y en la localidad de Bagua.
Yarrow Lumbreras solicitó a tomar acciones de supervisión e investigar los hechos de esta alarmante situación, remarcando que «afecta la salud de la población escolar». En ese sentido, exigió una inmediata respuesta a fin de que se identifiquen las responsabilidades del caso.
Posteriormente, la congresista anunció mediante sus redes sociales que había enviado los oficios correspondientes a la ministra Leslie Urteaga y el contralor César Aguilar, con la finalidad de esclarecer estas preocupantes circunstancias que perjudican a varios escolares peruanos. Además, criticó duramente al programa ‘Wasi Mikuna’, calificándolo como «un burdo maquillaje» de su predecesor, ‘Qali Warma’.
«Nuevamente alumnos de diferentes regiones resultan intoxicados al ingerir alimentos del programa Wasi Mikuna, antes Qali Warma. Esto es una burla y atentado a los estudiantes más humildes. Envío oficios a la Contraloría y al Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo (MIDIS). Otra vez se pone en riesgo la vida de nuestros escolares», publicó en su cuenta de X, Yarrow Lumbreras.
Leslie Urteaga se fue de viaje a Chile
La cuestionada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, apenas hace tres días cogió sus maletas y emprendió vuelo a Santiago de Chile, representando a Perú en la Octava Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en el país mapuche, del 1 al 4 de abril.
Durante su ausencia, el despacho del Midis quedó a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.
Política
Congresista Montoya sobre la comunidad LGBT: “Ellos mismos se discriminan” [VIDEO]
Parlamentario sostiene que “ellos mismos se discriminan cuando quieren ser algo diferente en la sociedad”.
Política
Gobernadores regionales, alcaldes, congresistas y otros funcionarios públicos están prohibidos de realizar publicidad estatal
Tras el anuncio presidencial que convocó a Elecciones Generales 2026 quedan prohibidas todas las propagandas estatales. Es decir, todo servidor público no podrá aparecer en spots a través de su imagen y voz que lo identifique y tampoco deberá publicitar colores, frases, símbolos, o signos, que estén relacionados con una organización política.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que desde este jueves 27 de marzo se encuentra efectiva la prohibición de realizar publicidad estatal en todo el país, ante la oficialización de la convocatoria a Elecciones Generales 2026 (EG 2026), de acuerdo con la normatividad vigente.
El impedimento rige desde el pasado jueves 27 de marzo. Es decir, desde el día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N°039-2025-PCM, mediante el cual la mandataria Dina Boluarte convocó al proceso para elegir al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.
Existen excepciones
Si bien esta restricción está vigente y tiene que acatarse bajo todo concepto, también tiene excepciones. Es decir, cuando la publicidad estatal se justifica en casos de impostergable necesidad o utilidad pública, por temas referidos a educación, salud, seguridad u otras situaciones similares, tal como lo precisa el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado por Resolución n.° 047-2024-JNE.
Alcaldes, gobernadores y otros servidores públicos no podrán hacer propaganda
Los avisos o mensajes exceptuados, en ningún caso pueden contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento que directa o indirectamente esté relacionado con una organización política.
Además, ningún funcionario o servidor público de una entidad o cualquiera de sus dependencias deberá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique.
En las citadas excepciones, debe cumplirse las exigencias señaladas en el citado reglamento. Así, por ejemplo, se debe solicitar autorización previa, de tratarse de avisos o mensajes publicitarios a ser propalados por radio o televisión.
En tanto, si la difusión se lleva a cabo a través de la prensa escrita, redes sociales u otros medios se deberá presentar un reporte posterior. También se anota que los referidos procedimientos deben entregarse ante la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI) del JNE, mientras no se instalen los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes.
Las notas de prensa no están prohibidas
Asimismo, no se encuentran dentro de la definición de publicidad estatal las notas de prensa; las comunicaciones internas e interinstitucionales; y los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y otras normas afines.
Política
Indecopi se niega investigar a Centro Comercial Real Plaza
La Comisión de Protección al Consumidor declaró improcedente la denuncia presentada contra la empresa Real Plaza y sus apoderados, basándose en una ‘leguleyada’ que sustenta el principio ‘non bis in idem’, “ya que existe otra entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados”.
Indecopi declaró improcedente la denuncia presentada por la asociaciones de defensa al consumidor, Centro EQUIDAD, ADCIP, y PROCONSUMO, contra Real Plaza SRL y sus gerentes y/o apoderados, Misael Shimizu Mitsumasu, Luis Alonso Santa María Torres y Garlet Noemi Rodríguez Ortiz, por su presunta responsabilidad y/o culpa, en los hechos fatídicos del pasado 21 de febrero del 2025, y por su actuar negligente en días posteriores, por acciones de supuesta omisión que vulneraron los derechos de los consumidores. Y por haber ocultado información de las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales.
