Uno más a la lista negra de gobernadores regionales que han sido sentenciados, procesados, o vacados por actos de corrupción. Y es que parece ser que esa tendencia no va a cambiar a corto plazo si es que no existe una verdadera fiscalización en las obras públicas.

A cuatro años de cárcel efectiva fue sentenciado el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, junto a seis exfuncionarios (John Piero Dios Valladolid, Jimmy Alexander Pacheco Marchán, César Adolfo Morales Guevara, Juan Manuel Izquierdo Sanjinez, Miguel Alonso Flores Muro y Carlos Genaro Carbonell Baca). por el delito de colusión agravada, aunque el juez dispuso que la medida sea suspendida hasta que se ratifique en segunda instancia.

Fue el fiscal anticorrupción Elber Jonathan Rivas Céspedes el que con su investigación consiguió esta sentencia por las irregularidades en la licitación de una obra en el asentamiento humano Edmundo Romero de Zarumilla, licitada en el primer periodo gubernamental de Dios Benites por un monto de S/ 2´121,201.12. El caso está a cargo del magistrado Ricardo Luis Reátegui Herrera, del Segundo Juzgado Unipersonal de Tumbes.

En esta obra se detectó un perjuicio económico superior a los 11 mil soles, producto del pago de valorizaciones no justificadas. Según la tesis de la fiscalía, los acusa de la aprobación de adicionales de obra sin la justificación que establece la normativa de adquisiciones y contrataciones del Estado para ser consideradas como tal a la ejecución de la obra “mejoramiento de la infraestructura vial urbana del AA.HH. Edmundo Romero Da Silva y Cercado de Zarumilla”.

De esta forma, se habría construido pavimento flexible con carpeta de asfalto caliente de espesor de 5 centímetros, y pavimento regido con losa de concreto de 20 centímetros de espesor y con una resistencia de 210 kg/cm2., vulnerando las especificaciones técnicas, evidenciándose que como resultado de un proceso constructivo, las losas presentan un desgaste prematuro, fisuramiento y agrietamiento por asentimientos y/o inadecuada dosificación de concreto y su curado, diezmando su resistencia a la agresión de agentes externos, hechos que ocasionaron el pago al contratista de un monto injustificado ascendente a S/ 70,385,06.

Según un informe presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a través de su Unidad de Análisis de la Información, las regiones más afectadas por la corrupción fueron Cusco (203), Lima (196), Junín (162), Arequipa (152) y Áncash (149); recordándose casos emblemáticos en los que las autoridades regionales y municipales lideraron redes delictivas desde la administración pública, como ‘La Centralita’, referida a las acciones delictivas del exgobernador César Álvarez en Áncash; ‘Los Topos de Lima Sur’, instalados en la Municipalidad de Villa María del Triunfo; ‘Los Limpios de la Corrupción’, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo; ‘San Bartolo’, en la municipalidad del mismo nombre. A su vez el caso ‘Antalsis’, que involucra a los gobernadores regionales de Madre de Dios, Junín y Cusco; y, finalmente, el de Gregorio Santos, exgobernador regional de Cajamarca, acusado de liderar una organización criminal que benefició a empresas con contrataciones a cambio de favores económicos.

En la quincena de marzo del 2020, Eduardo Guzmán reunió a todos los trabajadores y en voz alta les dijo: “No se preocupen. A nadie se le va a despedir. Esta es una emergencia sanitaria y les garantizo que no se despedirá a ningún trabajador por no venir”. Su promesa fue un falso mensaje. Aquí los detalles sobre los despidos que viene ocurriendo en el canal del Estado.

¿Qué está pasando en el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú? han empezado los despidos masivos de varios profesionales con años de servicios debido a las decisiones de su actual presidente Eduardo Guzmán Iturbe. En plena pandemia los trabajadores se quedan en la calle.   

