El Gobierno designó hoy a Nicolás Díaz Sánchez como jefe Institucional del Archivo General de la Nación (AGN), en cumplimiento de la Ley de creación del Ministerio de Cultura y su modificatoria.

El nuevo jefe del AGN es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con un Máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental por la Universidad Carlos III de Madrid; además, se desempeñó como director de la Dirección de Conservación del AGN.

La medida se formalizó mediante Resolución Suprema N.° 013-2024 – MC publicada en el cuadernillo de las Normas Legales del diario Oficial El Peruano.

La Jefatura de esta entidad el órgano de mayor autoridad dentro de la entidad, y tiene la responsabilidad de dirigir y representar a la entidad, así como de gestionar el pliego presupuestal correspondiente, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2018-MC.

La resolución es refrendada por la presidenta de la Republica, Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja.

Como se recuerda, el pasado 28 de setiembre el Ministerio de Cultura (Mincul) dio por concluida la designación de Ricardo Moreau Heredia, esto de haberse constatado un movimiento irregular de traslado de documentos históricos.

En efecto, el 27 de septiembre en la mañana se reportó la presencia de un vehículo de la empresa Security International Moving (SIM) a las afueras del AGN, que intentó desmentir cualquier información sobre un posible traslado indicando que en realidad se trataba de un vehículo de una “empresa de seguridad”. Sin embargo, esto resultó ser falso, pues SIM es una empresa de mudanzas seguras.

Pese a ello, el 28 de septiembre el traslado fue realizado en camiones de la misma empresa. Ante ello, Ricardo Moreau fue denunciado ese mismo día por la presunta comisión de delitos de destrucción, alteración, extracción de patrimonio cultural de la Nación y omisión de deberes de funcionarios públicos, horas antes de ser destituido por el Mincul.

Tras el paro de transportistas que realizaron el último jueves 26 de septiembre, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, anunció que evalúan un nuevo paro nacional si el gobierno no presenta resultados reales en la lucha contra la incesante inseguridad en el país generada por la criminalidad. El dirigente refirió que se requieren respuestas inmediatas y efectivas ante la grave situación que enfrenta su sector de transportes y la población en general.

“Estamos dando una corta tregua, un corto espacio de tiempo para tener resultados”, aseveró Valeriano en Exitosa. Asimismo, indicó que los transportistas están agotados de escuchar promesas vacías por parte de las autoridades. “Esperemos que a través de este estado de emergencia no sea un saludo a la bandera, como ya ocurrió en otro distrito”, agregó, señalando la falta de acción concreta que ha perpetuado el clima de inseguridad en el país.

Valeriano crítica severamente la gestión de Dina Boluarte

Martín Valeriano expresó su descontento con respecto de la gestión presidencial de Dina Boluarte: “La presidenta Dina Boluarte tiene que efectivizar la seguridad de los peruanos porque el país se está sangrando”, manifestó, refiriéndose a la preocupante situación de violencia y criminalidad que enfrenta la ciudadanía.

“La presidenta piensa viajar a otros países y la Amazonía se está ardiendo. La presidenta está cantando ‘El gato Ron Ron’, preocupada por ella, no por la atención de los peruanos”, arremetió.

“Ni una muerte más a los transportistas, ni una muerte más, ni un atentado más a partir de hoy, porque nosotros vamos a salir a las calles nuevamente, pero ya vamos a anunciar un paro escalonado a nivel nacional por la vida, por la inseguridad que vivimos hoy, y porque todos tenemos derecho a la vida,” concluyó.

Ola de robos y extorsiones desbordada. No pasaron ni 24 horas y presuntos extorsionadores habrían incendiado una veintena de vehículos de transporte público dentro de un estacionamiento. La población se encuentra indefensa ante delincuentes que no dudan en apretar el gatillo solo para arrebatarles diez o veinte soles, y que además se sienten impunes cuando son atrapados, ya que a los días son nuevamente liberados.

El día de ayer, durante una conferencia de prensa, el premier Gustavo Adrianzén y demás representantes del Gabinete Ministerial anunciaron nuevas medidas para combatir la fuerte ola de extorsión que ya paralizó por primera vez casi la mitad de la capital.

En principio, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, mencionó que 12 distritos de Lima y Callao entrarán próximamente en estado de emergencia. Distritos como Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, así como en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, son parte de dicho pronunciamiento. Sin embargo, el titular del ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, añadió a la lista dos distritos más: uno es el Rímac y el último es Santa Rosa.

Asimismo, Santiváñez Antúnez detalló que el Poder Ejecutivo evalúa implementar el toque de queda en algunos de esos distritos declarados en emergencia por un plazo de 60 días.

“[¿Se podría implementar el toque de queda?] Sí, correcto, porque recordemos que un estado de emergencia es un estado de suspensión de derechos constitucionales…”, declaró para RPP.

El titular del Mininter precisó que se vienen realizando las “últimas evaluaciones” con base a un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP).

