Escándalo en Essalud: Gastan millones en medicinas sobrevaloradas y de baja calidad
En EsSalud cuando se trata de engreír a sus trabajadores gastan un cuarto de millón de soles en una fiesta de fin de año. Sin embargo, malos funcionarios estarían utilizando el dinero de los asegurados para adquirir medicinas de baja calidad y a precios sobreelevados. Los más afectados son los pacientes oncológicos y de hemofilia.
Se presume que el Seguro Social de Salud, más conocido como EsSalud, es la entidad estatal que tiene el deber de brindar atención de calidad para el bienestar de millones de asegurados peruanos. Sin embargo, en las últimas décadas, EsSalud ha mostrado su indolencia con sus asegurados, quienes no encuentran medicinas, y apenas consiguen citas para ser atendidos y, cuando las logran, éstas se programan en los próximos meses. Asimismo, son maltratados por médicos, enfermeras y personal técnico y administrativo, como si trabajaran gratis, como si se tratara de voluntariado.
Pero algo peor que la mala atención de EsSalud, tiene que ver con una investigación realizada por el secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) doctor Santiago Vinces Rentería, publicada por Expreso y que pone en evidencia una red de malos funcionarios que, sospechosamente, realizan compras de medicinas a precios muy sobrevalorados, utilizando el dinero de todos los asegurados.
Secretario General del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), doctor Santiago Vinces Rentería.
¿Qué dice la presidenta ejecutiva, María Aguilar del Águila, ante esta información? ¿Estará enterada de estos actos ilegales?
Casos de hemofilia en EsSalud
La hemofilia es una enfermedad que consiste en dificultades para la coagulación de la sangre. Cualquier golpe o herida que sufran estos pacientes provoca un sangrado incontrolable. Esto se produce porque su organismo carece de un elemento que evita el sangrado y favorece la coagulación de la sangre, que en términos técnicos se denomina Factor VIII. Todas las personas tenemos este factor y, si sangramos, afortunadamente nuestra sangre se coagula. Pero, en el caso de los pacientes hemofílicos, estos tienen hemorragias incontrolables. Y EsSalud tiene muchos pacientes con problemas de hemofilia.
EsSalud compra pequeñas cantidades de medicinas para pacientes con hemofilia
Habitualmente, EsSalud compra el ‘Factor VIII’ (factor antihemofílico, proteína especial) y se lo entrega a los pacientes para que lo utilicen en caso de tener problemas de sangrado. Sin embargo, el Seguro Social debería contar con una planificación para programar la compra del ‘Factor VIII’; es decir, deberían saber cuántos pacientes van a necesitar esta medicina y esa información la tiene la institución, por lo que debería hacer una programación anual en función de la necesidad del ‘Factor VIII’ en los pacientes.
Entonces, como ejemplo, si los pacientes llegan a mil, deberían comprar alrededor de 200 mil unidades de ‘Factor VIII’ para todo el año y así no habría inconvenientes posteriores. Sin embargo, el problema de EsSalud es que compra el ‘Factor VIII’ en pequeñas cantidades, de a pocos. Por ejemplo, primero compra mil unidades, luego dos mil, y en otro momento cinco mil. De esa manera realiza las compras de manera fragmentada y por esa razón no logra atender la demanda total de los asegurados que padecen hemofilia.
Pero también existe un problema mayor. Y es que cuando EsSalud compra mil unidades en un determinado momento, las adquiere a 350 soles y si luego compra cinco mil unidades, paga 700 soles. Pero si luego adquiere diez mil, solo paga 500 soles y en lugar de hacer una compra general que satisfaga a todos los pacientes requeridos, la institución compraría en función del costo del producto y por ende, buscaría generar más ganancias para el proveedor. Con ese accionar, se sospecha que indirectamente se estaría beneficiando a alguien.
‘Factor VIII’ (factor antihemofílico, proteína especial) es un medicamento para pacientes que sufren hemofilia.