Asimismo, la cultura parece ser el peor enemigo de Guzmán porque se han cancelado programas culturales como Costumbres, que luego de 20 años salió del aire hace solo dos meses; lo mismo, sucedió con el programa de cine El placer de los Ojos, que luego de 20 años de emisiones, también salió del aire en el mes de noviembre, aunque esa decisión la tomó su conductor Ricardo Bedoya.

También, se acaba de levantar de la programación del canal estatal, el emblemático Presencia Cultural, un programa que permaneció en el aire 38 años; no obstante, cuando le preguntamos a Alonso Rabí por su salida de la programación, él se abstuvo de hablar y prefirió guardar silencio.

Así las cosas, volviendo al tema de los despidos, según nuestra fuente, Eduardo Guzmán en principio, tuvo previsto despedir a poco más de 20 trabajadores de forma sistemática; es decir, desde diciembre de 2020 y enero de 2021. Pero como la noticia se ha ido haciendo más notoria en redes, por el momento, se ha detenido la entrega de cartas notariales de despidos programadas para esta semana.

La carta de despido señala lo siguiente: “A fin de cumplir con las formalidades del caso, le agradeceremos efectuar la respectiva entrega de cargo y los bienes patrimoniales asignados con el superior jerárquico del área donde presta sus servicios. Finalmente, aprovecho la oportunidad también para expresarle nuestro agradecimiento por los servicios brindados a nuestra institución”.

Los despidos estuvieron planeados, por eso se ordenó renovar contratos CAS por sólo un mes a los trabajadores que serían despedidos. En esa línea, el plan era cursar dos a tres cartas por día, porque si se hacía de un tirón, podría generar más escándalo.

Se han despedido a poco más de diez trabajadores, entres periodistas, especialistas audiovisuales y otros, del régimen CAS y Temporal. Sabemos que al resolverse las modalidades CAS y los contratos Temporales, SERVIR no los considera arbitrarios. Sin embargo, lo que es inhumano y arbitrario, es despedirlos en plena pandemia y en segunda ola creciente, sin una causal grave, mientras la mayoría realizaba un teletrabajo. Muchos de ellos tenían más de 15 años de servicios en el IRTP; pero hoy los echan sin una razón justificada, ya que los despedidos no tienen procesos administrativos abiertos.

Incluso, la Federación de Periodistas del Perú se ha pronunciado al respecto y ha expresado su absoluto rechazo contra estos despidos masivos, por aprovecharse del Covid y presionar a los empleados al trabajo presencial, cuando el riesgo de contagio es inminente. Eduardo Guzmán y su Gerente de Prensa, Renzo Mazzei han impuesto su voluntad y han desacatado las leyes laborales que durante la emergencia sanitaria dispusieron que justamente se implementara el trabajo remoto tanto para el sector público, como para el sector privado como contingencia hasta que concluya la pandemia Covid; no obstante, los trabajadores más cercanos al entorno de Guzmán están protegidos y a los empleados estables no se les asignó teletrabajo y nunca se les presionó y por eso se pasaron toda la pandemia cobrando sus salarios íntegros, con gratificaciones incluidas, sin hacer nada.

Incluso, el exdecano del Colegio de Periodistas, Max Obregón Rossi manifestó lo siguiente:

¡Ni empatía ni respeto!

Eduardo Guzmán y Renzo Mazzei son dos periodistas que por esos azares de la vida cumplen función pública en el instituto Nacional de radio y Televisión. El primero es su presidente Ejecutivo y el segundo gerente de prensa. Aunque más de uno ha cuestionado sus competencias profesionales; lo cierto están allí por decisión del gobierno de turno. Que se hayan sucedido diversas administraciones gubernamentales no les mueve ni un pelo. Bueno, eso es lo de menos para ellos. Ahora para granjearse las simpatías de los moraditos y también para llevar a sus amigos, decidieron prescindir de algunas decenas de trabajadores contratados bajo régimen CAS, incluyendo varios del área de prensa que tienen más de diez años de servicios. Para ello, ya les cursaron cartas notariales e informado que solo laboran hasta fin de mes. No tengo duda que los afectados retornarán en algún tiempo por la puerta grande debido a que las leyes están a su favor. Indigna sí que se llamen periodistas solo por aplaudir como focas a sus domadores.

