El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en conjunto con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ha impuesto un nuevo cronograma que obliga a cambiar las placas vehiculares emitidas antes de 2010, en una medida que ha sido duramente cuestionada por su carácter recaudatorio, arbitrario y desinformado. La disposición, que entrará en vigencia este 1 de junio de 2025, afecta exclusivamente a vehículos particulares de categoría I y sin categoría, como automóviles, station wagons, pick-ups, motonetas, remolques y remolcadores.

Un trámite costoso

Lejos de representar una mejora tangible en seguridad o control vehicular, esta exigencia se ha impuesto sin una campaña de información adecuada que alerte a los ciudadanos sobre los costos, plazos y procedimientos. La medida afecta a más de 350 mil vehículos solo en Lima, lo que evidencia su naturaleza masiva y su potencial como instrumento de recaudación antes que de ordenamiento.

Las placas antiguas –que solo tienen la sigla “PE” y carecen de la bandera peruana y del holograma de seguridad– deberán ser reemplazadas por nuevas versiones con esos elementos, además de una tercera placa adhesiva para el parabrisas. El proceso, que incluye el pago de S/ 26 a Sunarp y S/ 136 a la Asociación Automotriz del Perú, representa un gasto obligatorio de más de S/ 160 por vehículo, sin justificación técnica clara.

Desde el gobierno se argumenta que el cambio busca combatir la adulteración de placas, pero ni el MTC ni Sunarp han presentado evidencia que respalde que este sea un problema sistemático en el parque automotor. Peor aún, quienes incumplan con el cronograma –basado en el último dígito de la placa actual– enfrentarán multas de S/ 640 y la inmovilización del vehículo, en un castigo que parece más propio de una trampa fiscal que de una política pública bien planificada.

El cambio obligatorio de placas, sin estudios públicos y sin participación ciudadana, confirma que el Estado sigue tratando al ciudadano como una fuente de ingresos antes que como un sujeto de derechos.

Sí, lo está leyendo bien, Fuerza Popular, aquella bancada que incontables veces le ha salvado la cabeza a Dina Boluarte, ahora quiere hacer lo propio con sus representantes al presentar el Proyecto de Ley (PL) n.° 11306/2024-CR que busca modificar el Reglamento del Congreso agregando un artículo.

El PL ingresado el pasado 23 de mayo pretende que los legisladores puedan expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción”, en otras palabras, que se les permita realizar campaña política durante las semanas de representación que les quedan.

Fue el legislador de la bancada naranja, Arturo Alegría, quien viene promoviendo semejante disparate, argumentando que la intención de este proyecto es “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, pero olvidando que todos los congresistas deben de respetar el principio de imparcialidad y neutralidad al cual están sujetos.

“Los congresistas no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia, elegidos por sufragio directo y universal, y designados no como portavoces de una burocracia neutral, sino como voceros del debate político”, mencionó el parlamentario Alegría en su exposición de motivos.

Además de la bancada fujimorista, el proyecto tiene el respaldo de legisladores pertenecientes a Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia, pero no habría el consenso total.

De aprobarse ese PL, los congresistas podrían usar la semana de representación para realizar campañas a favor de sus colores o movimientos políticos, utilizando nada menos que los 2,800 soles que se les entrega cada vez que viajan al interior del país.

Nada éticos

Tal parece que los fujimoristas no han leído la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, lo que viene a ser el ‘ABC’ de todo funcionario al momento de asumir su cargo; es breve, conciso y fácil de entender, como para bruto.

En su artículo 7 se refieren al principio de Neutralidad: “Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones”. ¿Es tan difícil de entender?

En tanto, en el artículo siguiente, en su tercer numeral, se prohíbe: “Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos”. Más claro que el agua, imposible.

El propósito de esos principios es precisamente que los funcionarios (en este caso los congresistas) no hagan mal uso de los recursos públicos a favor de sus colores políticos o afinidad ideológica, empañando con ello alguna decisión que tengan que realizar dentro de sus funciones.

Se le sugiere al congresista Alegría, y todos los que firmaron ese PL, volverse a leer la Constitución Política y resaltar esta vez que todos los derechos NO son absolutos.

En los últimos años, el Ministerio de Cultura se ha convertido en una especie de caja chica de los gobiernos de turno, que por favores políticos meten a gente a fin a las distintas instituciones del aparato estatal.

