La titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Paola Lazarte anunció el pasado fin de semana la anulación del contrato firmado con la empresa China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú (CRTG) suscrita el 18 de mayo, por encontrar “información inexacta” en los documentos que acreditaban su experiencia para obtener la buena pro.

De acuerdo a la resolución directoral 658-2023-MTC/20 se señala que se trató de “un certificado de trabajo emitido el 8 de marzo de 2018 por el consorcio San Ignacio” a favor de un ingeniero “con el cargo de gerente vial” en la ejecución del servicio de la obra “Servicio de gestión y conservación vial de la carretera Cochabamba, Chiple IIRSA Norte, desvío Chamaya – San Ignacio – puente La Balsa (Cajamarca)”.

La observación al documento fue realizada, el 26 de mayo último, en un informe técnico alcanzado por la oficina de Administración a la oficina de Asesoría Jurídica de Provías Nacional (PN).

El jueves último, CRTG contestó que “el documento cuestionado”, es decir, el certificado de trabajo que presentaron de ese ingeniero, “no es un documento falso ni cuenta con información inexacta”.

Sin embargo, el descargo de CRTG no fue suficiente para PN y la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo declaró nulo el contrato de 323.9 millones de soles para el servicio de gestión, mantenimiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial “Emp. PE-3S (Dv. Imperial) – Pampas – Abra Independencia – Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) – Pucacruz – Acobamba – Caja – Marcas – Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay)”, ubicado en el trayecto Huancavelica – Ayacucho.

“China Railway Tunnel Group Co. Ltd. Sucursal del Perú ha incurrido en la causal de sanción tipificada —señala la segunda página de la resolución— en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, al presentar documentación con información inexacta a la entidad, transgrediendo el principio de presunción de veracidad (…)”, señala el documento.

El pasado 26 de mayo, la ministra Lazarte ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que la Oficina de Control Institucional (OCI) inició una investigación al contrato firmado entre PN con CRTG, pero evitó pronunciarse si es que el contrato podría ser anulado. “Seguiremos el debido proceso”, fue lo que dijo aquella vez.

Al ser consultada si es que CRTG había pedido un adelanto de más de 100 millones de soles, evitó responder. No obstante, la ministra, según fuentes, no manejaba esa información porque la resolución directoral de PN —que anula el contrato— indica que CRTG recién pidió un adelanto de la obra, el último jueves, el mismo día que absolvía el cuestionamiento a su experiencia por el que finalmente Provías Nacional decidió anular el contrato.

Por otro lado, la titular del MTC informó también que, teniendo en cuenta que hay empresas que no tienen buenos estándares de desempeño, la cartera está elaborando un paquete normativo para robustecer las leyes y así evitar que se suscriban contratos irregulares en todos los niveles de gobierno.

“Estamos tomando el toro por las astas para evitar que empresas de dudosa procedencia estén a cargo de las obras Se busca evidenciar cualquier vicio durante el proceso”, añadió.

Se acabó la farsa del discurso que todo se trataba de una proclama. Nuevos detalles se conocen sobre el día 7 de diciembre del 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar un autogolpe de Estado sin éxito y por el cual cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo en el distrito de Chorrillos.

Según el programa Contracorriente, el Ministerio Público halló al interior del despacho de la subsecretaría presidencial el decreto firmado por Castillo Terrones que certificaba la disolución inconstitucional del Congreso de la República y la convocatoria a elecciones para tener nuevos integrantes dentro de este poder del Estado.

“(Se) Decreta: Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113 inciso 2, 45 y 46 de la Constitución”, se lee en el documento presentado por el espacio de Willax Televisión.

“Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio de 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, se agrega.

La prueba fue encontrada la noche del fallido autogolpe de Castillo por los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carvajal Valencia, quienes allanaron Palacio de Gobierno, la residencia presidencial y la Oficina de Apoyo al Cónyuge para tener más elementos que sirvieran en la investigación que se le había abierto al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado.

Precisamente, el diario El Comercio informó también hace unos días que los fiscales Marita Barreto, Hans Aguirre y Jorge García Juárez se encontraron con una serie de bolsas de viaje, maletines y bolsas de plásticos en el pasadizo del segundo piso de la Casa de Pizarro que le habrían pertenecido a Castillo Terrones.

Además, se percataron que había un bolso de tela color azul y blanco que en su interior tenía nueve chips prepago del operador Movistar y cerca de él una caja de celular vacía, de marca Apple, cuya superficie estaba pegado con un papel de color amarillo con el número 970064317.