Aquí la respuesta de Eduardo Guzmán a la publicación en Facebook de Max Obregón Rossi.

¿Quién es Eduardo Guzmán Iturbe?

Ha sido dos veces Presidente Ejecutivo de IRTP. Las dos veces aceptó el cargo para reemplazar a Hugo Coya; la madrina de Guzmán fue Mercedes Araoz. La primera vez, en enero del 2018 cuando Coya renunció por su desacuerdo con el indulto que PPK brindó a Alberto Fujimori.

Posteriormente, Guzmán fue echado del mando de IRTP en mayo del 2018 por el expremier Vicente Zeballos, luego de censurar al congresista Edwin Donayre, quien fue invitado por el productor del programa político, Pepe Mariño, para una entrevista con Enrique Chávez. Aquella vez, Guzmán impidió a toda costa que entrevisten a Donayre y exigió al productor que le anuncie al propio congresista que ya no saldrá al aire. Ante ello, Donayre hizo un escándalo en redes denunciando el veto, porque, además significaba un atentado contra la libre expresión, el pluralismo del canal del Estado, y el derecho a opinar.

La segunda vez que Guzmán asumió como Presidente Ejecutivo, fue en diciembre de 2019, cuando el entonces ministro de Cultura Francesco Petrozzi echó a Coya irregularmente del IRTP. Petrozzi a pesar de ser ministro de Estado, simplemente, obedeció las ordenes de dos funcionarias del expresidente Vizcarra, Mirian Morales y Mónica Moreno, Secretaria General de Palacio de Gobierno y Jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, respectivamente. Desde ese momento Eduardo Guzmán asumió nuevamente la presidencia en diciembre del 2019, hasta hoy, en plena pandemia.

Un dato importante: En la primera reunión que Eduardo Guzmán tuvo con los máximos jefes del área de prensa en enero del 2020, él aseguró que el IRTP no tenía presupuesto por culpa de Hugo Coya, quien usó todo el dinero para la producción de la serie El último Bastión. Serie que acaba de ser anunciada en la programación mundial de Netflix. Sin embargo, Guzmán despreció esa producción hecha en casa estatal y se expresó en malos términos, de Coya y de la serie; afirmando, además, que no tenía rating. (ver twitt del 19 de enero, donde Hugo Coya celebra el éxito de la serie que será incluida en Netflix)  https://twitter.com/Hcoya/status/1351651812198256642?s=08

Luego, en el mes de noviembre de 2020, durante los escasos 5 días del gobierno de Manuel Merino, Eduardo Guzmán pretendió hacer creer a todos que renunciaría al cargo, luego de sondear que no lo querían, tras la asonada en las calles contra Merino, dijo que renunciaba porque estaba en desacuerdo con aquel gobierno; pero, cuando a los pocos días Merino renunció a la presidencia del Perú, Guzmán se hizo el loco, y como su carta no había cursado el trámite regular a las más altas autoridades, permaneció en el cargo. Al punto que el ministro Alejandro Neyra ni bien fue designado por Francisco Sagasti, lo ratificó prácticamente en IRTP.

Lo mismo, hizo su gerente de Prensa, Renzo Mazzei que también hizo su show y proclamó indignado a todos los medios que anunciaba su renuncia como gerente, porque no aceptaba al gobierno de Manuel Merino; sin embargo, nunca lo hizo. Es decir, se quedó calladito en los fueros de TV Perú, haciendo hora, hasta que luego de la renuncia de Merino, siguió orondo a las órdenes de Guzmán, hasta hoy.

