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Política

Expremier Guido Bellido: «Si Perú Libre fuera partido de gobierno, nunca hubiera permitido las cosas que hoy se están viendo» [VIDEO]

El expremier Guido Bellido habla sobre los audios entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, el Premier Aníbal Torres, la salida de los diez congresistas que dejaron Perú Libre, los ‘Niños’ de Acción Popular, el caso de la posible inhabilitación de Dina Boluarte, el pacto del presidente Castillo con el sector caviar, la Asamblea Constituyente y sobre la posición que tomará Perú Libre frente a los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

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Conversamos con el expremier Guido Bellido sobre los audios donde se les escucha hablar a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Estos audios involucran al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción, por lo que viene siendo investigado por el Ministerio Público y por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

En la entrevista también se habló del Premier Aníbal Torres, la salida de los diez congresistas que dejaron Perú Libre, los ‘Niños’ de Acción Popular, el caso de la posible inhabilitación de Dina Boluarte, el pacto del presidente Castillo con el sector caviar, la Asamblea Constituyente y sobre la posición que tomará Perú Libre frente a los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

¿Perú Libre se podría convertir en un partido de oposición contra el Gobierno de Perú Libre?

Lo que yo aclaro el día de hoy es lo siguiente: Perú Libre nunca ha sido partido de gobierno, eso tiene que quedar claro, porque si Perú Libre fuera partido de gobierno, nunca se hubiera permitido las cosas que hoy se están viendo. Porque se discute, se analiza y se evalúa. Puedes tener errores, pero jamás nosotros hubiéramos permitido que personas que estamos escuchando en los medios de comunicación que no tienen ni la mínima preparación política e ideológica, pudieran asumir responsabilidades en el país. El partido ha estado de costadito dando una mirada y alcanzando algunas sugerencias, a eso se ha limitado y eso no es ser partido de gobierno. Pero no, Perú Libre no ha sido partido de gobierno y no lo es.

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No ha sido partido de gobierno, pero han tenido una cuota de poder en el gobierno.

Hemos tenido una participación y algunas personas como yo al ser convocados han asumido, por ejemplo. El hecho que yo haya asumido no ha sido una decisión partidaria, ha sido una invitación que el propio presidente me ha hecho.

La población desconfía mucho, no solo de la gestión del presidente Castillo, sino también del Congreso, sobre todo de algunas bancadas. Hablemos de los ‘Niños’, ¿Cuál es su opinión sobre los ‘Niños’ de Acción Popular?

En ese tema hay que tener mucha cautela. Cuál es el inconveniente que tiene la oposición más radical, en este caso sería Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, es que de por medio, para los propósitos de vacar al presidente Pedro Castillo, se encuentran dos que son APP (Alianza para el Progreso) y AP (Acción Popular), si ellos quieren avanzar aún más, tienen que quebrar esos sectores. También hay sospechas y suposiciones de participaciones de los congresistas que deberían aclarar. No soy de las personas que especulan sin tener la prueba sobre la mesa. Pero si hay alguna situación que en este momento se plantea, se especula o se duda, definitivamente tienen que aclarar las personas que están inmersas en este cuestionamiento.

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Los ‘Niños’ de Acción Popular.

Ya se conocen los nuevos audios que prometió Zamir Villaverde; algunos audios se propalaron en el programa de Phillip Butters. Uno de ellos es la conversación entre Villaverde y Bruno Pacheco, ¿Después de escuchar esos audios, usted se siente traicionado por el presidente Castillo?

No me siento traicionado. Lo que yo veo ahí es dos personas que conversan con una desfachatez tremenda, y esa conversación realmente huele a algo muy nocivo. Lo que se tiene que hacer es no desesperarse, sino contrastar cuánta de esa conversación se ha materializado. Porque en este momento está como conversación. Eso creo que lo tiene que ver el Ministerio Público y los entes que en este momento están llevando la investigación que corresponde. Ahora, el colaborador eficaz, el señor Villaverde, lo que tiene que decir es qué cosas se han materializado.

¿En campaña usted conoció al señor Villaverde o Bruno Pacheco?

