Política
Expremier Guido Bellido: «Si Perú Libre fuera partido de gobierno, nunca hubiera permitido las cosas que hoy se están viendo» [VIDEO]
El expremier Guido Bellido habla sobre los audios entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, el Premier Aníbal Torres, la salida de los diez congresistas que dejaron Perú Libre, los ‘Niños’ de Acción Popular, el caso de la posible inhabilitación de Dina Boluarte, el pacto del presidente Castillo con el sector caviar, la Asamblea Constituyente y sobre la posición que tomará Perú Libre frente a los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.
Conversamos con el expremier Guido Bellido sobre los audios donde se les escucha hablar a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Estos audios involucran al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción, por lo que viene siendo investigado por el Ministerio Público y por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
En la entrevista también se habló del Premier Aníbal Torres, la salida de los diez congresistas que dejaron Perú Libre, los ‘Niños’ de Acción Popular, el caso de la posible inhabilitación de Dina Boluarte, el pacto del presidente Castillo con el sector caviar, la Asamblea Constituyente y sobre la posición que tomará Perú Libre frente a los presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.
¿Perú Libre se podría convertir en un partido de oposición contra el Gobierno de Perú Libre?
Lo que yo aclaro el día de hoy es lo siguiente: Perú Libre nunca ha sido partido de gobierno, eso tiene que quedar claro, porque si Perú Libre fuera partido de gobierno, nunca se hubiera permitido las cosas que hoy se están viendo. Porque se discute, se analiza y se evalúa. Puedes tener errores, pero jamás nosotros hubiéramos permitido que personas que estamos escuchando en los medios de comunicación que no tienen ni la mínima preparación política e ideológica, pudieran asumir responsabilidades en el país. El partido ha estado de costadito dando una mirada y alcanzando algunas sugerencias, a eso se ha limitado y eso no es ser partido de gobierno. Pero no, Perú Libre no ha sido partido de gobierno y no lo es.

No ha sido partido de gobierno, pero han tenido una cuota de poder en el gobierno.
Hemos tenido una participación y algunas personas como yo al ser convocados han asumido, por ejemplo. El hecho que yo haya asumido no ha sido una decisión partidaria, ha sido una invitación que el propio presidente me ha hecho.
La población desconfía mucho, no solo de la gestión del presidente Castillo, sino también del Congreso, sobre todo de algunas bancadas. Hablemos de los ‘Niños’, ¿Cuál es su opinión sobre los ‘Niños’ de Acción Popular?
En ese tema hay que tener mucha cautela. Cuál es el inconveniente que tiene la oposición más radical, en este caso sería Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, es que de por medio, para los propósitos de vacar al presidente Pedro Castillo, se encuentran dos que son APP (Alianza para el Progreso) y AP (Acción Popular), si ellos quieren avanzar aún más, tienen que quebrar esos sectores. También hay sospechas y suposiciones de participaciones de los congresistas que deberían aclarar. No soy de las personas que especulan sin tener la prueba sobre la mesa. Pero si hay alguna situación que en este momento se plantea, se especula o se duda, definitivamente tienen que aclarar las personas que están inmersas en este cuestionamiento.

Ya se conocen los nuevos audios que prometió Zamir Villaverde; algunos audios se propalaron en el programa de Phillip Butters. Uno de ellos es la conversación entre Villaverde y Bruno Pacheco, ¿Después de escuchar esos audios, usted se siente traicionado por el presidente Castillo?
No me siento traicionado. Lo que yo veo ahí es dos personas que conversan con una desfachatez tremenda, y esa conversación realmente huele a algo muy nocivo. Lo que se tiene que hacer es no desesperarse, sino contrastar cuánta de esa conversación se ha materializado. Porque en este momento está como conversación. Eso creo que lo tiene que ver el Ministerio Público y los entes que en este momento están llevando la investigación que corresponde. Ahora, el colaborador eficaz, el señor Villaverde, lo que tiene que decir es qué cosas se han materializado.
¿En campaña usted conoció al señor Villaverde o Bruno Pacheco?
El partido político a nivel nacional ha trabajado cada quién en sus bases que corresponden, y en ese proceso de trabajo denodado y permanente, nosotros hemos logrado sacar un 19%. Cuando pasamos a la segunda vuelta ya había un paralelismo y un andar autónomo del presidente, o sea, el presidente ya tomaba al partido como un sector consultivo, peor ya no como el eje central de llevar todo el proceso de la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta entraron personajes a Perú Libre que debe retirarlos. O sea, todas las voces que le soplaban al oído al presidente Pedro Castillo desde la segunda vuelta, hoy están inmiscuidos en estos problemas. Si Pedro Castillo se hubiera mantenido como un militante disciplinado en el partido, pienso que el escenario hubiera sido distinto. Ahí nosotros tendríamos decisión de plantear, no solo de sugerir. Pero no se ha llegado a eso, lo que hoy vivimos es, como cualquier otro gobierno, quien define y toma las decisiones es el presidente, evidentemente, pero sin consultar. No recibe la consulta ni las sugerencias de la población, que ha dado todo su esfuerzo en el proceso de trabajo en campaña bajo el sueño de un cambio real en el país.

