Política
Ex viceministro Luis Espinoza: “Un sistema eléctrico no puede estar sujeto a los vaivenes de la naturaleza, un sistema eléctrico tiene que tener seguridad”
El especialista en el sector energético nos aclara que el proyecto de ley impulsado por el MINEM sobre las energías renovables, es una aberración jurídica. Además, señala que el país necesita un sistema eléctrico seguro.

Desde el Ministerio de Energías y Minas se viene impulsado un lobby en favor del Proyecto de Ley N° 4565, el cual viene siendo difundido con una falsa narrativa desde la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR). Esto es debido a que un puñado de empresas privadas buscan hacerles creer a los usuarios que las tarifas eléctricas bajarán inmediatamente con el uso de las energías renovables. Esto es totalmente falso.
Para comprender claramente el tema y no dejarnos engañar, conversamos con Luis Espinoza, quien fue ex viceministro de Energía y es un especialista en el sector eléctrico con más de 25 años de experiencia.
Espinoza nos aclara el panorama con detalle de lo que viene sucediendo en el sector energético. Además, sostiene que las energías renovables no aseguran el sistema eléctrico, debido a que se encuentra supeditado a los vaivenes de la naturaleza.
Aquí la entrevista.
¿Los proyectos de ley N° 4565, 3662 y 2139 provocarán que bajen las tarifas eléctricas?
No bajaría. En primer lugar, que digan cuándo bajaría. O sea, si bajaría yo te diría que sería recién en el 2026, no es mañana. Segundo, se habla del mercado regulado, pero ahí hay una falacia, porque lo que se pretende es que el distribuidor haga un nuevo contrato, es decir, sacar una nueva licitación. Pero si llamo a licitación y compro de más, quién lo paga, pues lo usuarios son los afectados. Comprar a largo plazo no es bueno, sobre todo si la tecnología está bajando de precio. Siempre pregunto, porqué hoy tengo que comprar una tecnología solar o eólica que dentro de cinco años va a costar menos. Eso ya nos pasó. En el 2010 sacamos una licitación y compramos solares a 200 dólares y hoy valen 30 dólares. Entonces, cuál es la premuera del Perú. Lo que tienen que darse cuenta es porqué el Perú está apresurado en eso, si Perú tiene otras tecnologías que son más baratas y no tienen ese problema de cambio de costos rápidos.
El proyecto de ley N° 4565 busca que a los nuevos contratos se le dé preferencia sobre los contratos antiguos ¿qué piensa de eso?
Eso está mal. Preferencia significa primero este contrato y después el otro, ahí se rompe cualquier regla. Cómo mediante una ley se va a crear eso, eso es una aberración jurídica.

¿Y por qué cree que esta aberración jurídica está siendo promovida desde el MINEM?
Esto es ilógico, si eso va al Tribunal Constitucional se lo tiran en la cabeza. Esto va contra el código civil, el código de ventas. O sea, ellos no se dan cuenta que el negocio de la generación es un negocio libre. Entonces, si un generador pactó con un distribuidor, el distribuidor está obligado a pagarle, y no hay que un generador es mejor que otro, eso no existe. Si un distribuidor va a salir a comprar no puede decir está compra que hago va primero, eso no lo puede decir ni el Osinergmin. Para mí lo que han querido hacer es ponerle una suerte de privilegio a este tipo de contratos perjudicando al resto.
Usted también ha asegurado que las termoeléctricas son las únicas que aseguran la energía y pueden responder a una energía constante y estable, caso que no sucede con las energías renovables. Explíquenos eso.
Lo que pasa es que las energías renovables están sujetas al clima, y eso se ve en cualquier momento. Podemos prender las máquinas, pero si no llueve no hay energía, lo mismo pasa con las eólicas, si no hay viento no hay energía o con las solares, si no hay sol no hay energía. Un sistema eléctrico no puede estar sujeto a esos vaivenes de la naturaleza. Un sistema eléctrico tiene que tener una seguridad. Es por eso que los sistemas en todos los países tienen térmica, aunque sea de respaldo, pero si lo ponemos de respaldo alguien lo tiene que pagar, y quién lo paga, pues el público.

Se entiende claramente que las energías renovables serían más caras y no aseguran el sistema eléctrico, pero parece que esto no lo entiende el presidente de la Comisión de Energía y tampoco lo quieren entender en el Ministerio de Energía y Minas ¿o tal vez ellos controlan el clima ya que no toman en cuenta lo que acaba de explicar?
No pues, para nada. El año pasado se ha demostrado, los costos marginales se han ido a las estrellas y las térmicas han tenido que responder, y todo porque las eólicas no produjeron energía, o sea, estaban al mínimo. Si usted mira las cifras esto fue en diciembre, pero aquí las térmicas nos han salvado, porque si no hubiera provocado un apagón, porque si no hay térmicas tenemos que apagar la electricidad. Es por esa razón que la térmica tiene potencia firme.
¿Desde su experiencia por qué cree que las energías renovables se vienen impulsando difundiendo falsa información?
Mire, creo que hay gente que quiere que se sigan haciendo las subastas y que el Estado compre estás cosas por adelantado y así asegurar su venta. Si esto fuera un beneficio al cliente que lo demuestren dónde está. Sucede que la realidad es que el sistema peruano está así porque no quieren hacer el gaseoducto. Nosotros ya hemos comprado centrales, en nuestros recibos ya lo estamos pagando los 2,000 megavatios que están en el sur. Ya son casi 10 años que estamos pagando eso y no lo usamos. Somos los más tontos, y lo único que necesitamos es llevarles el gas y con eso sí bajan los precios.
¿Para usted cuál sería la mejor propuesta viable actualmente en el sector eléctrico?
Mira, ahorita usemos lo que ya tenemos instalado para minimizar costos y tiempo. Esto significa que tendemos que hacer un gaseoducto al sur de 500 kilómetros, y para esto se llama a una licitación y lo construyen rápido y nos sale barato, y con eso nos da una holgura hasta el 2027, o sino, esperamos nuevas energías renovables más baratas. Lo segundo es que, si se quiere renovables, se necesita renovables de 24 horas y no renovables de 8 o de 12 horas, porque si no el problema se nos complica.

