Les cortaron el cable. Telefónica del Perú no podrá suscribir nuevos contratos con el Estado por un lapso de 36 meses luego de ser inhabilitado por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

De acuerdo a la resolución N° 3330 – 2023 – TCE del 17 de agosto de 2023, la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Telefónica del Perú con suspensión temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el estado por un periodo de 36 meses por los siguientes motivos:

Haber presentado documentación falsa e información inexacta ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de la adjudicación simplificada N° 16-2020 MTPE- 2- Segunda convocatoria para la “contratación del servicio telefónico de cobro revertido automático 0800 para el MTPE”.

La controversia surgió con la contratación de un trabajador que presentó información inexacta sobre sus grados académicos. El empleado había sido asignado a un contrato específico requerido por el Ministerio de Trabajo, pero fue removido por la compañía antes de iniciar el proyecto una vez constatada la falta en la que incurrió e incluso fue denunciado ante la justicia.

Según explicó la empresa en un comunicado la firma “cumplió con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad y (…) no se produjo ningún perjuicio para el Estado peruano”.  Es decir, el servicio de Movistar al Ministerio de Trabajo se cumplió al 100% y el ministerio dio su conformidad en su oportunidad. 

En este sentido, para Telefónica “la resolución expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE (…) resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos”.

El monto pactado con esta institución fue de 100 mil soles (poco más de US$ 27 mil), detalló Telefónica en el texto. 

Ante la inhabilitación, la firma española dijo -a través de un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)- que “esta medida no cuenta con los fundamentos adecuados que la sustenten por lo que se están evaluando las acciones legales a plantear con la finalidad de cuestionar la decisión”.

Y aclaró que “los contratos suscritos con las entidades públicas del Estado peruano que a la fecha se encuentran vigentes no se verán afectados y Telefónica del Perú S.A.A. continuará prestando los servicios contratados conforme a los términos pactados”. “Dicha sanción solo impide que Telefónica del Perú pueda participar en nuevos proyectos con el Estado”.

Finalmente, Telefónica tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir lo que ellos consideran una sanción desproporcionada.

Rafael La Rosa y Mateo Ruiz de Somocurcio, creadores de Amaru Superfoods, se unen a Paloma Derteano y su comunidad para presentar “Al Trono”, una nueva marca que busca revolucionar la salud digestiva en el Perú. Esta iniciativa forma parte de “Community Brands”, un conglomerado multimarca enfocado en la co-creación con el público y que proyecta un crecimiento de triple dígito para el 2024.

En una charla con los fundadores, se desvelaron emocionantes detalles sobre la marca.

“La alianza con Paloma Derteano es perfecta no solo porque es una persona increíble, con una comunidad realmente potente, sino también por su capacidad de tocar temas incómodos con mucho humor para hacerlos ligeros y fáciles de poner sobre la mesa”, comenta Rafael La Rosa.

La marca presenta como su primer producto una mezcla digestiva en polvo de 450 gramos, compuesta por ingredientes naturales como salvado de trigo, harina de nopal, harina de linaza, harina de chía y goma de tara, endulzada con Stevia.

La efectividad de esta mezcla ya ha sido validada por más de 1’200 personas en menos de 2 meses, habiéndose lanzado digitalmente a fines de junio del presente año a través de la plataforma multimarca “Community Brands”. “En los próximos 30 días Al Trono ya estará disponible en supermercados, y esperamos tener 4 productos en el mercado para el cierre del 2023, representando más del 15% de las ventas totales del holding” nos cuenta Rafael.

Esta nueva marca representará una adición muy importante al portafolio de “Community Brands”, siendo la primera marca que acompaña a Amaru Superfoods dentro del mismo.

La visión de “Al Trono” va más allá del producto inaugural. Se están desarrollando productos en distintas categorías como galletas, pan, pre mezclas, y más, para brindar una solución integral a los problemas de estreñimiento.

“Venimos trabajando de la mano de los mejores influencers hace más de 3 años y ahora estamos llevando esas relaciones a un siguiente nivel, trabajando con ellos y sus increíbles comunidades para darle vida a marcas que con productos disruptivos en distintas categorías nos permitan seguir llevando felicidad a todos los hogares que podamos. Los invitamos a conocer nuestra nueva plataforma https://communitybrands.pe/“, finaliza Mateo Ruiz De Somocurcio, co-fundador de Community Brands.

