Política
Ex viceministro Luis Espinoza: “Un sistema eléctrico no puede estar sujeto a los vaivenes de la naturaleza, un sistema eléctrico tiene que tener seguridad”
El especialista en el sector energético nos aclara que el proyecto de ley impulsado por el MINEM sobre las energías renovables, es una aberración jurídica. Además, señala que el país necesita un sistema eléctrico seguro.

Desde el Ministerio de Energías y Minas se viene impulsado un lobby en favor del Proyecto de Ley N° 4565, el cual viene siendo difundido con una falsa narrativa desde la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR). Esto es debido a que un puñado de empresas privadas buscan hacerles creer a los usuarios que las tarifas eléctricas bajarán inmediatamente con el uso de las energías renovables. Esto es totalmente falso.
Para comprender claramente el tema y no dejarnos engañar, conversamos con Luis Espinoza, quien fue ex viceministro de Energía y es un especialista en el sector eléctrico con más de 25 años de experiencia.
Espinoza nos aclara el panorama con detalle de lo que viene sucediendo en el sector energético. Además, sostiene que las energías renovables no aseguran el sistema eléctrico, debido a que se encuentra supeditado a los vaivenes de la naturaleza.
Aquí la entrevista.
¿Los proyectos de ley N° 4565, 3662 y 2139 provocarán que bajen las tarifas eléctricas?
No bajaría. En primer lugar, que digan cuándo bajaría. O sea, si bajaría yo te diría que sería recién en el 2026, no es mañana. Segundo, se habla del mercado regulado, pero ahí hay una falacia, porque lo que se pretende es que el distribuidor haga un nuevo contrato, es decir, sacar una nueva licitación. Pero si llamo a licitación y compro de más, quién lo paga, pues lo usuarios son los afectados. Comprar a largo plazo no es bueno, sobre todo si la tecnología está bajando de precio. Siempre pregunto, porqué hoy tengo que comprar una tecnología solar o eólica que dentro de cinco años va a costar menos. Eso ya nos pasó. En el 2010 sacamos una licitación y compramos solares a 200 dólares y hoy valen 30 dólares. Entonces, cuál es la premuera del Perú. Lo que tienen que darse cuenta es porqué el Perú está apresurado en eso, si Perú tiene otras tecnologías que son más baratas y no tienen ese problema de cambio de costos rápidos.
El proyecto de ley N° 4565 busca que a los nuevos contratos se le dé preferencia sobre los contratos antiguos ¿qué piensa de eso?
Eso está mal. Preferencia significa primero este contrato y después el otro, ahí se rompe cualquier regla. Cómo mediante una ley se va a crear eso, eso es una aberración jurídica.

¿Y por qué cree que esta aberración jurídica está siendo promovida desde el MINEM?
Esto es ilógico, si eso va al Tribunal Constitucional se lo tiran en la cabeza. Esto va contra el código civil, el código de ventas. O sea, ellos no se dan cuenta que el negocio de la generación es un negocio libre. Entonces, si un generador pactó con un distribuidor, el distribuidor está obligado a pagarle, y no hay que un generador es mejor que otro, eso no existe. Si un distribuidor va a salir a comprar no puede decir está compra que hago va primero, eso no lo puede decir ni el Osinergmin. Para mí lo que han querido hacer es ponerle una suerte de privilegio a este tipo de contratos perjudicando al resto.
Usted también ha asegurado que las termoeléctricas son las únicas que aseguran la energía y pueden responder a una energía constante y estable, caso que no sucede con las energías renovables. Explíquenos eso.
Lo que pasa es que las energías renovables están sujetas al clima, y eso se ve en cualquier momento. Podemos prender las máquinas, pero si no llueve no hay energía, lo mismo pasa con las eólicas, si no hay viento no hay energía o con las solares, si no hay sol no hay energía. Un sistema eléctrico no puede estar sujeto a esos vaivenes de la naturaleza. Un sistema eléctrico tiene que tener una seguridad. Es por eso que los sistemas en todos los países tienen térmica, aunque sea de respaldo, pero si lo ponemos de respaldo alguien lo tiene que pagar, y quién lo paga, pues el público.

Se entiende claramente que las energías renovables serían más caras y no aseguran el sistema eléctrico, pero parece que esto no lo entiende el presidente de la Comisión de Energía y tampoco lo quieren entender en el Ministerio de Energía y Minas ¿o tal vez ellos controlan el clima ya que no toman en cuenta lo que acaba de explicar?
No pues, para nada. El año pasado se ha demostrado, los costos marginales se han ido a las estrellas y las térmicas han tenido que responder, y todo porque las eólicas no produjeron energía, o sea, estaban al mínimo. Si usted mira las cifras esto fue en diciembre, pero aquí las térmicas nos han salvado, porque si no hubiera provocado un apagón, porque si no hay térmicas tenemos que apagar la electricidad. Es por esa razón que la térmica tiene potencia firme.
¿Desde su experiencia por qué cree que las energías renovables se vienen impulsando difundiendo falsa información?
Mire, creo que hay gente que quiere que se sigan haciendo las subastas y que el Estado compre estás cosas por adelantado y así asegurar su venta. Si esto fuera un beneficio al cliente que lo demuestren dónde está. Sucede que la realidad es que el sistema peruano está así porque no quieren hacer el gaseoducto. Nosotros ya hemos comprado centrales, en nuestros recibos ya lo estamos pagando los 2,000 megavatios que están en el sur. Ya son casi 10 años que estamos pagando eso y no lo usamos. Somos los más tontos, y lo único que necesitamos es llevarles el gas y con eso sí bajan los precios.
¿Para usted cuál sería la mejor propuesta viable actualmente en el sector eléctrico?
Mira, ahorita usemos lo que ya tenemos instalado para minimizar costos y tiempo. Esto significa que tendemos que hacer un gaseoducto al sur de 500 kilómetros, y para esto se llama a una licitación y lo construyen rápido y nos sale barato, y con eso nos da una holgura hasta el 2027, o sino, esperamos nuevas energías renovables más baratas. Lo segundo es que, si se quiere renovables, se necesita renovables de 24 horas y no renovables de 8 o de 12 horas, porque si no el problema se nos complica.

