El nombre de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, se ha convertido en sinónimo de violencia, sicariato y oro ensangrentado. O al menos es lo que quieren hacernos creer. La presidente Dina Boluarte y la Policía Nacional del Perú lo han señalado como el autor intelectual de la masacre en Pataz que dejó 13 muertos. Sin embargo, la reciente aparición del presunto criminal en una entrevista en Cuarto Poder plantea una inquietante pregunta: ¿estamos ante un verdadero responsable o ante otro caso como el del exministro Santiváñez, que acusó de terrorismo a un civil por el simple hecho de ser hermano de un terrorista?

Si resulta ser que están utilizando la misma estrategia, vale la pena recordar que el actual ministro del Interior, Juan José Díaz Zulueta, antes de asumir la cartera del MININTER, se desempeñó como viceministro de Seguridad Pública durante la gestión del propio Santiváñez.

Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por recomendación de quién Santiváñez resbaló hasta el punto del ridículo público con sus acusaciones sin sustento?
No se trata solo de errores individuales, sino de un patrón institucional que se repite: usar el miedo, la culpa por asociación y la presión mediática como herramientas de gobierno.

Hoy, el caso de Rodríguez Díaz, aunque con un perfil más delictivo, deja el mismo sabor amargo de una acusación apresurada con tintes políticos y mediáticos. Rodríguez tiene un pasado criminal —eso no se discute—, pero ¿es eso suficiente para condenarlo mediáticamente sin juicio?

Según refiere “Cuchillo” en la entrevista grabada el 9 de mayo de 2025 a horas de la noche; ante la pregunta “¿Tiene una orden de captura en su contra en este momento? Respondió: “No tengo ninguna orden de captura, ni tampoco he sido notificado por nada. Yo estoy limpio en el sistema, señorita”.

Si no tiene una denuncia ni orden de captura. ¿Dónde está el plan para capturar a quien dicen ha sido el responsable intelectual de la matanza en Pataz? O solo ganan tiempo hasta que nos olvidemos de Pataz y los 13 peruanos asesinados en una acción claramente terrorista. Según el reportaje presentado hoy por Cuarto Poder, en relación al estado legal actual de Rodríguez Díaz: “Tampoco ha sido comprendido en la investigación fiscal. No hay cargos en su contra, no hay requerimiento, no hay denuncia que pese sobre él”.  

Rodríguez lo niega todo: “Ya pagué mis errores. No tengo nada que ver con esa masacre. No quiero volver a prisión porque allí no hay justicia”. A su favor, presenta una cuartada que llama poderosamente la atención: fue captado por cámaras de seguridad en una discoteca de Casma horas después de la masacre, aparentemente celebrando. Él sostiene que esa noche solo estaba con amigos, borracho, y que nunca estuvo en Pataz. Sin embargo, testigos aseguran haberlo visto en la escena del crimen entre el 25 y 26 de abril, y las autoridades lo vinculan con la organización criminal “La Gran Alianza”.
¿Es eso suficiente para señalarlo como autor o partícipe? ¿O estamos, otra vez, ante una condena mediática sin proceso firme? o ¿Se está repitiendo el patrón de convertir en villano a alguien con antecedentes, solo para ofrecer a la opinión pública la sensación de que el gobierno está actuando con rapidez?

Este es un llamado urgente: exijamos investigaciones serias y con resultados sobre la masacre de Pataz. Exijamos que se investigue a las empresas mineras, a los policías vinculados a servicios de seguridad informales, a los funcionarios que permiten que las bandas criminales operen con impunidad.

Nuestro Perú se ha convertido en el país de los chivos expiatorios. Cada crisis necesita su villano, preferiblemente de origen humilde, con prontuario previo, con un apodo intimidante. Según la encuestadora IPSOS por encargo de Perú21, solo el 2% respalda la gestión de Dina Boluarte.

Mientras el país clama justicia por la masacre, Miguel Rodríguez Díaz se mantiene oculto. Asegura tener pruebas de su inocencia, pero no se presenta ante la justicia. La PNP continúa tras su rastro, mientras las familias de las víctimas exigen respuestas. La sierra de La Libertad, gobernado por César Acuña Peralta, por ahora, sigue siendo territorio minado por la violencia y la impunidad.

