Se suma otro ministro a la defensa del prófugo de la justicia, Nicanor Boluarte Zegarra. Esta vez, el titular de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) Julio Demartini, criticó la orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta contra el hermano de Dina Boluarte, por el caso “Waykis en la sombra”, y también evitó pronunciarse sobre el hecho que se encuentre en la clandestinidad y no ponerse a derecho.

Demartini aprovechó para responder que su opinión la emite como un “ciudadano común y corriente y también como un funcionario público”, pero no como miembro del Gabinete. Dicha aseveración genera cierta confusión y contradicción.

“Pero vemos un proceso que está siendo politizado, y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué lo digo? Porque el juez Carhuancho en la detención preliminar, el nuevamente dio una sanción con restricción de la libertad y la sala revoca esa decisión por algo fundamental. Porque el señor Carhuancho señala que el señor Boluarte no tenía arraigo laboral y la sala lo corrige”, sostuvo.

“Ayer nuevamente el señor, después que la sala ya lo ha corregido en la detención preliminar, ahora en la preventiva vuelve a utilizar elementos que ya han sido corregidos por su superior”, añadió el ministro Demartini.

Con respecto a su paso a la clandestinidad, el ministro Julio Demartini no quiso opinar y solo se limitó a decir que Nicanor Boluarte “tomará una decisión adecuada”.

“No puedo opinar porque él tomará sus decisiones. Son decisiones personales de las cuales no me voy a pronunciar. Cada uno asume sus decisiones. Imagino que el señor Boluarte está meritando. Si estoy viendo nuevamente que me están perjudicando en mi libertad, él tomará una decisión adecuada. No voy a opinar al respecto”, indicó.

Asimismo, afirmó que la prisión preventiva contra Nicanor Boluarte “no tiene explicaciones técnicas” y será usado para afectar políticamente a la presidenta Dina Boluarte.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas. Pasan a ser un coro en el campo político que dice ‘presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado’ y eso no es así”, culminó el titular del Midis.

El Gobierno se encuentra en su peor crisis, tras la situación penal del hermano presidencial y prófugo de la justicia Nicanor Boluarte Zegarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo no ha habido un pronunciamiento formal respecto a esta situación. Y quien nuevamente tomó la posta para fungir como “abogado defensor” de la mandataria, ha sido el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien, tras ser consultado por la prensa sobre el imputado hermano de la jefa de Estado, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventiva y ordenaron su inmediata captura, cuestionó y desacreditó un mandato judicial impuesto por el juez Richard Concepción Carhuancho.

Asimismo, Adrianzén, pese a ser abogado y conocer perfectamente, qué implica el no ponerse a derecho ante un mandato judicial, e incurrir en una obstaculización a la justicia, él minimizó la situación de clandestinidad de Nicanor Boluarte y su actual condición de prófugo de la justicia, y apenas mencionó: «seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final».

Asimismo, cuestionó la vinculación de Dina Boluarte con la presunta organización criminal que, según tesis fiscal, habría sido dirigida por su hermano mayor Nicanor, y que tendría como objetivo afectar la continuidad de su cargo de presidenta de la República. «Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia», aseveró disgustado el titular del Consejo de Ministros.

«Veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular y de insinuar que aquello existe (una posible relación entre Dina Boluarte con el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. Nosotros no podemos permitir esta idea de presionar para que renuncie; o de promover una vacancia. No tiene ningún asidero», añadió Adrianzén.

Además de ratificar que existe una supuesta judicialización de la política, Adrianzén habló de una “soterrada intención” para promover una presunta incapacidad moral que pueda llevar a su renuncia, o a una eventual vacancia presidencial.

“Nosotros no podemos permitirlo y creo en realidad que no solamente eso, sino que esta idea de presionar para que renuncie, o de promover una vacancia, no tiene ningún asidero. La señora presidenta constitucional está firme en el puesto, su liderazgo respecto al Poder Ejecutivo es indubitable”, culminó el premier escudero.

El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Ejecutivo, mediante el reciente Consejo de Ministros, aprobó el proyecto de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como Ley MAPE, que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia termina este 31 de diciembre.

Asimismo, y a pesar de las críticas de los cientos de mineros que se encuentran protestando en la avenida Abancay a inmediaciones del Congreso, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, aseguró que este jueves el Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento para su debate en la comisión del sector.