Además, usted en un video explicó que este proyecto de ley impulsado por el MINEM abriría las puertas a empresas especuladoras que incluso podrían terminar fugándose sin cumplir el contrato.
Claro. Lo que sucede que eso es lo que pasa, en un mercado siempre va a existir alguien que especule. Es decir, primero gana y cuando luego sabe que va a perder plata se va. Uno cree siempre en el largo plazo, porque con las ganancias de hoy uno pagará las pérdidas futuras, pero en realidad lo que pasa es que las ganancias se la reparten y la guardan, pero cuando apenas aparecen las pérdidas se fugan y dejan el problema a otro. Lo que hay que hacer es garantizar las cosas, ver y atajar a los especuladores, poner reglas bien firmes. Las mejores políticas son las que cubren varios sectores a la vez.
¿Usted percibe una especie de lobby en los que vienen impulsado esos proyectos de ley a favor de las energías renovables?
Sí, desde hace años están siempre haciendo su lobby. A mí muchas veces me han preguntado si estoy de acuerdo con las renovables, yo les respondo que sí, pero ahorita no es el momento para nosotros, ya que tenemos mucha más tecnología, o sea, más recursos. Chile no tiene recursos, Chile importa todo.
Para finalizar, ¿Cuál sería su mensaje para el presidente de la Comisión de Energía, Jorge Flores Ancachi, que tiene una extraña fijación por impulsar las energías renovables?
Primero, que se haga la pregunta cuál es el problema actualmente del país. El presidente del COES, César Butrón, ya lo ha dicho, el problema es que falta generación eficiente, y eso significa 24 horas. Sobre todo, en el sur, porque el sur el 60% de energía que necesita lo importa del centro. Si yo ataco al sur con energía de 24 horas, reduzco la importación que hace del centro y me libera generación acá en Lima, la cual la puedo seguir usando. Entonces, el secreto es atacar el sur donde se encuentra la demanda de las mineras, ese es el secreto. Cuando uno mira el sur y revisamos qué tecnología renovable tiene, pues una de ellas es la solar, pero la solar solamente trabaja en el día, no trabaja en la noche, entonces, no me soluciona las 24 horas.

Entonces, para usted la solución al problema es hacer el gaseoducto…
Así es, lo que falta en el sector del gas natural es hacer el gaseoducto. Entonces, señor viceministro de electricidad, el problema no es suyo, el problema es del otro viceministro que se llama hidrocarburos, ese señor no está haciendo nada. El problema que actualmente tiene el MINEM, es que se separó en dos lo que es electricidad e hidrocarburos. Los dos viceministros no conversan, no saben lo que el otro hace, y no saben que el gas natural y la electricidad tienen que trabajar juntos.
Existe un claro divorcio…
En mi época yo era el viceministro de energía y miraba las dos cosas, yo tomaba decisiones conjuntas, buscaba el beneficio común para el país en las dos cosas y no en una sola cosa. Yo he leído todos sus informes del MINEM y no tienen análisis, hablo de un análisis propio. Lo primero que tienen que saber es cuál es el problema que quieren resolver. Aquí también lo que pasa es que los congresistas quieren decir que han hecho una ley para mejorar, pero lo que no entienden es que no se necesita una ley.
Política
Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía
La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.
Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.
La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.
Política
Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio
Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.
¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?
Política
Congreso perverso: cuando la planilla se reparte entre familiares
Al menos 30 grupos de hermanos fueron contratados sin restricción. Mientras el país exige transparencia, en el Congreso se reparten puestos como favores políticos. Parlamentarios de bancadas como APP y Fuerza Popular han convertido la planilla estatal en un feudo familiar, contratando hermanos, militantes y operadores sin pudor ni mérito.

El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.
Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.
Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.
El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.
Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.
Política
Nuevo revés de ‘Porky’: Corte de los EE.UU. falla a favor de Rutas de Lima y ahora Municipalidad de Lima deberá pagarle cerca de 200 millones de dólares
Corte de Apelaciones del distrito de Columbia ratificó que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato firmado el año 2013.

Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.
Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.
“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.
Política
Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal
La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.
El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.
Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.
No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.
Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?
El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.
Política
‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030
La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.
En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.
“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.
Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.
Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).
Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.
Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.
Política
Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’
¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.
El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.
El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.
No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.
La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.
En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.
Política
Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses
La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.
La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.
La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.
Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.
El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.
-
Política5 años ago
Las licencias de Benavides [VIDEO]
-
Política5 años ago
La universidad fantasma de Benavides
-
Actualidad5 años ago
Richard Swing: «Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad»
-
General5 años ago
Dan ultimátum de 48 horas al presidente Sagasti para derogar Decreto que atenta nuestra Soberanía Nacional
-
Política4 años ago
Altos oficiales de FF.AA a través de comunicado exigen la salida de Jorge Luis Salas Arenas
-
Actualidad2 años ago
Carlos Alcántara: «Crees que voy a pretender hacer una película como Tarantino. Hay que ser huev… para pensar que voy a querer algo así»
-
Cultura5 años ago
MINISTERIO DE CULTURA PAGÓ 175 MIL SOLES AL CANTANTE RICHARD SWING
-
Cultura4 años ago
«Es que somos muy pobres», por Juan Rulfo