El país no puede seguir aceptando acusaciones hechas solo para la cámara, como parte del espectáculo político. Ya lo vivimos con Santiváñez. ¿Estamos repitiendo el error?

Mientras sigamos actuando bajo presión y sin pruebas sólidas, no habrá justicia para las víctimas, ni paz para el país.

Por Tino Santander Joo

Los padres fundadores de Estados Unidos heredaron de los migrantes puritanos y de las revoluciones inglesas de 1648 y la gloriosa de 1668 los principios de libertad religiosa, gobierno democrático y derechos naturales promovidos por el filósofo John Locke. Sin embargo, la libertad, la democracia y los derechos humanos fueron privilegios de los cristianos blancos. Los nativos y los africanos fueron esclavizados y torturados brutalmente. Tocqueville en La democracia en América evidencia esta contradicción de la democracia norteamericana que pregonaba igualdad entre los hombres mientras tenía un régimen racista e intolerante.

La ética del capitalismo norteamericano promovida por el puritanismo religioso han sido tergiversada para organizar un nacionalismo excluyente. La paradoja es que siendo un país de migrantes su historia está marcada por la xenofobia y el miedo al otro. El desarrollo imperialista del capitalismo norteamericano ha sido hegemonizado por la alianza de la tecnocracia de las corporaciones digitales, la industria armamentística y la burguesía nacionalista representada por Donald Trump. Esta alianza comparte con el fascismo histórico la visión deshumanizante y se comportan como lo hicieron los nazis con los judíos. Jason Stanley filósofo y destacado profesor de la universidad de Yale, señala que Trump describió a los migrantes como una “infestación”[1]. No solo buscan “pureza racial”, sino, imponer un orden comercial mundial a su favor. Se equivoca mi amigo el economista Carlos Adriazen cuando señala que: “este un problema de blancos”[2]  Es una brutal limpieza étnica con el beneplácito y la indiferencia del pueblo norteamericano contra los hispanos que son perseguidos sin piedad en el país de las “oportunidades”.

La mano de obra migrante barata será reemplazada por robots. Los seres humanos son descartables. La automatización del trabajo agrícola en Norteamérica podría terminar en 2030[3]  Luis Sanches, sociólogo peruano radicado en California me envío las referencias que reseño y que confirman que las deportaciones masivas no se detendrán. La socióloga Virginia[4] señala que los gobiernos norteamericanos usan la tecnología para deportar a millones de migrantes vulnerables.  No hay necesidad de cámaras de gas ni de campos de concentración para eso están los aliados de la ultraderecha mundial como Abascal de Vox, que hacen eco de su predica racista y antinmigrante. En Perú, el fujimorismo y los partidos de derecha y centro derecha se disputan el servilismo a Donald Trump.

Algunos ingenuos creen que Estados Unidos se convertirá pronto en un régimen nazi o fascista tradicional, con desfiles llenos de banderas, himnos, y racismo. No. El fascismo norteamericano es posmoderno, como lo señala el profesor Noam Chomsky: “cuando el capitalismo convierte a los seres humanos en desechables -migrantes, trabajadores pobres, ancianos- está creando una forma de fascismo postmoderno más insidiosa que la historia, sin necesidad de campos de concentración, pero con resultados igualmente devastadores” [5]

¿Qué hacer? Antimperialismo militante. ¿En qué consiste? En tomar consciencia de este nuevo enemigo de la humanidad y sus aliados. En ayudar a los migrantes y ser solidarios con su causa ¿cómo enfrentarlo? Promoviendo la unidad de los pueblos. El mundo libre no tiene otro camino que enfrentarse al neofascismo del siglo XXI. Organizar la resistencia mundial promoviendo el libre comercio y la defensa de los derechos humanos. ¿El papa León XIV condenará el surgimiento del fascismo norteamericano o tendrá la misma posición Pio XIII  de “neutralidad” (apoyo soterrado) al fascismo y al nazismo europeo. Veremos de que madera esta hecho el nuevo inquilino de la santa sede.