EsSalud varía los costos de las compras de medicamentos
Por ejemplo, en la última compra realizada por EsSalud, otro problema surgido tiene que ver con la calidad del producto ‘Factor VIII’, que fue importante, alrededor de 20 millones de soles. Sin embargo, la calidad del producto ha sido cuestionada por los propios pacientes. La entidad que dirige María Elena Aguilar del Águila, estaría comprando un producto de baja calidad que apenas ayuda al paciente con hemofilia, porque el efecto de coagulación que el producto debería generar en la sangre del paciente es pobre y este corre el riesgo de seguir sangrando. Por lo tanto, se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
En este caso el proveedor ganador fue ‘Medval Supplies’ de Estados Unidos con su producto “HemoRel” (un mes antes había señalado que no cumplía con la validación técnica) y también que el proveedor ‘Inmunipharma S.A’ de Panamá no cumplía con la validación técnica. En este caso la buena pro ascendía a 20 millones 680 mil soles.
La ecuación es como sigue: “Es como si una persona tuviera un producto ‘X’ y se presentara como proveedor en agosto del año pasado a EsSalud. El equipo técnico encargado de evaluar dicho producto llegó a la conclusión de que no era bueno, y simplemente esa persona no pudo venderle a la institución porque se lo rechazaron. Pero al mes siguiente, en septiembre se volvió a presentar con el mismo producto ‘X’, con las mismas características y en esta oportunidad sí le dieron el visto bueno”.
¿Las razones? Se cambió al equipo técnico que calificaba la calidad del producto ¿Y quién hizo el cambio? En este caso, el cambio lo hizo la autoridad de EsSalud. Es decir, la responsabilidad recae en la presidenta ejecutiva, María Elena Aguilar del Águila. No obstante, en agosto pasado una autoridad que está por debajo de la presidencia ejecutiva puso a los funcionarios Juan Pérez y Carlos García, quienes concluyeron que este producto no era el indicado. Sin embargo, al mes siguiente, colocaron a José Antonio Quispe Salcedo y a Martha Sierra, quienes, con el mismo documento, determinaron que el mismo producto sí era el indicado porque ser bueno. Al parecer, habría una acción dolosa para favorecer la compra de un producto de origen hindú y cuyo protocolo no garantiza que este sea de calidad. Se trata de la compra de Rituximab, por más de S/20 millones, un medicamento precisamente recomendado para pacientes con enfermades reumáticas y oncológicas.
EsSalud elimina a proveedor que cobra S/4 millones y prefiere al que pide S/8
Existe otro caso muy parecido donde se presentaron dos proveedores con el mismo producto. Un proveedor ‘X’ ofertó 4 millones de soles por 10 mil unidades (HANAI SRL), mientras que el proveedor ‘Y’ presentó el mismo producto por 8 millones de soles (Corporación KLD Perú SAC); es decir, el doble del precio de la propuesta anterior.
Corporación KLD Perú SAC presentó un producto por 8 millones de soles a EsSalud.
¿Cuál fue el resultado?
Eliminaron al proveedor que ofrecía 4 millones de soles y adjudicaron la buena pro al que cobraba S/8 millones. Es decir, terminaron pagando un sobrecosto de S/4 millones adicionales. Situación que está comprobada porque el proveedor perdedor presentó su denuncia ante EsSalud y contra la oficina encargada de realizar dichas compras para la institución, la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), que, en ese entonces, estaba a cargo de Jorge Isaac Suarez Riveros, actual gerente general de EsSalud.
¿Quién nombra al encargado de esta oficina? Nada menos que la presidenta Ejecutiva de EsSalud, la doctora Aguilar del Águila. Ella designa al funcionario responsable de las compras.
Cabe precisar que el CEABE no solo se ocupa de la compra de medicamentos, sino también de equipos y materiales médicos necesarios a nivel nacional. Aquí lo que se cuestiona, es que esta “central de abastecimiento” delega a los trabajadores de cada región la compra de medicamentos, lo que genera un sobrecosto debido a que no se realiza una economía de escala.