Además, usted en un video explicó que este proyecto de ley impulsado por el MINEM abriría las puertas a empresas especuladoras que incluso podrían terminar fugándose sin cumplir el contrato.
Claro. Lo que sucede que eso es lo que pasa, en un mercado siempre va a existir alguien que especule. Es decir, primero gana y cuando luego sabe que va a perder plata se va. Uno cree siempre en el largo plazo, porque con las ganancias de hoy uno pagará las pérdidas futuras, pero en realidad lo que pasa es que las ganancias se la reparten y la guardan, pero cuando apenas aparecen las pérdidas se fugan y dejan el problema a otro. Lo que hay que hacer es garantizar las cosas, ver y atajar a los especuladores, poner reglas bien firmes. Las mejores políticas son las que cubren varios sectores a la vez.
¿Usted percibe una especie de lobby en los que vienen impulsado esos proyectos de ley a favor de las energías renovables?
Sí, desde hace años están siempre haciendo su lobby. A mí muchas veces me han preguntado si estoy de acuerdo con las renovables, yo les respondo que sí, pero ahorita no es el momento para nosotros, ya que tenemos mucha más tecnología, o sea, más recursos. Chile no tiene recursos, Chile importa todo.
Para finalizar, ¿Cuál sería su mensaje para el presidente de la Comisión de Energía, Jorge Flores Ancachi, que tiene una extraña fijación por impulsar las energías renovables?
Primero, que se haga la pregunta cuál es el problema actualmente del país. El presidente del COES, César Butrón, ya lo ha dicho, el problema es que falta generación eficiente, y eso significa 24 horas. Sobre todo, en el sur, porque el sur el 60% de energía que necesita lo importa del centro. Si yo ataco al sur con energía de 24 horas, reduzco la importación que hace del centro y me libera generación acá en Lima, la cual la puedo seguir usando. Entonces, el secreto es atacar el sur donde se encuentra la demanda de las mineras, ese es el secreto. Cuando uno mira el sur y revisamos qué tecnología renovable tiene, pues una de ellas es la solar, pero la solar solamente trabaja en el día, no trabaja en la noche, entonces, no me soluciona las 24 horas.

Entonces, para usted la solución al problema es hacer el gaseoducto…
Así es, lo que falta en el sector del gas natural es hacer el gaseoducto. Entonces, señor viceministro de electricidad, el problema no es suyo, el problema es del otro viceministro que se llama hidrocarburos, ese señor no está haciendo nada. El problema que actualmente tiene el MINEM, es que se separó en dos lo que es electricidad e hidrocarburos. Los dos viceministros no conversan, no saben lo que el otro hace, y no saben que el gas natural y la electricidad tienen que trabajar juntos.
Existe un claro divorcio…
En mi época yo era el viceministro de energía y miraba las dos cosas, yo tomaba decisiones conjuntas, buscaba el beneficio común para el país en las dos cosas y no en una sola cosa. Yo he leído todos sus informes del MINEM y no tienen análisis, hablo de un análisis propio. Lo primero que tienen que saber es cuál es el problema que quieren resolver. Aquí también lo que pasa es que los congresistas quieren decir que han hecho una ley para mejorar, pero lo que no entienden es que no se necesita una ley.
Política
Corrupción sin freno en Ayacucho: funcionarios públicos enfrentan miles de denuncias
Actualmente, existen más de 2,500 casos de corrupción registrados en entidades públicas de Ayacucho.

La corrupción en las entidades estatales de Ayacucho se ha convertido en una plaga creciente y normalizada. Actualmente, existen más de 2,500 casos registrados, lo que refleja no solo la ineficacia del control público, sino también el enquistamiento de redes ilícitas en todos los niveles de gestión.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo y Control Concurrente del Congreso, presidida por el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú), se evidenció la magnitud del problema. Funcionarios de distintas instituciones de Ayacucho expusieron la alarmante situación de sus entidades, reconocieron la fragilidad de los mecanismos de control y la limitada capacidad de sanción efectiva.
Yoshio Mabel Valenzuela Retamozo, representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ayacucho, informó que existen 2,586 casos activos por corrupción, incluyendo 370 casos en etapa de ejecución de sentencias condenatorias con reparación civil. Los delitos más comunes: colusión, peculado, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. En resumen, el catálogo completo de la corrupción administrativa.
El congresista Luna reconoció la gravedad del fenómeno, señalando que se necesita “control concurrente real y sanción efectiva”. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la débil acción del Estado frente al avance sistemático de la corrupción en regiones históricamente desatendidas.
Por su parte, Víctor Oriundo, procurador del Gobierno Regional de Ayacucho, reveló que solo en esa entidad existen 778 casos de presunta corrupción, de los cuales 422 ya están camino a sentencia. Una cifra que habla por sí sola sobre la magnitud de la podredumbre institucional.
Ayacucho es un ejemplo más de cómo la corrupción no solo erosiona recursos, sino que perpetúa la desigualdad, deslegitima al Estado y posterga el desarrollo. La lucha anticorrupción no puede seguir siendo solo una promesa política: requiere voluntad, transparencia y sanciones ejemplares.
Política
Caso «Cofre»: Comisión de Fiscalización avanza hacia vacancia de Boluarte pese a blindaje político
El informe expone presuntas coordinaciones indebidas de la presidenta Dina Boluarte, agravando su situación por posible uso del poder para encubrir actos ilícitos. Sin embargo, su avance en el Congreso es incierto: bancadas como Alianza para el Progreso han sido un escudo clave para evitar su caída.