[1] Cuando describen a los migrantes como ‘infestación’ —como hizo Trump en 2018— replican estrategias nazis documentadas por Klemperer (1947), donde términos biológicos (plaga, parásitos) deshumanizaban a judíos» (Stanley, 2018, p. 45; basado en Klemperer, 1947/2013, p. 112). Título completo: La lengua del Tercer Reich: Apuntes de un filólogo.us traducciones del alemán). Editorial: Minúscula (colección Paisajes narrados).

[2] Ver: Video Columna de El Montonero del 3 de abril de 2025

[3] Ver: Brookings Institution. (2023). Automation in Agriculture: Impacts on Migrant Labor. https://www.brookings.edu/agriculture-automation.

Gómez, M. (2023). ¿Robots o jornaleros? El País. https://elpais.com/mexico/2023/05/12/robots-jornaleros

[4] Eubanks, V. (2020). Automatizar la desigualdad: Cómo las herramientas tecnológicas perfilan, vigilan y castigan a los pobres. Capitán Swing. (Traducción de María Serrano Giménez) FCE España

[5] Ver: Noan Chomsky, 2022, entrevista completa disponible en https://truthout.org/video/chomsky-el-nuevo-fascismo-del-capitalismo-tecnologico

Por Rafael Romero

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, a través de sus despachos contra la corrupción de funcionarios, declaró compleja la investigación a la Cancillería del Perú (Ministerio de Relaciones Exteriores). En concreto en la carpeta fiscal de marras se harán las indagaciones por el supuesto delito de tráfico de influencias contra los funcionarios que resulten responsables, pero la autoridad fiscal tiene la prerrogativa de ampliar la investigación respecto de otros tipos penales si en el camino encuentra hechos que lo justifiquen.

En este caso hay dos ángulos noticiosos que destacar. Uno, que con esa actuación fiscal el Ministerio Público no solo cumple con su labor de titular de la acción penal; sino que también, en segundo lugar, sin ser su función específica, llena el vacío dejado por otras instancias del Estado, como la propia Cancillería y la PCM, quienes no han hecho nada a través de sus órganos de integridad y ética pública; o como el Congreso de la República, donde su Comisión de RREE nunca hizo control político y con absoluta desfachatez cogobierna con Dina Boluarte.

De otro lado, estamos ante un caso de mucho contenido mediático y que habla bien de la Fiscalía Anticorrupción por sus rápidos reflejos para abrir una carpeta a partir de “noticias críminis” reveladas tras el escandaloso abuso perpetrado por funcionarios de la Cancillería contra el entonces embajador peruano en Israel, Fortunato Quesada Seminario, en el 2018.

Desde entonces, en años subsiguientes a la fecha, sucedió que la prensa ha desempeñado una importante labor de fiscalización que ahora el Ministerio Público empieza a desentrañar, teniendo en sus manos contenidos que debe ser materia de investigación dentro de la carpeta fiscal 2025-144-0 (5to DFECOF), y ahí están los informes de comunicación como “La Encerrona”, INFOBAE, Revista Lima Gris, Diario UNO, EXPRESO, La República y El Comercio, porque aportaron nuevos hechos.

De modo que, estaríamos ante un caso único, especial y extraordinario en América Latina, donde la Fiscalía de un país (Perú) investiga a los funcionarios de la Cancillería, en este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Dina Boluarte, pues no tenemos hechos similares o tan sonados en los países vecinos, desde el Río Bravo, en México, hasta la Tierra del Fuego, en Chile.

Ahora, siendo toda investigación fiscal reservada, desde Lima Gris solo podemos informar asuntos generales como el hecho de que por ocho meses se realizarán las pesquisas preliminares y según lo que se vaya descubriendo ese plazo se podría extender por más tiempo. Pero, desde la perspectiva periodística, entre los hechos investigables, el Ministerio Público puede considerar:

1. 1) La existencia de una argolla de poder conformado por altos funcionarios de la Cancillería que hacían y deshacían en diversos aspectos de la administración pública (desde al año 2016 a la fecha).

• 2) El pedido de un canciller al entonces jefe de protocolo en Palacio de Gobierno, Fortunato Quesada, para que le informe y delate todo lo que hacía el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016).