Ministro Rómulo Mucho le hace ‘propaganda’ al gobierno de Dina Boluarte y a la Ley MAPE

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, no pierde la oportunidad para indicar las bondades de la reciente Ley aprobada por el Gobierno. Y además, se dio tiempo para “resaltar” la supuesta disposición de la presidenta Dina Boluarte, para solucionar y poder formalizar a miles de mineros informales. 

«Con este proyecto de ley se evidencia que el Gobierno tiene interés de ordenar esta actividad porque se sabe que estaba pendiente la elaboración de la ley MAPE. La ley busca brindar asistencia técnica con tecnologías limpias, generar incentivo para la formalización, establecer zonas especiales y áreas exclusivas para estas actividades, con potencial minero. Establece procedimientos para la formalización, con las direcciones regionales del Minem», remarcó Rómulo Mucho en conferencia de prensa.

Como se recuerda, desde su implementación en 2017, el Reinfo registró cerca de 90.000 inscritos. Previamente, se advirtió que el registro fue empleado de manera inadecuada, facilitando el avance desmedido de la minería ilegal.

Mineros informales bloquean Panamericana Sur en Ica y Arequipa en desacuerdo con la Ley MAPE

Según informó Máximo Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, los mineros informales están en desacuerdo con la reciente aprobada ley MAPE y exigen la extensión del ‘Reinfo’ por dos años más.

Más de mil mineros informales mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 440 en la provincia de Nasca, en la región Ica, donde la fila de vehículos alcanza los 10 km, y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná, Arequipa. Los mineros informales que se encuentran bloqueando ambos puntos desde ayer, 20 de noviembre, exigen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera, porque este documento les permite trabajar en concepciones mineras de terceros, sin embargo, vence este 31 de diciembre.

Solo 2% de los registros que ha tenido el ‘Reinfo’ logró ser formalizado

Dicha cifra obedece a un análisis de Videnza realizado al Registro Integral de Formalización Minera, (Reinfo), que trata de difundir la intención de formalizar, pero sin resultados concretos.

La minería no formal, que comprende a la informal e ilegal, se ha convertido en la actividad que más dinero ilícito genera en el Perú; incluso mucho más que el propio narcotráfico, según lo reportan expertos en temas mineros. En tal sentido, según cifras estimadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la exportación de oro ilegal se multiplicó hasta por siete veces entre el periodo 2005-2023, y solo este año 2024 alcanzará el máximo histórico de US$ 6,840 millones, un crecimiento de 41%, respecto del 2023.

Mientras Japón abre sus fronteras sin visa a los peruanos, Perú ya tiene un TLC con Hong Kong, a su vez que ha llevado a su perfeccionamiento el TLC con China que permitirá el ingreso de diversas frutas a la China, un mercado de 1400 millones de consumidores. Fue esto lo que resumió el presidente del Congreso, Salhuana que puso como moción del día la comparecencia de los ministerios claves en esta APEC para dar resultados de esta cumbre.

Con mucho entusiasmo Salhuana mencionó el impacto positivo de la cumbre, como es la potencialidad de otras frutas peruanas como la castaña de Madre de Dios. También refirió en el pleno de hoy que que se ha declarado a Perú libre de fiebre aftosa lo cual cristaliza la posibilidad de exportación de carne de ganado vacuno.

«Considero de suma importancia que el Premier, el Canciller, el titular del MEF, el ministro de Agricultura y riego y el titular de Comercio Exterior, asistan al congreso y nos informen cuales son los acuerdos precisos y en qué manera beneficiarán al país en materia agraria, forestal, comercial, de turismo, etc».

La propuesta de Salhuana fue aprobada con 88 votos de aprobación. Los ministros habrán de presentarse este viernes 22 de noviembre a las 9am, a lo que parece una invitación sobre los resultados del APEC, pero que más podría ser una oportunidad para cercar al gobierno.

El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 8242/2023-PE, que propone otorgar una asignación especial mensual a los comandos militares que participaron en el exitoso operativo de rescate de rehenes, conocido como “Chavín de Huántar”.

La iniciativa legislativa fue aprobada en primera votación con 77 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones.

La congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, explicó que la propuesta establece una asignación especial mensual de 2,550.00 nuevos soles para cada uno de los comandos militares involucrados en el operativo.

Este beneficio no será aplicable a los comandos que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de un delito doloso.

Tudela destacó que los miembros de las Fuerzas Armadas son ciudadanos con una profunda vocación de servicio, dedicación y sacrificio por la nación.