El partido político a nivel nacional ha trabajado cada quién en sus bases que corresponden, y en ese proceso de trabajo denodado y permanente, nosotros hemos logrado sacar un 19%. Cuando pasamos a la segunda vuelta ya había un paralelismo y un andar autónomo del presidente, o sea, el presidente ya tomaba al partido como un sector consultivo, peor ya no como el eje central de llevar todo el proceso de la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta entraron personajes a Perú Libre que debe retirarlos. O sea, todas las voces que le soplaban al oído al presidente Pedro Castillo desde la segunda vuelta, hoy están inmiscuidos en estos problemas. Si Pedro Castillo se hubiera mantenido como un militante disciplinado en el partido, pienso que el escenario hubiera sido distinto. Ahí nosotros tendríamos decisión de plantear, no solo de sugerir. Pero no se ha llegado a eso, lo que hoy vivimos es, como cualquier otro gobierno, quien define y toma las decisiones es el presidente, evidentemente, pero sin consultar. No recibe la consulta ni las sugerencias de la población, que ha dado todo su esfuerzo en el proceso de trabajo en campaña bajo el sueño de un cambio real en el país.

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Bruno Pacheco, presidente Castillo y Zamir Villaverde.

Me está diciendo que en la segunda vuelta se sumaron estos personajes oscuros y de alguna forma el presidente Castillo dejó de lado al partido Perú Libre. ¿No se dieron cuenta que estos personajes oscuros estaban apareciendo?

Nosotros hemos estado un tiempo bastante corto, sin embargo, nunca han interactuado ni se han acercado hacía nosotros porque sabían que no iban a pasar. Con nosotros no hubo contacto de ningún tipo. Además de eso nosotros hemos realizado un trabajo directo con alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales y organizaciones sociales principalmente. Los que han estado en el entorno del presidente son el señor Bruno Pacheco entre otras personalidades que el propio presidente ha determinado en su entorno.

Usted pide que se corrobore cuántas cosas se han concretado de lo que se escucha en los audios que están apareciendo. Cuando se llegue a concretar estas cosas ¿cuál será la posición de Perú Libre frente a Pedro Castillo?

Con toda sinceridad te digo, el partido va a tomar una decisión correcta, pero no podemos especular, en el momento sobre los hechos se tomarán decisiones, y obviamente orgánicas, por delante está el principio; a nosotros no nos ilusiona mantener un poder del Estado. Nosotros estamos en un proceso de consolidar a la población, y las decisiones de la población tienen que ser orientadas a resolver los grandes problemas que el país tiene. En esa línea, cualquier esfuerzo no vamos a escatimar, particularmente mi postura es no escatimar ningún esfuerzo de ningún tipo ante ningún nivel.

Varias personas están hablando sobre la posible inhabilitación contra la vicepresidenta ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la posible inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte?

Los opinólogos no tienen mayor trascendencia, sin embargo, lo que seguramente se va a hacer es una evaluación técnica jurídica, y eso en su momento las instancias lo evaluarán. En eso nosotros tenemos que actuar de manera correcta y adecuada.

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Vicepresidente Dina Boluarte.

¿Conociendo los hechos no cree que corresponde una inhabilitación?

Consideramos primero que hay que tener con seguridad en mano todos los elementos de juicio que se van dar, teniendo todos los insumos sobre la mesa se va a tomar una decisión. Hay otros sectores sobre la mesa que seguramente se emocionan, ya que cualquier cosa para ellos es inhabilitación. Mucho cuidado con la oposición, que cualquier cosa lo ve como tal. Otra cosa es que nosotros evaluemos, lo vamos a ver con mucha tranquilidad, estas cosas hay que ver en frío no con la cabeza caliente.

¿Perú Libre ha perdido ministerios?

Perú Libre desde mi postura no pierde ministerios, no pierde espacios, porque Perú Libre es un partido político que no vive del Estado. Es un partido político que entró hace poco a un escenario político, y como tal, algunos técnicos profesionales han sido convocados y ellos vienen ejerciendo. Sin embargo, lo que a nosotros nos va a preocupar es hacia dónde va a orientar la gestión ese profesional. No que una persona especifica esté, porque el Estado no se puede concebir como un puesto laboral, el tema político está mucho más allá de un puesto laboral.

¿Con la designación del ministro Dimitri Senmache cree que hay un nuevo pacto entre el presidente Castillo y el sector caviar?

