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¿Existe un verdadero control de armas de fuego en Lima?
EL CONTROL DE LAS ARMAS DE FUEGO Y SU IMPLICANCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA
El incremento de la inseguridad ciudadana en los últimos años, ha evidenciado como uno de los factores el uso inadecuado y falta de un control continuo de las armas de fuego de uso civil, a consecuencia de su fácil acceso, ello por falta de una regulación adecuada que restrinjan la adquisición de armas y munición por parte de los particulares, así como la falta de una política de control integral por parte del Estado Peruano, que resuelva los temas de prevención y desarme, los cuales son necesarios para combatir la criminalidad.
Las Armas de Fuego
Han ido evolucionando hasta alcanzar un nivel de utilidad y practicidad que las han convertido en uno de los medios para herir, asesinar o cazar de forma más eficaz y que además puede utilizarse en otro tipo de actividades humanas como por ejemplo; el deporte, actualmente se considera arma de fuego al dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles por medio de presión de gases con el fin de tiro a distancia.
El Problema
En la actualidad hay una peligrosa tendencia al aumento en la circulación de armas de fuego en nuestras calles, la DICSCAMEC estimó que en el año 2011 hubo un aumento del 15% en las solicitudes para portar armas frente al año 2010, otro dato es el número de casas comercializadoras de armas de fuego que han aumentado en el país, si en el año 2010 eran 121 en el 2012 se incrementaron en 18 nuevas tiendas para la venta de armas y municiones. A este pasó para el 2015 tendremos aproximadamente 200 tiendas.
En síntesis, hay cada vez más ciudadanos interesados en tener un arma. Actualmente, los registros oficiales señalan que 89.400 personas tienen una pistola y 67.350 cuentan con un revolver en nuestro país; sin embargo, pensar que un arma de fuego garantizará la seguridad es una idea equivocada, puesto que paradójicamente un arma, lejos de ser disuasiva aumenta la vulnerabilidad de quien la porta, ya que muy pocas personas hacen uso de ella, cuando se encuentra frente a un hecho delictivo, ello explica que los casos de Defensa Propia sean esporádicos.
Aumento de la delincuencia y criminalidad
La delincuencia, se podría definir como una conducta que por parte de una o varias personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad determinada, que atenta contra las leyes de dicha sociedad, por ello, la delincuencia puede diferir según el código penal de cada país.
En cuanto a la delincuencia más grave, se denomina delincuencia organizada e implica una organización o grupo mayor, pueden incluir los mismos grupos de la delincuencia menor pero ejecutada por grupos organizados, a los distintos delitos se les llama industria. Así se podría hablar de industria del robo, industria del secuestro, etc.
Además de estar aumentando la delincuencia, cada vez ésta es más violenta, antes era común que el delincuente usará sólo la fuerza en caso de necesidad, ahora éste agrede y daña utilizando medios como es el caso de armas de fuego, situación que cada día se torna incontrolable.
Lo señalado, guarda estrecha relación con el tema de la criminalidad, ya que la delincuencia podría ser entendida como el conjunto de crímenes y delitos en un tiempo y espacio determinados. Son diversos los factores que puede hacer que incremente la criminalidad en un territorio, pueden ser orgánicos, fisiológicos, patológicos, influencias externas, como el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres o simplemente más orientación.
Por tanto, la relación existente entre la delincuencia y la criminalidad al desarrollarse en el mismo escenario, es un aspecto relevante para tener en cuenta para la expedición de leyes o políticas para contar con una verdadera Seguridad Ciudadana.
Selección del problema
Una evaluación de las leyes sobre armas tiene que ser general, las normas concernientes a la concesión de permisos para importar, comercializar y adquirir armas de fuego, es insuficiente para asegurar el adecuado destino de las mismas, para ello se deberá realizar un análisis sobre la aplicación real de dichas leyes, ya que no siempre se cumplen, aquellos estados que tienen las leyes más débiles, son justamente los que detentan los mayores índices de mortalidad por armas de fuego y hacia esa dirección está yendo el Perú, ya que tiene leyes permisivas que favorecen el descontrol de los armamentos autorizados.
Uno de los principales aspectos de los que se tiene que ocupar el estado es controlar el destino de las armas de fuego, ya que los mayores controles sobre las armas de fuego tienden a reducir la letalidad de las muertes en conflictos, asaltos, tentativas de suicidios y accidentes.