Shirley Hopkins como locadora de servicios en el Mincul, terminó teniendo un sueldo privilegiado sin contar con titulo universitario. La señora mediante órdenes de servicio cobraba 10 mil soles mensuales. Solo en Mincul Hopkins Cerna acumuló contratos por la suma de 127,500 soles.

Tras el escándalo la Fiscalía Anticorrupción viene investigando las contrataciones a dedo. Además, la ruta de la investigación también se centra en la presunta relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia Gibaja y el supuesto uso del vehículo oficial para salidas privadas.

Desde el Ministerio de Cultura altos funcionarios han señalado que la Fiscalía debe revisar las cámaras de seguridad de la sede central y el registro de geolocalización de los vehículos oficiales con el que se traslada el ministro de Cultura.

Aquí más detalles de la nueva Richard Swing en el Mincul.

El abogado especialista en delitos de corrupción, Eduardo Herrera Velarde, se pronunció sobre el caso Shirley Hopkins, quien fue contratada en el Ministerio de Cultura presuntamente por mantener una relación sentimental con el ministro Fabricio Valencia. La locadora de servicio fue beneficiada con varios órdenes de servicio de 30 mil soles sin contar con título universitario.

Sobre el caso el abogado mencionó: «Lo que está detrás —y siempre lo he dicho— es que la corrupción no es un problema en sí, es el síntoma de algo más profundo que no queremos regular: una idea equivocada del poder. En el Perú, hay autoridades que se comportan como reyes absolutistas. Piensan que los fondos públicos son de su propiedad y se rodean de favoritas, argollas y bufones, repartiendo el dinero del Estado como si fuera su botín. No es casual que uno de los delitos más comunes en el país sea el peculado, que consiste justamente en apropiarse de los bienes que uno administra. Esto evidencia que estamos eligiendo mal y que nuestra democracia se ha convertido en una cleptocracia. Al final, pareciera que todos debemos resignarnos y adaptarnos”.

Además, sobre la señora Shirley Hopkins agregó: “Primero, habría que agradecerle —con ironía— la deferencia de haber renunciado. Pero si no fuera por la prensa, esto nunca habría salido a la luz. ¿Cuántos casos más estarán ocurriendo en este mismo momento en otros ministerios y entidades? Y ojo, aquí no se trata de pedir perdón o de arrepentirse. El delito ya se consumó. Hubo un favoritismo evidente, aunque no se haya generado un perjuicio económico directo. Lo grave es que seguimos en un ciclo: la prensa denuncia, la Fiscalía abre investigación, el Congreso cita, hay un allanamiento vistoso… y al final, no pasa nada. El proceso se archiva. ¿Cuál es la lección que queda? La impunidad. Este es un país sostenidamente impune frente a la corrupción”.

Si la Fiscalía comprueba la presunta relación sentimental entre el ministro y la locadora

“Estaríamos ante un posible delito de tráfico de influencias. Todo indicaría que se otorgó una contratación a alguien sin las calificaciones necesarias, con un cargo rimbombante para justificar un favor. El Estado se vuelve una oficina de ‘cajoneo’, donde se reparten títulos para ganar dinero fácil. Si se confirma el vínculo sentimental, más allá de la falta ética, el ministro tendría que asumir su responsabilidad y poner su cargo a disposición. Sería una nueva edición del ‘ministro del amor’”.

Sobre el presunto uso del vehículo oficial

“Sí, eso se conoce como peculado de uso. Aunque no tiene una pena muy grave —menos de cuatro años— el problema de fondo es otro: ¿qué estamos haciendo con el poder? No puede ser que se usen vehículos oficiales, con escolta incluida, para asuntos personales. Es irritante para cualquier ciudadano. Nos recuerda que en este país no importa cuánto te esfuerces o si cumples la ley: siempre habrá alguien por encima de ti, alguien con corona, como en una monarquía decadente”.

Aquí la entrevista completa en el podcast de Lima Gris

El Ministerio Público solicitó al Congreso reconsiderar su decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra por el escándalo del caso Rolex, denunciando graves irregularidades en el proceso legislativo.