También dijo que se está determinando el horario en que regirá el eventual toque de queda, que se oficializaría a través de una publicación en el diario oficial El Peruano.

“Eso se está determinando en este momento. Hoy debe estar saliendo una publicación extraordinaria y todos los pormenores del estado de emergencia”, apuntó.

La ciudad del caos. Entre tanto descontrol, poca fiscalización, permisividad e impunidad, es ahí donde salen a relucir los que le gusta sacarle la vuelta a las leyes, los pillos, los que no encuentran obstáculos por parte de las autoridades de transportes.

Muchas de las combis que aún transitan por la ciudad cuentan con más de 30 años de fabricación, cubiertas hasta más no poder de papeletas, algunas de ellas destartataladas hasta el nivel de canibalismo, sin luces, con los asientos llenos de huecos, repletas de oxido y conducidas por choferes que en su registro cuentan con más de una decena de infracciones. Esos vehículos que más se encuentran para el chatarreo ahora son los que salen desde tempranas horas para desplazar a miles de ciudadanos que se han visto afectados por el paro de transportistas formales, consecuencia ello de otro flagelo como lo son las extorsiones.

Subirse a una de esos combis ‘piratas’ es la única alternativa para muchos de los pobladores para poder llegar a su centro de trabajo o lugar de destino, reflejando ello que también el sistema de transporte es un rotundo fracaso.

A propósito de esos vehículos vetustos, una combi oxidada ha sido detectada por RPP ofreciendo el servicio de transporte informal cerca al óvalo de Santa Anita. Lo más indignante de eso es que dicho vehículo acumula más de 100 mil soles en multas. Se trata de una combi blanca de franjas naranjas y azules, con placa W2L 725.

El vehículo cuenta con 12 papeletas entre muy graves y graves, acumulando más de siete mil soles por infracciones. Además, la página de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), indica que la combi tiene más de 103 mil soles en infracciones.

Queda más que evidente que no solo las extorsiones, los incendios forestales, la inseguridad ciudadana o las escasez de medicamentos son un serio problema que viene desconociendo desde hace meses el gobierno de Dina Boluarte, sino que a todo ello se suma un precario sistema de transporte.

De espaldas a la cruz. Qué cosa más aberrante para un padre o madre de familia es imaginar que un representante de Cristo en la tierra sea un depravado sexual disfrazado de sacerdote, teniendo muy de cerca a tantos niños inocentes que solo buscan seguir la verdadera palabra del Salvador; sin embargo, dentro de la propia Iglesia Católica, tan venida a menos desde hace ya varias décadas precisamente por esos vejadores de la conciencia.

A propósito de ello, el Sumo Pontífice ha expulsado a diez personas del Sodalicio, el movimiento eclesial fundado por el laico Luis Fernando Figari. El Papa Francisco adopta esta medida apenas un mes después de haber echado a su fundador. De esta manera, el Sucesor de Pedro sanciona al que fuera su superior general, a dos ex provinciales, tres ex formadores, dos ex miembros, un arzobispo y un comunicador.

Así lo ha hecho saber la Conferencia Episcopal Peruana a través de un comunicado, que explica que la decisión ha sido adoptada “tras valorar las defensas correspondientes a las denuncias que emergieron durante la ‘Misión Especial’” que el Sucesor de Pedro encargó al arzobispo de Malta, Charles  Scicluna, y al oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu.

Por todo ello, los obispos de Perú y el Papa hacen saber a través del comunicado que se muestran “entristecidos por lo ocurrido, piden perdón a las víctimas y se unen a sus sufrimientos”. A la par, instan a  esta Sociedad de Vida Apostólica a iniciar “un camino de justicia y reparación”.

Los 10 expulsados son:

– El ex superior general Eduardo, Antonio Regal Villa.

– El arzobispo emérito de Piura, José Antonio Eguren Anselmi.

– Los ex superiores regionales: Rafael Alberdo Ísmodes Cascón y Erwin Agusto Scheuch Pool.

– Los ex formadores Humberto Carlos Del Castillo Drago, Óscar Adolfo Tokumura Tokumura y Daniel Alfonso Cardó Soria.

– Los ex miembros Ricardo Adolfo Trenemann Young y Miguel Arturo Salazar Steiger.

– Y finalmente el periodista Alejadro Bermúdez Rosell.

El dato:

El Sodalicio, fundado en Perú en 1971 para formar intelectualmente a jóvenes “como soldados de élite en el ejército de Dios”, comenzó a recibir las primeras denuncias en 2011, cuando el tribunal eclesiástico de Lima analizó cuatro denuncias contra el fundador. Sin embargo, el verdadero estallido del escándalo se produjo en 2015, cuando los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, en el que se relataban los abusos cometidos por los miembros del Sodalicio.

Sin mucho tiempo de aviso, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) ha comunicado que, a partir de hoy hasta el 9 de octubre se implementarán restricciones de acceso a la Vía Expresa del Paseo de la República. Esta medida responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura vial, buscando optimizar la seguridad y el confort de los usuarios.