Esa patética conducta, nos hace recordar el doble rasero del ministro del Interior José Elice que asume su responsabilidad política por las muertes de los trabajadores agrarios y que por eso él nunca se aferra a un cargo. Y en la práctica, se está aferrando al cargo y no se digna a renunciar.   

Diferencias entre Hugo Coya y el actual Eduardo Guzmán

Según nuestras fuentes de los predios de la avenida José Gálvez, en Santa Beatriz:

Hugo Coya: A simple vista, tiene apariencia de antipático y tiene un carácter raro. Es difícil verlo sonreír, porque es de rostro adusto; sin embargo, es un tipo honesto y muy profesional. Es directo y dice las cosas cuando no funcionan. No entra en mermeladas, ni arreglos. Un directivo fomentador de la meritocracia. Él pudo despedir a mucha gente inepta del IRTP y a otros opuestos ideológicamente, pero jamás lo hizo.

Coya ha conseguido para el IRTP convenios internacionales muy relevantes. Es un perfeccionista de la redacción. Crítico de la productividad del trabajador. Fomenta la capacitación permanente del periodista. Ha dado a todos los productores y asistentes de producción talleres sobre periodismo televisivo en su propio despacho; esa no era su función, pero él fue docente siempre. Consiguió que los errores en pantalla disminuyeran en un 96 %. Instauró autoridad en el IRTP, al punto que los amagues de corrupción disminuyeron.

Atendió a los trabajadores antiguos que ganaron hace algunos años un juicio laboral en el Poder Judicial, porque no les pagaban sus indemnizaciones ordenadas por el juez. En su despacho supervisaba los noticieros en vivo y ante una falla, llamaba de inmediato al switcher para corregir al productor de turno. Asimismo, sabe valorar a la persona y al mérito del trabajador.

Eduardo Guzmán: No es nada inclusivo; solo conversa con el entorno ejecutivo de su alrededor. Es un discriminador. Cuando volvió al IRTP, lo primero que hicieron excompañeros de Guzmán, fue llamar a muchos trabajadores de la empresa para que se cuiden de sus artimañas y que no crean en su palabra, porque nunca cumple lo que promete. Según nuestra fuente, nos relata que en la quincena de marzo del 2020 Guzmán reunió en el pool de prensa a todos los periodistas y en voz alta dirigió estas palabras: “No se preocupen. A nadie se le va a despedir. Esta es una emergencia sanitaria mundial y muchos tenemos que irnos a casa por nuestra salud. Les garantizo que no se despedirá a ningún trabajador por no venir”; y lo primero que ha hecho al finalizar el 2020 y al iniciar el 2021 es despedir a trabajadores del IRTP. “Hizo entregar cartas notariales de despido cuando el trabajador recibía su canasta navideña. Su personalidad es maquiavélica, fría, hipócrita y premeditada. Sólo ayuda a sus amigos. Por eso ha querido meter como sea al IRTP a su amigote Johnny Sánchez Sierra, ex periodista de Frecuencia Latina“, señaló nuestra fuente.

Finalmente, en medio de esto, el ministro de Cultura Alejandro Neyra no se pronuncia. Por fuentes sabemos que Eduardo Guzmán pretende perpetuarse en el cargo en el IRTP obedeciendo las órdenes del gobierno de turno.

No por algo, ha ofrecido toda la logística del IRTP y todos los noticieros para apoyar la campaña de Julio Guzmán y Martín Vizcarra. Eso significa: dar cobertura mediática, transmitir en vivo, e invitarlos al set a cada momento, no solo a Julio Guzmán y a Vizcarra; también a los otros candidatos del Partido Morado.

Eduardo Guzmán tiene el mismo apellido de Julio Guzmán y de eso hace alarde con los asesores del candidato Guzmán. El mismo alarde que hace el conductor Enrique Chávez, por su relación laboral en Caretas con Francisco Sagasti cuando fue columnista.