Según la Fiscalía, el Parlamento cometió “graves vicios procesales” al declarar improcedente la acusación por presunto cohecho pasivo impropio. Boluarte habría recibido joyas, incluidos tres relojes Rolex, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores políticos y asignación de millonarias partidas presupuestales para su región.

En su pedido, el Ministerio Público solicitó que se declare nulo todo lo actuado en el Congreso y que se suspenda el proceso hasta que cese la ‘inmunidad presidencial’ que protege por el momento a Boluarte Zegarra y que está establecida en el controversial artículo 117° de la Constitución. “Solo así se podrá garantizar una actuación parlamentaria ajustada a Derecho”, afirmó la Fiscalía.

La crítica más severa recae sobre el momento en que se invocó dicho artículo constitucional. La Fiscalía calificó de “jurídicamente insostenible” que se haya recurrido al artículo 117° solo al final del procedimiento, cuando la denuncia ya había superado varias etapas en el Parlamento y nunca se objetó su tramitación.

“El Congreso no puede aplicar el artículo 117° según conveniencia política. Si realmente era un impedimento, el proceso debió suspenderse desde el inicio. Lo contrario configura un doble estándar y promueve la impunidad”, advirtió el Ministerio Público.

La Fiscalía ya había alertado de esta inconsistencia el pasado 18 de marzo, pero su observación fue ignorada por el Legislativo.

Congresistas blindadores

Los parlamentarios que integran la Comisión Permanente que votaron a favor del archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el ‘caso Rolex’, son:

Por Fuerza Popular: Patricia Juárez, Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Héctor Ventura y César Revilla.

Por Alianza para el Progreso (APP): Alejandro Soto, María Acuña Peralta y Lady Camones.

Por Acción Popular: Silvia Monteza y Wilson Soto.

Por Somos Perú: José Jerí y Héctor Valer.

Y por Honor y Democracia: José Cueto Aservi.

Casi de manera diaria una mujer acude a la comisaría a denunciar que fue víctima de violencia, sea de manera física, psicológica o verbal, siendo muchas veces ignorada por las propias autoridades de impartir justicia. Es así que más adelante puede ocurrir un crimen por feminicidio que bien pudo atenderse en el momento adecuado. Los casos en el Perú son espeluznantes y los perpetradores muchas veces son personas cercanas a la víctima.

Para ello, el Congreso de la República aprobó hoy la modificación de la Ley 30364, que busca fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Un aspecto a recalcar es que esta en esta Ley se otorgará un 10 % de la programación de los medios de comunicación destinado a una “franja educativa”, la misma que buscará sensibilizar e informar a la población.

A detalle con la “franja educativa”

En la modificatoria del artículo 46 de la Ley 30364, se detalla que los medios de comunicación televisivos, radiales, escritos, y de otras modalidades públicas o privadas, se encuentran comprometidos a destinar el 10 % de su programación o “parrilla” para que las instituciones educativas del Estado articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, puedan difundir contenido dirigido a toda la población para generar conciencia sobre cuando ocurre un caso de violencia familiar.

La congresista Mery Infantes, promotora de la modificación, destacó la importancia de utilizar los medios de comunicación como herramientas de cambio social, asegurando que, lejos de implicar una carga financiera, los medios de comunicación podrán beneficiarse mediante una reducción del canon por el uso del espectro radioeléctrico y electromagnético.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Ilich López, enfatizó que el acceso gratuito a la franja educativa no es una novedad, sino una aclaración de lo ya estipulado en las normas previas. Según el legislador, el enfoque del 10 % en contenidos que condenan la violencia de género es una reafirmación del compromiso de la ley original, donde la autonomía de los medios se mantiene intacta en lo que respecta a la elección de su contenido.

El dato:

El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para adecuar el reglamento y el texto único ordenado de la Ley 30364.

¡Casi se le salen los puntos de la cara! Tras la revelación en el dominical Panorama que la jefa de Estado, Dina Boluarte, habría solicitado que se le aumente el sueldo, furibunda fue su reacción cuando su asesora técnica, Carmen Giordano, le comunicó las malas nuevas, tanto es así que se escuchó un grito estridente, al mismo estilo que María Antonieta, reclamando “rodar las cabezas” de los responsables de filtrar tal información.