• 3) Complot desde Lima, en combinación con un funcionario dentro de la embajada del Perú en Israel, para hacerle una trampa al embajador Fortunato Quesada y sacarlo del cargo con un escándalo fabricado y propalado por un programa periodístico dominical usando audios ilegales, editados y descontextualizados (hechos entre fines del 2017 al mes de junio del 2018).

• 4) Actos irregulares y conspiración durante el gobierno de Martín Vizcarra junto a altos funcionarios de la Cancillería peruana para impedir el asilo del entonces presidente Alan García en la República del Uruguay (desde finales del 2018 hasta abril del 2019).

• 5) Declaraciones públicas en medios de comunicación del chef Jesús Alvarado y su carta donde confiesa y proporciona los nombres de los funcionarios que hacen los complots dentro de la Cancillería peruana (declaraciones del 2023 al 2024).

• 6) “Registros de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en dicho complot, fedateados en sus 31 folios por el jefe de la sección consular en la embajada del Perú en Israel. En esos registros se revela que el funcionario Pedro Rubín le decía a José Boza: “Si me ofrecen la jefatura de un consulado general pequeño en Europa no tengo el menor inconveniente”. Y Boza le respondía lo siguiente: “Ok. Ya te cuento lo que piensen el 1 y el 2 al respecto”. En el folio 22 del documento, Rubín también le escribe a Boza: “Si estás ocupado lo dejamos para el lunes. Hoy estoy un poco ajustado de tiempo. Lo único que te quiero pedir es que me ayudes. Hablando con colegas pareciese que yo soy culpable de todo. El lunes paso para despedirme de Néstor (Popolizio) y que me vuelva a asegurar que me cambiará a Valencia.” No obstante, Pedro Rubín fue puesto en un consulado general, y si bien no fue en Valencia, sí lo enviaron a Río Branco (Brasil).

• 7) Esos 31 folios de WhastApp, que obran en los archivos de la Cancillería, demostrarían que los funcionarios Popolizio y De Zela estaban al tanto del complot porque no era posible que no supieran acerca de las comunicaciones de un jefe de gabinete ministerial, como José Boza; y un ministro consejero (MC), como Pedro Rubín. Lamentablemente, Dina Boluarte no hace nada pese a ser quien dirige la política exterior, sobre todo cuando existen las declaraciones del exservidor de la embajada del Perú en Israel, el chef Jesús Alvarado, afirmando que las personas de Hugo de Zela, José Boza (ya fallecido) y Pedro Rubín son los autores del complot bajo la coordinación de Néstor Popolizio.
• 8) Documentos de la Oficina de Recursos Humanos y el informe de la Comisión Disciplinaria (2018 – 2019), que concluyó que hay grabaciones no autorizadas contra el embajador Fortunato Quesada, y señaló que las mismas fueron filtradas a un medio de prensa. Pero, mediante Resolución Viceministerial N° 0337-2019/RE de 13 de diciembre del 2019, solo se abrió un PAD a Pedro Rubín, mas no a Popolizio; y se tiene también que Rubín, junto a su abogado, reconoció que fue la propia Cancillería quien le dijo que se contacte con la periodista Cueva, de Panorama, porque se necesitaba de un escándalo para sacar a Quesada de la embajada del Perú en Israel.
• 9) Informe de la ORH, que afirma: “según el ministro consejero Pedro Rubín y su defensa legal, el embajador Boza Orozco había actuado en cumplimiento de indicaciones de su jefe directo, el entonces canciller Embajador Néstor Popolizio y con la anuencia del entonces Viceministro Embajador Hugo de Zela Martínez”. Pero el numeral 2.7 del citado informe es más revelador, al asegurar textualmente que “El 28 de mayo de 2020, el abogado del MC Rubín Heraud, letrado Guillermo Gómez Guilfo, entregó al Jefe de la Unidad de Asuntos Disciplinarios de esta Oficina General, un escrito donde afirmaba que el imputado informó a la Superioridad de todo lo que acontecía en Israel el 17 de mayo de 2018; que fue el embajador Boza Orozco, por encargo de la Superioridad, quien se contactó con la directora del programa “Panorama”, que fue el Embajador Boza quien insistió que el MC Rubín se contactara con la mencionada directora y le proporcionó su teléfono, sin pedírselo; que el MC se negó a acudir a la prensa, que el entonces Canciller y el Viceministro estaban al tanto de todo lo acontecido mucho antes del programa “Panorama” y que deseaban “colgar” a Quesada Seminario».

