El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial, propuso una extensión de dos años para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Dicha iniciativa será discutida en la misma comisión en las próximas semanas.

Paul Gutiérrez, sustentó el dictamen recaído en los proyectos de ley 7462/2023-CR, 8899/2024-CR, 9259/2024-CR y 9294/2024-CR, Ley que modifica el artículo 6° del Decreto Legislativo 1293, el cual establece como interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, a fin de ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta por un periodo excepcional de 24 meses, contados desde la aprobación de la norma.

La propuesta plantea que, si antes de este plazo se promulga la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, la extensión cesará, adaptándose a los lineamientos de dicha legislación.

Según la sustentación de Paul Gutiérrez, esta ampliación es necesaria para ofrecer una oportunidad de formalización a miles de pequeños mineros que operan en el país bajo circunstancias que dificultan el cumplimiento de los requisitos legales actuales.

“La estrategia de ampliar de manera excepcional el plazo del Reinfo hasta por 24 meses, atiende a la necesidad de llevar a cabo el censo nacional que permita contar con un diagnóstico objetivo de la realidad actual y facilitar el consenso para la aprobación de la Ley de la pequeña minería y minería artesanal”, sostuvo el presidente de la Comisión.

En el debate, el congresista Diego Bazán Calderón de Renovación Popular solicitó trabajar un proyecto de ley que realmente solucione el problema y no simplemente “alargue la agonía de la que ya estamos mal acostumbrados en este país”. Y agregó que: “no es descabellado decir que en este Congreso vamos a buscar la interpelación del ministro de Energía y Minas, porque por su culpa hoy estamos acá sentados peleándonos con miles de mineros artesanales, que no me cabe duda y lo vuelvo a repetir, muchos de ellos son buenos”.

Seguidamente, su colega José Jerí Oré de Somos Perú recordó que el Congreso ya ha aprobado en su oportunidad una ampliación y hacerlo nuevamente sería generar un círculo vicioso que no sería responsable, ni prudente.

Por su parte, María del Carmen Alva Prieto, congresista “No agrupada” indicó que han transcurrido más de 20 años de intentos para lograr la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú, lo cual ha sido un fracaso, logrando formalizarse solo un 2 % de los mineros inscritos en el Reinfo.

Los congresistas del Bloque Magisterial, Alex Paredes, Segundo Quiroz y Raúl Doroteo de Acción Popular, se mostraron a favor de que se amplíe el plazo de la formalización minera y sostuvo que muchos de los interesados, ya tienen inscripción vigente en el Reinfo.

Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Loreto presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la extensión del Reinfo, lo que otorga al Tribunal Constitucional la facultad de poner fin a esta medida. La decisión deberá tomarse antes del 31 de diciembre.

Durante su declaración como acusada en el juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, la amiga de la exprimera dama, Roció Calderón Vinatea, confesó que abrió una cuenta bancaria en 2006 a pedido de Heredia Alarcón para recibir los fondos de campaña para el Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala.

La audiencia realizada este martes 5 de noviembre, forma parte del juicio contra el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos, y presentó una de las primeras declaraciones de involucrados claves en la presunta red de financiamiento ilegal.

Durante su intervención, el fiscal Germán Juárez Atoche cuestionó a Calderón Vinatea por haber creado la cuenta bancaria y por los fondos que recibió. Ante los cuestionamientos, la amiga de Nadine Heredia respondió que Heredia Alarcón le pidió su colaboración para facilitar el ingreso de aportes extranjeros destinados al proyecto político de su esposo Ollanta. Sin embargo, Calderón Vinatea aseguró que en aquel momento no le informaron que los fondos vendrían del exterior. Por su parte, la Fiscalía, sostiene que tanto Humala Tasso, como Heredia Alarcón habrían gestionado los fondos de forma ilícita porque el financiamiento no fue declarado.

¿Realmente se cumplirá o solo son palabras al viento como los estados de emergencia declarados? La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fiscalizará las empresas privadas para detectar a extranjeros en situación migratoria irregular.

Muchas empresas dedicadas al rubro de envíos o delivery no formalizan a sus trabajadores que utilizan como herramienta de trabajo las motocicletas, siendo esa ocupación la preferida por miles de extranjeros que no cuentan con sus papeles en regla. Otras veces, los delincuentes utilizan la indumentaria de conocidas empresas de mensajería para cometer robos al paso.

Durante una conferencia de prensa que brindaron los integrantes del Consejo de Estado, luego de una reunión que tuvieron ayer, la mandataria informó sobre las medidas que implementará el Gobierno, en cuanto control migratorio.

Algunas de ellas, la jefa de Estado ya había adelantado previamente, como hacer seguimiento financiero a los ciudadanos foráneos y revisión de contrato de viviendas, lo cual fue duramente criticado por especialistas, quienes mencionaron que las medidas estaban enfocadas en una nacionalidad en específico, en este caso, los venezolanos.