Consideramos que el presidente de la República tiene que actuar en línea y sintonía con la población. No sé porque en varios sectores no se toma en cuenta a la población. Yo no puedo jugar un partido con jugadores del equipo contrario, ese es un grave error.

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Ministro del Interior Dimitri Senmache.

¿Es un error o una traición?

Lo llamaría error, para ser más digerible. Es un grave error.

Otro tema importante en Perú Libre, han abandonado la bancada recientemente diez congresistas ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿qué está pasando en las entrañas de Perú Libre?

No pasa nada en las entrañas de Perú Libre.

Son diez congresistas los que se han retirado.

Pasa que la población y los medios de comunicación no tienen toda la información que nosotros tenemos. El 100% de la plancha que ha postulado al Congreso de la República, son aliados, militantes y bloque magisterial. El bloque magisterial tiene un aproximado de doce congresistas. Perú Libre, entre militantes férreos, son entre 16 0 17 congresistas, y el restante son aliados importantes. Hoy tenemos 22 congresistas en la bancada, pero de esos 22 congresistas todavía es probable que en adelante salga una bancada de cinco congresistas más. Eso es probable porque del todo no son militantes, ellos tienen toda la libertad de poder constituirse en una bancada. Nosotros no podemos obligar a nadie. El partido primero no les ha pedido nada, el ingreso al partido es libre y la salida también es libre. Estar en la bancada es libre o formar otra bancada es libre. Lo que sí es importante es a qué propósito van a servir. Nosotros vamos a sostener más allá de las diferencias y las discrepancias que se tiene con el gobierno, vamos a tener la postura que corresponde firme de Perú Libre, y esperemos que los sectores también. Darle soporte al gobierno, pero con las observaciones y las críticas que se tiene que dar, eso es importante, porque nosotros no somos un rebaño. Aquí se analiza, se piensa, se plantea. Hay puntos de coincidencia y puntos de divergencia que se tiene que canalizar de manera más adecuada.

¿Van a insistir desde la bancada de Perú Libre con la Asamblea Constituyente?

Para aclarar las cosas, la Asamblea Constituyente no es una aspiración eminentemente del partido Perú Libre. El partido Perú Libre es uno de los partidos que pone en agenda con mayor intensidad el tema, pero el que lleva el tema de la Asamblea Constituyente es la población.

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Bancada Perú Libre.

La Asamblea Constituyente fue promesa de campaña de Perú Libre.

No. Nosotros recogemos el sentir de la población y nos comprometemos que ese sentir vamos a canalizar. Nosotros no lo creamos, recogemos el sentir de la población. Tenemos estos problemas y esto es lo que el pueblo está exigiendo, entonces nosotros nos presentamos como candidatos y cuando ustedes decidan por nosotros y estemos en el Congreso, vamos a canalizar estas demandas. Eso es lo que estamos haciendo y estamos cumpliendo.

El presidente Castillo habló de un nuevo cambio de ministros ¿cuántos días le quedan al Premier Aníbal Torres?

Mira, pienso que con contundencia el ministro Aníbal Torres debería mantenerse, porque sobre qué se va a caminar. Además de eso cada cambio debe ser bien analizado. Los cambios deben ir desde el Presidente de Consejos de Ministros, es decir, el Premier debería determinar y hay cierto procedimiento que hay que ordenar.

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Premier Aníbal Torres.

¿Cuál es la relación actual entre Guido Bellido y el presidente Castillo?

La misma relación que tenía al culminar el periodo como Presidente de Consejo de Ministros. No hay mayor tema, siempre ha sido una relación política, yo no tengo una relación de amistad, es una relación política.

A esta relación se le puede sumar la desconfianza por todos los temas que se van conociendo contra el presidente Castillo, sobre todo por los audios.

A esta relación lo que podemos sumar es la crítica respecto de algunas decisiones que viene tomando el presidente. Necesitamos un presidente mucho más contundente, un presidente que ponga mucha más fuerza en el trabajo.

¿Cuál la autocrítica de Perú Libre o la autocrítica del congresista Guido Bellido durante estos diez meses de gestión?