EsSalud pretende comprar un ‘robot cirujano’ de más de US$2 millones
El Seguro Social, EsSalud pretende comprar un robot para realizar cirugías de colon (intestino grueso). Para ello se formó un equipo técnico para realizar un estudio y evaluar los costos de estas cirugías. Dicho equipo ha llegado a la conclusión de que, si se utiliza el robot para realizar una cirugía determinada, el costo a pagar es de 150 soles. Pero, si se realiza la misma cirugía con los mismos resultados, sin la intervención del ‘robot cirujano’, el costo sería de 75 soles, es decir, se reduce significativamente a la mitad.
Robot para realizar cirugías de colon (intestino grueso), costaría a EsSalud más de US$2 millones.
EsSalud pretende comprar un robot que cuesta más de US$2 millones, al parecer, con el objetivo de abonar un costo mayor por las cirugías realizadas por el robot. De acuerdo al informe de Expreso, sorpresivamente, la presidencia ejecutiva liderada por la doctora Aguilar del Águila ha “descabezado” a la oficina donde funciona el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), removiendo a su jefe Juan Santillana Callirgos y colocando a la doctora Joshi Acosta Barriga.
Evidentemente, habría un sobrecosto y un interés por parte de las autoridades de EsSalud para adquirir el “robot cirujano”, cuya procedencia podría ser de Europa o Norteamérica. Sin embargo, algo que resalta el informe periodístico, es que dichos robots serían de tercera generación; es decir, pasados de tiempo y vigencia, considerando que actualmente ya existen robots de quinta generación.
No cabe duda, que OCI de la Contraloría General de la Republica debería iniciar una indagación en EsSalud con la finalidad de presentar un informe posterior, para determinar cómo se hicieron las compras de medicamentos y en caso se encuentren actos irregulares, se deberá iniciar los procesos sancionadores administrativos respectivos y/o penales, si acaso los hubiera.
Aníbal Torres asegura que Dina Boluarte y Keiko Fujimori planearon ‘caída’ de Pedro Castillo [VIDEO]
Según el expremier acusado por el delito de rebelión, la actual presidenta Dina Boluarte y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negociaron la salida del mandatario Pedro Castillo de la Presidencia de la República.
El expresidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres Vásquez, no tuvo reparos al referirse a la destitución de Pedro Castillo Terrones, de la Presidencia del Perú, y aseguró que, mucho antes del fallido intento de golpe de Estado, Dina Boluarte desde el Ejecutivo, y Keiko Fujimori, detrás del Parlamento, ya habían negociado su derrocamiento.
Torres Vásquez afirmó que él, sus ministros y otros allegados al gobierno de entonces, sabían que, en poco tiempo, el gobierno de Castillo llegaría a su fin. Esta aseveración la dio en una entrevista para ‘Pulso Informativo’; sin embargo, aclaró que la actual presidenta, en ese entonces titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estaba interesada en que tal acto se concrete rápidamente.
Según el expremier, Boluarte Zegarra habría pactado con Keiko Fujimori la rápida salida del exmandatario chotano. Y admitió que, pese a que ya tenía conocimiento de ello, reconoció que no intervino porque prefería tener cerca a Dina, a quien calificó como «enemiga», para evitar que la caída de Castillo ocurra pronto.
«Lo sabíamos. Sabíamos que estaba haciendo su negocio para derrocar a Pedro Castillo. No se podía hacer nada. Era la viceministra elegida. Y además, como enemiga, consideramos que era mejor tenerla cerca que lejos. Porque eso era incentivar más la caída de Castillo rápidamente. Nosotros sabíamos que teníamos que caer», concluyó el expremier.
El expresidente del consejo de ministros Aníbal Torres asegura que sabían que Dina Boluarte negociaba el derrocamiento de Pedro Castillo.
Sostiene que democráticamente no se podía hacer nada para impedir la caída del Presidente de la República. pic.twitter.com/gwqBoEpmkr
A la calle. A través de un comunicado suscrito por la Comisión Nacionalde Política del Partido Popular Cristiano (PPC), la agrupación dispuso la suspensión de la militancia a Fernando Cillóniz, dando así su condición de precandidato a la Presidencia de la República en representación del partido.