Todo indica que, con estos despidos masivos, Eduardo Guzmán pretende hacer una especie de lobby con el Partido Morado y con el de Vizcarra-Salaverry para, entregarles el canal durante la campaña electoral, a cambio de ser ratificado en el cargo en el nuevo gobierno, si es que ganan las elecciones.

Pero más allá de la decisión que ha tomado Eduardo Guzmán, habría que preguntarse ¿Quién le ordenó que realice aquellos despidos? Si tomamos en cuenta que la habitual dinámica de siempre, obedecería a órdenes desde Palacio de Gobierno y la PCM.

Nos comunicamos vía telefónica con el despacho de Eduardo Guzmán y su Gerente de Prensa Renzo Mazzei, pero no tuvimos respuesta.

Considerando que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha vulnerado su derecho de participación política para las próximas elecciones generales, el Partido Aprista Peruano (APRA) acordó en su último plenario virtual denunciar al ente electoral ante diversos fueros internacionales.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación política consideró que esta decisión se tomó sin “sustento legal electoral”, con el objetivo de “cancelar” su inscripción, por lo que se recurrirá a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que consideran la “vulneración” de su derecho a la participación política.

“Se acuerda denunciar al JNE por el veto político y discriminador al Partido del Pueblo, de negarle el derecho fundamental y constitucional de participación política, negando la inscripción de nuestras listas congresales por una simplista observación burocrática sin sustento legal electoral, con el objeto de cancelar nuestra inscripción partidaria”, se lee en el documento.

La empresa Luz del Sur en las misivas directamente exige a los directores del COES que se atengan al fallo de la Corte Suprema en su favor, porque de lo contrario serían sancionados con “una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

Como se sabe, la empresa eléctrica Luz del Sur que ha sido comprado por capital chino, viene buscando establecer un monopolio en el sector eléctrico. A pocos días para que el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) dé a conocer su propuesta de modificación normativa del sistema eléctrico, en acatamiento al fallo de la Corte Suprema, (que sorprendentemente resultó a favor de Luz del Sur) que ordenó reformular la regulación en el sector eléctrico, se filtraron la cartas amenazantes.

Los documentos filtrados por el COES pone en evidencia las presiones que ha venido ejerciendo la empresa Luz del Sur con la finalidad de obligar a los directores de tener una postura legal en la propuesta técnica que se viene desarrollando.

En una de las cartas enviada el 05 de enero de 2021 por Mile Cacic Gerente General de Luz del Sur, se hace una serie de exigencias respecto a que el COES debería regirse a la acción de amparo, donde a Luz del sur, empresa que ahora pertenece a los chinos, tendría que ser la única beneficiada.

Lo que resalta de la carta de Mile Cacic es el tono amenazante: “La desobediencia a las órdenes de la Sentencia generará también en los funcionarios del COES (tanto los miembros de su Directorio como los integrantes de la Dirección Ejecutiva) la responsabilidad penal, civil y administrativa correspondiente”.

No contentos con la primera carta, Luz del Sur insiste con las misivas. El 12 de enero del 2021 se les envió una carta a cada miembro del comité del COES, para hacerle recordar que mandaron una primera carta y que si no acceden a las presiones, se verán envueltos en forma directa en responsabilidad penal, civil y administrativa.

La respuesta del COES no se hizo esperar, de manera firme y haciéndose respetar le recordaron a Mile Cacic que ellos siempre actúan con imparcialidad e independencia total.

Además, señalan que no corresponde a Luz del Sur determinar la legalidad de la actuación del COES, ni pretender adelantar la forma en que el Poder Judicial o la autoridad administrativa se pronunciarían. Firmemente COES responde que es impertinente y fuera de lugar y el accionar de Luz del Sur puede ser considerada como una amenaza, práctica inaceptable en el entorno empresarial de nuestro país.