La autocrítica del partido es haber descuidado la elección de la Mesa Directiva, ese es un gravísimo error que nos ha llevado un costo grande. Debimos estar en la Mesa Directiva y se debieron dar las coordinaciones que corresponden para eso. Es un error que no sabíamos la magnitud que tenía en ese momento. Ahora, de Guido Bellido, pienso que tenemos que ser mucho más incidentes en algunos temas, por ejemplo, pese a que se ha cambiado a la presidenta de la PCM, no hemos entrado con mayor fuerza, porque pensamos que el presidente Castillo y Mirtha Vásquez iban a continuar el tema de la renegociación, nosotros como que lo dejamos ahí, no lo pusimos mayor insistencia. Eso se debe intensificar, consideramos que hoy vamos a reiterar que se ponga en agenda, y la defensa a la soberanía energética que debe tener el país, más aún que vamos a tener una crisis energética mundial. Necesitamos que nuestros recursos estén bajo el control de todos los peruanos. Y que tengamos una lucha frontal contra la corrupción.

¿Qué le dice a todos los peruanos que confiaron en Perú Libre y creyeron en el gran cambio, pero que ahora se sienten decepcionados?

El cambio no se construye de la noche a la mañana, el cambio se construye en un proceso histórico, y en ese proceso histórica la población tiene que organizarse mucho más. El problema que tenemos es un problema de organización, necesitamos darle mayor estructura organizativa, técnica profesional, política e ideológica a la población para poder marchar de manera sólida.

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Edwin Cavello Limas. Periodista y cinéfilo. Es CEO y director de la revista, radio y TV Lima Gris. Fue editor de la revista ONCE, Actualmente es columnista del diario La Razón, Editor de Cultura de Diario UNO y conductor del programa Lima Gris que se transmite por Radio Planicie 91.5.FM.

Política

Ministerio de Cultura acepta abstención de viceministra Moira Novoa en ‘caso Armatambo’

La cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural pidió abstenerse de opinar sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela Arqueológica O en el Morro Solar. El ministro Fabricio Valencia, declaró procedente su solicitud mediante resolución ministerial.

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Mediante la Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC, el Ministerio de Cultura aceptó y declaró procedente la abstención formulada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, respecto al procedimiento que evalúa el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de la Zona Arqueológica e Histórica de Armatambo – Morro Solar, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.

Resolución Ministerial N.º 158-2025-MC.

En su lugar, será el viceministro de Interculturalidad, Percy Yhair Barranzuela Bombilla, quien se pronunciará sobre el procedimiento mencionado.

La resolución, firmada por el ministro de Cultura Fabricio Valencia, señala en sus considerandos que Novoa Silva solicitó abstenerse por haber emitido previamente opinión técnica sobre el tema, cuando se desempeñaba como directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble. En ese cargo, suscribió los informes N.º 000050-2025-DGPA-VMPCIC/MC y N.º 000141-2025-DGPA-VMPCIC/MC, en los que se abordaba el caso. Por esta razón, y conforme al numeral 2 del artículo 99° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), se configuraría una causal de abstención.

Sobre el retiro parcial de la condición cultural de la Parcela O de Armatambo, especialistas advierten que deben evaluarse rigurosamente los motivos detrás de la decisión. Si la zona fue intervenida con un proyecto formal de rescate arqueológico y se concluyó que ya no existen restos patrimoniales, entonces podría justificarse la desprotección. Sin embargo, existen cuestionamientos por el uso de cateos mínimos o informes técnicos limitados como sustento para retirar la protección, lo cual representa un tema especialmente sensible dada la fragilidad del patrimonio arqueológico.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, la misma viceministra Novoa Silva fue duramente criticada por firmar la controvertida Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, que redujo en casi un 50% el perímetro de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad arqueológica y defensores del patrimonio cultural en todo el país.

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Política

Congreso blinda a la JNJ y archiva denuncia por retorno de Benavides

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó investigar a los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia que avalaron la controvertida reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con esta decisión, ya no serán procesados.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de APP María Acuña Peralta, ha vuelto a actuar como muro de contención para los intereses de ciertos sectores del poder. Esta vez, al declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que votaron por la restitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso y la ausencia de unanimidad.

El blindaje es evidente: mientras la misma SAC sí decidió abrir investigación contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por una controversia similar, a la JNJ se le concede impunidad institucional. Esta doble vara confirma la falta de coherencia y la clara intencionalidad política de las decisiones parlamentarias.

La pugna entre Delia Espinoza y Patricia Benavides evidencia el deterioro institucional del Ministerio Público.

