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Entre el Pisco y la Tilapia: Parte 3

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Escribe César Costa Aish

Crónica de una conversación  con el Dr. Nelson Ramírez Jiménez sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, el Sistema Judicial, La Educación del Derecho, la investigación académica y ética de muchos abogados

5 y 10 pm : Voy viendo el reloj y lo que creí sería una conversación-entrevista de 20 o 30 minutos se alarga casi una hora, y la grabadora se apaga y al apagarse significa que la batería se terminó casi en una hora, y cuando llego a casa para recargar el teléfono, me doy cuenta que la misma no se grabó del todo pero las palabras del jurista Nelson Ramírez Jiménez que leía a los 24 o 25 años expedientes grandes con informes de León Barandiarán, el profesor y maestro de muchos en varias universidades las tengo grabadas como si hubiese tenido una clase particular del derecho tomando un café con él  en el San Antonio, como solía hacerse en la “Bola de Oro” en el siglo XIX frente a la Casa de Pizarro.

Es por eso a los “rumores” les decían “la bola” en  Lima y eso se desprende de la lectura del libro de “Cafés y Fondas” de Lima del profesor Oswaldo Holguín, que nos menciona que frente a la iglesia de Santo Domingo existió el primer café de Lima, el del italiano Francesco Serio en 1771, un año capicúa y así fueron abriendo varios cafés y luego se convirtieron en bares, y luego en fondas, luego hospedajes y luego restaurantes, y de esos el más antiguo que queda hoy en pie es el Maury y el Bolívar.

Cuando lo voy diciendo siento que vivimos en momentos descritos en las páginas de Conversación en la Catedral, como también lo percibe el maestro y me lo dice, y le digo que existió, que también fue un Bar que existió muy cerca de la Plaza Dos de mayo donde se reúnen los Sutepistas de José Pareja Yañac, mi amigo y escultor, que certificó la obra que compró el Dr. Ramírez, pero  en donde las páginas de novela del Nobel, el bueno e ingenuo de Zavalita conversa con Anselmo, el chófer de su padre el empresario dueño de laboratorios e influyente senador del régimen de Odría, Don Fermín, sobre la muerte de la musa y al final se entera que su padre era del otro equipo –como decía mi viejo–, antes que la vida y el cáncer se lo llevara a los 61 y me dejara prácticamente solo a los 17, porque así es la vida no perdona y el sistema judicial esta con cáncer y nadie sabe cómo tratarlo todavía porque los médicos que estaban en el CNM en vez de recetar buena medicina le mandaban a un enfermero con desenfriolito para huevear a la gente que clamaba justicia. Pues como ha señalado alguna prensa muchos han estado vinculados con gente procesada por esos delitos de narcotráfico y lo dijo en la conversación el Dr. Ramírez.

Cuando le recuerdo los sesentas y setentas le digo y es que esas reuniones en el centro deben haber sido bravas por un lado los sanmarquinos en el parque universitario, por otro los de Católica en la Plaza Francia y por otra los Villarealinos en la Colmena, ya me imagino como se habrán encontrado en el Queirolo o en el Bransa o en el Palermo, y cada uno gritaba por su universidad como cuando votan para ser Decanos del CAL, porque ya no votan por conciencia sino para definir de que universidad es el candidato y ahí es cuando se perdió la elegancia y prestigio del CAL y cuando se lo digo, pienso que después de este decanato y conversando con Ramírez, tiene pasta y pinta para Decano, pero un Decano que diga las cosas, respetuoso del sistema democrático y que sancione cuando haya que sancionar al abogado del narco, al  que estudio Derecho para delinquir y no para defender causas justas. “Y que felizmente no ganó Villa Stein” imagínese -me dice- ¿que estaría diciendo ahorita?”

Y me voy despidiendo muy honrado de haber podido disfrutar de una conversación diciéndole que la escribiré a manera de crónica nuestra conversación que le agradezco por su tiempo que es valioso, obsequiándole un ejemplar del pequeño  libro presentado la tarde anterior en la FIL de Lima donde contiene un par de artículos míos, y a donde fui a recalar y me dediqué a la investigación académica con mi plata en búsqueda de la palabra Pisco, aguardiente y demás que se convirtieran en fuente de información para ir haciéndome una idea de cómo desarrollar y defender y promover la peruanidad del Pisco y que para eso el haber estudiado letras en la Católica y Derecho en la misma me sirvió de mucho porque me permitió entrenarme para leer 40, 50, o 60 páginas una noche  como alguna vez nos lo dijera el profesor Monroy, cuando éramos cachimbos de facultad y nos asustara, porque no llevábamos un solo curso sino seis o siete, y lo multiplicábamos y era un imposible y entonces le preguntaba al jurista que estaba frente a mí por quien todos los muchachos de los 90s querían ir a practicar a su estudio.

“¿imagínese un juzgado donde un juez y sus secretarios tiene que leer veinte o treinta expedientes al día, sino más, se puede o no?”    y  el hombre mayor, como quien reflexiona sobre la vida en alguna letra de Maestra Vida de Rubén Blades –te da y te quita, te quita y te da– y mientras lo dice, menciona “No, es imposible” y por eso la corrupción voy pensando yo, porque alguien por ejercer el Derecho de acción puede venir mañana o en cualquier momento denunciar falsedades y así como al ex presidente del CNM lo condecoraban sin merecerlo con el Dr. Honoris Causa para formar ciertas alianzas con universidades cuyos propietarios se llenaron de dinero y el Perú de problemas porque salieron personas con el título de abogados a montones y en vez de solucionar problemas los crearon porque un abogado vive de  clientes y mientras más largo el proceso más ingreso para el abogado y así como unos condecoran a otros que a veces son gente inocente de algo también lo empapelan diciendo que es X, Y o Z y como quien lo hace es parte de la mafia que funciona en el poder judicial revientan a una persona inocente, porque así son las mafias existen, pero no se puede probar cosa que al parecer  han empezado a cambiar a través de los audios que viene sacando la prensa.

Y antes de finalizar me cuenta como anécdota que suele viajar mucho a Chile que alguna vez ha llevado con algún Pisco y que los amigos del Sur no necesariamente les ha gustado, pero reconocen el pisco peruano es mejor y en eso si me atrevo a corregirlo y le digo “solo hay que decir Pisco, doctor, porque hay una ley que así lo indica y porque yo sostengo que el pisco es peruano”.

“probablemente, me dice, pero algunoS amigos chilenos me dicen que mejor Es el peruano pero cuando voy a Lima la gente toma más whisky y le digo que eso es producto del Gobierno de Leguía y la primera Guerra Mundial, porque Leguía se había vuelto en agente financiero de intereses británicos y estadounidenses quienes ganaron finalmente la primera guerra mundial por su formación inglesa y que hablaba muy bien el inglés y que a  que el Perú se convirtió en exportador de materias primas durante la primera guerra mundial (leer el libro de Carlos Malpica) gran parte de la deuda fue pagada en whisky y el whisky colocado las bodegas o pulperías antiguas de la ciudad y eso lo menciona Lis Alberto Sánchez en una novela Histórica y eso eran los inicios de los años veinte del siglo veinte entonces el pisco empezó a quedarse y algún vendedor no tuvo mejor idea que venderlo a bajo precio en damajuana a los prostíbulos de la ciudad  principalmente en el jirón Huatica y por ello la presencia del mismo en la novela “La Ciudad y los perros”  de Vargas Llosa, es en sitios decadentes como prostíbulos porque ahí abundaban en esa época, pero que el mismo hoy en día es diferente se ha vuelto a revalorizar como cuando fue en un inicio durante los primeros siglos del virreinato y la Republica, porque la gente brindaba con vinos que el Perú producía, chicha o piscos y no había casi nada de licores llamados whiskys, brandys, -al pisco se le consideraba un Brandy- rones o vodkas, pero en fin eso era tema para otra conversación y antes de despedirnos se saludó con un amigo a quien no veía hacía mucho tiempo al parecer y que llevaba alguna bolsa para el lonche seguramente.

Finalmente me despedí me fui caminando rumbo a casa, entre un rato por el CAL y vi a un catador que también es abogado y le pregunté ¿Qué hacía por ahí? y me dijo “tengo clase”, “de que” y me dijo “de arbitraje” “¿Con quién?” “con un tal Wong” me dijo y pensé en la conversación con el Dr. Ramírez y el arbitraje y en la pregunta del periodista del día anterior al ministro sobre el precio de la Tilapia y los Supermercados  y seguí pensando en el extenso título de la Crónica sobre la Coyuntura que veníamos viviendo: Entre el Pisco y la Tilapia, Crónica de una conversación  con el Dr. Nelson Ramírez Jiménez sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, el Sistema Judicial, La Educación del Derecho, la investigación académica y ética de muchos  abogados. Y que la misma sería muy larga y la presentaría en dos partes.

 

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia

La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.

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En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.

La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.

Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?

Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.

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Técnicos de la FAP son investigados por robar componentes aeronáuticos en Iquitos

Grave escándalo en la Fuerza Aérea del Perú: red de corrupción, robo de componentes aéreos y presuntos vínculos con sicarios comprometen al Grupo Aéreo N.º 42 en Iquitos.

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Por Jorge Linares

El pasado 7 de enero del presente año fue hallado el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario en una situación comprometedora con una caja conteniendo diversas piezas pertenecientes a las aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de uno de los almacenes del Grupo Aéreo N° 42 en la ciudad de Iquitos.

Asimismo, se pudo comprobar que no es la primera vez que el TIP FAP Meléndrez incurre en estos actos perniciosos contra la Fuerza Aérea del Perú, como consta en la carpeta fiscal N° 1328-2024, donde se le investiga por ser el único responsable de la pérdida de 4 componentes aéreos: 2 unidades FCU (unidad de control de combustible) y 2 unidades gobernadores de hélices, valorados aproximadamente en medio millón de dólares.

Según las investigaciones de este caso, llama la atención que dos de los testigos claves —el TIP FAP Ronal Borbor Reátegui y el TC3 FAP César Vega Paredes— expresan contradicciones con respecto a la presencia de ambos en un área restringida como es el almacén de alto costo.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Policía y el Ministerio Público, se viene descubriendo más nombres relacionados a otros hechos similares y se puede vincular con una organización criminal dentro de la institución aérea, porque estas personas se han valido de los servicios de un sicario para atentar contra la vida del personal denunciante o de cualquier persona que atente contra sus intereses. Esta afirmación lo corroboró el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho en una colaboración notarial (16 de julio de 2024) al verse descubierto y ser parte de esta estructura criminal, como consta en la carpeta fiscal 17-2025, derivada de la carpeta fiscal 1161-2024.

El SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien en su momento fue abogado de los implicados, manifestó que había dejado de llevar la defensa legal del SO3 FAP Anghelo Albornoz Córdova porque era indefendible ante las evidencias que hay en su contra por haber envenenado al perro guardián para ingresar sin autorización al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N° 426 del Grupo Aéreo N° 42 el 13 de julio del 2024 a las 3:40 a.m. y que contó con la participación de los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el sicario, quien hasta la fecha no está identificado; pero hay una probabilidad de que sea un mal miembro de la PNP del grupo terna. Burgos también aseveró que este robo de piezas de aviones es una práctica antigua en el Grupo Aéreo N° 42.

Desde el inicio de las investigaciones hasta la fecha, ninguno de los investigados se presentó a dar sus declaraciones, dejando entrever una posición obstruccionista y sospechosa para esclarecer estos hechos execrables que son materia de investigación, a excepción del SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien se ratificó de su primera manifestación en la sede policial y fiscal. Todos los implicados pertenecían al área de mantenimiento de motores del Grupo Aéreo N° 42 y ya fueron dados de baja, a excepción del TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien pidió de manera voluntaria su pase a retiro, despertando mayor sospecha en su persona ya que tenía una carrera militar ascendente.

Es de mucha valía que las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú, brinden importancia a este escándalo de corrupción dentro de la institución aérea, porque más allá del evidente robo millonario que le vienen haciendo al país estos malos efectivos, perjudican de manera directa la gran labor social que realiza el Grupo Aéreo N° 42 en la Amazonía peruana.

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Pisaq y Tipón bajo amenaza: turistas defecan en nuestro patrimonio por falta de baños

Una denuncia ciudadana revela que, por falta de baños y señalización, turistas estarían utilizando zonas arqueológicas como letrinas

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Hay actos que no solo denotan ignorancia, sino un desprecio inconsciente –y por eso más brutal– por la historia que nos sostiene. Lo que está ocurriendo en los Parques Arqueológicos de Pisaq y Tipón no es una simple anécdota escatológica, como algún burócrata desganado podría resumir en un parte olvidable. Es, en verdad, una forma sutil y cruel de profanación.

El 29 de junio, según denuncias de guías turísticos, visitantes defecaron y orinaron entre las piedras sagradas de nuestros ancestros. Y no lo hicieron por rebeldía o vandalismo gratuito, sino porque no hay baños. Así de sencillo. Así de grotesco.

La escena sería cómica si no fuera tan trágica: turistas desesperados, buscando dónde aliviarse, mientras la brisa andina arrastra los ecos de un pasado glorioso convertido en letrina. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que un país que se llena la boca hablando de su riqueza patrimonial no sea capaz de instalar un baño seco, una letrina digna, un mísero cartel que diga “por aquí no”?

El problema no es nuevo. Lo nuevo es la frecuencia con la que se repite, la indiferencia con la que se recibe, y la absoluta desidia de quienes deben solucionarlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano que debería velar por estos santuarios, parece vivir en un letargo administrativo. La escasa señalización, la falta de personal de resguardo y la inexistencia de puntos de información para los visitantes no son fallas técnicas: son síntomas de una renuncia institucional a proteger lo que nos define.

Pero la responsabilidad no termina ahí. El Ministerio de Cultura, que debería ser la conciencia vigilante del país, se ha convertido en una oficina de trámites opacos, más preocupada en sostener convenios insólitos con asociaciones ufológicas que en evitar que las ruinas se llenen de heces.

Lo que ocurre en Pisaq y Tipón no es solo un atentado físico contra las piedras: es una erosión simbólica. Cada micción entre muros incas es una bofetada a nuestra identidad. Cada excremento, una prueba de que el Estado se desentiende de su misión civilizatoria. Porque eso es, al final, el patrimonio: un recordatorio de que venimos de algo más alto que nosotros mismos.

No basta con declarar la indignación. Urge que el Estado reaccione, que asigne presupuesto, que entienda –de una buena vez– que la defensa del patrimonio no es un lujo, sino una urgencia nacional. Que los caminos del turismo no pueden estar sembrados de basura, ni los templos ancestrales convertidos en urinarios.

Si no somos capaces de proteger ni siquiera las huellas de quienes nos precedieron, ¿cómo aspiramos a dejar alguna huella nosotros?

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Respuesta a Carta Notarial de Hotel Casa República

El gerente general del ‘Hotel Casa República’ envió una carta notarial requiriendo que se rectifiquen las supuestas expresiones falsas y difamatorias publicadas en una nota periodística del 17 de junio en nuestra web. Esta es la respuesta de Lima Gris.

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Llegó a nuestra redacción una carta notarial fechada el 25 de junio de 2025, recibida con fecha 2 de julio del presente, enviada por el gerente general del Hotel Casa República, señor Juan José Mendoza Arredondo, en la que se nos requiere la rectificación de una nota periodística publicada el 17 de junio de 2025 en el portal digital de la revista Lima Gris, titulada: “Barranco y el ruido del Hotel Casa República”, bajo el argumento de que la misma contendría afirmaciones «falsas y difamatorias».

Al respecto, como medio de comunicación debidamente constituido y en ejercicio legítimo de la libertad de prensa, respetuosamente expresamos lo siguiente:

  1. Libertad de información y de expresión protegidas constitucionalmente

La publicación realizada por Lima Gris responde a la labor periodística de informar sobre hechos de interés público, en este caso, las quejas y preocupaciones de vecinos del distrito de Barranco respecto al impacto de ciertas actividades nocturnas en su entorno urbano y patrimonial. Esto se encuentra amparado por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho fundamental a «buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de comunicación». Este derecho no solo ampara a los periodistas, sino también a la ciudadanía que tiene derecho a ser informada.

  • Veracidad y sustento de la información publicada

Contrario a lo afirmado en su carta notarial, la publicación en mención no contiene expresiones difamatorias ni afirmaciones falsas. La información difundida ha sido elaborada con base en fuentes verificables, incluyendo testimonios directos de residentes, material audiovisual y reportes ciudadanos disponibles en redes sociales y otras plataformas. En ningún momento se ha atribuido de manera maliciosa o con intención de dañar, la generación de «escándalos nocturnos» al hotel sin fundamento fáctico.

  • No existe animus difamandi

El contenido publicado se enmarca en un ejercicio legítimo de crítica y fiscalización periodística. Como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debate público admite expresiones incluso severas cuando se trata de asuntos de interés común. La publicación no ha tenido como propósito afectar la imagen de su representada, sino evidenciar un problema urbano percibido por un sector de la comunidad.

  • Exigencia desproporcionada y amedrentamiento a la prensa

La amenaza de iniciar acciones penales y civiles en caso de no acceder a un pedido de «rectificación total en 24 horas» constituye una forma de censura indirecta y presión indebida sobre la libertad de prensa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta preocupante que un actor privado pretenda condicionar la labor informativa mediante la judicialización de contenidos críticos.

  • Posibilidad de réplica o descargo

Como corresponde a un medio que respeta el pluralismo, reiteramos que el Hotel Casa República pudo ejercer su derecho a réplica en el mismo portal, en vista que pudimos comunicarnos telefónicamente con el gerente Juan José Mendoza Arredondo, y cuyas versiones fueron debidamente transcritas en la misma publicación en calidad de descargo.

Por lo tanto, no existe obligación legal de rectificar contenidos que han sido redactados de buena fe, con base en hechos y bajo un interés informativo legítimo. En consecuencia, rechazamos el requerimiento de rectificación exigido en su carta notarial.

Sin otro particular, reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo independiente, crítico y respetuoso del estado de derecho.

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Sujeto embiste su camioneta en conocido restaurante porque local lo había expulsado debido a que se encontraba presuntamente bajo los signos del alcohol [VIDEO]

Miguel Ángel Requejo Astochado ahora será denunciado por tentativa de homicidio.

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Un demente al volante. La noche de ayer, comensales del restaurante ‘El Charrúa’, ubicado en el distrito de La Molina, previo el incidente, indicaron que Miguel Ángel Requejo (51 años), había discutido con los mozos del local, quienes procedieron a expulsarlo ya que el sujeto había ingerido bastante alcohol y estaba incomodando a los demás comensales.

Minutos después, el sujeto se sube en su moderna camioneta para conducir sin frenos hasta la fachada del local, colisionando sin importarle que adentro se encontraban personas consumiendo.

Producto del salvaje impacto resultaron heridas dos personas, además del daño material ocasionado por el irresponsable conductor.

Uno de los afectados mencionó que procederá a denunciar penalmente a Requena, calificando el hecho de tentativa de homicidio, tildando además de “enfermo mental” al ebrio chofer, quien no paraba de gritar en todo momento, relata el agraviado, que era un magnate y podía hacer cualquier cosa.

«Ya está detenido. Es un enfermo mental. Esto es un intento de homicidio. Nosotros estamos pidiendo la cuenta y pagando. En un principio estaba sentado y me levanté no sé cómo segundos antes de que el carro se empotre por eso que estaba a un costado e igual me hizo volar», detalló a Canal N.

fuente: latina.

En tanto, el restaurante ‘El Charrúa’, lamentó el incidente ocurrido anoche, manifestando que colaborará directamente con la Policía para suministrar las grabaciones dentro del local.

«Desde ‘El Charrúa’, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros clientes y colaboradores. Como medida preventiva y con el objetivo de reforzar nuestros protocolos internos, hoy miércoles 3 de julio permaneceremos cerrados», indicaron.

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Clínica Delgado-Auna responde a sanción de Susalud por filtración del historial médico de Shakira

Centro de salud privado indicó que el caso se encuentra en “proceso de revisión” y que apelará multa de más de 600 mil soles.

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Quieren ir hasta las últimas. La Clínica Delgado-Auna recientemente emitió un comunicado respondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) por el caso que los involucra con la cantante colombiana Shakira. Al respecto, indicaron que dicho caso aún se encuentra en “proceso de revisión”, pues no existe hasta el momento una resolución final.

Como se recuerda, en febrero pasado, el historial clínico de la cantante barranquillera fue divulgado públicamente por personal de ese centro de salud privado, constituyéndose una grave vulneración a la confidencialidad de los datos de las personas, sean nacionales o extranjeras.

Es así que Susalud le impuso una multa a la clínica equivalente a S/668,750 por la difusión no autorizada del parte médico de la cantante Isabel Mebarak Ripoll, mejor conocida como Shakira.

Al respecto, la Clínica Delgado-Auna también indicó que apelará la millonaria sanción, argumentando que el caso se encuentra bajo evaluación por el Tribunal de Susalud, contando para ello con 15 días hábiles para presentar formalmente su impugnación.

“Clínica Delgado presentará la impugnación correspondiente para que el caso sea evaluado por el Tribunal de SuSalud, conforme lo establece el debido proceso, confiando en la solidez de los argumentos que nos respaldan. Cabe señalar que contamos con un plazo de 15 días hábiles para impugnar”, concluye el comunicado.

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Fiscalía investiga a Johny Isla y a Jeanette Águeda Gutiérrez por caso ‘Líneas de Nasca’

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los dos funcionarios de la DDC de Cultura de Ica y el alcalde de Nasca, William Jorge Bravo Quispe, por presunto atentado contra las Líneas y geoglifos de Nasca, Patrimonio Mundial de la Unesco.

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El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, a cargo del fiscal provincial José Alejandro Meléndez Curasi, ha iniciado una investigación preliminar de 60 días —con posibilidad de ampliarse— contra dos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca. Están siendo investigados por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, en agravio del Estado Peruano.

Fiscalía Nasca abrió investigación contra funcionarios de la DDC de Cultura de Ica.

Los involucrados son la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, responsable interina de la DDC de Ica, Johny Augusto Isla Cuadrado, arqueólogo responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de dicha dirección; y William Jorge Bravo Quispe, actual alcalde de Nasca.

Investigada Jeanette Águeda Gutiérrez Achulla, es responsable interina de la DDC de Ica.

La investigación se origina tras la modificación del área de reserva arqueológica de las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa, declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta zona protegida fue delimitada inicialmente en 1993 y reafirmada en 2004, cubriendo un total de 5,633.47 km². Sin embargo, una reciente resolución viceministerial —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada a fines de mayo por la viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva— redujo esta área a solo 3,235 km². Es decir, se recortaron 2,397 km² de territorio protegido.

La denuncia sostiene que esta reducción no cumplió con los procedimientos legales requeridos. Además, acusa que la resolución habría sido emitida como una “maniobra falaz” para encubrir posibles irregularidades.

Investigado Johny Isla Cuadros, es uno de los responsables del informe de la DDC de Ica.

El Ministerio Público investiga si la resolución favoreció intereses mineros. Se han detectado petitorios mineros en las zonas que quedaron fuera de la protección, así como posibles vínculos familiares y políticos entre los involucrados. También se denunció la exclusión de más de 100 sitios arqueológicos, y se presume la existencia de una red político-económica que habría actuado para facilitar la reducción del área protegida con fines de lucro y tráfico de terrenos.

Este caso surge semanas después de que el ciudadano Leonardo Favio Rojas Escajadillo denunciara ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa a varios altos funcionarios, incluyendo al ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y a la viceministra Novoa Silva.

Denuncia penal contra Ministro Valencia y Viceministra Novoa.

En la acusación también figuran el director de la DDC de Ica, Injante Tipismana; Miriam Moquillaza Ramos; Johny Isla; Henmer Alva Neyra; el gobernador regional Jorge Hurtado Herrera; Javier Borjas Olaechea; el alcalde William Bravo Quispe y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Sin embargo, la Fiscalía por el momento inició investigación preliminar contra las tres personas indicadas en la introducción de esta nota.

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