Bajo el título: «Reafirmamos nuestro compromiso con la ética y la honestidad», el PPC lamentó la revelación hecha por Cillóniz a un programa de televisión respecto de su relación laboral con empresas vinculadas a Odebrecht.
Eso —indicaron— «nos lleva a aceptar la suspensión de su militancia en el partido y a finalizar su condición de precandidato presidencial.
«Frente a las recientes declaraciones de Fernando Cillóniz, el PPC reafirma su compromiso indeclinable con la honestidad y la ética en la convicción de construir una sociedad verdaderamente intolerante a la corrupción, razón por la cual consideramos que nuestros militantes no pueden ser permisivos a ella incluso en sus actividades privadas».
fuente: 24 horas.
Las declaraciones de Cillóniz
En una entrevista que concedió en la víspera al canal Willax Televisión, Cillóniz reveló que es director de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., ambas de propiedad del consorcio Odebrecht, que tienen a su cargo la construcción, operación y mantenimiento del proyecto Olmos.
«Yo represento legalmente a las dos empresas que son de Odebrecht», indicó y agregó que su preocupación es que Olmos tenga agua.
Añadió que él ocupa el cargo de director independiente hace un año. «Yo he entrado hace un año, que se vayan los corruptos a la cárcel; (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», subrayó.
Con ellos no es la cosa. Luego de que el Poder Judicial (PJ) ratificara la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), aún se puede constatar que varios de sus locales continúan operando con total normalidad.
Según Rubén Ramos, secretario general del partido, los más de 100 comités partidarios siguen en funcionamiento, pues “todavía no hemos recibido una notificación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el cierre de los locales”. Aunque también indicó que la defensa legal de la organización ha presentado para revertir esta decisión del PJ.
“Los abogados que tiene el partido, después de declaración de ilegalidad en primera y segunda instancia, han presentado un proceso de casación excepcional. Yo pienso, no soy abogado, que la Corte Suprema aún no notifica al JNE de esta sentencia porque está por resolverse estos recursos”, afirmó en conversación con Panamericana.
fuente: 24 horas.
Durante el mes de febrero, el JNE ya había emitido un comunicado en el que indicaba que, por su parte, tampoco había recibido una notificación de parte del PJ para aplicar efectivamente la sentencia.
“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informa que, hasta la fecha, no ha sido notificado con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República que declara la ilegalidad de dicha organización política. Por ello, nos encontramos a la espera de la notificación para dar cumplimiento al respectivo fallo”, se lee en el pronunciamiento emitido el 12 de febrero.
Las consecuencias de la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. por parte del PJ también podría afectar a otras organizaciones que podrían estar interesados o al menos consideran la posibilidad de postular a Humala al Congreso, pues según indicó el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos podría correr la misma suerte que el partido sancionado.
Esto es debido a que, al haber sido declarado ilegal por tener un discurso antidemocrático, también se podría considerar que cualquier partido que pueda llevarlo al Congreso avala lo dicho por Humala, por lo que también estaría expuesto a ser denunciado y declarado ilegal.
Se quiere pasar de listo. Luego de que el ‘compadrazgo’ que tiene con los miembros del Tribunal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) decidieran anular una suspensión en su contra por pagar con dinero público un curso de posgrado en España, reincorporándolo nuevamente como presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), ahora el Órgano de Control Institucional (OCI) de la mencionada entidad lo acusa de haber utilizado de manera indebida un vehículo oficial del Estado para que vaya a dictar clases a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Sin lugar a dudas, Rafael Muente Schwarz no ha aprendido bien la lección, pues el mencionado informe del OCI indica que desde el 18 de marzo de 2024 hasta el 25 de setiembre de 2024, el chofer del vehículo asignado al presidente ejecutivo del Osiptel, retiraba el auto de la sede ubicada en la avenida Del Parque Norte 1180, en San Borja, lugar donde se ubica la oficina del funcionario, para llevarlo a la casa de estudios superiores para que dicte clases de derecho administrativo.
La revisión del cuaderno vehicular da cuenta de que, en la mayoría de los casos, la movilidad salía a partir de las 5 de la tarde y retornaba a la entidad fuera del horario laboral.
Al respecto, el conductor de la unidad reconoció que trasladaba a Muente hasta la universidad en San Miguel para el dictado de clases hasta las 8 de la noche, posteriormente, lo trasladaba a su domicilio en Surco.
Incluso, afirmó que el vehículo ingresaba al estacionamiento de la universidad y permanecía allí hasta que Muente terminaba de dar clases.
Otro dato no menor es que el conductor explicó los gastos que se realizaban por el concepto de caja chica, es decir, los gastos como la cena que debía pagar mientras esperaba al presidente ejecutivo del Osiptel, según la información difundida por el diario Correo.
“De lo manifestado por el chofer, se advierte que durante el período de marzo a setiembre de 2024 trasladó al señor Muente a la PUCP de lunes a jueves, todas las semanas (…)”, se lee en el informe.
De acuerdo con datos de la Oficina de Administración y Finanzas del Osiptel, los gastos efectuados por el chofer a través de la caja chica incluyen los conceptos de alimentación y movilidad fuera del horario laboral.
“Se puede evidenciar que los traslados al señor Rafael Muente por los días lunes, martes, miércoles y jueves, a la PUCP, para el dictado de clases, no se encuentran enmarcado con los objetivos de la institución o labores institucionales del Osiptel, por el contrario, estas corresponden a actividades particulares”, señala el documento.
Fuente: diario Correo.
Para el penalista Andy Carrión, lo descrito en el informe configuraría la presunta comisión del delito de peculado de uso, porque los bienes del Estado deben ser destinados únicamente para finalidades propias de la institución.
El delito mencionado tiene una pena de 2 a 4 años, además de la inhabilitación para ejercer cargo público.
“El informe constituiría un indicio relevante para afianzar la hipótesis del delito de peculado de uso. En ocasiones el OCI emite el informe y lo deriva a la Fiscalía para que ellos actúen según sus competencias”, indicó al citado medio.
Por su parte, el presidente de Osiptel manifestó que no utilizó el vehículo del Estado para una actividad recreativa o banal, sino para una actividad académica que es absolutamente compatible con sus funciones.
“Nosotros estamos 24 horas siete días a la semana al servicio de la institución. Yo en el auto hago aprobaciones, firmo virtualmente resoluciones y más. No es que mientras estoy yendo a la universidad, me desvincule a mis funciones de Osiptel”, dijo.
JNJ abrió proceso disciplinario contra presidenta del Poder Judicial
La titular del PJ, Janet Tello, deberá responder por presuntas faltas en su labor como jueza suprema tras la formalización del proceso disciplinario iniciado por la Junta Nacional de Justicia.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), mediante la Resolución 070-2025-JNJ, oficializó el inicio de un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en su calidad de jueza suprema. La medida también involucra a otros magistrados y podría derivar en sanciones severas, incluida la destitución. La resolución emitida por la JNJ establece que, además de Janet Tello, otros cuatro jueces supremos de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria serán investigados: Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano.
El caso, que tendrá como miembro instructor a Gino Ríos Patio (presidente de la JNJ), está relacionado a la labor de los magistrados durante su paso por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Resolución 070-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia.
Habrían cometido falta grave
Los magistrados tienen un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos por escrito. Según el documento, se les atribuye una presunta falta grave en la resolución de un caso de índole laboral. La decisión fue aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra dentro del pleno de la JNJ.
La JNJ argumenta que estos magistrados habrían incurrido en una falta grave al resolver un caso de carácter laboral en la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. El documento oficial cuenta con la firma del presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, y señala que el proceso se enmarca en los procedimientos disciplinarios establecidos para jueces supremos.
Días antes de la oficialización del proceso, la presidenta del Poder Judicial Janet Tello manifestó su preocupación por la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, y según su perspectiva, los procesos disciplinarios inmediatos están reservados para casos de extrema gravedad y deben resolverse en un plazo breve.
Asimismo, Janet Tello remarcó que su accionar siempre ha estado alineado con la Constitución y la normativa vigente. Asimismo, advirtió que esta decisión, en el actual contexto político, podría afectar la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes.
“En el Congreso existen 4500 trabajadores fantasmas”, denuncia Carlos Anderson [VIDEO]
Sus declaraciones se dan luego de que el Congreso dispusiera una medida para garantizar la asistencia en el trabajo de sus empleados. Sin embargo, el legislador afirmó que: «Hay mucha gente cobrando sin trabajar», y también denunció que existen 100 trabajadores en el área de comunicaciones del Parlamento.
El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez denunció que el Congreso mantiene en su planilla a 4500 «trabajadores fantasmas» que no cumplen con ninguna función específica y oficial.
El legislador aseguró en entrevista para Canal N, que, si todos los trabajadores del Congreso se juntaran en la Plaza Bolívar para que se les pase lista, saldría a la luz el gran número de empleados que en realidad no existen.
«Si convocamos a todos los empleados en la Plaza Bolívar y pasamos lista, veremos que no existen. Hay mucho fantasma aquí», aseveró.
100 trabajadores en el área de comunicaciones
Asimismo, Anderson Ramírez manifestó que la Oficina de Comunicaciones del Parlamento tiene al menos 100 empleados, pero que el resultado de sus trabajos no son equivalentes al número de los trabajadores. Además, sostiene que este problema es consecuencia de la falta de Fiscalización y asegura que el Congreso es el Poder del Estado con menor supervisión; y que por dicha situación se habría contratado a empleados sin funciones claras.
“El Congreso debería tener una presencia mediática potente, pero no es así. Nunca encontramos físicamente a estas personas. (…) «Si este equipo fuera real, el Congreso tendría una presencia fuerte en redes y medios, pero no es así», aseveró el legislador.
Congreso empezó a controlar asistencia de trabajadores
Las declaraciones de Carlos Anderson Ramírez se dan luego de que el Congreso dispusiera una nueva medida para garantizar la eficiencia en el trabajo de sus empleados. Por lo que, a través de un comunicado oficial, la Dirección General de Administración recomendó a los trabajadores que deben permanecer en sus lugares de trabajo durante toda su jornada laboral, con excepción de las autorizaciones previamente otorgadas.
Según el artículo 59° del Reglamento Interno de Trabajo, dejar el puesto de trabajo sin permiso se considera una falta disciplinaria, lo que refuerza el control sobre la asistencia y puntualidad del personal.
Solicita urgente auditoría externa
“Aquí no se trata de salir a cazar brujas, sino de aplicar sentido común y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos», refirió el parlamentario Carlos Anderson, e indicó que la Contraloría General de la República no estaría haciendo un correcto trabajo y, por ello, remarcó que se necesita de una urgente auditoría externa.
En #CuentasClaras, el legislador Carlos Anderson acusó que existen 4500 “trabajadores fantasmas” en el Congreso. Planteó una auditoría externa: "La Contraloría está pintada", consideró
Un puesto creado de la nada y un sueldo que todos le tendremos que pagar por leer comunicados al mismo estilo que el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Una información proveniente del diario El Comercio detalla que el coronel PNP en situación de retiro Carlos López Aedo percibirá 30 mil soles por ejercer como vocero del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, según consta en su orden de servicio.
Y es que el titular del Mininter había salido a decir anteriormente que desconocía el monto que iba a recibir el vocero/portavoz de su cartera, obviamente para no decir que López Aedo iba a ganar semejante cantidad de dinero.
Cabe mencionar que López Aedo ganará incluso más que el vocero presidencial, quien como jefe del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte se lleva mensualmente 25 mil soles por estar parado todo el rato mirando a la cámara.
Fuente: El Comercio.
De acuerdo a la documentación obtenida por el citado medio, las funciones del coronel en retiro incluyen la elaboración de presentaciones que resalten los logros del sector, intercambios de experiencias en materia de seguridad ciudadana con personalidades nacionales e internacionales, y contacto con medios de comunicación, en otras palabras y sin tanto adorno de por medio: un simple mensajero.
“Respecto al servicio de gestión y vocería de difusión, el proveedor realizará lo siguiente: doce presentaciones que contengan información de impacto sobre los logros del Sector Interior para su difusión en las redes sociales; doce acciones de intercambio de experiencias con personalidades nacionales y/o internacionales en materia de seguridad ciudadana, para su difusión en las plataformas digitales del Ministerio; y doce atenciones a medios de comunicación sobre solicitudes de información relacionadas con las acciones del Sector”, expone el documento.
La creación de este puesto ha llamado la atención, ya que no existe registro de un vocero oficial en ningún ministerio del país. No obstante, parece ser una medida desesperada ante la presencia de un ministro altamente cuestionado y una percepción pública desfavorable.
El dato:
Durante su carrera policial, López Aedo fue, entre otros cargos, jefe de Comunicación e Imagen de la PNP y jefe de Interpol Lima. Cumplió 37 años de servicio.
Pasó a la situación de retiro el último 1 de enero por renovación de cuadros, mediante una resolución ministerial suscrita por el propio Santiváñez.
Congreso: vuelven a presentar iniciativa para reelección inmediata de gobernadores y alcaldes
La bancada de Somos Perú, a través del congresista Luis Cordero Jon Tay, ha presentado el proyecto legislativo que permite la reelección inmediata de autoridades por un periodo único adicional.
El parlamentario separado de Fuerza Popular y que actualmente integra la bancada de Somos Perú, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, presentó el Proyecto de Ley N° 10343/2024-CR, que autoriza la reelección inmediata de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. El legislador, quien en octubre de 2023 fue blindado por la Comisión de Ética presidida por Diego Bazán, por archivar la denuncia en su contra por violencia contra la mujer, indicó que su iniciativa legislativa fortalecerá la democracia y dará continuidad a las políticas públicas.
Proyecto de Ley n.° 10343/2024-CR, que permite reelección inmediata de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales.
No es la primera vez que esta iniciativa legal pretende salir airosa en el Congreso. Como se recuerda, en diciembre del año pasado el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi aseguró que restablecer la reelección inmediata por un periodo adicional ayudaría a tener un sistema político «más estable y representativo», asegurando la continuidad de quienes lo merezcan.
Cordero Jon Tay en 2024 presentó proyecto de ley para que sentenciados por corrupción puedan postular a la Presidencia.
Sin embargo, la propuesta ha generado diversas críticas entre la ciudadanía, que en su mayoría considera que la norma se ha elaborado pensando únicamente en el beneficio de las autoridades regionales y locales, a quienes solo les interesa mantenerse en el poder.
De aprobarse la norma, modificaría los artículos 191° y 194° de la Constitución Política del Perú, que en adelante aprobará la reelección inmediata de las autoridades locales y regionales por un único periodo adicional.
«La presente ley tiene por finalidad fortalecer la democracia, garantizar la estabilidad en la administración pública y permitir la continuidad de políticas y proyectos de desarrollo local y regional, asegurando una representatividad más eficiente y coherente», se lee en el documento y pasaría a establecer que el gobernador regional, elegido conjuntamente con un vicegobernador regional por sufragio directo por un periodo de cuatro años, podría optar, de manera excepcional y por un único periodo adicional, a la reelección inmediata. El mandato de dichas autoridades sería revocable conforme a la ley.
Gobernadores felices con la medida
La iniciativa legislativa que ya fue debatida a profundidad el pasado mes de diciembre, ha sido ampliamente apoyada por las autoridades regionales. Como es el caso de César Acuña Peralta, actual Gobernador Regional de La Libertad, que aseguró que al no aprobarse «deja como gran perdedor al pueblo». Esto luego que el Pleno del Parlamento no llegara a acumular los suficientes votos para aprobar la norma.
«Como presidente fundador de Alianza Para el Progreso, lamento que el Congreso haya rechazado la reelección de alcaldes y gobernadores. Es injusto que se permita la reelección de congresistas, pero no de autoridades locales que demuestran resultados», expresó el popular ‘plata como cancha’ en su cuenta de X.