Las denuncias rechazadas fueron presentadas por los congresistas Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo). Acusaban a los magistrados de la JNJ de usurpación de funciones, avocamiento indebido y abuso de autoridad, al intervenir en decisiones que, según sus críticos, correspondían exclusivamente al ámbito del Ministerio Público y no al de la JNJ.

Los magistrados protegidos por el Congreso son Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y César Cayo Galindo. Todos ellos firmaron la resolución que repuso no solo a Benavides Vargas, sino también a la fiscal Azucena Solari y a la jueza Enma Benavides Vargas.

Pero el escándalo no termina ahí. El acta de la sesión extraordinaria en la que se decidió la reposición confirma que no hubo unanimidad, ya que el magistrado Francisco Távara no participó. Peor aún, la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, no fue convocada a la reunión, lo cual ella misma dejó consignado en el acta. Esta omisión plantea serias dudas sobre la legalidad de la sesión y abre la puerta a sospechas de manipulación institucional.

A pesar de estos hechos, el Congreso prefirió mirar hacia otro lado. Lo que debió ser un acto de fiscalización y defensa del orden constitucional terminó siendo otro ejemplo más de cómo las instituciones se protegen entre sí, incluso a costa de la legalidad y la confianza ciudadana. El blindaje a la JNJ por parte de la SAC deja una pregunta inquietante en el aire: ¿a quién sirve realmente el Congreso?

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Política

MML derrochó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados para luego despedirlo

Gestión de López Aliaga responsabilizó al estudio Foley Hoag LLP de perder los dos laudos arbitrales, acusándolos de omitir información que lo vincularía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

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Plata al agua o al charco, para ser más precisos cuando se habla del alcalde de Lima. Como el dinero no sale de su bolsillo y sí de todos los peruanos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el errático y explosivo Rafael López Aliaga, decidió dar por terminado el vínculo contractual que tenía con el estudio de abogados Foley Hoag LLP, alegando que la firma estadounidense le habría omitido información relevante relacionada a su cercanía con Brookfield, empresa matriz de Rutas de Lima.

Cabe mencionar que en la actualidad la MML y Rutas de Lima tienen un conflicto legal derivado de la cancelación del cobro de peajes de parte de la empresa concesionaria, la cual le viene exigiendo a la comuna capitalina el pago de más de 200 millones de dólares.

Según documentos judiciales y registros de contrataciones del Estado, la MML suscribió cuatro contratos con Foley Hoag LLP, tres durante el mandato del exalcalde Jorge Muñoz y uno bajo la administración de López Aliaga. La comuna destinó más de US$ 8 millones en tres procesos arbitrales que terminó perdiendo, y un contrato adicional por US$ 1.6 millones en 2024 para frenar la ejecución de los fallos. Esta última contratación fue anulada tras revelarse un conflicto de interés no declarado.

El municipio alega que Foley Hoag LLP ocultó que también representaba a Brookfield Asset Management, empresa matriz de Rutas de Lima, mientras defendía a la comuna en procesos contra dicha concesionaria. Esta falta de transparencia habría condicionado la estrategia legal y perjudicado gravemente a la municipalidad que dirige ‘Porky’.

“El conflicto de intereses no divulgado de Foley contaminó su representación de MML, y los resultados fueron devastadores”, se lee en el escrito presentado ante la Corte de Columbia por el nuevo estudio defensor, Boies Schiller Flexner LLP. En este documento se exige anular la sentencia que valida los laudos arbitrales por US$ 200 millones, alegando que Foley Hoag omitió recursos clave para proteger a la comuna.

Desconectado. Comuna limeña gastó más de 9 millones de dólares en estudio de abogados.

A la fecha, la Corte de Apelaciones ya ha ratificado la validez de los laudos arbitrales, pero la MML aún espera una decisión de la jueza de primera instancia en EE. UU. que podría cambiar el rumbo de este escándalo legal y financiero.

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Política

¿A quién beneficia la millonaria compra de aviones de guerra?

¡Escandalo! en vez de invertir en hospitales, cárceles o vías de transporte, el gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra sin enemigo a la vista. Una decisión desconectada de las prioridades nacionales, que podría esconder millonarios negociados oscuros antes de dejar el poder.