Con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó este viernes el informe final sobre el escándalo del denominado «Cofre Presidencial», que apunta directamente a la presidenta Dina Boluarte por presuntas irregularidades que configurarían incapacidad moral permanente, causal de vacancia según el artículo 113 de la Constitución.
El informe, liderado por el congresista Juan Burgos, señala presuntas coordinaciones indebidas por parte de la mandataria, incluyendo actos en un condominio distinto al complejo Mykonos —ya vinculado a investigaciones anteriores— lo que agrava la situación y refuerza sospechas de uso indebido del poder para encubrir posibles actos ilícitos.

Entre las recomendaciones del documento se incluye el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, una reforma del reglamento del Congreso para fortalecer su rol fiscalizador, y la evaluación de una posible infracción penal por parte de Boluarte Zegarra. También se plantea que el Pleno debata una eventual vacancia como respuesta constitucional frente a las irregularidades detectadas.
Sin embargo, la posibilidad de que este informe prospere más allá del debate parlamentario parece lejana. El Congreso, que debería actuar como contrapeso institucional, ha sido uno de los principales escudos políticos del régimen de Boluarte. Bancadas como Alianza para el Progreso (APP), pese a su retórica ambigua, han sostenido una postura funcional al Ejecutivo, blindando sistemáticamente a la presidenta de cualquier consecuencia real.
Lo mismo ocurre con otras agrupaciones que, tras bambalinas, negocian cuotas de poder a cambio de su silencio o abstención. El Congreso no solo ha fracasado en su deber de fiscalización, sino que se ha convertido en cómplice activo de la parálisis moral que atraviesa el país. El voto en contra de APP al informe, es solo el último episodio de una alianza tácita que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar nacional.
Mientras la ciudadanía asiste con escepticismo a este nuevo episodio de impunidad, el equilibrio de poderes sigue en entredicho. La crisis no es solo de la presidencia: es del sistema político entero, corroído por pactos de impunidad y carente de liderazgo ético.
Política
Cruzó la línea: se le viene la noche a ministro Fabricio Valencia por recorte de reserva de las líneas de Nasca
Titular del Mincul tendría que acudir al Congreso para responder un pliego de 11 preguntas por permitir la reducción de 2400 km. en zonas protegidas de las líneas de Nasca.

No una, ni dos, sino ¡tres mociones de interpelación! El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia, acaba de cometer un gravísimo error que le podría costar su cargo al reducir considerablemente (2,400 kilómetros cuadrados) la zona correspondiente a la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.
El ministro Valencia aprobó tal disminución, mediante la Resolución Viceministerial n.° 00128-2025-VMPCIC/MC publicada en el diario El Peruano, pese a que en setiembre pasado se advirtió la presencia de mineros ilegales cerca de la zona protegida.
Es por ello que congresistas de distintas bancadas llegaron a presentar hasta tres mociones de interpelación contra el titular de Cultura, teniendo que presentarse en el Parlamento para responder un pliego de 11 preguntas relacionadas a tan bochornosa reducción. Una de ellas se refiere al sustento técnico, científico y legal del recorte del sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y otra, a si el portafolio coordinó con la Unesco la modificación del territorio arqueológico, donde se han hallado más de 800 figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, entre otras.

De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos a) y b) del artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de interpelación.
¿Ministro Valencia presionado por los mineros?
Resulta llamativo que la principal autoridad de Cultura del país, quien en teoría debería de estar encargada de velar y proteger nuestro patrimonio cultural, sostenga que tal recorte no llegará a afectar el valor ni las características de la reserva arqueológica.
En tal sentido, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú viene exigiendo la inmediata destitución del titular del Mincul, argumentando que desde su cartera se viene promoviendo la afectación de nuestro patrimonio cultural.
Asimismo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) resaltó que justo esa área recortada coincida con el petitorio de decenas de mineros para la explotación de la zona.
En un pronunciamiento, la organización destacó que ha “identificado que en el área excluida no solo existen 57 concesiones tituladas y 165 petitorios mineros, sino que, además, a pocos días de la decisión gubernamental, se han presentado ante el Ingemmet al menos 58 nuevos petitorios mineros en la zona arqueológica excluida, generando mayor presión sobre esta área sensible”.
El dato:
En caso de que sus respuestas no resulten satisfactorias, el Congreso de la República podría respaldar una eventual censura contra el ministro del régimen de Dina Boluarte.
Política
Fabricio Valencia Gibaja: entre órdenes de servicio y minería informal
El escándalo de Shirley Hopkins y el recorte del perímetro de las Líneas de Nasca y Palpa han convertido al ministro Fabricio Valencia en un fusible quemado a favor del clientelismo y la minería informal.

En medio de una creciente indignación nacional, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, enfrenta duras críticas por dos decisiones emblemáticas de su cuestionada gestión: la reducción del perímetro protegido de las Líneas de Nasca y Palpa, y las jugosas órdenes de servicio a la señora Shirley. Ambos casos exponen una alarmante tendencia: el debilitamiento institucional del Ministerio de Cultura y el avance de intereses privados, incluso ilegales, sobre el patrimonio cultural del país.
Nasca y Palpa: el tijeretazo al patrimonio
Una de las medidas más escandalosas del ministro Valencia fue la drástica reducción en un 42% del área protegida de las Líneas de Nasca y Palpa, pasando de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados. Esta área, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga cientos de geoglifos milenarios que aún no han sido completamente estudiados.
Según el ministro, la decisión responde a un “proceso de optimización técnica”, supuestamente respaldado por estudios internacionales. Pero el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversas organizaciones patrimonialistas han calificado esta medida como irresponsable y servil a intereses extractivos.