Me está diciendo que en la segunda vuelta se sumaron estos personajes oscuros y de alguna forma el presidente Castillo dejó de lado al partido Perú Libre. ¿No se dieron cuenta que estos personajes oscuros estaban apareciendo?
Nosotros hemos estado un tiempo bastante corto, sin embargo, nunca han interactuado ni se han acercado hacía nosotros porque sabían que no iban a pasar. Con nosotros no hubo contacto de ningún tipo. Además de eso nosotros hemos realizado un trabajo directo con alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales y organizaciones sociales principalmente. Los que han estado en el entorno del presidente son el señor Bruno Pacheco entre otras personalidades que el propio presidente ha determinado en su entorno.
Usted pide que se corrobore cuántas cosas se han concretado de lo que se escucha en los audios que están apareciendo. Cuando se llegue a concretar estas cosas ¿cuál será la posición de Perú Libre frente a Pedro Castillo?
Con toda sinceridad te digo, el partido va a tomar una decisión correcta, pero no podemos especular, en el momento sobre los hechos se tomarán decisiones, y obviamente orgánicas, por delante está el principio; a nosotros no nos ilusiona mantener un poder del Estado. Nosotros estamos en un proceso de consolidar a la población, y las decisiones de la población tienen que ser orientadas a resolver los grandes problemas que el país tiene. En esa línea, cualquier esfuerzo no vamos a escatimar, particularmente mi postura es no escatimar ningún esfuerzo de ningún tipo ante ningún nivel.
Varias personas están hablando sobre la posible inhabilitación contra la vicepresidenta ¿Cuál es la opinión que tiene sobre la posible inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte?
Los opinólogos no tienen mayor trascendencia, sin embargo, lo que seguramente se va a hacer es una evaluación técnica jurídica, y eso en su momento las instancias lo evaluarán. En eso nosotros tenemos que actuar de manera correcta y adecuada.

¿Conociendo los hechos no cree que corresponde una inhabilitación?
Consideramos primero que hay que tener con seguridad en mano todos los elementos de juicio que se van dar, teniendo todos los insumos sobre la mesa se va a tomar una decisión. Hay otros sectores sobre la mesa que seguramente se emocionan, ya que cualquier cosa para ellos es inhabilitación. Mucho cuidado con la oposición, que cualquier cosa lo ve como tal. Otra cosa es que nosotros evaluemos, lo vamos a ver con mucha tranquilidad, estas cosas hay que ver en frío no con la cabeza caliente.
¿Perú Libre ha perdido ministerios?
Perú Libre desde mi postura no pierde ministerios, no pierde espacios, porque Perú Libre es un partido político que no vive del Estado. Es un partido político que entró hace poco a un escenario político, y como tal, algunos técnicos profesionales han sido convocados y ellos vienen ejerciendo. Sin embargo, lo que a nosotros nos va a preocupar es hacia dónde va a orientar la gestión ese profesional. No que una persona especifica esté, porque el Estado no se puede concebir como un puesto laboral, el tema político está mucho más allá de un puesto laboral.
¿Con la designación del ministro Dimitri Senmache cree que hay un nuevo pacto entre el presidente Castillo y el sector caviar?
Consideramos que el presidente de la República tiene que actuar en línea y sintonía con la población. No sé porque en varios sectores no se toma en cuenta a la población. Yo no puedo jugar un partido con jugadores del equipo contrario, ese es un grave error.

¿Es un error o una traición?
Lo llamaría error, para ser más digerible. Es un grave error.
Otro tema importante en Perú Libre, han abandonado la bancada recientemente diez congresistas ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿qué está pasando en las entrañas de Perú Libre?
No pasa nada en las entrañas de Perú Libre.
Son diez congresistas los que se han retirado.
Pasa que la población y los medios de comunicación no tienen toda la información que nosotros tenemos. El 100% de la plancha que ha postulado al Congreso de la República, son aliados, militantes y bloque magisterial. El bloque magisterial tiene un aproximado de doce congresistas. Perú Libre, entre militantes férreos, son entre 16 0 17 congresistas, y el restante son aliados importantes. Hoy tenemos 22 congresistas en la bancada, pero de esos 22 congresistas todavía es probable que en adelante salga una bancada de cinco congresistas más. Eso es probable porque del todo no son militantes, ellos tienen toda la libertad de poder constituirse en una bancada. Nosotros no podemos obligar a nadie. El partido primero no les ha pedido nada, el ingreso al partido es libre y la salida también es libre. Estar en la bancada es libre o formar otra bancada es libre. Lo que sí es importante es a qué propósito van a servir. Nosotros vamos a sostener más allá de las diferencias y las discrepancias que se tiene con el gobierno, vamos a tener la postura que corresponde firme de Perú Libre, y esperemos que los sectores también. Darle soporte al gobierno, pero con las observaciones y las críticas que se tiene que dar, eso es importante, porque nosotros no somos un rebaño. Aquí se analiza, se piensa, se plantea. Hay puntos de coincidencia y puntos de divergencia que se tiene que canalizar de manera más adecuada.
¿Van a insistir desde la bancada de Perú Libre con la Asamblea Constituyente?
Para aclarar las cosas, la Asamblea Constituyente no es una aspiración eminentemente del partido Perú Libre. El partido Perú Libre es uno de los partidos que pone en agenda con mayor intensidad el tema, pero el que lleva el tema de la Asamblea Constituyente es la población.