1. 10) Documentos de la Cancillería peruana y de la embajada del Perú en Egipto que revelarían un trato diferenciado cometido por la supuesta argolla de poder y por sus altos funcionarios respecto del embajador José Betancourt, sobre la base de la información publicada  por el periodista Jonathan Castro, de “La Encerrona”, cuando reveló el 14 de julio del 2024 que Basil Marco (cónsul egipcio) envió una carta de cuatro páginas al entonces canciller Javier González-Olaechea, donde le describió una serie de problemas que vio de primera mano en los últimos dos años en la embajada del Perú en Egipto. Asimismo, otro periodista, Ricardo Mc Cubbin (de INFOBAE), el 20 de setiembre del 2024, publicó: “Perú retira a su embajador en Egipto luego de acusaciones de mal comportamiento con altos funcionarios. El país africano incluso agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano por la salida del diplomático José Betancourt”; y acotó lo siguiente: que “el cónsul honorario de Alejandría, Basil Marco, reportó a la Cancillería peruana sobre malos comportamientos del referido diplomático ante altos funcionarios y personalidades de Egipto”.

1. 11) Investigar si existe una nota de la República de Egipto con la cual esta agradece al Perú por la remoción de José Betancourt del cargo de embajador en dicho país africano. Este hecho es delicado pues a dicho funcionario José Betancourt no se le abrió un proceso disciplinario, como sí se hizo con el embajador Fortunato Quesada, y aun por el contrario se le premió a Betancourt con un alto puesto en la Cancillería en Lima (año 2024 nombrado de especialista en el área de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Sin duda, de cara al saneamiento de la administración pública del Perú, donde todos los ciudadanos debemos ejercer la cultura de la denuncia, hay mucho por hacer; pero, lamentablemente, la Cancillería peruana no es la excepción para ser pasible de investigación fiscal, quedándole un reto importante al Ministerio Público liderado por la fiscal suprema Delia Espinoza, frente a una descomposición cada vez mayor en la función pública, donde los casos de corrupción de funcionarios llenan las redacciones de los medios de comunicación y ya es tiempo de ponerle un pare seguro y concreto.

En una sociedad cada vez más golpeada por la criminalidad, parece que el sentido común está siendo reemplazado por discursos complacientes, tecnocráticos y peligrosamente desconectados de la realidad. La reciente promulgación de la Ley 32330, que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, ha desatado una ola de críticas desde diversos sectores: Defensoría del Pueblo, Unicef, el Ministerio Público, el Poder Judicial y organizaciones de derechos humanos. La pregunta es inevitable: ¿a quién protege realmente esta indignación?

La nueva ley establece que menores de edad que cometan crímenes como violación, feminicidio, sicariato o extorsión puedan ser juzgados como adultos y, por tanto, recibir penas de cárcel en centros penitenciarios comunes. Para muchos expertos y activistas, esto representa una afrenta al principio de justicia especializada para adolescentes, e incluso una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero en medio del tecnicismo legal y la defensa abstracta de los derechos humanos de los menores de edad, se deja de lado a las verdaderas víctimas: los ciudadanos comunes que son aniquilados día a día por criminales que aún no cumplen los 18 años de edad.

¿Dónde están los derechos humanos del emprendedor asesinado por no pagar cupo? ¿De la madre que perdió a su hija a manos de un feminicida de 17 años? ¿Del vecino extorsionado y amenazado por bandas que reclutan impunemente a menores por su inimputabilidad penal? Hay una peligrosa tendencia en el discurso “progresista” que evita enfrentar estas preguntas con honestidad, refugiándose en ideales que, si bien en ciertos casos bienintencionados, ya no dialogan con la urgencia de nuestra realidad.