Reducir el área protegida es abrirles la puerta a los mineros informales que desde hace años intentan ingresar a esa zona. No hay justificación científica ni técnica que respalde semejante atentado. Lo que hay es una larga lista de empresas mineras que vienen acechando la zona con vínculos al partido Alianza Para el Progreso de César Acuña.
El nuevo perímetro excluye zonas con presencia de geoglifos no mapeados y áreas que desde hace décadas estaban en proceso de conservación. Como resultado, la actividad minera informal ha comenzado a avanzar peligrosamente hacia sectores antes resguardados, según informes locales. Altos funcionarios del Ministerio de Cultura señalan que detrás de esta maniobra estaría el acalde de Nasca, Jorge Bravo (APP), y un grupo de mineros con vínculos políticos que operan en la región de Nasca.

Alcalde de Nasca, Jorge Bravo.
El caso Shirley Hopkins: miles de soles sin título universitario
Otro de los episodios que ha revelado el deterioro ético en la gestión de Valencia es la contratación de Shirley Hopkins, quien fue contratada para un puesto clave del sector Cultura sin contar con título universitario, lo que violaría la Ley Servir y los lineamientos del propio Ministerio.
Pese a las advertencias internas y la denuncia en Lima Gris, el ministro primero defendió públicamente su nombramiento, alegando experiencia en el sector. Sin embargo, en nuestra investigación revelamos que Hopkins no solo carecía del título profesional exigido, sino que tenía un vínculo previo con miembros del entorno político del ministro, lo que refuerza las sospechas de un caso de favoritismo político encubierto.

Esta contratación fue la gota que colmó el vaso para varios sindicatos del sector, que denunciaron una “política de nombramientos a dedo” en diferentes direcciones regionales de Cultura, entre ellas la de Cusco, donde el intento de imponer al controvertido Régulo Franco también provocó protestas laborales.
Ayer los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco realizaron un paro de 24 horas, una advertencia que anunciaría la caída de los oscuros negocios digitados desde Palacio de Gobierno.
Una gestión a espaldas de la cultura
La gestión de Fabricio Valencia Gibaja está siendo cada vez más percibida como opaca, ineficaz y favorable a intereses ajenos al sector cultural. Todo esto a que pesar que su padre fue un arqueólogo respetado y su madre es una antropóloga que hasta el momento continúa sin pronunciarse sobre la gestión de su hijo.
A ello se suma su estilo autoritario, evidenciado en los múltiples conflictos con trabajadores del Ministerio y en las decisiones unilaterales que han derivado en protestas, paros y demandas judiciales, como ocurrió en el caso de la venta de boletos para Machu Picchu.
El ministro, lejos de corregir el rumbo, ha optado por minimizar las críticas y aferrarse al cargo, blindado políticamente por sectores del Ejecutivo que ven en él una ficha útil para facilitar concesiones y recortes en zonas estratégicas. Antes defendía el patrimonio y ahora desde el piso ocho de la sede central del Mincul parece que su tarea es lotizar nuestro legado cultural.
El caso de las Líneas de Nasca y Palpa y la designación de Shirley Hopkins no son hechos aislados, sino síntomas de una política cultural desvirtuada. En lugar de fortalecer la protección del patrimonio y profesionalizar la gestión, el ministro Fabricio Valencia Gibaja parece empeñado en desmantelar lo avanzado, abriendo camino a la informalidad, el clientelismo y el debilitamiento institucional.
En tiempos donde el Perú necesita reafirmar su identidad y proteger su riqueza histórica, la pregunta cae por su propio peso: ¿al servicio de quién está el Ministerio de Cultura bajo la gestión de Valencia?
Política
El turismo en Loreto: El gobernador y su estado de emergencia
El pedido de estado de emergencia por parte del gobernador de Loreto levanta sospechas, pues es de conocimiento público que en un estado de emergencia las compras y contrataciones se realizan sin licitación, abriendo la puerta a posibles actos de corrupción y al despilfarro de dinero. Aquí una muestra del manejo del dinero en la gestión de René Chávez.

Según el último informe emitido por el Banco Central de Reserva del Perú, sucursal Iquitos, el turismo no destaca como actividad primaria en la economía regional, como sí resaltan los sectores agropecuario, pesquero y minero. El sector turístico no se puede evidenciar como actividad de primera importancia. Estos datos reflejan la cruda y veraz condición económica del turismo y que la autoridad regional nunca tuvo el mínimo interés por desarrollar la industria sin chimenea. Es decir, asumió la gobernación sin tener un plan estratégico de desarrollo turístico para Loreto. Y esta aseveración cobra fuerza al apreciar los cuadros estadísticos.
Este mal manejo del turismo debe quedar marcado como precedente para la población electoral y no dejarse sorprender ante tanto parlanchín que se ufana y enarbola la bandera del turismo como herramienta de solución a los problemas económicos de la región. Definitivamente, el gobernador René Chávez tiene una distorsión de la valía del turismo, que no es como él lo viene promocionando con juane y chicha, con fiesta y farra, y con tufillos populistas y demagógicos con sonido a campaña electoral.