De acuerdo con el banco Interbank ‘los consumos de las tarjetas de débito han sido duplicados’, lo que ha ocasionado la falla, asegurando que “todos los saldos están seguros”. De esta manera, la entidad financiera ha respondido a las críticas que se han propagado este fin de semana luego de que múltiples personas reportaran que sus saldos aparecieran en cero, causando gran preocupación en sus finanzas.

“A nuestros clientes: Hemos detectado que los consumos con tarjetas de débito del día 12/09 han sido duplicados en algunos casos y podría afectar temporalmente el saldo de sus cuentas”, señala la empresa.

“Les garantizamos que sus saldos están seguros y que estamos trabajando para revertir esta situación en el breve plazo”, añade. “Lamentamos los inconvenientes ocasionados”.

Tras los primeros reportes del problema, Interbank señaló que iba a revisar caso por caso y pedía el número de DNI de los denunciantes en redes para obtener mayor información. Sin embargo, luego de casi 72 horas de reportado el incidente, los afectados aseguran que los problemas aún persisten, dado que siguen visualizando en sus cuentas de ahorros la ausencia de su dinero.

Debido a las críticas vertidas en el comunicado inicial sobre “el problema solucionado”, el mencionado banco compartió una aclaración sobre los consumos duplicados de tarjetas de débito y reiteró que el dinero de los usuarios “están seguros”.

“El proceso operativo ha sido solucionado. Sin embargo, en algunos casos, esta solución se verá reflejada en sus cuentas de forma progresiva en las próximas horas. Les garantizamos que sus saldos están seguros”, agregaron.

Respecto al primer comunicado de Interbank, ayer 17 de septiembre, en el que aseguraba que el problema se debió a los consumos duplicados con tarjetas de débito; Aspec consideró que dicho pronunciamiento es desconcertante en relación al problema denunciado públicamente por sus clientes. “Por varias razones, ha acabado generando más incertidumbre que tranquilidad”, refirió el gremio.

Al respecto expresaron su extrañeza porque un hecho ocurrido el 12 de septiembre sea recién informado el día 17, es decir, cinco días después.

“Queda en claro que la afectación de los saldos de las cuentas no es una mera posibilidad, es una realidad que se demuestra con la protesta pública de muchos usuarios a través de los medios sociales, las cuales han sido recogidas por los medios de comunicación”, manifestaron.

Ante ese contexto y por los persistentes reclamos, Aspec instó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que, en uso de sus prerrogativas, realice con carácter de urgencia una acción de supervisión en el referido banco a fin de determinar las responsabilidades y medidas correctivas que se requieran, así como también buscar un tipo de resarcimiento inmediato a los usuarios.

Enfatizó que lo sucedido no es un tema menor pues no solo se perjudica el derecho de los consumidores a recibir un servicio idóneo, sino que también se afecta negativamente al sistema financiero en su integridad, se genera desconfianza y se atenta contra la saludable práctica del ahorro.

Muchos negocios de comida durante la pandemia se vieron forzados a cerrar o tener que reinventarse ofreciendo sus productos gracias a aplicativos de delivery, sin embargo, sus ventas no alcanzaban para pagar a todo su personal. Los restaurantes, así como otros negocios del mismo rubro, se vieron en la encrucijada de tener que cerrar o subsistir hasta que den las fuerzas.

Esos dos largos años menguaron muchos negocios y pasada la pandemia muchos vieron la oportunidad de reabrir con mayor ímpetu y dedicación, pero otro obstáculo, y mucho más visible, hace que nuevamente se sientan vulnerables, y son precisamente los municipios que estarían colocando miles de trabas para su funcionamiento; a veces, exageradas.

Ante ello, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes viene tomando cartas en el asunto, llevando su reclamo hasta el Poder Legislativo, pues consideran que las medidas tomadas por algunos municipios no contarían con fundamentos.

Hace poco más de una semana se sancionó a un famoso local de comida, por más de 12 días, situación que puso sobre la mesa la problemática que vienen atravesando los empresarios de distintos rubros desde hace años y que se ha agudizado de forma escandalosa en los últimos tiempos.

“Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, todos sin discriminación alguna, nos vemos amenazados por una autoridad cuyo poder te pone en sus manos y tiene tu inversión, tus sueños y el sustento de miles de familias que trabajan en los locales día a día”, comentó José Luis Silva Martinot, representante del gremio.

Por estos motivos, hace unos meses desde el Congreso se viene promoviendo un proyecto de ley que puede lograr que esto se regule, a través de una norma que permita que el sector y todos los rubros trabajen sin estar bajo amenaza de un constante cierre.

Esta norma no quita a las Municipalidades su derecho a fiscalizar, sin embargo, sí regulará la potestad de clausurar locales por faltas administrativas menores o fácilmente subsanables.

Por su parte, varios alcaldes se han mostrado en contra de la actual norma, aduciendo que les quitan facultades, las cuales han venido perjudicando a miles de colaboradores de diversos locales.

En una reciente encuesta de IPSOS – Perú 21, ante la pregunta: “Recientemente se ha sabido que las municipalidades ponen multas muy altas para cerrar locales de fábricas restaurantes y otras empresas ¿Por qué cree que lo hacen?”. El 64% de los peruanos considera que las Municipalidades cierran empresas “porque las están extorsionando y quieren una coima para dejarlas trabajar”. Considerando esta respuesta es suficiente para entender la situación actual.

Todos los que cursaron estudios superiores o técnicos han padecido cuando intentaban hacer valer su derecho de pagar su medio pasaje o pasaje diferenciado mostrando su carnet universitario, encontrando una respuesta agresiva por parte de los choferes y cobradores del transporte público.

En esta ocasión, un joven universitario quiso hacer su valer su derecho, recibiendo a cambio insultos y golpes por parte de los trabajadores de la empresa ETSMARSA, que no paraba de insultarlo y golpearlo hasta que el estudiante se baje del transporte público. Afortunadamente, todo quedó registrado por una señorita que tuvo la valentía de grabar ese incidente, sin embargo, también fue víctima del salvajismo del conductor, quien habría intentado atropellarla al percatarse que estaba siendo grabado con el celular de la muchacha.

El bus iba camino al Óvalo de Manchay el pasado viernes 8 de setiembre al promediar las 6:20 p.m., cuando en reiteradas oportunidades, el cobrador tiraba puñetes a la mano del estudiante quien se sostenía en la baranda de la unidad de transporte público.

Cabe señalar que la placa del carro es Y1J-761 y el agraviado, identificado como Miguel Espinoza expresó que desea “que se hagan valer los derechos del medio pasaje universitario”.

}Un incidente que lamentablemente se repite todos los días

Ya en distintas ocasiones se ha visto casos en donde los trabajadores de transporte público hacen caso omiso del pasaje diferenciado, obligando muchas veces a los pasajeros a bajarse del ómnibus, o sencillamente no recogerlos en los paraderos.

Ante ello, el Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, brindó las siguientes recomendaciones:

• Para el caso de los estudiantes universitarios y de institutos deben presentar el carné vigente emitido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Ministerio de Educación, respectivamente.
• Se debe exigir que el boleto entregado corresponda a la tarifa realmente pagada y que esta no exceda el 50% del pasaje adulto, para cada tramo.

Si el cobrador o el chofer de la unidad no quieren respetar el medio pasaje, estos son los pasos a seguir:

• El usuario debe guardar la evidencia física (boleto entregado) y/o recolectar información en video o foto sobre la placa de la unidad, el tarifario de pasajes, el boleto, el número de ruta de la empresa, etc.
• Con las pruebas recabadas puede presentar su reclamo ante el Indecopi enviando un correo electrónico a sacreclamo@indecopi.gob.pe, llamando al 224-7777 (Lima) o al 0800-4-4040 (línea gratuita para provincias) o a través de su web.

Las sanciones para las empresas de transporte que no respeten el cobro del medio pasaje van desde una amonestación hasta las 450 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a un millón 890 mil soles.