Por ejemplo, el nivel de seguridad pública en Japón es uno de los mejores del mundo y el país cuenta con una de las leyes más rigurosas de prohibición del uso de armas por parte de civiles. La tasa de homicidios por armas de fuego en Japón es de 0,03 por 100 mil habitantes, 159 lejos, la más baja del planeta. En 2002, hubo solo 24 muertes por armas de fuego en Japón en una población de más de 127 millones de personas. Se considera que el reducido nivel de violencia armada se debe en parte a la prohibición, desde 1945, de las armas de puño y rifles para los civiles. Hay menos de 50 personas autorizadas a poseer pistolas (el equipo olímpico de tiro, cuyos tiradores no son propietarios de las armas que usan). El desarme solo, no logrará bajar la violencia armada, pero sin él, no llegaremos a su reducción, ya que son varios los factores que se combinan para generar la violencia urbana.
Foto diario Perú21
Investigación del problema
Para este tipo de investigación utilizaremos la descriptiva, producto de la realidad existente y la propuesta de cambio, utilizando además como medida el resultado de la encuesta efectuada a un total de 100 personas, habiéndose obtenido lo siguiente:
1. Para la pregunta ¿Cree usted que Lima Metropolitana es segura? El 79 % de los encuestados considera que Lima Metropolitana es insegura
2. Para la pregunta ¿Se siente usted más seguro si posee un arma de fuego?, el 46% se siente seguro al portar un arma de fuego.
3. Para la pregunta ¿Cree usted que el uso de armas de fuego aumenta la delincuencia? El 54% considera que el uso de armas de fuego aumenta la delincuencia-
4. Para la pregunta ¿Cree usted que los civiles deben utilizar armas de fuego para su defensa personal? el 40% contesto de forma afirmativa.
5. Para la pregunta ¿Cree usted que las autoridades viene cumpliendo con su labor para asegurar la seguridad ciudadana? el 68% que las autoridades no vienen cumpliendo su labor-
6. Para la pregunta ¿Cree usted que las autoridades vienen ejerciendo un adecuado control para el uso de armas de fuego? el 53% conteso que no se ejerce un adecuado control para el uso de armamentos-
7. Para la pregunta ¿Cree usted que se debería prohibir el uso de armas de fuego a los civiles? el 49% contesto que se debe prohibir el uso de armamentos.
8. Para la pregunta ¿Cree usted que se debe modificar las normas para restringir el uso de armamentos a civiles? el 67% contesto que se debe modificar los dispositivos legales que regulan la materia.
9. Para la pregunta ¿Cree usted que la licencia para la posesión y uso de un arma de fuego lo autoriza a matar? el 90% contesto de manera negativa.
10. Para la pregunta ¿Cree usted que los ciudadanos tienen fácil acceso al uso de armamentos? el 65% considera que se tiene fácil acceso de armas de fuego.
11. Para la pregunta ¿A qué edad cree usted que se debe portar armas de fuego? el 53% contesto que a los veinticinco años-
12. Para la pregunta ¿Cuántas armas cree usted que debe poseer un ciudadano? el 69% contesto que debe autorizarse el porte de solo un arma de fuego.
13. Para la pregunta ¿Qué cree usted que genera del uso de armas de fuego en la sociedad? el 49% considera que el uso de armamentos generan tanto riesgos como beneficios, siendo que el 47% señala que genera riesgos.
14. Para la pregunta ¿Quién cree usted que debería tomar los exámenes psicológicos que declaran la aptitud para poder portar armas de fuego? el 57% contesto que dichos exámenes deben ser efectuaos por particulares con fiscalización del estado.
15. Para la pregunta ¿Cómo cree usted que se deba demostrar la capacidad en el manejo de un arma de fuego para la obtención de licencias? el 58% considera que los aspirantes deben pasar por un curso de entrenamiento.
De lo expresado, se puede inferir que la población considera a Lima Metropolitana como una ciudad insegura, sintiéndose más seguros con la posesión de un arma de fuego, cuyo porte aumenta la delincuencia, por lo que se hace necesario su uso para defensa personal.
Asimismo, existe una alta percepción de que la autoridades no vienen ejerciendo sus funciones adecuadamente, sobre todo en el aspecto de control, por lo que se debe modificar los dispositivos con relación a la cantidad de armas que se debe autorizar por personas, edad en la que se pueda poseer un armamento y poner más énfasis en los temas de capacidad mental y destrezas con la fiscalización de los certificados de salud mental y la aprobación de un curso para asegurar el adecuado manejo de las armas de las fuego.