Realmente, es de pésimo gusto que en la antesala del inicio de la segunda ola del Covid, en lugar de tomar preocupación para destinar más recursos para camas UCI, oxígeno, e indumentaria para médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea, el despacho presidencial del gobierno morado del presidente Francisco Sagasti, se preocupe mayormente en contratos y adquisiciones con órdenes de servicios onerosos. Aquí algunos gastos del mes de diciembre de 2020.

Tal es así, que a través de Cueros Alexa SAC se adquirieron zapatos para damas y caballeros que trabajan en el despacho presidencial, a un costo de S/ 3,470 soles, según la orden de servicio Nº 626. Asimismo, adquirieron recordatorios de mármol, plaqué y vidrio para el reconocimiento de la labor de función… según la orden de servicio Nº 636, se pagó a Pisbert EIRL. S/ 17,020 soles por los recordatorios. También, se pagó S/ 8,572.3 soles (como 4to pago) a Quinto Damian Hermanos S.A.C. por suministrar bebidas gaseosas y rehidratantes para el stock del despacho presidencial. 

Al parecer, la opulencia del gobierno morado es parte de su política, a pesar que el país sufre una feroz crisis económica, porque solo en el mes diciembre, tal como se consigna en el portal de transparencia del Estado, se compraron tortas y cupcakes al estilo de “María Antonieta”, a la proveedora Jacqueline Ayme Jaico Díaz de Bernales, por un valor de S/ 31,419 soles, según orden de servicio N° 618.

No cabe duda que el gobierno morado cree que Palacio de Gobierno es el Palacio de Versalles, porque además pagó por el mantenimiento del Reloj Patrón ubicado en la vicepresidencia de Palacio, a pesar que por el momento no hay vicepresidente; no obstante, por dicho servicio se desembolsó a Juan Manuel Carlos Suarez S/ 7,475.3 soles, según la orden de servicio Nº 400. Asimismo, se pagó a Optical Technologies S.A.C. S/ 70,833.32 soles por servicio de acceso dedicado a internet, según la orden de servicio Nº 382.

Pero la austeridad parece no ser el emblema del gobierno de encargatura de Francisco Sagasti, porque según la orden de servicio Nº 631, han comprado equipos de audio para la Oficina de Comunicaciones por un costo de S/ 34,037.44 soles a la Distribuidora Perfection SAC. Cómo se engríe a este equipo que hasta hoy no la “hace” en la preparación del discurso somnífero de su jefe Sagasti.

Asimismo, otra extraña adquisición es la de bolsos de yute para el fortalecimiento del clima laboral a favor de los trabajadores del Despacho Presidencial, según la orden de servicio Nº 635 se pagó a Degalli EIRL un costo de S/ 13,158.6 soles. Escuchen bien… por bolsos de yute.

Lo que sí resulta insólito es lo que paga el despacho presidencial solo por alquiler de fotocopiadoras. ¿Acaso no pueden comprar una fotocopiadora nueva para obtener las copias que deseen? Lean bien. Solo por ese servicio en el mes de diciembre, mediante las órdenes de servicios N° 380 y N° 414, se ha pagado a Servicentro S.R.L. primero S/ 14, 224.07 soles y luego S/ 14, 493.3 soles, respectivamente; es decir un total de S/ 28,717.37 por solo un mes de fotocopias.

Asimismo, el despacho presidencial aprovechó para dotar de televisores nuevos a sus oficinas y compró a Walm Electronic S.A.C. cuatro LED de 43 pulgadas, a un costo de S/ 6,240 soles, según la orden de servicio N° 644. ¿Qué pasó con los antiguos televisores?

Observen cuánto gasta Francisco Sagasti en su equipo adicional de comunicadores

La población entera fue testigo de la tristemente célebre conferencia presidencial que brindó Francisco Sagasti hace una semana y por casi una hora. Lo cierto, es que en dicho discurso él dijo lo que dijo, pero no dijo nada… y los responsables de aquella preparación disertadora que dista de una clara comunicación política, es el nuevo equipo que el presidente por encargatura contrató.