La Asamblea Constituyente fue promesa de campaña de Perú Libre.
No. Nosotros recogemos el sentir de la población y nos comprometemos que ese sentir vamos a canalizar. Nosotros no lo creamos, recogemos el sentir de la población. Tenemos estos problemas y esto es lo que el pueblo está exigiendo, entonces nosotros nos presentamos como candidatos y cuando ustedes decidan por nosotros y estemos en el Congreso, vamos a canalizar estas demandas. Eso es lo que estamos haciendo y estamos cumpliendo.
El presidente Castillo habló de un nuevo cambio de ministros ¿cuántos días le quedan al Premier Aníbal Torres?
Mira, pienso que con contundencia el ministro Aníbal Torres debería mantenerse, porque sobre qué se va a caminar. Además de eso cada cambio debe ser bien analizado. Los cambios deben ir desde el Presidente de Consejos de Ministros, es decir, el Premier debería determinar y hay cierto procedimiento que hay que ordenar.

¿Cuál es la relación actual entre Guido Bellido y el presidente Castillo?
La misma relación que tenía al culminar el periodo como Presidente de Consejo de Ministros. No hay mayor tema, siempre ha sido una relación política, yo no tengo una relación de amistad, es una relación política.
A esta relación se le puede sumar la desconfianza por todos los temas que se van conociendo contra el presidente Castillo, sobre todo por los audios.
A esta relación lo que podemos sumar es la crítica respecto de algunas decisiones que viene tomando el presidente. Necesitamos un presidente mucho más contundente, un presidente que ponga mucha más fuerza en el trabajo.
¿Cuál la autocrítica de Perú Libre o la autocrítica del congresista Guido Bellido durante estos diez meses de gestión?
La autocrítica del partido es haber descuidado la elección de la Mesa Directiva, ese es un gravísimo error que nos ha llevado un costo grande. Debimos estar en la Mesa Directiva y se debieron dar las coordinaciones que corresponden para eso. Es un error que no sabíamos la magnitud que tenía en ese momento. Ahora, de Guido Bellido, pienso que tenemos que ser mucho más incidentes en algunos temas, por ejemplo, pese a que se ha cambiado a la presidenta de la PCM, no hemos entrado con mayor fuerza, porque pensamos que el presidente Castillo y Mirtha Vásquez iban a continuar el tema de la renegociación, nosotros como que lo dejamos ahí, no lo pusimos mayor insistencia. Eso se debe intensificar, consideramos que hoy vamos a reiterar que se ponga en agenda, y la defensa a la soberanía energética que debe tener el país, más aún que vamos a tener una crisis energética mundial. Necesitamos que nuestros recursos estén bajo el control de todos los peruanos. Y que tengamos una lucha frontal contra la corrupción.
¿Qué le dice a todos los peruanos que confiaron en Perú Libre y creyeron en el gran cambio, pero que ahora se sienten decepcionados?
El cambio no se construye de la noche a la mañana, el cambio se construye en un proceso histórico, y en ese proceso histórica la población tiene que organizarse mucho más. El problema que tenemos es un problema de organización, necesitamos darle mayor estructura organizativa, técnica profesional, política e ideológica a la población para poder marchar de manera sólida.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
Política
Congreso perverso: cuando la planilla se reparte entre familiares
Al menos 30 grupos de hermanos fueron contratados sin restricción. Mientras el país exige transparencia, en el Congreso se reparten puestos como favores políticos. Parlamentarios de bancadas como APP y Fuerza Popular han convertido la planilla estatal en un feudo familiar, contratando hermanos, militantes y operadores sin pudor ni mérito.

El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.
Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.
Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.
El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.
Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.
Política
Nuevo revés de ‘Porky’: Corte de los EE.UU. falla a favor de Rutas de Lima y ahora Municipalidad de Lima deberá pagarle cerca de 200 millones de dólares
Corte de Apelaciones del distrito de Columbia ratificó que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato firmado el año 2013.

Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.
Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.
“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.
Política
Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal
La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.
Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.
No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.
Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?
El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.
Política
‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030
La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.
En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.
“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.
Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.
Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).
Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.
Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.
Política
Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’
¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.
El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.
El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.
No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.
La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.
En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.
Política
Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses
La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.
La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.
La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.
Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.
El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.
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