Gobernador Regional de Iquitos René Chávez.
Al parecer, de nada le sirvió su estancia en Cuba, ya que es un país que genera divisas por el turismo y la salud, a través de la hotelería hospitalaria; sin embargo, la región Loreto se encuentra en unidad de cuidados intensivos en ambos sectores. El gobernador Chávez debe saber que cada rincón o provincia de la región Loreto guarda atractivos culturales, naturales y de apoyo que son claves para poder diseñar corredores turísticos, ya que esta región guarda la más grande riqueza en biodiversidad en sus bosques y ríos, cultura y tradición en sus 33 pueblos originarios y una belleza arquitectónica en la zona monumental de la ciudad de Iquitos que no la tiene ninguna otra región o ciudad amazónica peruana.
Ante los últimos hechos deplorables a turistas en el río Amazonas, los asesores y comunicadores del gobernador que desfilan semanalmente por su despacho, deberían susurrarle al oído que es en vano recurrir a poses plañideras y querer estigmatizar con campañas orquestadas de animadversión a cada mando policial y, más aún, pretender castigarles con el destierro, como si ellos fueran los grandes responsables de las malas decisiones de su gestión que, sospechosamente, excusa al alto mando de la V Zona Naval ya que son los responsables directos de patrullar los ríos amazónicos.

Requena.
El gobernador loretano debe hacerse un mea culpa por las mentiras, medias verdades y la falta de atención al sector turístico, porque desde que inició su gestión restringió el presupuesto a la oficina de GERCETUR, o “confía” partidas de inversión a personas leales a su interés, como es el caso de “arreglos y mejoras en Quistococha” y la “fiesta del juane y su chicha”. Asimismo, mantuvo distanciamiento frontal con los miembros de la CARETUR, pues, irrisoriamente, “inauguró” con matracas y serpentinas un vuelo comercial a la ciudad colombiana de Leticia, pero nunca más volvió a despegar o aterrizar alguna avioneta o avión que nos conecte con la ciudad fronteriza; además, asigna fondos económicos a una oficina improductiva de la marca “Loreto”, donde funcionarios de turno, desde su creación hasta la fecha, despilfarraron o usaron irracionalmente el dinero. El gobernador Chávez debe entender y asumir que fue elegido para liderar una de las regiones más grandes del Perú que lo conforman 8 provincias, y en cada una de las mismas debería funcionar una oficina de turismo de enlace con GERCETUR debidamente implementado con personal capacitado, herramientas tecnológicas y presupuesto asignado que hasta la fecha no se hace.
Los empresarios de turismo de la región Loreto han unido sus voces para decir ¡basta ya! de estar quejándose y pidiendo suspicazmente “estado de emergencia” para la región, que no hará más que ahuyentar a los pocos turistas que llegan y, por consiguiente, sufrirían pérdidas económicas. Pero, por supuesto, esa suerte no correrían los funcionarios públicos del gobierno regional para hacer las compras o adquisiciones directas sin licitación. Es importante, que la población conozca que el año 2024 el gobierno regional de Loreto recibió del Estado S/. 1, 103 millones de soles, y ejecutó 969 millones de soles, de los cuales invirtió en el sector turístico 77 millones, menos del 10% del monto total recibido y que fue distribuido de la siguiente manera: 34 millones de soles en el Centro Ferial y Turístico de Yurimaguas, 21 millones en el Boulevard de Requena, 12 millones en la Marina Turística en Iquitos, 4,4 millones de soles en construcción de un corredor, casetas y oficinas para información turística en Quistococha, 3 millones en creación y mejoramiento de los servicios públicos en la zona monumental de Iquitos, 2,6 millones soles en mejoramiento de servicios públicos en la Plaza San Francisco de Asís de Requena y otros dos montos de menor inversión, tal como se puede observar en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: MEF.
Esta noticia fue recibida con sorpresa por algunos empresarios de turismo porque hasta la fecha en algunos casos no se colocó ni un ladrillo o hay una evidente desproporción de lo manifestado con la realidad. Hubiese hecho bien invertir en promocionar el destino en ferias nacionales o extranjeras como de Madrid (España), Berlín (Alemania) y Anato (Colombia), entre otros escenarios.
Estamos seguros que los amazónicos le van a exigir al “médico del pueblo” con mayor presupuesto otorgado por el Estado, para que se ponga a trabajar por la Amazonía en el poco tiempo que le queda y deje de ser berrinchudo con su pedido de “estado de emergencia”. Por otro lado, está en la obligación de esclarecer y rendir cuentas de los desembolsos millonarios que viene haciendo en el sector, porque si no logra sincerar las inversiones que ejecutó el año 2024 (sin revisar de años anteriores), automáticamente se sumará una nueva carpeta en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público a su abultado legajo de investigaciones que recaen sobre él desde que fue alcalde de la provincia del Datem del Marañón, y lamentablemente tendrá el mismo final de los anteriores gobernadores de la región Loreto.
Política
Reelección de gobernadores y alcaldes se definirá mediante referéndum
Anoche pleno del Congreso no alcanzó los 87 votos requeridos para modificatoria constitucional y ahora deberá ser el pueblo quien decida si vuelve la reelección.