Desde la sociología crítica, es evidente que el fenómeno de la violencia juvenil no es un accidente aislado, sino la manifestación de un sistema profundamente fracturado: familias rotas, exclusión estructural, barrios olvidados por el Estado, educación paupérrima y oportunidades nulas. Sin embargo, ¿acaso estas causas estructurales eximen al Estado de establecer límites claros y consecuencias reales para quienes cruzan la línea del crimen organizado?

Los detractores de la ley esgrimen estudios neurocientíficos que afirman que el cerebro adolescente no ha madurado lo suficiente como para tomar decisiones responsables. ¿Pero acaso la brutalidad de un asesinato pierde impacto porque el autor tenía 16 años y ocho meses? ¿La víctima violada sentirá menor trauma si le explican que su agresor carecía de una corteza prefrontal plenamente desarrollada?

Se ha dicho también que encarcelar a adolescentes aumenta la probabilidad de reincidencia. Sin embargo, el sistema actual ya es un fracaso en términos de resocialización, tanto para adultos como para menores. El Perú tiene uno de los índices más bajos de rehabilitación efectiva. ¿Cómo se puede hablar de daño futuro a la reinserción social, si ni siquiera existe una política coherente para alcanzarla? Aquí el problema no es la prisión, sino el abandono crónico del Estado.

La criminalidad juvenil ya no es un fenómeno espontáneo o marginal. Las organizaciones delictivas reclutan a menores sabiendo que sus actos quedarán impunes o serán tratados como simples faltas e infracciones administrativas. La ley, en este contexto, se convierte en una herramienta de incentivo para que los cabecillas continúen usando adolescentes como carne de cañón. Criminales con experiencia utilizan menores como ejecutores, sabiendo que el aparato jurídico los “protegerá”. Eso no es defensa de derechos humanos; es complicidad involuntaria con el crimen.

Y no es que la Ley 32330 sea una panacea. De hecho, en un Estado disfuncional como el peruano, el riesgo de abuso, de violaciones procesales y de condiciones carcelarias inhumanas es altísimo. Pero el fracaso institucional no puede seguir siendo argumento para perpetuar la impunidad. No se trata de encarcelar indiscriminadamente, sino de aplicar sanciones proporcionales y diferenciadas, según la gravedad del delito, sin cerrar los ojos a los hechos por miedo al qué dirán de las ONG.

Desde un enfoque sociológico, el castigo tiene también una función simbólica. Cuando un adolescente comete un crimen atroz y no recibe sanción alguna, se rompe el contrato social. La comunidad percibe que las normas no se aplican, que la justicia es débil, y eso erosiona la confianza en las instituciones. Castigar no es solo encerrar; es también afirmar el valor de la vida, del cuerpo, del respeto al otro. Sin consecuencias, no hay límites. Y sin límites, no hay sociedad.

Por supuesto que deben fortalecerse las medidas preventivas: educación, salud mental, integración social. Pero eso requiere décadas de reformas profundas, de políticas consistentes, de recursos sostenidos. Mientras tanto, ¿qué hacemos con los adolescentes que ya están inmersos en el crimen organizado? ¿Les ofrecemos talleres de pintura mientras siguen disparando en las calles?

La respuesta estatal no puede ser solo pedagógica ni meramente legalista. Necesitamos una justicia que sea restaurativa, sí, pero también firme y frontal. Que dé oportunidades, pero que no se rinda ante la amenaza delictiva. Desde luego, que la cárcel no es la solución definitiva, pero tampoco es el enemigo. El verdadero enemigo del Perú es el propio sistema que crea adolescentes dispuestos a matar, y el otro enemigo es el sistema que se niega a hacerles frente.

La Ley 32330, con todas sus limitaciones, representa un punto de inflexión: marca el límite de la tolerancia frente a la violencia juvenil impune. Si bien no resuelve los problemas de fondo, al menos ofrece un marco para comenzar a restaurar la confianza ciudadana y a mandar un mensaje claro: ser menor de edad no es sinónimo de inmunidad, ni de impunidad.

Porque en una sociedad democrática, los derechos de los adolescentes importan, pero también importan —y mucho— los derechos de quienes no quieren morir por una bala disparada por un «menor» que el sistema decidió tratar como un niño, aun cuando actúa como un criminal.