La Comisión de Protección al Consumidor a través de la Resolución Final N° 0747-2025/CC2 argumenta que se han cumplido todos los requisitos necesarios para que se configure el supuesto de afectación al Principio de Non Bis In Idem (no dos veces por lo mismo). Por esa razón, no solo han declarado inadmisible la denuncia, sino también, improcedente, por falta de competencia, arguyen.
Alegan que no tienen competencia para sancionar
De acuerdo al punto 23 de la resolución de Indecopi, se señala que el artículo 46° de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece que las ordenanzas determinan el régimen de sanciones administrativas y por ende establecen las escalas de multas. Asimismo, en el punto 24, indican que las municipalidades de Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Ate, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico, y Juliaca cuentan con competencia para conocer los hechos cuestionados, con respecto a los centros comerciales de Real Plaza.
En tal sentido, en el punto 25, Indecopi argumenta que “ya existe una entidad del estado (autoridad municipal) con competencia para conocer los hechos denunciados por Equidad, Proconsumo y ADCIP, por lo que no corresponde a Indecopi conozca el mismo sin haberse verificado una afectación en concreto a los consumidores”. Asimismo, en el punto 26, la entidad señala que “En atención a lo expuesto, corresponde declarar improcedente por falta de competencia, el extremo referido a que Real Plaza, el señor Shimizu, el señor Santa María y la señora Rodríguez habrían puesto en riesgo la seguridad de los consumidores, toda vez que sus locales comerciales (Real Plaza Huancayo, Cusco, Villa María del Triunfo, Puruchuco, Santa Clara, Piura, Guardia Civil, Centro Cívico y Juliaca) presentaban defectos (estructurales y eléctricos)”.
Indecopi no identifica deficiencias de Real Plaza
En los puntos 36, 37 y 38, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi considera que los denunciantes de Real Plaza y sus apoderados, brindaron medios probatorios con información que sustenta de manera genérica las deficiencias que habrían presentado los centros comerciales de dicha empresa. Por lo tanto, no fue posible identificar de manera concreta y detallada los defectos aducidos. Asimismo, señalan que no les fue posible verificar que, con anterioridad a las intervenciones de las municipalidades, la empresa denunciada hubiese tenido conocimiento de las deficiencias alegadas.
Declaran improcedente resarcir económicamente a afectados de Real Plaza
Finalmente, en los puntos, 39, 40 y 41, Indecopi declaró improcedente interponer la medida cautelar solicitada por los denunciantes, con el fin de que se reembolsen los gastos efectuados por los consumidores que fueron afectados por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo. La entidad, nuevamente argumenta que, ante esta pretensión, también se ha configurado el Principio de Non Bis In Idem, considerando que las supuestas infracciones ya están siendo analizadas por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad.
En resumidas cuentas, Indecopi, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, prácticamente abandona su legítimo rol de proteger a los usuarios peruanos. En tanto, surge la pregunta ¿a quién protege Indecopi, al consumidor o a la empresa privada?
Política
Gobierno de Dina Boluarte desiste en imponer “franja informativa”
Fue el ministro de Justicia quien indicara que propuesta queda “suspendida”.
Recapacitaron. El gobierno de Dina Boluarte dio marcha atrás en querer imponer una “franja informativa” que obligaba a todos los medios de comunicación el transmitir todo lo que se debatía en el denominado ‘Cuarto de Guerra’, presidida Boluarte Zegarra y sus ministros.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, explicó que la medida había sido planteada con el fin de garantizar que los medios informaran sobre las actividades oficiales y las acciones del Ejecutivo durante el estado de emergencia contra la criminalidad.
Durante su anuncio, el funcionario detalló que la propuesta se basaba en el artículo 6 de la Ley de Radio y Televisión, que ya prevé el apoyo de los medios “en situaciones de desastre y emergencia”. Además, mencionó que un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya regula las obligaciones de los medios en estos contextos. “Hay una norma vigente. No es verdad que sea inconstitucional o ilegal, ya existe”, afirmó.
Explicó, además, que el propósito de la medida era unificar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad organizada y brindar a la población información relevante sobre las acciones del gobierno en el marco de un estado de emergencia. Aunque la propuesta no había sido sometida a un “debate público” formal, Arana reconoció que los comentarios previos habían generado “confusión sobre el verdadero propósito” de la propuesta.
“La intención de la medida tenía el fin de unir esfuerzos en beneficio de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática. Suspenderemos la referida propuesta”, dijo al reiterar que el Ejecutivo defiende los “valores democráticos” y la libertad de expresión.
Sin embargo, tal anuncio trajo consigo una ola de críticas por parte de distintos sectores, en especial desde la Asociación de Periodistas del Perú (APN), el cual calificó de “inaceptable” dicha propuesta del Ejecutivo.