Un Congreso deslegitimado aprobó ayer, en primera votación, la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, sin embargo, al no alcanzar los 87 votos requeridos, ahora tendrá que someterse a un referéndum la reforma constitucional.
Al alcanzarse solo 77 votos, la reforma de la constitución deberá ser vista por la población. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, criticó severamente que esto pase por un referéndum, calificando tal vía como “absurda” pues implicaría “gastar una enorme cantidad de dinero”.
“Se ha presentado una reconsideración y, por lo tanto, el proyecto ha quedado en pausa, como el anterior. En la legislatura pasada se votó un proyecto idéntico de reelección de gobernadores y alcaldes, pero que tenía la eliminación de movimientos políticos. Esta vez ya no iba con los movimientos regionales, no tenía nada que ver. Solamente elección de gobernadores y alcaldes, cosa que hubiera sido muy positiva porque permite una mejor gestión y, además, una carrera política”, sostuvo para Canal N.
Alcaldes y gobernadores en ejercicio podrían volver a ser elegidos
El texto sustitutorio propuesto modifica los artículos 191 y 194 de la Carta Magna para permitir que gobernadores y alcaldes puedan postularse nuevamente tras su mandato de cuatro años, estando posibilitados los actuales gobernadores y alcaldes en ejercicio, como por ejemplo el gobernador regional de La Libertad, César Acuña o el burgomaestre capitalino Rafael López Aliaga.

Opiniones de los congresistas
El congresista Rospigliosi alegó que la reelección de autoridades no constituye un derecho fundamental, sino una decisión política, tal como ha reconocido el Tribunal Constitucional. “Posibilita la implementación de proyectos de desarrollo mediano y largo plazo, además, fomenta la profesionalización de la política”.
Por su parte, la congresista Ana Zegarra (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, señaló que la reelección permitirá que se concluyan proyectos que no son considerados por las nuevas autoridades. “Hay que darle la oportunidad, pues quien finalmente los elige son los electores”, dijo.
A su turno, Alejandro Cavero (Avanza País) manifestó que la reelección no es un derecho de los alcaldes, sino de los ciudadanos, pues es la libertad de poder decidir si un alcalde ha hecho bien o no su gestión y merece un periodo adicional.
En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante (RP) dijo que la reelección de alcaldes no ha sido un problema, porque no ha superado el 20%, es decir, no todos los que querían una segunda oportunidad ganaban.
Por otro lado, el congresista Luis Aragón (AP), en representación de los autores de un dictamen en minoría, planteó que la reelección de autoridades municipales y regionales sea a partir del 1 de enero del 2027.
Política
Escandalosa designación del Presidente de EsSalud es revelada en contundente informe de Contraloría
Pese a las graves observaciones de la Contraloría sobre la designación irregular de Segundo Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud, la entidad ha emitido un comunicado que, lejos de rendir cuentas y corregir, busca blindarlo con argumentos insostenibles, alimentando la impunidad desde lo institucional.

Un reciente informe de la Contraloría General de la República (Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 003-2025-2-0192-AOP) ha dejado al descubierto una grave irregularidad en el nombramiento de Segundo Cecilio Acho Mego como Presidente Ejecutivo de EsSalud. El funcionario presentó constancias laborales emitidas por clínicas privadas que carecen de respaldo documental, lo que pone en duda su experiencia profesional y lo inhabilitaría para ejercer el cargo que actualmente ostenta. A esto se suma una inhabilitación vigente del Colegio Médico del Perú posterior a su designación, lo que agrava la situación y compromete la legalidad del proceso, así como los principios de idoneidad, veracidad y probidad que deben regir en la administración pública.

Designación cuestionada desde el origen
La Resolución Suprema N.º 003-2025-TR del 8 de marzo de 2025 formalizó la designación de Segundo Cecilio Acho Mego como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud, en calidad de Presidente Ejecutivo, con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). No obstante, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de EsSalud establecía una serie de requisitos obligatorios que el funcionario debía cumplir para asumir dicha responsabilidad.
Entre estos requisitos figuraban: contar con título universitario profesional, estudios de maestría, colegiatura y habilitación vigente en el Colegio Profesional correspondiente; además de conocimientos técnicos y diplomados de al menos 90 horas, manejo de ofimática e inglés básico. Pero lo más crítico: se exigía una experiencia laboral general mínima de ocho años y una experiencia específica de cinco años en cargos directivos o jerárquicos equivalentes en el sector público o privado.

La documentación bajo la lupa
El 19 de marzo de 2025, apenas días después de la designación, el Órgano de Control Institucional (OCI) del MTPE solicitó a la Secretaría General del ministerio el expediente completo que tuvo a la vista el ministro Daniel Maurate para respaldar la designación de Acho Mego. La jefatura de Recursos Humanos del MTPE respondió el 24 de marzo remitiendo enlaces con el currículum vitae documentado del funcionario y un informe fechado el 6 de marzo, que concluía que Acho cumplía con los requisitos establecidos en el MPP. Sin embargo, la verificación de los documentos presentados reveló inconsistencias notables.
Acho Mego incluyó tres constancias laborales emitidas por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, la Clínica Megasalud Naranjal SAC y la Clínica CORI SAC, que supuestamente acreditaban cinco años, cuatro meses y trece días de experiencia en cargos directivos. Pero un análisis más profundo mostró que solo una de estas entidades —el Hospital Cayetano Heredia— lo registraba en planilla electrónica como trabajador dependiente.

Clínicas sin evidencia contable ni contractual
Ni Megasalud Naranjal SAC ni la Clínica CORI SAC registraron a Acho Mego como trabajador en planilla electrónica. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), a través de su base de datos, confirmó que no existió retención de impuestos de cuarta categoría (honorarios) ni de quinta categoría (planilla) por parte de estas clínicas durante los períodos en los que supuestamente el funcionario laboró como director médico.