Se burlaron de los niños. Un grupo de 83 padres y madres de familia denunció que fueron estafados tras enterarse de que la institución educativa ‘Pasitos Guadalupanos José y María’, ubicada en el distrito de Carabayllo, no contaba con autorización ni licencia de las autoridades educativas.

“¡Los estafados hemos pagado pensiones al aire, somos los padres, es un colegio bamba!”, se escucha gritar a un padre de familia luego de enterarse que los niños se encontraban estudiando durante ocho meses en una institución que no contaba con el sello de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL).

“Se está perjudicando niños, que ya han convivido más de medio año y ahora a buscar matrícula, a buscar todas esas cosas, como que nos afecta”, manifestó una madre de familia en entrevista para el programa Punto Final.

Otra de las denuncias que hicieron los padres de familia afectados, mediante el informe del citado medio, fue la presunta evasión de impuestos por parte de la institución educativa de inicial y primaria que los estafó. Pues, las familias, al pagar mensualmente entre 100 y 250 soles a una cuenta bancaria personal por el servicio educativo, recibían una boleta hecha a mano. Estas presentaban el RUC de una persona natural dedicada al rubro de asistencia social sin alojamiento.

Cuando se sabe que, conforme a la Ley General de Educación, los colegios son constituidos como personas jurídicas y, por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) establece, desde junio de 2022, que todos los contribuyentes deben emitir comprobantes de pago electrónicos, prohibiendo cualquier tipo de factura y boletas de venta en formato físico.

“¿Cómo un local puede funcionar más de ocho meses sin que la Municipalidad de Carabayllo haya venido a fiscalizar? A pedir los permisos, licencias de funcionamiento. ¡No lo entiendo! ¿Cómo la UGEL es que no tiene inspectores dando vueltas por los distritos, verificando que los colegios operen con resoluciones directorales que sean propias?”, declaró Edgar Rodríguez, padre de familia afectado.

Según la versión de los padres de familia, Patricia Valenzuela, la directora de ‘Pasitos Guadalupanos José y María’ de Carabayllo les manifestó que “no se preocuparan”, puesto que ya había gestionado una resolución para que formalmente sus hijos e hijas figuraran como estudiantes de otro colegio.

Sin embargo, los agraviados han declarado que al consultar con las autoridades educativas de la UGEL, esta ha rechazado tales afirmaciones. “Preguntamos si tenía resolución directoral, nos dijeron que sí, también si era escolarizado, nos dijeron que sí; pero, a las finales, nos mintieron”, agregó el denunciante Edgar Rodríguez.

Por otro lado, el director del colegio científico Pedro Paulett, Eleazar Chang, reveló que los dueños del cuestionado colegio le ofrecieron trasladar a los niños y niñas a su institución, siempre y cuando este cumpliera con una condición: no participar en la toma de decisiones de la institución educativa falsa.

Como respuesta, Chang rechazó de manera la propuesta, y, en vez de ello, ha establecido un acuerdo con los padres de familias ofrecer, de manera momentánea, la posibilidad que sus hijas e hijas continúen estudiando en la institución que hoy dirige.

No más relaciones tóxicas. La bancada de Alianza para el Progreso (APP), a través de la congresista María Acuña, presentó un Proyecto de Ley (PL) que propone incluir el examen psiquiátrico de los contrayentes, como requisito indispensable para el matrimonio civil.

La iniciativa legislativa, que busca modificar el artículo 248 del Código Civil, tiene como objetivo declarado “mejorar los requisitos para matrimonio civil y así coadyuvar a la consolidación de la familia en la sociedad”.

La propuesta legislativa plantea no solo la evaluación psiquiátrica, sino que el resultado sea de conocimiento recíproco de los contrayentes, de manera que puedan tomar una decisión “transparente”.

De esta manera, además de los declaración verbal y escrita de los novios, certificado de domicilio, certificado médico y presencia de testigos, se sumaría ahora la evaluación psiquiátrica, en los siguientes términos:

“Asimismo, se debe acompañar el certificado de evaluación psiquiátrica y el documento de aceptación de los dos contrayentes, en el cual cada cónyuge da fe de conocer la evaluación psiquiátrica del otro cónyuge”.

“Los certificados de la evaluación psiquiátrica de ambos cónyuges, deben ser expedidos con fecha no anterior a treinta días y deben ser puestos en conocimiento de los mismos, con quince días de anticipación de la fecha del matrimonio”.

En su exposición de motivos, la legisladora Acuña Peralta da cuenta de la descomposición que en los últimos años viene experimentado la familia como núcleo de la sociedad, por culpa de la violencia familiar, que solo en el 2021 alcanzó los 20,854 casos denunciados, 55% más que el año anterior.

Ante esa situación, concluye que la familia debe constituirse sobre una base saludable, no solo física, como ha sido siempre, sino también mental, lo que se lograría con el examen psiquiátrico, “lo que permitiría formar una nueva sociedad con valores más equilibrada y respetuosa”.

Para la legisladora de APP, si bien señala que de acuerdo a la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental, la evaluación médica en salud mental es voluntaria, ninguna persona puede ser obligado a someterse a un examen médico con el objeto de determinar si padece o no de un problema de salud mental, su proyecto de ley no afecta ningún derecho.

Por el contrario, “lo que se promueve es la absoluta transparencia de conocimientos e información para los ciudadanos con la finalidad de que puedan tomar conscientemente las mejores decisiones”.

Tal como se puede apreciar, la propuesta se basa en el absoluto convencimiento que la única forma de combatir la violencia entre las personas es fortaleciendo en cada una de ellas la formación de valores y la salud mental, señala.

El dato:

Esta no es la primera vez que desde el Parlamento peruano se ha propuesto como obligatoriedad realizarse una prueba psicológica para poder contraer matrimonio. Ya en abril del 2022, el legislador de Perú Libre, Segundo Toribio Montalvo Cubas, presentó esta iniciativa.

Su dictamen fue nombrado: “Proyecto de ley que dispone la obligatoriedad de la prueba psicológica para contraer matrimonio con el propósito de reducir los índices de la comisión de delitos por violencia familiar”.

Ahora la junta de propietarios de los condominios tiene una herramienta para prohibir a las mascotas de la casa tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que señala que son ellos los que va a determinar la tenencia de los animales en los condominios, esto luego de declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por un ciudadano.

Este vecino demandó a la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —Primera Etapa— ya que la prohibición de tenencia de mascotas estaba establecida en el Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del condominio. Sin embargo, el TC consideró que este veto no afectaba sus derechos constitucionales.

Según los antecedentes de este proceso, durante la pandemia del Covid-19 y hasta julio del año 2020, la junta de propietarios permitió al demandante mantener a sus mascotas en el condominio ante la imposibilidad de estar movilizándose entre la ciudad y la casa de playa para alimentarlas, pero pasado este tiempo la junta exigió el cumplimiento de las reglas, según consta en el Expediente 00949-2022- PA/TC.

El TC señala que la tenencia de animales domésticos puede ser permitida en caso esté acordada con la junta de propietarios respectiva, que debe regular las medidas indispensables para prevenir la afectación de los derechos de tercero. Sin embargo, en el caso concreto de este demandante las normas internas de su condominio ya prohibían la tenencia de mascotas antes de que él adquiriese su propiedad.

Esta es la principal diferencia de los resuelto en el Expediente 01413-2017-PA, del año 2019, que precisamente determinaba que las juntas de propietarios no pueden prohibir que dentro de los departamentos también se alojen mascotas.

En aquella fecha, el TC determinó que la prohibición de tenencia de animales domésticos en el edificio, adquisición de nuevas mascotas y de uso del ascensor en compañía de ellas, resultaban desproporcionadas y configuraban una transgresión a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito.

En cambio, ahora se dispuso que solo la junta de propietarios puede disponer a través de una regla que las mascotas sean permitidas, de acuerdo a lo consignado en el fallo.

“Para el Tribunal Constitucional, el derecho a la autonomía de la voluntad se manifiesta en el deber de proteger los intereses del colectivo de personas que, en un inicio, decidieron pertenecer a este condominio de playa bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y mandatos, entre los que se encuentra la prohibición de introducir o mantener animales, establecido en el reglamento”, señala la institución en un comunicado.

En esta nueva sentencia se consignan las firmas de los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez (ponente). En tanto, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich emitieron votos singulares.