«Su función principal es la defensa nacional frente a cualquier amenaza, tanto externa como interna», señaló. Agregó que, a menudo, esta labor implica comprometer la integridad física de los efectivos y poner en riesgo sus vidas.

«Están dispuestos a sacrificar su bienestar personal y su vida para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, asegurando así nuestra seguridad y el bienestar colectivo del país», expresó la parlamentaria.

Por su parte, la congresista Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, indicó que el objetivo de este proyecto es reconocer la valiosa labor de los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar, realizado con éxito el 22 de abril de 1997.

«La finalidad de esta asignación es reconocer las acciones de los comandos militares en el rescate de las 72 personas que se encontraban como rehenes en la residencia de la embajada de Japón», explicó.

Camones precisó que la asignación especial mensual no tiene carácter remunerativo, ni es transferible, ni pensionable, ni hereditario. Además, no está sujeta a cargas sociales.

A su turno, los congresistas Alejandro Soto Reyes y Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, de la bancada Alianza para el Progreso, manifestaron su apoyo al proyecto, destacando que esta asignación es un justo reconocimiento al sacrificio y valentía de quienes pusieron en riesgo su vida por defender a la nación.

El dictamen fue aprobado en segunda votación con 82 votos a favor, 18 en contra y 23 abstenciones.

Ya era hora que se den estos cambios en el Ministerio de Cultura. y como dice el dicho, “Zapatero a sus zapatos”. En tal sentido, la ominosa dinastía que impuso la exministra de Cultura Leslie Urteaga. ha sufrido un leve revés, debido a que al menos algunos funcionarios designados vienen siendo removidos.

La exdirectora de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Shirley Yda Mozo Mercado, es recordada por haber estado en medio de un escándalo que indignó a los vecinos del distrito de Jesús María en 2021, debido a la postura que ella adoptó en la Dirección General de Patrimonio Cultural del Mincul, a través de su respuesta formal, mediante la Resolución Directoral del Ministerio de Cultura (R.D Nº 000099-2020-DGPC/MC).

En aquella respuesta firmada por Shirley Mozo, ella apoyó el cuestionado proyecto de “Rehabilitación y Acondicionamiento” del Campo de Marte, impulsado por el exalcalde de Jesús María, Jorge Quintana y señalaba literalmente que dicho proyecto: “Mejorará las condiciones de habitabilidad y funcionamiento del espacio público dotándolo de servicios higiénicos, porque actualmente, el Campo de Marte no cuenta con estos servicios y los ciudadanos hacen uso indebido de las áreas verdes y especies arbóreas para sus necesidades fisiológicas”.

Como era de esperarse, los vecinos Jesusmarianos se indignaron, e inmediatamente desmintieron la respuesta de la entonces directora de Patrimonio Cultural Shirley Mozo.

Aquí, la publicación de una vecina de Jesús María, en respuesta a la carta de Shirley Mozo:

Según fuentes del Ministerio de Cultura, Mozo Mercado, también fue una de las protegidas de la exministra Leslie Urteaga Peña.

Finalmente, desde el 19 de noviembre esta señora dejó de dirigir y pertenecer al Programa Sectorial IV de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, según la Resolución Ministerial Nº 000417-2024-MC, donde se señala: “Aceptar la renuncia formulada por la señora Shirley Yda Mozo Mercado”. El documento lleva la rúbrica del ministro de Cultura Fabricio Valencia Gibaja.

El ministro Fabricio Valencia en las últimas semanas ha designado a cuestionados personajes para que se desempeñen en el Ministerio de Cultura, pese a que fue advertido. Asimismo, aún no renueva diversos cargos que han sido copados por personas provenientes de Sunedu e Indecopi, con la venia de la exministra Leslie Urteaga. Sin embargo, por lo menos ha removido a Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto, del cargo de Director de Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, mediante la Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC.

Como se sabe, este abogado fue designado por la exministra de Cultura Leslie Urteaga, en enero de este año y según la hoja de vida de Daniel Alfaro Navarro Reto, es un abogado con 20 años de experiencia en cargos directivos y en procedimientos administrativos de derecho de la competencia, protección al consumidor y procesos concursales. En esa línea, se desempeñó como Secretario Técnico en Indecopi, elaborando proyectos de resoluciones finales, de trámites y ejecutando acciones de investigación en materia de consumo.