El vacío es rotundo: no se emitieron recibos por honorarios, no hubo contrato escrito, no existió registro contable de pagos ni documentación firmada por el médico en funciones. La relación laboral fue verbal y carente de cualquier evidencia que demuestre la prestación efectiva de servicios. En resumen, las constancias emitidas por las clínicas carecen de sustento probatorio.
El reglamento de comprobantes de pago es claro: toda prestación de servicios profesionales debe estar respaldada por un recibo por honorarios. Sin embargo, entre el 15 de junio de 2010 y el 14 de diciembre de 2010, y entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de marzo de 2020, no se registró pago alguno a favor de Acho Mego por parte de las clínicas mencionadas. La Sunat lo confirma, y las clínicas no pueden probar lo contrario.

Sin pruebas, sin méritos suficientes
El OCI del MTPE ofició directamente a las clínicas involucradas el 14 de abril de 2025, solicitando detalles sobre el tipo de contrato, la jornada laboral y documentos suscritos por Acho Mego en calidad de director médico. La respuesta fue tan alarmante como reveladora: reconocieron que la relación contractual fue “verbal”, que no hubo horario de trabajo definido y que no conservaban ningún documento firmado por el médico en funciones.
Esta ausencia absoluta de pruebas desarma la principal evidencia presentada por el funcionario para acreditar su experiencia específica. Según el informe de Servir, en estas condiciones, las constancias no pueden ser válidas ni utilizadas para respaldar el ejercicio de funciones directivas.
En consecuencia, de los cinco años exigidos por el MPP como experiencia específica, el funcionario solo podría acreditar tres años, cinco meses y once días —correspondientes a su paso por el Hospital Nacional Cayetano Heredia—, lo cual lo deja fuera del umbral mínimo requerido para ocupar el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud.

Una inhabilitación que agrava la situación
Por si fuera poco, al momento de su designación, Segundo Acho Mego presentó una captura de pantalla que supuestamente acreditaba su condición de médico habilitado ante el Colegio Médico del Perú. Pero esta información también fue desmentida. El propio colegio profesional, a través de la carta N.º 002469-2025-CMP-CN-SG, remitida el 5 de mayo de 2025, informó al OCI que el funcionario se encontraba en condición de “NO HÁBIL” desde el 1 de abril de 2025, es decir, a menos de un mes de asumir el cargo. El 9 de mayo, la consulta en línea al portal “Conoce a tu médico” confirmó que esta condición no había cambiado.

Esta inhabilitación compromete seriamente la legalidad del nombramiento. El MPP exige colegiatura y habilitación vigentes como requisitos fundamentales para ejercer funciones de dirección en una institución de salud pública. La falta de habilitación no es un error administrativo menor: es una infracción que atenta contra la integridad del sistema público de salud y, en última instancia, contra los derechos de los asegurados.
Silencio institucional y responsabilidades pendientes
La gravedad del caso no ha sido respondida con celeridad. Hasta la fecha de emisión del informe de Contraloría, la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, entidad vinculada al cargo ejercido por Acho Mego, no había respondido a los oficios remitidos el 22 de abril y el 8 de mayo. La omisión institucional podría interpretarse como falta de voluntad para aclarar o corregir una designación claramente viciada.
El informe de Contraloría no deja margen de duda. Existen elementos suficientes para afirmar que Segundo Acho Mego no cumplía con los requisitos esenciales del puesto. Las clínicas no pueden probar que haya trabajado para ellas. Sunat no tiene registros de pagos. El Colegio Médico certifica su inhabilitación. El MTPE evaluó documentos cuya validez es, como mínimo, cuestionable. Y el silencio institucional refuerza la sospecha de una posible red de encubrimiento.
Un caso que exige consecuencias
Ante este escenario, la Contraloría ha recomendado al titular del MTPE adoptar las acciones necesarias para corregir los hechos irregulares y, de ser el caso, iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. La pregunta clave es: ¿se tomarán medidas o este será un caso más que quede impune bajo el manto de la burocracia?
La ciudadanía exige respuestas. El sistema de salud no puede estar en manos de funcionarios cuya trayectoria está cimentada sobre documentos sin sustento. La transparencia no es una opción, es una obligación. Y en este caso, la evidencia demuestra que la legalidad fue vulnerada, la confianza ciudadana traicionada y los principios que deberían regir la administración pública, pisoteados.
EsSalud emitió comunicado que blinda a Segundo Acho Mego
El reciente comunicado de EsSalud, en respuesta al contundente informe de la Contraloría General de la República que cuestiona la legalidad de la designación de su Presidente Ejecutivo, Segundo Cecilio Acho Mego, es un ejemplo clásico de control de daños institucional que, lejos de disipar dudas, las profundiza.