RELACION DE CAUSALIDAD – EFECTO PARA LA PROPUESTA DE CAMBIO
Como se ha podido apreciar existe una escasa y deficiente normatividad que haga posible el control de los armamentos que se vienen autorizando en el Perú, asimismo se observa una ausencia de políticas públicas sobre el particular, que logre cohesionar los diferentes esfuerzos de las instituciones del Estado, comprometidos en el tema, al respecto como causa del problema central tenemos:
Causa Directa: Escasa articulación de las instituciones públicas para la adopción de una política pública adecuada para el control de armamentos.
Causa Indirecta: Limitado compromiso institucional y de recursos
Se han identificado pocas actitudes de los actores del Estado para que tomen decisiones orientada a modificar las tendencias de inseguridad como producto de la falta de control en la adquisición de armas de fuego, ya que no existen medidas de prevención, promoción y recuperación de armamentos, adoptando una posición de inacción que afecta la seguridad ciudadana.
Efecto Directo:Aumento de los niveles de Inseguridad Ciudadana y pérdida de la Credibilidad Institucional
Efecto Indirecto: Funcionamiento ineficaz e ineficiente de las acciones de control para las armas de fuego que circulan en el territorio nacional
Para garantizar la seguridad interna contra riesgos y amenazas, se ha tenido por bien considerar los siguientes:
- En primer lugar, la protección de los ciudadanos debe darse dentro de un marco de respeto de la Constitución y la leyes
- En segundo lugar, la seguridad ciudadana no se limita exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino que busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas.
- En tercer lugar, los aspectos señalados permiten ver la seguridad ciudadana sobrepasa la esfera de la acción policial para demandar la participación coordinada de otros organismo e instituciones del Estado, como es el caso de la DICSCAMEC, como autoridad competente para asegurar el adecuado control de las armas de fuego en el país, debiendo contar con un marco normativo pertinente.
- En cuarto lugar, el estado a fin de asegurar la seguridad ciudadana, debe definir políticas públicas para el control de los armamentos en el Perú, debiendo ser una de ellas, la orientada al desarme, proceso que no se llevara a cabo paulatinamente, en función al impacto y el cambio de conciencia de la sociedad.
Finalmente la seguridad ciudadana, pone mayor énfasis en el desarrollo de labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, antes que en tareas meramente represiva o reactivas ante hechos consumados, por ello, el control en la adquisición de armas de fuego contribuirá con la disminución de la inseguridad ciudadana.
CONCLUSIONES:
Que, el Estado no cuenta con una política pública que guie las actividadesrelacionadas con la posesión y uso de armas de fuego por parte de civiles.
Que, la DICSCAMEC, como autoridad competente para autorizar y controlar la posesión y uso de armas de fuego, no cuenta con una normatividad legal que asegure el adecuado uso de los armamentos, evidenciando una gestión ineficaz al no poder controlar y fiscalizar la cantidad de armamentos que viene autorizando.
Que, la falta de control en la adquisición de armas de fuego, vienen aumentando la delincuencia, al haberse registrado el aumento de la comisión de ilícitos penales con uso de armamentos, siendo necesario adoptar una política de prevención, restricción y control que disminuya el riesgo existente.
RECOMENDACIONES
Que se implemente una política pública orientada desarme, comenzando con la restricción en la adquisición de uso de armamentos.
Que se modifique las normas que regulan las actividades relacionadas con el uso de armas de fuego, con relación a los siguientes temas:
- Se ponga un límite para la importación de armas de fuego
- Se restrinja el uso de armamentos para defensa personal, de cinco armas o un arma de fuego, así como limitar aquellos destinados para la caza y deporte, a dos armas como máximo para cada uno, debiéndose acreditar fehacientemente el desarrollo de dichas actividades.
- Se restrinja la adquisición mensual de municiones de seiscientas (600) y mil (1000) a cincuenta (50) y cien (100) respectivamente.
- Se disminuya la vigencia de la licencia de posesión y uso de armas de fuego de cinco a dos años.
- Se aumente los requisitos para poder poseer un arma de fuego, como aprobar un curso que garantice la capacidad física y mental para su manejo.
- Se contemple como sanción administrativa la inhabilitación definitiva para la posesión y uso de armamentos, a aquella persona que haya hecho uso inadecuado de su arma de fuego, esto dada la naturaleza del bien tutelado.
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Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto. pic.twitter.com/q9tsxnKOZB
— Revista Lima Gris (@Limagris) April 17, 2025
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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
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Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años
Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.
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Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida
Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción
Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
La nota completa en el siguiente enlace:
Ollantaytambo: atentado al Patrimonio Arqueológico revela presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de Autoridad
Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.
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