Los trabajos abarcarán la reparación de muros, pavimento y otros elementos esenciales para la seguridad vial. En su comunicado, la entidad detalló que las labores se llevarán a cabo las 24 horas del día, en un esfuerzo por minimizar el tiempo de cierre y así facilitar el tránsito en la medida de lo posible.

“Ante esta problemática, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), inicia desde este martes 24 una gran reparación para recuperar este importante corredor de 9 km, mejorar la transitabilidad y evitar los siniestros viales”, informó.

Durante el periodo de mantenimiento, se implementará un cierre total en un solo sentido de la vía, específicamente desde la avenida República de Panamá, en Barranco, hasta la avenida 28 de julio, en Miraflores. Este cierre es crucial para llevar a cabo la reparación del pavimento rígido y flexible.

La empresa ha hecho un llamado a los conductores a tomar precauciones y a planificar sus rutas con anticipación, ya que los desvíos estarán habilitados a través de las salidas de la vía hacia las rutas auxiliares y otras alternativas viales.

Emape también aseguró que “los trabajos se realizarán en horarios establecidos y se contará con la presencia de personal de seguridad vial para orientar a los conductores en los puntos críticos”. Esto es fundamental para garantizar que el tráfico fluya de la manera más eficiente posible durante las horas de mayor congestión.

Se recomienda a los conductores y ciudadanos en general que estén atentos a los anuncios oficiales y que consideren el uso de taxis, transporte público, o tomar sus precauciones para evitar inconvenientes durante este periodo de cierre.

La grave situación del transporte público y la creciente ola de criminalidad en Lima norte, en especial en el distrito de Ancón, ya alcanzó un punto crítico, debido a los constantes ataques y extorsiones que enfrentan las empresas de transporte formales.

Ante ello, el alcalde de Ancón Samuel Daza, expresó su preocupación por la falta de medidas concretas que no instaura el Ejecutivo frente a esta escalada de violencia. Según el servidor edil, la población de Ancón y otros distritos de Lima norte se encuentran entre los más vulnerables, ya que, un sinnúmero de los ataques se planifica desde los dos penales ubicados en su jurisdicción.

Pide urgente estado de emergencia en Ancón

El alcalde Daza también enfatizó la necesidad urgente de declarar en estado de emergencia a su distrito, no solo por los problemas del transporte, sino por la inseguridad creciente. En esa línea, mencionó que el ministro del Interior parece no comprender la gravedad de la situación, y que desde su pupitre afirma que la inseguridad es solo una percepción, cuando en realidad es una amenaza tangible para los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público y son extorsionados.

Asimismo, criticó la falta de infraestructura policial en Ancón, e indicó la urgencia de construir una nueva comisaría para atender el alto volumen de problemas de inseguridad que enfrenta la población. A pesar que se ha informado que la Policía Nacional (PNP) ha intensificado los operativos en Lima Norte, el alcalde Daza alertó que en Ancón no existe ningún cambio significativo.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, Martín Valeriano, anunció que este jueves 26 de septiembre realizarán un paro y una masiva marcha para exigir a los Poderes del Estado que intervengan y tomen importantes decisiones para el cese de las continuas extorsiones de las que son víctimas.

Valeriano indicó que las extorsiones contra los transportistas se han incrementado con el pasar de los años, y ante la nula acción del Poder Ejecutivo, exigen que de una vez las Fuerzas Armadas (FF.AA.) “tomen cartas en el asunto”.

“Esto ha venido incrementándose (…) Desde hace seis o siete años que tenemos este tipo de extorsiones hasta llegar a esta instancia ya con muertes (…) Por eso, exigimos que las Fuerzas Armadas tome cartas en el asunto y este jueves, 26 de septiembre, a las 7 de la mañana, nosotros hacemos un llamado a todos los transportistas a una marcha de protesta y a un paro”, declaró a Exitosa.

Al respecto, el presidente de ANITRA informó que la marcha tendrá como punto de inicio la Plaza de Acho y posteriormente se dirigirán hacia el Congreso de la República para expresar su malestar por la gran ola de extorsiones.

“No solo el transporte urbano, sino todos los transportistas formales (…) (Luego de) una sesión de consejo, se ha acordado tomar una acción con esta marcha de protesta en la Plaza de Acho a las 7 de la mañana para dirigirnos al Congreso de la República”, añadió.

Hace un llamado a todos los transportistas

Martín Valeriano hizo un llamado a todos los transportistas para que sumen a la cruzada para exigirle al gobierno de Dina Boluarte una rápida solución ante las extorsiones, que no solo afecta a choferes, sino a los ciudadanos diariamente.

“Yo invito a todos los hermanos transportistas a desplegarse a esta medida de fuerza por todos estos acontecimientos que se están suscitando en estos momentos (…), no solo con los transportistas sino con los ciudadanos que corren peligro”, concluyó.