Aquí, la relación de lo que gasta el despacho presidencial en los 7 nuevos comunicadores de Palacio, a pesar que el despacho ya tiene un staff de planta, que ahora se ha convertido en toda una sala de redacción, mismo canal de televisión.  

El despacho presidencial contrató a Sofía Manuela Escurra Taype para el servicio especializado en comunicación y protocolo, según la orden de servicio Nº357 por un costo de S/ 8,000 soles; a Yerko Díaz Martínez para el servicio de elaboración de la estrategia de comunicación, según la orden de servicio N° 358 por un costo de S/10,000 soles. A Alejandro Rigoberto Manrique Delgado para el servicio y elaboración de contenido digital para las redes sociales y ejecución de la campaña digital, según la orden de servicio N° 359 por un costo de S/ 6,000 soles; al redactor Carlos Enrique Huamancayo Bernedo en servicio de elaboración, edición, coordinación y envío de notas prensa, según la orden de servicio Nº 374 por un costo de S/ 8,000 soles.

Luego se contrató a Karen Silvana López Tello para que dé el servicio de diagnóstico y análisis relacionadas a las políticas públicas y proyectos de inversión, según la orden de servicio Nº 361, con un costo de S/ 10,000 soles. Asimismo, se contrató al médico Freddy Enrique Lozano Berrios para el servicio de vigilancia médica ocupacional del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según la orden de servicio Nº 362, con un costo de S/ 8,000 soles.  

Asimismo, se contrató a un equipo de disparadores de fotos, como José Ernesto Arias Lazo para el servicio de fotografía para actividades del SPR (Señor Presidente de la República), según la orden de servicio Nº 368 por un costo de S/ 7,500 soles; a César Abraham Fajardo Jordán para el servicio de edición de fotografías, según la orden de servicio Nº 369 por un costo de S/ 5,000 soles; y a Isaac Alberto Orbegoso Simarra para el servicio de producción fotográfica, según la orden de servicio Nº 370 por un costo de S/ 5,500 soles.

Un gasto grosero realizado por un gobierno de transición encabezado por el presidente Francisco Sagasti. Qué pasó con la austeridad en plena pandemia donde miles de peruanos siguen muriendo por falta de oxígeno, medicinas o atención médica. Es inaceptable en un país donde existen profesores con sueldo de hambre y mientras millones de pensionistas siguen luchando por recuperar su dinero. Basta de gobernar a espaldas del país.

Al parecer el líder del partido de APP piensa que el Perú es su chacra y continúa, a pesar de estar en plena segunda ola por el Covid-19, realizando congregaciones sin respetar el distanciamiento social y no respetar los protocolos de bioseguridad, en el norte del Perú.

Grande fue la sorpresa cuando la mañana de ayer efectivos policiales ingresaron a uno de sus locales en Piura, ubicado en la cuadra dieciocho de la avenida Grau, encontrando dentro de las instalaciones nada menos que al candidato presidencial César Acuña quien, al percatarse de la prensa y de los miembros del orden, decidió salir por la puerta posterior.

 “No pueden prohibir actividad política, esto es activismo político. Usted está excediéndose de sus atribuciones. Este es un pretexto y una herramienta política para que los otros partidos que sean contrarios al gobierno, al Partido Morado, no podamos hacer política”, manifestó uno de los seguidores del partido.

Según fuentes de Correo, tres asistentes pretendieron evitar que la Policía continúe solicitando que las personas abandonen el local.

Al parecer al señor Acuña no le interesa la vida de sus paisanos quienes no encuentran una cama UCI dentro de su región pues cabe señalar que Piura es una de las regiones con mayor incremento de casos positivos. Según la última conferencia de prensa dada por el Ejecutivo, la región presenta un nivel muy alto de contagio por coronavirus.