La presidenta informó que se planea incrementar las penas a extranjeros expulsados que ingresen nuevamente al territorio peruano, pero de forma irregular. Otro de sus anuncios fueron los siguientes:

1. Formular una política de migración interna a efecto de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
2. Establecer un marco legal que regule la prestación del servicio de transporte por personas extranjeras, estableciendo requisitos y sanciones.
3. Ampliar y fiscalizar los requisitos formales para ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional.
4. Disponer que Sunafil efectúe visitas y operativos inopinados a centros laborales para determinar la existencia de personas extranjeras que trabajan de manera irregular.
5. Reforzar el control migratorio en nuestras fronteras.
6. Revisar la política de movilidad humana en migraciones, refugio y peruanos en el exterior.

En una ceremonia solemne realizada en Sicuani, capital de la provincia de Canchis, con ocasión de sus 137° aniversario, el congresista Guido Bellido recibió la llave de la ciudad en honor a su contribución en la creación de la Universidad Nacional Autónoma Perla del Vilcanota, una iniciativa clave en el desarrollo educativo y descentralización de la región cusqueña. La distinción fue entregada por el alcalde provincial de Canchis, Dr. Ricardo Cornejo, en presencia de regidores, alcaldes distritales, autoridades militares y la población local.

A iniciativa del congresista Guido Bellido, se logró la aprobación y publicación de la Ley 31618, que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional Autónoma del Vilcanota. No conforme con este avance, Bellido, en su condición de vocero de la bancada Perú Bicentenario, impulsó, de la mano del Dr. José María Balcázar Zelada -presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte- un dictamen favorable. Este impulso permitió que Bellido priorizara el proyecto en el Pleno del Congreso, así como su debate, aprobación y posterior publicación de la Ley 32072, la cual finalmente instituye la Universidad Nacional Autónoma Perla del Vilcanota, otorgándole personería jurídica de derecho público interno y estableciendo su sede en el distrito de Sicuani.

Esta casa de estudios, proyectada como una institución que brindará nuevas oportunidades de formación profesional y promoverá el desarrollo integral de la provincia y la región. La universidad representa un hito en el acceso a la educación superior para la juventud local, que hasta ahora ha enfrentado limitaciones para continuar sus estudios sin salir de su tierra natal.
En sus palabras de agradecimiento, Guido Bellido expresó su emoción por el reconocimiento, subrayando el compromiso de impulsar una educación inclusiva y accesible. «En el proceso de creación de la Universidad se juntaron todas las fuerzas, autoridades, sociedad y congresistas, y empezamos a andar firmes hasta conseguir el objetivo; la educación superior engrandece a nuestro pueblo, a nuestra región, a nuestro país y seguiremos vigilantes hasta materializar el funcionamiento de nuestra casa de estudios superiores; reafirmamos nuestro esfuerzo por construir un país con igualdad de oportunidades para todos», manifestó el congresista.
Este gesto simbólico, que representa la confianza del pueblo de Sicuani por las acciones de Guido Bellido en favor de la educación canchina, refuerza su labor en favor de la educación y el desarrollo en Cusco, reflejando un esfuerzo conjunto entre el Congreso y las autoridades locales para impulsar un proyecto que marca un antes y un después en la provincia de Canchis.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nuevamente se ‘autocelebra’ y en una conferencia de prensa aseguró que la criminalidad en Lima está disminuyendo gracias a las medidas que ha implementado su gestión metropolitana, entre ellas, el patrullaje motorizado. Durante su intervención López Aliaga argumentó que ya existen tres mil motos patrullando en la capital; sin embargo, omitió mencionar que su gestión pagó S/36,400 por cada unidad, lo que significa un sobreprecio de S/17 805 600, por 3600 motocicletas.

López Aliaga asegura que los índices de criminalidad se han reducido

El burgomaestre capitalino añadió que actualmente su gestión le viene haciendo frente a la delincuencia y aseguró que hay tres mil motos en funcionamiento y que, con la llegada de 600 unidades adicionales en noviembre y 500 más en diciembre, la flota de patrullaje alcanzará las cuatro mil motos para fin de año.

«En Lima, sí estamos logrando bajar los niveles de criminalidad. Ya tenemos tres mil motos funcionando, 600 más se sumarán este mes y otras 500 en diciembre. Para fin de año, contaremos con cuatro mil motos que nos permitirán erradicar todo lo que es extorsión y sicariato en la ciudad», declaró optimista ante la prensa.

Sin embargo, mostró una opinión desfavorable contra el Poder Ejecutivo, al manifestar su preocupación por la situación de inseguridad en todo del país, debido a la falta de respuestas rápidas por parte del Gobierno de Dina Boluarte, que más bien estaría agravando la tranquilidad de los peruanos.

«En el Perú en general, el problema se está agravando. No hay fuerza de choque, no hay fuerza de respuesta», culminó.

Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, así reapareció el ex presidente Ollanta Humala en la audiencia que se le sigue por los presuntos aportes irregulares que la empresa brasileña Odebrecht le habría dado para las campañas presidenciales del 2006 y el 2011. El ex mandatario fue acompañado de su esposa Nadine Heredia, quien dejó el cabello lacio de lado por un corte más recogido y crespo.