Por increíble que parezca, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua del continente, decidió rendir homenaje a la ministra Leslie Urteaga Peña con el título de “Sanmarquina destacada 2025”. El acto tuvo lugar el pasado 6 de mayo, en el marco del 474° aniversario de la universidad, y fue encabezado por la rectora Jerí Ramón, quien no dudó en regalarle abrazos y sonrisas a la funcionaria. La escena, digna de una telenovela política, pasará a la historia como una de las tantas ocasiones en que se confunde el mérito con la obediencia.

¿Destacada en qué? La ministra Urteaga ha ocupado dos carteras —Cultura y Desarrollo e Inclusión Social— sin que hasta ahora se le conozca una sola reforma, avance técnico o mejora sustancial en la vida de los peruanos. Todo lo contrario: arrastra cuestionamientos por su desprecio al cine regional, su intento de negar a Richard Swing, y su polémico encuentro con Juan José Muñico, líder del grupo ultraderechista La Resistencia. Por si fuera poco, está siendo investigada por presunta corrupción y por las intoxicaciones ocurridas en el programa de alimentación infantil Wasi Mikuna (ex Qali Warma).

Pero claro, en tiempos donde el criterio rector no es la excelencia sino la lealtad al poder, todo es posible. “Uno que desea constantemente ser bueno, cuando está rodeado de tantos que no lo son, acaba inevitablemente por arruinarse”, escribió Maquiavelo en El Príncipe. Tal parece que San Marcos ha optado por no arruinarse… pero al precio de rendirse ante el cinismo.

El reconocimiento a Urteaga no solo ofende la memoria de verdaderos sanmarquinos ilustres, sino que degrada la idea misma del mérito. ¿Qué mensaje se transmite a los estudiantes? Que basta con obedecer al gobierno de turno, callar ante los abusos y acomodarse en el poder para ser aplaudido.

San Marcos debería representar el pensamiento crítico, la resistencia al autoritarismo y la defensa del interés público. Hoy, lamentablemente, ha decidido premiar la mediocridad. No se trató de un homenaje: fue una genuflexión encabezada por su rectora Jerí Ramón.

En un mundo donde la inmediatez y la frialdad digital ganan terreno, el saludo sigue siendo un acto poderoso, profundamente humano. Lejos de ser un simple formalismo, saludar implica reconocer al otro, validarlo como presencia. En sociedades cada vez más atomizadas, ese pequeño gesto adquiere un valor enorme.

Desde tiempos antiguos, el saludo fue sinónimo de paz. Levantar la mano mostraba que no se empuñaban armas; era un signo de confianza. En Roma se convirtió en símbolo de amistad y lealtad, mientras que en diversas culturas ha adoptado formas variadas: reverencias, besos, inclinaciones o un apretón de manos. No importa la forma, el fondo es el mismo: respeto, sana convivencia social y reconocimiento mutuo.

El ‘Manual de Urbanidad y Buenas Maneras’, escrito en 1853 por el pedagogo venezolano Manuel Antonio Carreño, institucionalizó muchas de estas normas en América Latina. Su legado, aunque visto por algunos como obsoleto, mantiene vigencia en el fondo: enseñar a convivir. Carreño indicaba que quien llega a un lugar debe ser el primero en saludar. Hoy, esta norma parece simple, pero cada vez más olvidada.

La pandemia del Covid-19 transformó profundamente nuestras interacciones y quizá las relaciones humanas se tornaron más impersonales. El temor al contagio hizo que evitáramos el contacto físico, e incluso la distancia social se volvió hábito. Muchas personas dejaron de abrazar, de besar, de estrechar la mano. Y al mismo tiempo, en una era dominada por pantallas, el saludo fue reducido a un emoji o ignorado por completo.

Es preocupante cómo entre algunas generaciones más jóvenes, un «buenos días» puede parecer innecesario, o incluso invasivo e incómodo. ¿Cómo llegamos al punto donde lo cortés resulta extraño e inapropiado? La falta de saludo no solo rompe con una tradición social, sino que mina lentamente los pilares de la convivencia: la empatía, la educación, el respeto, la cortesía, los deberes cívicos y el reconocimiento del otro.