“La fiscalía indica que realizó la incautación de nueve (09) chips prepago Movistar sellados, encontrados dentro de una bolsa de polietileno color blanco; y, de una (01) caja de celular vacía, de marca “Apple” en cuya superficie se encuentra un papel de color amarillo pegado con cinta adhesiva con el número 970064317; bienes hallados durante la diligencia de exhibición e incautación de documentos no privados”, dice el documento que fue obtenido por el citado medio de comunicación.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos de corrupción de funcionarios realizó una diligencia el pasado 21 de abril para deslacrar todo lo incautado el día que llegaron a Palacio para recoger evidencia contra Castillo Terrones. Sin embargo, al final no lo pudieron porque consideraron que los bienes del exmandatario eran de carácter privada e iban a solicitar el levantamiento de las comunicaciones que iban a contener el chip.

Hasta el más ‘chancón’ alguna vez sale reprobado. El actual integrante del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, no aprobó la evaluación de conocimientos del concurso para jueves de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Los resultados se dieron a conocer anoche mediante Boletín Oficial de la Magistratura y Domingo Pérez no figura entre la lista de aprobados. En detalle, el actual fiscal no logró superar el mínimo de 66.66 puntos de un total de 100 que se requieren para pasar esta fase, la cual se considera como la más difícil del proceso.

Esta evaluación era la primera de cuatro pruebas consideradas dentro del concurso público de méritos convocado por la JNJ. La segunda consistía en una evaluación curricular.

Según indica el diario La República, además de José Domingo Pérez, los fiscales Geovanna Mori y Walter Villanueva, quienes también forman parte del Equipo Especial Lava Jato, participaron del proceso para convertirse en jueces. Sin embargo, ninguno figura en la lista de postulantes aprobados en el examen de conocimientos.

La mañana de este último sábado se realizó el examen de conocimientos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para convertirse en jueces y fiscales. José Domingo Pérez, parte del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, participó de este proceso, aunque el resultado no fue el que esperaba, de acuerdo con los resultados conocidos ayer por la noche.

En declaraciones para el citado medio escrito, el fiscal Domingo Pérez se disculpó porque no puede brindar detalles a fondo a la prensa.

“El órgano disciplinario de la institución del Ministerio Público ha iniciado un proceso en relación con el doctor Rafael Vela y conmigo por declaraciones a los medios de prensa, por lo que espero que puedan entender que hasta que no se resuelva cuál es la postura que van a tomar sobre el deber que tienen los fiscales de informar a la sociedad, a través de los medios de prensa, no puedo brindar alguna declaración”, apuntó.

Asimismo, explicó la situación actual del caso que le sigue en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynzki, detallando que se tiene una decisión pendiente.

“No es que se ha caído la acusación, sino que ha habido un pronunciamiento judicial que no comparte el Ministerio Público. Respetamos la postura del juez y se ha interpuesto un recurso de apelación que ha sido admitido y que entendemos que eso se va a discutir a nivel de la segunda instancia”, refirió.

Si no quieres trabajar, mejor empezar a buscar un reemplazo que sí tenga ganas de promover leyes y representar debidamente a los ciudadanos. Luego de conocerse el caso de la congresista de la bancada de Podemos Perú, Digna Calle, quien se encuentra radicando en Estados Unidos desde el pasado 20 de enero, y que tampoco tiene la más mínima intención de retornar, el ex oficial mayor del Parlamento, José Cevasco, planteó que sea el accesitario quien reemplace al legislador si es que el tiempo de licencia sobrepasa los 90 días.

Sin embargo, según el especialista en temas legislativos, el Parlamento debería realizar cambios en su reglamento, así como en la Constitución Política del Perú.

“Creo que la Constitución y el Reglamento debe establecer que si el parlamentario goza de una licencia personal de tres meses automáticamente el accesitario lo cubre, de tal manera que el parlamentario podría interpretar que ‘mi licencia personal podría dar el origen a que venga mi reemplazo’; entonces eso ya es una forma de establecer límites”, señaló Cevasco para RPP.

Asimismo, dijo que otro problema del congresista que goza de una licencia por meses, como en el caso de Calle, interrumpe su semana de representación, las reuniones que pueda tener con otros organismos del Estado.

“Es necesario establecer estos límites a manera de reglamento o la Constitución para que el accesitario cubra a aquellos congresistas que gozan de licencia por más de 90 días”, acotó. Cevasco dijo que cuando estás con licencia, pero la interrumpen para votar en una sesión del Pleno lo realizan todos los congresistas y que no hay excepciones. “Ellos deben ser conscientes en el uso de los derechos de los congresistas merecen reformas para establecer límites”, acotó.