Cuenta la jefa de investigaciones del citado dominical, Karla Ramírez, que la chalhuanquina estalló en ira al enterarse que su solicitud para aumentarse el sueldo había salido a la luz, algo que ella prefería mantener bajo siete llaves hasta que se oficialice.

«El día 5 de mayo, cuando publicamos a través de las redes de Panorama y en 24 Horas el informe del Ministerio de Economía dando cuenta de la aprobación del aumento de sueldo, la señora Carmen Giordano […] su mano derecha y mujer de total confianza, corre hacia ella con el celular mostrándole la noticia», afirmó la periodista para Exitosa.

De acuerdo a las fuentes palaciegas de Ramírez, a Boluarte le tuvieron que alcanzar agua de azahar para tranquilizarla, y es que su solicitud estaba a un paso de debatirse en el Consejo de Ministros. Lamentablemente, ese informe periodístico terminó por arruinarle sus planes.

«Ese miércoles, 7 de mayo, se iba ya a aprobar en Consejo de Ministros, pero la noticia un poco que aguó la fiesta porque ya la gente reclamó y se hizo el escándalo que todos sabemos», expresó.

Boluarte quería “rastrear” al responsable de la filtración

Añade la periodista que Boluarte Zegarra se comunicó inmediatamente con su entonces premier Gustavo Adrianzén, exhortándole que se haga un rastreo digital para localizar al funcionario que tuvo acceso al documento del Ministerio de Economía.

«Ella en el enojo, entre el griterío, hace caer la taza. La taza se rompe, cae al piso y ella pide que llamen al premier, en ese momento Gustavo Adrianzén, y le dice textualmente, según nuestras fuentes y testigos de la escena, que rueden las cabezas de todos, que haya un rastreo digital de todos los funcionarios públicos que hayan tenido acceso al documento del Ministerio de Economía«, añadió.

Coincidentemente, una semana después, el titular del Ministerio de Economía, José Salardi, estaba siendo reemplazo, pese a que muchos gremios empresariales calificaban su desempeño de manera positiva. ¿Habrá alcanzado la furia de Boluarte hasta Salardi? En tanto, ni corta ni perezosa, la mandataria no tardó en responder estas acusaciones.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, negó tener una relación sentimental con Shirley Hopkins, la locadora de servicios mejor remunerada del Ministerio de Cultura en lo que va de su gestión. La polémica crece tras revelarse que Hopkins habría recibido múltiples órdenes de servicio por montos significativos, algunas de ellas firmadas durante la gestión de Valencia.

Desde Cusco, en declaraciones brindadas al periodista Néstor Larico de Nueva TV, el titular del Mincul intentó justificar las contrataciones. “Lo que hay que precisar es lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta el buen uso del recurso público. El monto exacto no supera los 100 mil soles”, afirmó, antes de aclarar que Hopkins no ocupó un cargo de confianza, sino que fue contratada bajo la modalidad de orden de servicio. “Las dos primeras órdenes fueron emitidas antes de que asuma como ministro”, añadió. Sin embargo, reconoció que hubo otras dos posteriores, aunque aseguró no haber tenido “ninguna participación” en dichas contrataciones.

Sobre el manejo de esos procesos, Valencia deslindó responsabilidades. “Yo no propongo montos, ni tiempos, ni absolutamente nada. La Fiscalía ya ha intervenido y se le brindará todas las facilidades. Esta servidora ya presentó su carta de desistimiento y dejó de prestar servicios al ministerio”.

Consultado directamente sobre su presunta relación sentimental con Hopkins, el ministro respondió: “Pueden especular una serie de cuestiones. Lo que nos importa es el manejo del recurso público. Si la pregunta es si tengo una relación sentimental con ella, la respuesta es no. No he tenido ningún tipo de relación sentimental con ella”.

Pese a sus declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación preliminar para determinar si existió tráfico de influencias o algún tipo de favorecimiento indebido. En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha anunciado que citará al ministro para que rinda cuentas sobre los contratos otorgados a Hopkins y la presunta utilización de un vehículo oficial para fines personales, otro aspecto que forma parte del expediente fiscal.

El caso reaviva el debate sobre el uso discrecional de las órdenes de servicio en el sector público y los riesgos de que estas se conviertan en una vía opaca para beneficiar a allegados o personas cercanas a altos funcionarios.

Aquí las declaraciones del ministro esta mañana.