La ANP había señalado que la propuesta revestía una particular gravedad, ya que observaba un intento de controlar el contenido de los medios. “En un contexto de permanentes arremetidas del Ejecutivo contra las libertades informativas, con escaladas constantes, resulta nocivo anunciar una propuesta de esta naturaleza”, sostuvieron.
Política
Premier Gustavo Adrianzén será interpelado por el Congreso de la República
Adrianzén deberá presentarse al Parlamento el 9 de abril para responder un pliego de 43 preguntas. La moción se fundamenta en “la incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana”. En respuesta, el titular de la PCM califica la medida de “persecución política” y no descarta pedir cuestión de confianza.
Parecía nunca llegar, pero llegó el día en que algunas facciones del Congreso ya no pretenderían arropar al Gobierno de Dina Boluarte. Por lo que el Pleno aprobó, con 43 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones, la admisión de la Moción de Orden del Día 16263, que solicita la interpelación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.
Como era de esperarse, las bancadas que se opusieron a aprobar la moción fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial y Honor y Democracia.
La interpelación propuesta por el legislador Edward Málaga Trillo (Avanza País), de acuerdo a lo confirmado por el presidente de la Mesa Directiva Eduardo Salhuana, quedó programada para el próximo miércoles 9 de abril a las 3 de la tarde, en la cual Adrianzén Olaya deberá responder un pliego de 43 preguntas alusivas a su labor en temas urgentes, como la inseguridad ciudadana y minería ilegal, la composición de su Gabinete Ministerial y la política económica del gobierno.
Por su parte, Málaga Trillo remarcó que el gobierno no resuelve un tema tan importante, como es la inseguridad.
“Incapacidad para avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana, que nos sigue costando vidas, especialmente afectando a empresarios, comerciantes, transportistas, colegios y artistas”, refirió el parlamentario.
Premier Adrianzén: interpelación es una “persecución sistemática”
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, comparó la medida de interpelación, con casos anteriores de censura en el gobierno de Boluarte Zegarra y se refirió a las destituciones del exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y el exministro del Interior Juan José Santivañez, así como la interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes.
Asimismo, afirmó que el Ejecutivo también evalúa las medidas de retribución que tomará ante este proceso, como es la figura de cuestión de confianza: “Pero en la misma medida que el Congreso de la República articula mecanismos contenidos en el Reglamento del Congreso, el Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto”.
Política
Mincul investigará a ‘influencers’ que realizaron publicidad en santuario de Machu Picchu
DDC del Cusco recuerda que están prohibidas las imágenes con “fines publicitarios” del santuario, y que los interesados deben de solicitar un permiso.
No se cuidaron. El Ministerio de Cultura (Mincul), a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, indicó que viene realizando investigaciones contra unas supuestas ‘influencers’ por presuntamente infringir el reglamento de visita del santuario de Machu Picchu.
La entidad recordó que el uso de la imagen del Santuario Histórico “con fines publicitarios” está estrictamente prohibido.
Asimismo, explicó que la norma tiene como objetivo “proteger este invaluable Patrimonio Cultural y Natural”, así como garantizar “su conservación a lo largo del tiempo”.
A propósito de ello, Nino del Solar Velardo, jefe del referido parque arqueológico, expresó su preocupación sobre este caso, donde las ‘influencers’ habrían configurado el posible uso no autorizado de la imagen de Machu Picchu.
“Es fundamental que todos los ciudadanos, nacionales o extranjeros, que visitan la Llaqta de Machu Picchu cumplan con el Reglamento de Uso Sostenible y Visita Turística para la Conservación de la Llaqta de Machu Picchu que establece claramente las conductas calificadas como prohibidas o que transgreden la norma vigente”, manifestó.
Además, destacó que el boleto de ingreso establece explícitamente que, al adquirirlo, se aceptan los términos, condiciones y el reglamento de visita.
En ese sentido, indicó que la DDC, ante un posible incumplimiento de las normas, está facultada para iniciar ‘las acciones legales correspondientes’, lo que motivó abrir una investigación contra este grupo de creadores de contenido.
Cabe precisar que cualquier visitante que realice actos indebidos o intente ingresar con objetos prohibidos en los monumentos históricos enfrentará consecuencias severas. Estas medidas incluyen la expulsión inmediata del recinto sin posibilidad de reembolso y el inicio de acciones legales correspondientes.
El control y la vigilancia dentro de estos espacios están a cargo de los guardaparques del Ministerio de Cultura y de los agentes de la Policía Nacional, quienes deberían garantizar el cuidado.
Política
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Joven con esta condición exigió mayor conocimiento a las autoridades para que no cometan el mismo error que el ministro Morgan Quero.
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