Aquí un análisis del lamentable comunicado de EsSalud:
1. Blindaje disfrazado de transparencia
«El señor Segundo Cecilio Acho Mego acreditó fehacientemente su experiencia profesional…»
EsSalud inicia su defensa con una afirmación rotunda que contradice de forma directa las conclusiones de la Contraloría y la SUNAT. Se omite por completo que ambas clínicas citadas (Clínica CORI y Megasalud Naranjal) reconocieron no haber conservado documentación que acredite la prestación efectiva de servicios por parte del funcionario. No hubo contratos escritos, no hubo comprobantes de pago, no hay evidencia contable ni administrativa.
Calificar como “fehaciente” una experiencia laboral sustentada en constancias sin respaldo documental ni tributario es, en el mejor de los casos, negligente; y en el peor, una maniobra de encubrimiento institucional.
2. Falsa narrativa de sometimiento al control posterior
«…se somete a la fiscalización posterior de las constancias señaladas, en el marco de la Directiva N.º 001-2023-SERVIR-GDSRH…»
Este argumento es engañoso. El proceso de fiscalización ya fue realizado y los resultados son públicos: las constancias presentadas carecen de sustento verificable. Presentar el sometimiento a una “fiscalización posterior” como gesto de integridad es una forma de dilatar responsabilidades y mantener en el cargo a un funcionario cuya designación, hoy, está objetivamente en entredicho. El comunicado tergiversa el sentido de la fiscalización: no se trata de una fase futura, sino de una acción ya concluida con observaciones graves.
3. Manipulación del hecho sobre la habilitación profesional
«…se encontraba habilitado profesionalmente, como se verificó en el portal institucional del Colegio Médico del Perú…»
Aquí se intenta maquillar otro de los puntos más sensibles del informe: la inhabilitación profesional. EsSalud omite que el Colegio Médico del Perú, mediante documento oficial, informó que Acho Mego estaba en condición de “no hábil” desde el 1 de abril de 2025, y que dicha condición seguía vigente al 9 de mayo. La supuesta captura de pantalla que lo acreditaría como habilitado carece de validez frente al pronunciamiento oficial del CMP. Este punto es especialmente crítico: según el MPP de EsSalud, la habilitación profesional es un requisito obligatorio al momento de la designación. No se trata de una formalidad, sino de un estándar mínimo de legalidad profesional.
4. Silencio sobre los hallazgos de SUNAT y falta de planilla
Lo más revelador del comunicado es lo que no dice: No se menciona que SUNAT confirmó que Acho Mego no percibió ingresos ni emitió recibos por honorarios en las clínicas donde supuestamente trabajó. No se responde al hecho de que solo figura en planilla del Hospital Cayetano Heredia, y no de las otras entidades con las que dice haber tenido vínculo laboral.
Tampoco se reconoce que, de los cinco años de experiencia directiva exigida, solo se puede acreditar tres años y medio. Este silencio cómplice refuerza la percepción de que EsSalud intenta construir una defensa superficial basada en afirmaciones sin evidencia real.
5. Lenguaje evasivo y apelación a la “trayectoria profesional”
«…reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a la trayectoria profesional…»
La mención a la “trayectoria profesional” es una táctica discursiva frecuente para desviar la atención del núcleo del problema: el incumplimiento de requisitos objetivos y verificables. La trayectoria no sustituye los requisitos legales. Este tipo de apelación emocional desvía la discusión técnica hacia lo subjetivo y refuerza una cultura de impunidad donde el pasado profesional puede justificar la omisión de reglas básicas.
Un comunicado que blanquea la irregularidad
El comunicado de EsSalud, lejos de aclarar las dudas, las profundiza. No responde a los hechos duros verificados por la Contraloría, evade las conclusiones de la SUNAT, ignora la inhabilitación formal emitida por el Colegio Médico, y pretende normalizar la ausencia de evidencia laboral con términos como “relación verbal” o “fiscalización posterior”.
Política
Todo sobre la nueva Ley General del Turismo aprobada por el Congreso
Resalta sobremanera la creación de espacios denominados “ZEDT” que contarán con beneficios tributarios durante 15 años en determinadas regiones turísticas.

Con 87 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones, el Congreso de la República, en segunda votación, aprobó ayer la nueva Ley General del Turismo (LGT) recaído en los proyectos de ley 2007, 3981, 3992, y otros, que busca otorgar beneficios tributarios al sector turístico, los mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año próximo.

A propósito de esos beneficios, se señala dentro de las disposiciones la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), consistentes en áreas que contarán con beneficios tributarios y condiciones especiales para atraer a los inversionistas privados.
Además, para los proyectos de inversión de infraestructura básica se autoriza el uso de hasta un 5 % del Fondo de Compensación Regional (Foncor) y para garantizar la formalización, se prohíbe la comercialización y promoción de servicios propios de las agencias de viaje y turismo en espacios públicos como plazas, parques u otros lugares, en aras de salvaguardar a los turistas.
¿En qué consisten las ZEDT?
De acuerdo al Capítulo III de la Ley, las ZEDT ofrecerán exoneraciones fiscales, incluyendo la eliminación de impuestos como el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), así como el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), entre otros.
Para obtener tales beneficios, las zonas deberán de cumplir el principio de sostenibilidad, la inclusión de la población local en la fuerza laboral y la contribución al desarrollo económico de las comunidades. Tales exoneraciones no podrán superar los 15 años.
Además de todo eso, las transferencias de bienes y servicios entre los usuarios de las ZEDT también estarán exentas de impuestos.
Más beneficios tributarios
En tanto, en el Capítulo IV de la nueva LGT destaca la posibilidad de aplicar una depreciación acelerada de activos fijos a una tasa del 20 % anual, lo que beneficiará a establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes y otros servicios relacionados con el turismo.
Asimismo, se establece la suspensión del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) para empresas que hayan acumulado pérdidas tributarias entre 2020 y 2026, medida que estará vigente durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027, siempre que las empresas cumplan con ciertos requisitos, como no tener deudas tributarias pendientes.
Otro beneficio relevante es el crédito tributario por reinversión, que permitirá a las empresas deducir hasta el 30 % del monto reinvertido en la mejora de servicios turísticos, infraestructura y equipamiento.
Para las micro y pequeñas empresas, este porcentaje se eleva al 50 %, con un plazo de aplicación de hasta cinco años. Según el dictamen, estas reinversiones deberán orientarse hacia la sostenibilidad, la conservación de ecosistemas y la innovación tecnológica en el sector.
Beneficiarios encubiertos
Las casas de apuesta se encuentran dentro de los beneficiarios de los incentivos fiscales, siendo criticado por varios sectores ya que consideran que tales actividades no contribuyen directamente al desarrollo sostenible del turismo y es más que seguro que el próximo año, cuando entre en vigor la Ley, se verán casos de diversas casas de apuesta pagando menos tributos de lo que les corresponde.
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