Además, se desempeñó como director de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), gestionando la fiscalización y sanción a cargo de Sunedu. Y posteriormente, en su calidad de Director de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU, se dedicó a supervisar la gestión del Registro de Grados y Títulos, y supervisó la gestión de la documentación universitaria y los procesos de emisión de carné universitario, así como la Cooperación Internacional en materia de reconocimientos de grados y títulos.

Afortunadamente, el abogado Navarro Reto no va más en el cargo de Director General de Industrias Culturales y Artes del Mincul. ¡Se esperan más cambios!

Una acalorada Norma Yarrow logró convencer a sus colegas y se votó a favor la interpelación en el congreso al ministro de Justicia en cuanto a las acciones que [no] se vienen llevando en el tema penitenciario. Sin embargo, esto parece saber a medalla de plata en tanto el Ministro de Interior todavía elude el Congreso como el crimen a la justicia.

«Son 69 cárceles que han colapsado por hacinamiento (…) El sistema no funciona y tenemos un INPE totalmente corrupto, ni siquiera tenemos personal capacitado».

También se refirió a un informe de julio de este año de Defensoría del Pueblo el cual indica que se necesitan «construir 3 penales completos nuevos para 15 mil internos». A pesar de los pedidos al MEF de una asignación para presupuesto, tampoco se cumple.

Yarrow también mencionó un pronunciamiento que hizo el TC el 20 de mayo de 2020 acerca del tema de los penales, refiriendo que «si en el año 2025 no se consigue superar dicho de estado de cosas inconstitucional [el hacinamiento], se deberán cerrar seis establecimientos penitenciarios que han alcanzado mayores niveles de hacinamiento». Estos penales son Chanchamayo con una sobrecarga de 553%, Jaén con 522%, Callao 471%, Camaná 453%, Abancay 398% y Castro Castro 375%.

«¿Qué está pasando?», se preguntó Yarrow, «o el MEF no le está dando presupuesto o somos cómplices de que no exista la capacidad que el Ministerio Público pueda aplicar estas detenciones porque tenemos hacinamiento».

El pleno votó a favor 60 congresistas, siendo aprobada la moción de interpelación al Ministro de Justicia, Eduardo Melchor Arana. Siendo aprobado el ministro habrá de concurrir el 4 de diciembre a las 15 horas al congreso. A falta de un ministro de Interior, bueno es tener la cabeza de un ministro de Justicia.

No llegaron a un consenso. El Pleno del Congreso archivó, en segunda votación, el dictamen de reforma constitucional recaído en los proyectos de ley 2027/2021-CR, 2067/2021-CR, 2225/2021-CR, 2287/2021-CR, 2303/2021-CR, 2343/2021- CR, y 6375/2023-CR, que planteaba la reelección inmediata y por única vez de alcaldes y gobernadores.

La votación, que no estuvo excluida de puntos a favor y en contra, no alcanzó los dos tercios del número legal de congresistas siendo el resultado de 80 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones.

El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien señaló que la reelección es un incentivo para la buena gestión de gobernadores y autoridades locales.

En su artículo único, la propuesta planteaba modificar los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución Política del Perú, el cual señalaba que el gobernador regional es elegido conjuntamente con un vicegobernador regional, por sufragio directo por un período de cuatro años. El mandato de dichas autoridades es revocable, conforme a ley.

Además, podrían ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual período. El mandato de dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.

El dictamen también planteaba que los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro años. Podrían ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata. Su mandato es revocable, conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución.

Indicaba que los ciudadanos podrían ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos de alcance nacional o alianzas entre estos, conforme a ley. Tales partidos y alianzas concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica.

Durante el debate, hubo posiciones en contra y a favor de la propuesta. Los defensores de la reforma argumentaron que permitir la reelección inmediata beneficiaría la continuidad de proyectos y políticas públicas. “Los alcaldes pueden ser reelegidos para garantizar que las obras iniciadas no queden truncas por el cambio de gestión,” sostuvo un congresista.

En contraste, los opositores destacaron los riesgos de la centralización política. La eliminación de los movimientos regionales excluiría a más de 100 organizaciones inscritas o en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, se recordó que la prohibición de la reelección inmediata, vigente desde 2015, busca fomentar la alternancia en el poder. Aunque esta medida promueve la renovación de liderazgos, también ha sido criticada por limitar la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar proyectos de largo plazo.

Esta votación puede ser debate a reconsideración, requiriéndose el voto de más de la mitad del número legal de congresistas, según el artículo 58 del Reglamento del Congreso.