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Esta semana se confirmó: la presidenta Dina Boluarte ha decidido endeudar al Estado peruano por la exorbitante suma de 3,500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de caza ‘Gripen E’ a la empresa sueca Saab. En un país que no enfrenta ninguna amenaza bélica real, este acuerdo resulta escandaloso, cuestionable y oportunamente silencioso. ¿Por qué ahora? ¿Para qué esta compra? ¿Y a quién realmente beneficia?

El argumento oficial es que esta adquisición forma parte del proyecto de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La presidenta Boluarte Zegarra, flanqueada por el comandante general de la FAP, Carlos Chávez, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el premier Eduardo Arana, justificó el grosero gasto alegando que es una “decisión histórica” para “garantizar la paz mediante la disuasión”. ¿alguien puede creer eso?

Pero mientras la mandataria se alista para abandonar Palacio de Gobierno –como ya lo han hecho otros expresidentes–, deja atado al país a un endeudamiento que se pagará hasta 2050, y que no prioriza las verdaderas urgencias nacionales.

Gastos de guerra en tiempos de crisis

Dina Boluarte anuncia con orgullo esta compra, al tiempo que su propio gobierno apenas ha destinado 800 millones de soles para construir cinco penales en todo el país. Es decir, solo una fracción mínima de lo que costarán estos aviones, en un país donde el hacinamiento carcelario, la inseguridad ciudadana y la falta de infraestructura penitenciaria son un clamor nacional.

¿Por qué no destinar esos 3,500 millones de dólares a construir al menos 30 o 40 nuevos penales a nivel nacional, mejorar hospitales colapsados y construir decenas de estos, o cerrar la brecha de infraestructura educativa? ¿cuántas líneas de Metro de Lima se podrían implementar con esa millonada de dinero? ¿O es que existe un interés oculto detrás de este contrato con Saab?

El Gobierno anunció financiamiento para apenas cinco nuevos penales.

Un proveedor cuestionado

Saab, la compañía sueca elegida por el gobierno peruano, está actualmente bajo investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por su venta de aviones a Brasil en 2014. El caso, conocido como Operación Zelotes, involucró presuntos sobornos y tráfico de influencias, nada menos que con participación del actual presidente brasileño Lula da Silva y su hijo. Aunque el proceso fue archivado en Brasil, las investigaciones internacionales siguen en curso.

No se trata solo de antecedentes incómodos. Saab ha ofrecido “compensaciones legales” al Perú bajo el esquema offset, que supuestamente incluiría transferencia tecnológica y eventuales inversiones en sectores no militares. En teoría, suena bien. Pero en la práctica, es un terreno fértil para sobrecostos, contratos opacos y beneficios indirectos para actores políticos y empresariales.

Más aún: se ha revelado que parte de los aviones podrían ser ensamblados en Brasil, desde una planta inaugurada en 2023, lo que supondría una preocupante dependencia tecnológica y logística del Perú respecto al gobierno de Lula da Silva, un actor político que ya ha sido señalado por su participación directa en la anterior venta de Saab y que calificó como “intromisión” las investigaciones internacionales.

Gobierno endeudará al país para adquirir 24 aviones ‘Gripen E’, a la sueca Saab.

Un Congreso cómplice

Este endeudamiento no sería posible sin la venia del Congreso de la República, que aprobó el financiamiento en dos tramos: 2,000 millones de dólares en 2025 y 1,500 millones en 2026, utilizando deuda interna del Banco de la Nación. El plazo de pago será de entre 18 y 24 años. ¿Por qué un Congreso tan crítico del gasto público autoriza sin mayor resistencia esta compra? ¿Cuáles son los intereses detrás?

Esta práctica de dejar “herencias envenenadas” se repite peligrosamente. El exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti comprometió al país en deudas a 100 años por vacunas y compras durante la pandemia, sin rendición de cuentas claras. Más recientemente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha endeudado a la Municipalidad Metropolitana de Lima por más de 4,000 millones de soles, comprometiendo a sus sucesores durante los próximos 20 años.

Una ‘disuasión’ sin enemigo

El argumento de la “disuasión” esgrimido por el viceministro de Políticas para la Defensa, César Torres, no resiste un análisis serio. Perú no enfrenta amenazas bélicas ni tiene conflictos armados en el horizonte. En cambio, sí vive una guerra interna contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad judicial. Es en esos frentes donde urge invertir.