Pese a que sigue realizando actividades proselitistas, Acuña aún mantiene pendiente la resolución del pleno del Jurado Nacional de Elecciones en relación a la apelación presentada a fin de continuar en la contienda electoral.

César Ugarte Gil, el epidemiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señaló que el gobierno del presidente Francisco Sagasti debería hacer un análisis a profundidad sobre el porcentaje de los contagios que existen actualmente en Lima Metropolitana, debido al creciente número de casos de covid-19 y, por tanto, declararla como zona de riesgo muy alto.

Consideró, además, que debió tomarse en cuenta los posibles casos de reinfección, ya que, si una persona fue infectada de Covid, podría volverse a infectar y por tanto, ser una fuente de contagio que llevará el virus a múltiples personas.

“El problema con Lima, es que dentro de la misma ciudad hay situaciones diferentes; en cada distrito la aglomeración es distinta. Viendo lo que se ve en los hospitales, ocupación de camas UCI y solicitud de pruebas, no queda claro para varios de nosotros qué indicadores están usando para que Lima no esté en riesgo muy alto”, afirmó el especialista en un programa radial.

El epidemiólogo, que también es PhD en epidemiologia y Control de Enfermedades por la Johns Hopkins Bloomberg School of Publica Health de Estados Unidos, estima que se debe considerar y reevaluar la posibilidad de declaratoria de cuarentena en ciertas zonas de la capital, para no cometer el error que cometió Reino Unido con la ciudad de Londres, donde las autoridades se resistieron y no declararon cuarentenas focalizadas, y cuyo saldos de casos positivos de covid-19 crecieron de forma alarmante.

Asimismo, aseveró que la más afectada será la población más vulnerable, ya que el virus no afectará considerablemente a un 80% de la población; sin embargo, si se multiplica el número de pacientes que requerirán oxígeno y/o camas UCI, entonces el escenario se pondrá preocupante.

José Vega, congresista y vocero de la bancada UPP, anunció que en las próximas horas interpondrá una moción de censura contra el ministro del Interior José Elice, por su responsabilidad política en las muertes de tres jóvenes durante el paro agrario en diciembre pasado. Incluso, el propio Elice reconoció ser el responsable político de las muertes; sin embargo, no renunció al cargo, a pesar que difundió en los medios que “él no se aferraba a ningún cargo”. 

El legislador de UPP sostuvo: “En las próximas horas tendré lista la moción de censura contra Elice, por ser el responsable político de las muertes en el paro agrario. Él ya se presentó ante la Comisión Permanente, por lo que corresponde la censura. Ha demostrado una total incompetencia y falta de visión política para manejar un conflicto social tan delicado”.

Asimismo, aseveró que, hasta el momento, ya se reunió con los parlamentarios de Nueva Constitución (NC), Podemos Perú (PP), y Descentralización Democrática (DD), y, por tanto, ya cuenta con aproximadamente 15 firmas para la censura. El procedimiento empezó a cobrar solidez, tras la presentación del ministro Elice, la semana pasada ante la Comisión Permanente.

Otra de las razones por las que José Elice merece ser censurado en la cartera del Interior, según Vega, se debe a la tremenda inseguridad ciudadana y por la irregular destitución de 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) para beneficiar al actual Comandante general, César Cervantes.

El ministerio del Interior: “Ha provocado el resquebrajamiento institucional y grave daño moral a la Policía Nacional del Perú (PNP). Vino a decir a la Comisión Permanente que es responsable político pero que no renuncia. Eso resulta inaceptable”, añadió finalmente José Vega.

La moción de censura es una facultad que la Constitución le otorga al Congreso

Artículo 132.- Voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza

El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial.

Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros, o contra cualquiera de los ministros, debe ser presentada por no menos del veinticinco por ciento del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

 El Consejo de Ministros, o el ministro censurado, debe renunciar.

 El Presidente de la República acepta la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes.

La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación.