Descompaginados. La reciente designación de Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias ha ocasionado que la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) dé un grito al cielo debido a que la mencionada funcionaria se especializa en criminología y no cuenta con experiencia comprobada en el área de bibliotecología.

Es así que la ABP viene señalando, mediante un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a lo que sería una designación de una persona sin perfil idóneo para tan importante cargo dentro de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

“Hemos tomado conocimiento, con gran inquietud, la designación de la Sra. Keila Miroslava Garrido Gonzales en la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias y la Dirección de Gestión y Articulación de Bibliotecas. Es ALARMANTE que una funcionaria con una trayectoria profesional ajena al ámbito bibliotecario y cultural, especializada en criminología, ocupe puestos donde se necesita personal técnico con conocimiento del tema”, se lee en el pronunciamiento de hoy.

En efecto, según su perfil profesional, Keila Miroslava se dedica a la criminología, trabajando previamente para el Ministerio del Interior que en ese momento lo dirigía el exministro Vicente Romero.

La ABP espera una pronta rectificación por el bienestar y correcto funcionamiento de la BNP, respetándose esta vez la meritocracia y la experiencia requerida.

Llegó a nuestra redacción una carta notarial enviada por la señora Lita Aimé Verástegui Soto, excoordinadora de Incorporación y Desarrollo para la Oficina de Gestión del Talento, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) solicitando el retiro de la información publicada, concerniente a su persona, de una nota periodística publicada en nuestra web el 19 de junio de 2019, titulada: “Lita Aimé Verástegui Soto, denunciada por presunta estafa ahora trabaja en el Ministerio de Educación”, Según su comunicación, el contenido de dicha nota generaría, un perjuicio en su contra, tanto en el ámbito laboral, familiar y social.

Asimismo, la señora Verastegui Soto, pese a que no nos envió documentación correspondiente del Poder Judicial que corrobore lo que actualmente afirma, indica que el proceso penal que se le incoara en calidad de denunciada por el presunto delito de estafa en agravio del Banco GNB, fue declarada: “No ha lugar a la apertura de instrucción”, según manifiesta, mediante resolución del 16 de noviembre del 2023, por el Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, y que posteriormente, quedó consentida mediante resolución del 28 de diciembre del 2023, archivándose definitivamente los actuados.

Es preciso aclarar, que cuando la señora Verástegui Soto, en su misiva se basa en el inciso 6 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que reconoce su derecho, a que toda plataforma informática no afecte su intimidad personal y familiar. Debemos aclararle que la nota publicada en la cual se hace mención de su nombre, no tuvo el objetivo, ni mucho menos invadió su esfera íntima y familiar. Lo que se difundió en el informe periodístico fue considerado de interés público, toda vez que, en ese momento, ella se desempeñaba como una funcionaria pública y por ende tenía la condición de servidora del Estado; y, por tanto, la denuncia periodística era pertinente.

Asimismo, si bien, la señora Verástegui Soto también ha pedido la supresión de sus datos personales; es fundamental recordar que el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Peruana reconoce a toda persona el derecho a solicitar rectificación ante información que considere agraviante. No obstante, este derecho, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, debe ejercerse dentro de un plazo razonable. La doctrina jurídica y la práctica constitucional han establecido que dicho plazo no puede exceder los 60 días desde la publicación del contenido cuestionado.

En ese sentido, la Ley N.º 26847, en su artículo 2, establece que el derecho de rectificación debe solicitarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la difusión de la información. En este caso, la publicación data del 19 de junio de 2019. La carta notarial de la señora Verástegui Soto fue recibida más de 2,196 días después, es decir, tras 6 años y 6 días. Esta dilación supera ampliamente cualquier criterio de razonabilidad o vigencia del derecho que ahora pretende ejercer.

Por tanto, consideramos que dicho pedido ha caducado por inacción. De acuerdo con el marco normativo vigente y el principio de preclusión de derechos, ya no resulta procedente ningún pedido. La demora en su solicitud, además de carecer de sustento legal, debilita cualquier pretensión de afectación a la intimidad personal.

Conforme al principio de veracidad y responsabilidad que guía nuestra labor periodística, reafirmamos que Lima Gris actuó dentro del marco legal y ético que regula el ejercicio de la libertad de prensa. Ergo, la nota en cuestión constituye parte del archivo periodístico histórico de nuestro medio.

El Proyecto de Ley N° 4565/2022-PE, aprobado por el Parlamento busca modificar la Ley N° 28832, conocida como la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. El objetivo central del proyecto es impulsar la participación de las energías renovables (ER) en el mercado eléctrico nacional, facilitando su acceso y comercialización.

Según la Sociedad Peruana de Energías Renovables, esto permitiría acelerar la transición energética del país, abriendo la puerta a una mayor inversión en tecnologías limpias como la solar, eólica y biomasa. Según especialistas, esta medida no solo contribuiría a combatir la crisis climática, sino también a reducir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la seguridad energética del Perú.

En los últimos años, la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) ha consolidado su posición como actor clave en la promoción de inversiones en proyectos de energía. Entre los rostros actuales más visibles aparecen: Ricardo Tapia, presidente de la SPR (Grenergy); Juan Pedro Aramburú, vicepresidente de la SPR (Zelestra); y Raquel Carrero, gerente general de la SPR.

Con una ambiciosa cartera que supera los US$ 2 000 millones y más de 90 proyectos eólicos y solares por más de 20 000 MW en evaluación, la SPR trabaja decididamente por descentralizar la matriz energética. Por ello, la SPR continúa con su campaña para el ingreso de la tecnología verde.

Dentro del trabajo que viene realizando la SPR, destaca el impulso o ingreso de centrales RER en regiones como Arequipa, Moquegua, Ica y San Martín. Según datos de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, se espera cuadruplicar la capacidad solar con 1 773 MW adicionales para 2026, de los cuales Arequipa concentra más de 9 000 MW proyectados. San Martín y Marcona, aunque menos mencionados en cifras, forman parte del plan estratégico de diversificación del portafolio para llevar inversión y desarrollo sostenible a zonas fuera de Lima.

“Las energías renovables, tanto la eólica como la solar, son baratas y rentables”, ha señalado la SPR. También enfatizó que la combinación de fuentes renovables y almacenamiento “puede garantizar un suministro constante y confiable”. Además, agregaron que “aprovechar las energías renovables bajará tarifas eléctricas para millones”. Con el liderazgo de Ricardo Tapia y Juan Pedro Aramburú, la SPR sigue impulsando  el potencial solar y eólico del Perú, manifestando que “está entre los mejores del mundo”.

Recordemos que en mayo de 2025, la SPR eligió a Ricardo Tapia como presidente para el periodo 2025–2028. Tapia resaltó el reto de expandir la generación renovable en regiones como Arequipa, Moquegua e Ica, y la necesidad de corregir “distorsiones que impiden competencia justa entre tecnologías”. Bajo su liderazgo, la SPR impulsa un enfoque normativo robusto y una planificación descentralizada.

La SPR también ha planteado la creación de una agenda sectorial con enfoque descentralizado, vinculada a la planificación eléctrica territorial, permisos y acceso a terrenos, como también enfatizó Tapia.

Todo es bueno, pero sin exceso. Bienvenido el turismo, pero cuando se pretende explotar un lugar para sacarle el máximo provecho, sin tomar en cuenta su preservación y cuidados, todo lo que alguna vez fue motivo de orgullo se termina convirtiendo en un mercadillo donde todos quieren llevar agua para su molino.

Lo que viene ocurriendo en Machu Picchu no es reciente, pues ya desde hace varios años se viene denunciando que un excesivo aforo podría terminar destruyendo el legado de nuestros antepasados. Las quejas son recurrentes cuando se quiere ingresar y gran parte de ello lo tiene directamente el Ministerio de Cultura (Mincul), el cual está encabezado por el ministro Fabricio Valencia, quien no viene adoptando las medidas necesarias para el correcto ingreso de miles de turistas que vienen exclusivamente al Perú para conocer esa maravilla moderna de la humanidad.

A propósito de la lista elaborada por el portal Travel and Tour World, que ha colocado al santuario inca en la temible ‘lista negra’, pues consideran que “ya no vale la pena visitarla” debido a una serie de demoras al momento de acceder a la llaqta, distintos pobladores del Cusco han manifestado su indignación por lo que vienen realizando las autoridades del Mincul.

“Lamentablemente hemos llegado a esta situación por la culpa de nuestras autoridades. El ministro de Cultura y funcionarios acá en Cusco no han tenido la capacidad de solución para los problemas como el tema de las entradas de Machu Picchu”, comentó uno de los ciudadanos.

Municipio de Macchu Picchu en contra de ‘lista negra’

En tanto, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu ha salido a negar que exista una saturación al momento de ingresar a la ciudad inca.

La comunica distrital emitió ayer un pronunciamiento rechazando tales afirmaciones “por no corresponder a la realidad técnica, institucional ni operativa del sitio, sino a interpretaciones sensacionalistas de medios periodísticos que carecen de credibilidad”.

En los últimos puntos, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu destaca que mantienen la identidad cultural y experiencia auténtica.Exhorta a la responsabilidad informativa y considera que habría sectores internacionales que “motivados por fines comerciales o geopolíticos, intentan socavar la imagen de nuestro legado cultural, afectando no solo nuestra identidad, sino también el bienestar de las comunidades que dependen del turismo sostenible”.

Se ajustan a la nueva normativa. El Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) ha modificado oficialmente su guía de aborto terapéutico, reduciendo de 15 a 11 los supuestos por los cuales esta práctica está permitida en el país. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la violación sexual, la psicosis puerperal y el daño a la salud mental por malformaciones fetales como causales para aplicar este procedimiento médico.

La actualización fue publicada mediante la Resolución Directoral n.º 200-2025-DG-INMP/MINSA, que aprueba la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal”, en concordancia con la Guía Técnica Nacional aprobada por Resolución Ministerial N.º 486-2014-MINSA. Con ello, se deja sin efecto la anterior guía institucional aprobada por Resolución Directoral n.º 100-2024-DG-INMP/MINSA.

Según explicó la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), este cambio se logró tras un largo proceso de fiscalización liderado por su despacho. La legisladora señaló que el objetivo fue adecuar el protocolo del INMP a la normativa nacional vigente, eliminando lo que consideró supuestos “irregulares e inconstitucionales”.

“La guía del Materno Perinatal había sido flexibilizada indebidamente, permitiendo causales de aborto terapéutico que no están contempladas en el artículo 119 del Código Penal, como la violación sexual o la salud mental afectada por malformaciones del feto. Esto abría la puerta a abortos que no necesariamente se alineaban con la legislación”, afirmó Jáuregui de Aguayo.

La nueva guía establece que el aborto terapéutico solo procede cuando la vida de la gestante está en riesgo o cuando exista un daño grave y permanente a su salud, criterio que —según el despacho de la congresista— había sido omitido previamente, permitiendo que cualquier daño, incluso leve o transitorio, justificara el procedimiento.

Cuestionamientos

Desde el INMP no se muestran de acuerdo con la reducción, sobre todo cuando se dan casos de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, las cuales recurrían al aborto terapéutico. Sin embargo, son más los casos en donde el desconocimiento prevalecía, recortando la posibilidad del aborto legal.

Al respecto, Susana Chávez, exdirectora de Promsex, criticó la reciente modificatoria, recordando el caso de ‘Camila’, una niña indígena de 13 años que fue víctima de abuso. A ella no se le proporcionó información sobre el aborto legal y seguro.

El dato:

Entre el 2020 y el 2023, en el Perú se han reportado más de 167.000 embarazos infantiles y adolescentes. De todos estos, menos de 500 pudieron acceder al aborto terapéutico.

Parte de la informalidad que se vive en el país es el resultado de no escoger correctamente una carrera profesional. Cada vez se ven más personas ocupándose en otra cosa que no sea su profesión, terminando en ocasiones como independientes o encasillándose con el rótulo de “emprendedores”. Otras veces, la situación se torna más desalentadora, llegando a conformar a los denominados ‘ninis’, los que no estudian ni trabajan.

Existen varios factores para que cerca del 70 % de los jóvenes peruanos se equivoquen al momento de elegir su carrera. Así, puede mencionarse la frustración que sienten al no encontrar oportunidades laborales en su sector; o abandonar los estudios tras desencantarse de la carrera; o el hecho de haber escogido de manera poca planificada una larga y exigente carrera, ya sea por presión social o por complacer a sus familiares. Todo ello solamente termina en ver a miles de peruanos desperdiciando importantes años de su juventud.

A propósito de ello, un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo (MTPE) reveló que en el año 2022 se llegó a un 67 % de peruanos disconformes con sus carreras.

Tal cifra se puede ver en el grado de satisfacción personal en los centros de labores. Personas desmotivadas, desganadas, atrapados en una rueda de ratón sin posibilidad a beneficios o mejoras salariales, yendo solamente para cumplir.

Por otro lado, también existe la frustración de descubrir que no siempre se respeta la meritocracia, y por el contrario se imponen las designaciones a dedo o de confianza, algo muy recurrente en el sector público.

Tampoco se puede ignorar el hecho de que los jóvenes son atraídos por exorbitantes salarios, pero solo se conforman con realizar el mínimo esfuerzo. Al ver que sus metas económicas son lejanas, optan por abandonar la carrera a medio camino, buscando una vía menos complicada y exigente para obtener dinero.

Hace falta mayor planificación a la hora de elegir una carrera

Ante esta realidad, el MTPE está promoviendo iniciativas que fortalezcan la orientación vocacional desde la educación básica. Entre las propuestas se encuentra el fortalecimiento de plataformas de información, mejoras en el acceso a datos de empleabilidad por carrera y herramientas para ayudar a los jóvenes a identificar sus habilidades y afinidades.

Se busca, además, alinear la oferta educativa con la demanda del mercado laboral mediante diagnósticos sectoriales y coordinación con instituciones de formación profesional. Esto permitirá que los estudiantes cuenten con mayores elementos para tomar decisiones informadas.

El Ejecutivo ha señalado que una intervención temprana es clave para corregir este problema estructural que se refleja en la vida laboral de millones de peruanos.

El MTPE advierte que una elección equivocada tiene consecuencias económicas y sociales. Profesionales que no logran insertarse en su especialidad o que abandonan sus estudios por falta de afinidad generan pérdidas tanto para ellos como para el sistema educativo.

La falta de una de cultura planificación profesional es uno de los principales factores detrás de esta estadística. Muchos jóvenes toman decisiones apresuradas, sin conocer la realidad del mercado o sin guía adecuada.

No hay que ir tan lejos para tener registro sobre la manera tan denigrante en que era tratado el campesino en nuestro país. Aquel hombre oriundo, proveniente de los Andes, era considerado poco menos que una bestia de carga en las grandes haciendas de toda la costa del Perú. Vejados, humillados, explotados física y psicológicamente, tenían que agachar la cabeza y pedir permiso, extendiendo ambas manos, al gran hacendado. No estamos hablando que eso sucedía hace siglos, sino, increíblemente, hasta hace menos de un siglo.

El primer intento reivindicativo ocurrió cuando el presidente Augusto Bernardino Leguía estableció en 1930 el Día del Indio, pero tal fecha llevaba consigo una postura paternalista, donde el indígena seguía siendo considerado como un sujeto que requería de protección y tutela del Estado, y por ende continuaban bajo la sombra de los grandes señores terratenientes.

Varias décadas después, en 1969, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, ocurrió un verdadero trato hacia el hombre indígena. El ‘Taita’ impulsó lo que en los libros de historia es considerada la gran ‘Reforma Agraria’, la misma que consistía en transferir tierras a los campesinos, sin soslayar su importantísimo rol en la sociedad. Fue con el Decreto Ley 17716 que se reemplazó el término ‘indio’ por el de ‘campesino’, buscando así extirpar el término peyorativo de la anterior denominación, dotándole un significado más activo y protagonista al hombre de campo, sin excluir a los hombres de la selva y los migrantes, así como los descendientes de otras culturas. “El patrón ya no comería más de la pobreza del campesino”, pronunció Velasco Alvarado, pero su discurso quedó estancado en el tiempo.

Para las Elecciones Generales del 2021 se presentaba como candidato el profesor sindicalista y rondero Pedro Castillo, quien durante la segunda vuelta repetía que con él iba a llegar finalmente la segunda reforma agraria. Las personas creyeron en él, pues era la representación fidedigna de un hombre de campo, el mismo que usaba botas de hule y en una mano llevaba una hoz para trabajar en la chacra. “Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino”, profirió Castillo durante su primer mensaje a la Nación. La población ilusionada aplaudía hasta que le quedarán rojas las palmas de las manos, pero el tiempo pasó y esas mismas manos ahora hacían un puño en señal de indignación.

Pasaron los días y los meses y la tan ansiada reforma nunca llegó. Muy por el contrario, los costos de producción se incrementaron, pero no los ingresos para el agricultor, quien más adelante se sumó también a las protestas contra el chotano.

Hoy, 24 de junio, debería de celebrarse y no conmemorarse el Día del Campesino, pero lamentablemente poco se ha avanzado desde que el ‘Taita’ Velasco decidiera cambiar la realidad de miles de peruanos que son los que verdaderamente dan de comer a todo el país.

Con accesos viales deficientes, carencia en los sistemas de riego, poca valorización de sus productos, la nula o inexistente presencia del Estado en las zonas más remotas, donde es un milagro encontrar al menos una posta médica y que la misma tenga personal, hace que todo se convierta cuesta arriba para el campesino, que no ve un verdadero apoyo desde el gobierno de turno.

El cambio climático tampoco ayuda y cada año se ven friajes más prolongados o sequías que terminan destruyendo toda la cosecha. Sin una mayor participación del gobierno, con capacitaciones sobre las nuevas tecnologías, poco se puede esperar de una mejoría para combatir el efecto del cambio climático.

Mientras llegue un presidente, varón o mujer, que realmente camine al lado del campesino, este día solamente no pasará más allá de una conmemoración y un mensaje de reconocimiento por parte del Midagri y el Ejecutivo en sus redes sociales.

En el marco de las acciones orientadas a garantizar espacios seguros para los estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, entre el 1 de abril de 2024 y el 19 de junio de 2025, a 1031 personas (889 docentes y 142 trabajadores administrativos) que tienen condenas o procesos en curso por delitos como violación a la libertad sexual, terrorismo, homicidio, feminicidio, parricidio, entre otros. Estas personas ejercían funciones en 897 instituciones educativas públicas y 134 privadas en todo el país.

Del total, 163 personas con sentencia firme del Poder Judicial fueron separadas definitivamente del sistema educativo. Asimismo, 868 personas con procesos judiciales vigentes fueron separadas de manera preventiva, conforme a la normativa vigente.

El delito con mayor número de implicados corresponde a violación a la libertad sexual, con 868 personas (755 docentes y 113 administrativos). Le siguen los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, con 80 personas (67 docentes y 13 administrativos), y el tráfico ilícito de drogas, con 22 personas (18 docentes y 4 administrativos).

“El Minedu trabaja de manera permanente para identificar y retirar del sistema educativo a quienes representen un riesgo para nuestros estudiantes. Nuestro compromiso es claro: las escuelas deben ser espacios seguros y protegidos”, afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero.

La estrategia Escuelas Seguras es una prioridad del Gobierno de la presidenta de la república, Dina Boluarte, para garantizar aulas libres de violencia y asegurar la integridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Por ello, desde el primero de enero a la fecha se ha separado a más de 1819 docentes y personal administrativo con sentencia firme o procesos judiciales abiertos por delitos graves, como violencia sexual, homicidio y terrorismo, consolidando así una política firme y sostenida de protección a los estudiantes.

Adicionalmente, el Minedu mantiene bloqueados en el Sistema de Administración de Plazas a más de 2000 docentes denunciados por presuntas faltas muy graves, como violación sexual y terrorismo. Esta medida impide su contratación o nombramiento en instituciones educativas del país, como parte del compromiso del sector con la seguridad e integridad de los escolares.

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 29988, que establece medidas extraordinarias para separar del servicio a personal docente y administrativo implicado en delitos de terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas en instituciones educativas públicas y privadas.