Invertir miles de millones de dólares en armamento sin enemigo visible es no solo irresponsable: es un acto de desconexión total con las prioridades nacionales, y podría esconder negociados oscuros en nombre de la defensa nacional. Se repite así la historia de gobiernos que, antes de irse, amarran contratos millonarios para beneficios ajenos a los intereses del pueblo.

El legado de Boluarte: deuda, armas y desconfianza

No cabe duda que Dina Boluarte pasará a la historia como una mandataria sin respaldo popular, que accedió al poder por la vía sucesoria, que ejerció con represión y terminó comprometiendo el futuro económico del país en acuerdos sin consenso ni transparencia.

La compra de aviones de guerra en tiempos de paz, sin consulta pública, sin licitación internacional abierta y con un proveedor extranjero bajo investigación, es más que una mala decisión política: es una afrenta al pueblo peruano, que exige justicia, desarrollo y seguridad real, no fantasmas de guerra ni herencias de deuda.

¿Quién se beneficia de este negocio? Esa es la pregunta que el país debe hacerse ahora, antes de que sea demasiado tarde.

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Política

Perú Libre presenta PL para que solo jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar a funcionarios de alto rango

Iniciativa presentada por el congresista Américo Gonza pretende realizar importantes cambios en el Código Procesal Penal.

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No les gusta ser investigados y ahora pretenden elegir quiénes les pueden investigar. La bancada de Perú Libre cuenta con bastantes de sus integrantes con investigaciones abiertas, ya sea por sus vínculos con ‘Los Niños’, acusados de ser ‘Mochasueldos’, y demás barbaridades al momento de votar en el hemiciclo, y ni qué decir de sus antiguos miembros que terminaron desperdigados en distintas bancadas. Igual ellos tienen ‘rabo de paja’.

Como les incomoda que la justicia nacional esté a todo momento detrás de ellos, el congresista perulibrista Américo Gonza ha presentado el Proyecto de Ley (PL) n.° 11750/2024-CR, el cual propone modificar varios artículos del Código Procesal Penal para que solo los jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionaros comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política, es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, ministros de Estado, magistrados supremos y otros altos cargos.

De acuerdo a la iniciativa, se busca modificar artículos 44, 450, 451, 452 y 453 del Nuevo Código Procesal Penal para excluir a magistrados provisionales o supernumerarios de los procesos, pues, según el congresista Gonza, el objetivo es “asegurar un proceso penal transparente, imparcial y libre de cualquier influencia o presión política”. Esto debido a que, actualmente, la mayoría de jueces y fiscales son provisionales, lo que no ofrecería “garantías de autonomía e independencia”.

«La provisionalidad, al no estar amparada por la estabilidad que otorga la titularidad, puede propiciar una vulnerabilidad institucional, en tanto los fiscales provisionales, por el temor de ser removidos o no confirmados en sus cargos, podrían actuar condicionados por intereses externos, particularmente en investigaciones de alta carga política», sostiene el legislador cajamarquino.

Proyecto tiene como coautores a varios parlamentarios de Perú Libre.

En otras palabras, Gonza sostiene que los fiscales provisionales, al no tener un puesto seguro, pueden ser influenciados por la presión política o son más susceptibles a la agenda mediática y brindar una decisión «imparcial». «Esto por estar condicionadas por la necesidad de conservar el cargo o satisfacer a quienes tienen el poder de nombramiento o remoción», anota el proyecto.

Para sustentar su propuesta, el proyecto presenta una comparativa de la cantidad de fiscales provisionales frente a los titulares. Según ello, en 2023, de 8,338 fiscales, 4,662 eran provisionales y solo 3,676 titulares. «Mientras las plazas provisionales han aumentado en más de 1,400 en los últimos cinco años, el número de fiscales titulares ha disminuido», indican.

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Política

El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez

El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.

El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.

Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Betssy Chávez permanecerá presa en el Penal Anexo de Mujeres, hasta marzo del 2026.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.

El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.

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Política

Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios

¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

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El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

Proyecto de Ley 11781/2024-CR presentado por Jorge Flores Ancachi.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.

Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.

El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.

Conducir bajo influencia del alcohol es delito

 Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.

El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.

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Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal

Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

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Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

Congresista Montoya, impulsor del PL ante la Comisión de Economía. Foto: Andina.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

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