Ambos reaparecieron este martes en una audiencia donde el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional comenzó a escuchar a los imputados. El proceso judicial, iniciado en febrero de 2022, es el primero contra un exjefe de Estado peruano en el marco del escándalo Lava Jato, que afectó a varios países latinoamericanos. El tribunal ha convocado audiencias presenciales para este martes y miércoles en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, a partir de las 9:00 horas.

Los acusados serán interrogados por la Fiscalía, la Procuraduría, los abogados y los jueces. La declaración del exgobernante, quien se dejó ver inicialmente con un barbijo, está programada para este miércoles, junto con la de su coacusada Rocío Calderón, amiga de su cónyuge. Ilan Heredia empezó a declarar en esta jornada y mencionó que daría una exposición espontánea, sin someterse a las preguntas de las partes procesales. Le sucederá el excongresista nacionalista Santiago Gastañadui.

La exprimera dama y otros seis acusados han optado por guardar silencio. Será la primera vez que Humala responderá directamente en este juicio a las preguntas sobre esta acusación. Odebrecht reconoció haber sobornado a altos funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y que financió presuntamente de manera irregular las campañas de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros líderes políticos.

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Continúa el juicio en contra del expresidente Ollanta Humala por presuntos aportes de Odebrecht a las campañas 2006 y 2011

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— Canal N (@canalN_) November 5, 2024

En la acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años para Heredia por no declarar donaciones millonarias con las que supuestamente financiaron las campañas electorales. Según la tesis de los investigadores, en 2006 el dinero provenía del fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y en 2011 recibieron tres millones de dólares de Odebrecht por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil.

Se salió con la suya. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Ministerio Público dar por terminada la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, referente a la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundado el pedido de control de plazo presentado por la defensa legal de la mandataria, disponiendo así la finalización de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.

Tras esta decisión, la Fiscalía deberá decidir si es que presenta una denuncia constitucional en contra de la mandataria o archiva el caso.

Como se recuerda, el exministro del Interior, Walter Ortiz, también fue denunciado por este hecho luego de anunciar que se desactivaba el equipo de élite de la PNP, que se encargaba de apoyar al equipo liderado por la fiscal Marita Barreto. El argumento para esta decisión era que existía una supuesta duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Según el documento judicial, la defensa de Boluarte Zegarra señaló que el plazo para la investigación preliminar, que era de 60 días venció el 09 de julio de 2024 y el 24 de julio, dos semanas después, recién se pidió una extensión.

Lo curioso es que la desactivación de este equipo PNP que dirigía Harvey Colchado ocurrió un día antes de que se ordene la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y su ex abogado, Mateo Castañeda, por el caso Waykis en la Sombra.

Lo quieren dejar más frío al ‘Lagarto’ de lo que está. La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial (PJ) que el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo pague la suma de S/ 4 671 971.30 como reparación civil a favor del Estado peruano por presuntos actos de corrupción que habría cometido en el caso ‘Lomas de Ilo’ y el Hospital Regional de Moquegua.

El petitorio fue sustentado por el procurador Carlos Fernández durante el segundo día del juicio oral contra el exmandatario por dichos actos ilícitos que habría cometido cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua, entre el 2011 y el 2014.

El representante de la Procuraduría indicó que Vizcarra Cornejo «ofertó su función pública como presidente del Gobierno Regional de Moquegua a cambio de obtener ventajas económicas ilegales, no una sola vez, sino dos veces».

Fernández señaló que en el desarrollo del juicio acudirán como testigos exdirectivos y trabajadores de Obrainsa para declarar cómo se pagó un millón en efectivo al expresidente, por «información privilegiada» para obtener el proyecto Lomas de Ilo. 

Asimismo, indicó que Martín Vizcarra «condicionó» la firma del contrato para el Hospital Regional de Moquegua a un pago ilícito de S/1.3 millones, el cual habría sido exigido a la constructora ICCGSA. “Escucharemos al propio ejecutivo de ICCGSA, que recibió el condicionamiento”, destacó Fernández. Además, refirió que José Hernández habría sido el intermediario de esta coima. 

En esa línea, el defensor del Estado estableció el daño extrapatrimonial de la siguiente manera: S/ 2 071 971.30 como reparación civil respecto a los hechos por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, el cual deberá ser pagado, en forma solidaria, por el exmadantario, Obrainsa y Astaldi, sucursal del Perú. Estas últimas, empresas que se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables por este proceso penal.

El letrado también demanda el pago de 2 millones 600 mil soles como reparación civil a favor del Estado respecto a los hechos que involucran al Hospital Regional de Moquegua. Además del exmandantario, el monto debe pagarse, en forma solidaria, con ICCGSA e INCOT Contratistas Generales S.A, empresas que también se encuentran en calidad de terceros civilmente responsables en este proceso penal.