Para el exoficial mayor, Calle “no está incumpliendo nada” porque el artículo 52 inciso b del Reglamento del Parlamento permite que este en un tiempo indeterminado en el exterior, pero su caso pasa por un tema personal y ético.

Si es posible traerlo del cuello al ‘hermanito’. El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de S/ 150 000 por información relevante que contribuya a la ubicación y captura del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, sindicado como uno los cabecillas de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
El exmagistrado presenta una orden de requisitoria por los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico, así como un pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. 

En una sesión extraordinaria, la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Ministerio del Interior (Mininter) decidió este último miércoles incluirlo en la lista de “Los Más Buscados” del Programa de Recompensas, con el propósito de promover que la ciudadanía colabore con información idónea que contribuya a la ubicación y captura del exmagistrado.

Cabe recordar que Hinostroza Pariachi fugó a España en el 2018, a través de la frontera con Ecuador. El Poder Judicial requirió tres solicitudes de extradición contra el exmagistrado, entre los años 2018 y 2019, una por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho pasivo específico; y otras dos por delitos contra la administración pública, en las modalidades de cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano y cohecho pasivo específico. 

Al respecto, el Estado Peruano realizó cuatro pagos al estudio de abogados español Pelayo, Clemente, Baos por más de medio millón de soles para la frustrada extradición de César Hinostroza.

Según un reportaje del programa dominical Panorama, el Estado desembolsó un total de 152 mil euros, equivalente a más de medio millón de soles, para llevar a cabo dicha extradición.

En diciembre del 2018 se pagó 25.000 euros, en febrero del 2020 otros 25.000 euros, en agosto del 2021, 5.000 euros y, finalmente, en enero del 2023 —con un ex juez supremo ya fugado de España—una suma de 97.000 euros.

Según la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, solo dos de estas carpetas de extradición recayeron ante el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional – Madrid, en España. 

Si un ciudadano conoce del paradero de alguno de los prófugos que fueron incluidos en la lista de “Los Más Buscados” puede denunciarlo de manera gratuita, segura y confidencial, llamando al 0800 40 007.

Pretendían seguir prendidos de la ‘teta’ del Estado. La titular del Ministerio de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, acaba de anunciar la remoción total del directorio del programa Fondo Mi Vivienda, luego que su sector ordenara una auditoría general por los presuntos casos de corrupción detectados durante la gestión de Geiner Alvarado.

“Se habrían contratado a funcionarios que fueron parte de esta red criminal. Lo que sí puedo señalar es que desde un primer momento se conversó con el presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda y se realizó una auditoría. A partir de esa auditoría que, ahora está en manos de la Fiscalía, se decidió remover a todo el directorio. Hoy está conformado por nuevas personas y profesionales (…) Asimismo, se ha renovado a todo el plan dirigencial”, detalló en conferencia de prensa.

En ese sentido, la titular de Vivienda remarcó que esta decisión no tiene vinculación con el caso de la empresaria Sada Goray, investigada por la Fiscalía por la presunta entrega de una millonaria coima al ex asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, recientemente excarcelado.

Otras irregularidades

Respecto a la paralización de un proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en Piura, tras detectarse supuestas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro, Hania Pérez de Cuéllar anunció que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) emitirá una nueva resolución.

“La segunda sala del tribunal de contrataciones resolvió de oficio declarar nula la resolución expedida por el PNSU que pretendía reevaluar el proceso de selección dado que, al haber irregularidades en la integración de las bases, se estaría vulnerando los principios de transparencia”, agregó.

Asimismo, la ministra de Vivienda reveló que otros ocho proyectos vienen siendo revisados para una eventual detección de acciones irregulares o de presunta corrupción.

“Existen otros proyectos que están en la mira. Estamos hablando de aproximadamente ocho proyectos que hemos heredado de la anterior gestión. Estamos verificando caso por caso cómo se han dado los procesos y las licitaciones. Y es por eso que se ha tomado la decisión de restructurar los comités de selección sobre la base que estas designaciones se dieron en la época de Geiner Alvarado“, detalló.

Finalmente, la ministra de Vivienda destacó la labor del Ministerio Público y la Policía Anticorrupción que más temprano realizó una diligencia a raíz de la denuncia que hizo la propia titular del sector respecto a proyectos en lo que se habría detectado actos de corrupción.

“He dispuesto que el PNSU brinde todas las facilidades al equipo de investigación. Asimismo, he instruido a la secretaría general que lleve a cabo todas las coordinaciones necesarias para facilitar el acceso a información sensible que requieran las autoridades”, puntualizó.

Se habría acabado la diplomacia para pasar a las amenazas verbales. Diplomáticos del consulado peruano en México recibieron amenazas de muerte a través de un audio, donde se les advierte que si no se van del país serán devueltos al Perú en “pedacitos”.

“Te vamos a romper toda tu *****, pinche embajador. Te vamos a reventar toda tú *****, y te vamos a extraditar en cachitos a tu pinche país. Lárgate, tienes 48 horas para que te largues de México o te sacamos del país en una ***** bolsa de basura. Hijo de *****. ¿Entendiste, perro?”, se escucha en el audio presentado por el noticiero de Latina.

En otro pasaje del audio se escucha a la persona decir: “Si te llega al ***** Dina Boluarte, que se vaya y se meta su ***** presidencia por el *****, entendiste ***** embajador *****. México tiene dignidad y no van a seguir ofendiendo a México, ni a un ***** que se siente presidente de México, porque él representa nuestra dignidad como mexicano, peruanos de *****”, agregó.

Aún está en evaluación desde el Ministerio de Relaciones Exteriores un pronunciamiento. Pero tanto Cancillería como Palacio de Gobierno han confirmado la existencia del audio, según informó Latina.

Recordemos que ambos países viven un agitado clima diplomático, debido a que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no reconoce como mandataria a Dina Boluarte, negándose a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. En tanto, la cancillería peruana respondió retirando al embajador. En esa línea, el Congreso peruano declaró recientemente a AMLO como persona no grata.

Según informó el periodista, Santiago Gómez de Latina Noticias, el audio fue dejado en el buzón de voz del Consulado peruano en la Ciudad de México. Además, indicó que dicha oficina ha solicitado resguardo policial para los diplomáticos y al parecer los representantes peruanos ya tendrían seguridad.

“Los diplomáticos peruanos envían el audio a las autoridades, sientan una serie de denuncias, dan a conocer a la Policía sobre esta amenaza de muerte y se pide resguardo especial… México tiene una situación compleja de seguridad ciudadana y de crimen organizado, y el contexto del tono que tienen los líderes están generando un discurso de odio”, lamentó.

El hombre que deja el mensaje en la casilla de voz todavía no ha sido identificado; sin embargo, ya se estaría investigando el tema. La canciller Ana Cecilia Gervasi ya tendría conocimiento sobre el tema. Además, el encargado de negocios de México en Perú reportó la rápida reacción de las autoridades mexicanas.

“Aunque dejó en claro que las relaciones con nuestro país no están de la mejor manera, la Policía (de México) puso un resguardo extra en la sede consular que funciona, que es la encargada de sellar diversos trámites, aprueba los visados especiales. Hay muchos peruanos que acceden a estas oficinas diplomáticas”, detalló Gómez.

Golpe por golpe. La bancada de Renovación Popular acaba de presentar un proyecto de ley para que el Estado peruano denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) a la que se encuentra adscrita desde el 28 de julio de 1978.

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada celeste, es el autor de la polémica iniciativa que ha entrado a la mesa de partes del Legislativo. En su escrito sostiene que su propuesta tiene como fin “salvaguardar la soberanía e independencia” del país en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Política.

“Tras la aprobación respectiva en dos legislaturas en el Parlamento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe remitir en un plazo de 30 días la denuncia contra la Convención Americana de Derechos Humanos. En caso no lo haga, entonces el Ejecutivo tendrá que entregar un informe que detalla las razones a su negativa”, se menciona en el proyecto.

Entre los argumentos del proyecto se menciona que la afiliación del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “se realizó de manera incondicional, lo que significa que solo es posible desvincularse” denunciando la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El paso de una fase a otra implica irreversibilidad. Por consiguiente, para acabar con la injerencia perniciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la corte, es necesaria la denuncia total”, agrega el documento.

En otra parte de los puntos de la iniciativa se lee que la propuesta para que el Perú se salga del sistema interamericano es “un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática”. Y para ello se cita lo ocurrido con el autogolpe fallido del expresidente Pedro Castillo del 7 de diciembre del año pasado.

“EI Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. Este tratado internacional y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico, sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan el derecho a la libre determinación de los pueblos”, menciona.

Adicionalmente, el congresista Montoya enfatiza que “el sistema interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico”.

“Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional, ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado profundamente, lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción”, finaliza.