Reaprender a saludar es reaprender a convivir y a ser recíprocos. No importa si es con la mano, con una sonrisa o con un gesto discreto. Lo esencial es no perder la costumbre de mirar al otro y decir: “te reconozco y te respeto”. Porque saludar no quita lo valiente, al contrario, demuestra valor humano.

(Columna publicada en Diario Uno)

Dina Boluarte, la autodenominada presidente “madre de todos los peruanos”, no es más que la madrastra. Aquella que llegó por accidente a la casa de gobierno, hogar que no le pertenece y, lejos de proteger a los hijos ajenos bajo su cuidado, los mira con desprecio, los disciplina con crueldad y los desplaza como si fueran intrusos en su propio hogar.

¿Acaso no es esta la perfecta metáfora de lo que vivimos los peruanos?

Somos los peruanos uchura de mi madrastra como lo fue José María Arguedas. Relegados a la cocina, obligados a comer después que los «legítimos», castigados por existir. Maltratados en nuestra propia casa mientras el padre —la institucionalidad democrática— permanece ausente o quizás, como sugieren las circunstancias, ha fallecido en la acción terrorista institucional que vivimos desde diciembre de 2022.

La cocina —ese espacio marginal donde Arguedas encontró consuelo entre los sirvientes indígenas— es hoy la calle, donde el pueblo peruano busca hacerse escuchar frente a un poder que lo desconoce. Y ella, la madrastra Boluarte, se niega a reconocer el parentesco. 

Una madrastra que permite el cambio de nombre del Programa Nacional Aurora a “Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñam” en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o de Qali Warma a Wasi Mikuna por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, demuestra que cada fracaso del Estado solo necesita un nuevo rótulo para disfrazar el abandono estructural. Cambian los nombres, pero no los resultados: los mismos fracasos, la misma indiferencia, el mismo desprecio hacia los hijos pobres y vulnerables de la patria.

Un gobierno que obliga a sus hijos a sentarse en el rincón de la vergüenza para comerse las sobras de caballo del programa Wasi Mikuna; un gobierno que solo visita a sus hijos pobres —como lo hicieron ayer las ministras de la Mujer y de Inclusión Social en Condorcanqui, Amazonas— únicamente para tomarse la foto, engañarnos con regalos, pelotas y motores, y luego enviársela a nuestros hermanos mayores en el extranjero, esperando que nos envíen la “propina” disfrazada de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, nuestra madrastra faculta a sus amigos, que nos desprecian, para que se encarguen de nosotros, como lo hizo el ministro de Educación, Morgan Quero al encargar a su amiga Marilú Martens la administración de las residencias estudiantiles de Amazonas, premiándola con una subvención de 3 millones y medio, de fondos cuestionables tras su defensa pública.

Los 13 hijos en Pataz, peruanos sacrificados en el altar de la ambición por la fiebre del alza de los metales, son testimonio del abandono. ¿Cuántas madres hoy lloran a sus hijos fallecidos por las malas decisiones de quienes se presentan como la madre y el padre de la patria? Dina Boluarte y César Acuña, cómplices en este pacto de desmemoria y cálculo político, reparten puestos y privilegios mientras el pueblo entierra a los suyos.

En cada protesta aplastada, en cada periodista amenazado, en cada nombramiento de funcionarios mediocres pero leales, la madrastra Boluarte coloca otra cerradura más en las puertas de nuestra propia casa. Y ella, imperturbable, sigue hablando de «recuperar la paz» mientras ordena cargar los fusiles.

¿Hasta cuándo aceptaremos ser los hijos no queridos en nuestra propia patria?

El reloj corre, presidente. Cada día en el poder es un día más lejos de la reconciliación nacional. Cada decreto autoritario, cada negación de responsabilidad en las muertes de nuestros hermanos, cada gesto de complicidad con las fuerzas más retrógradas del país, es un clavo más en el ataúd de su legitimidad.

Recuerde que los hijos maltratados eventualmente crecen, el gobierno termina y las cárceles se abren de par en par para encerrarla junto a quienes hoy nos reparten las sobras, mientras a sus amigos les reparten millones.  

No somos sus hijastros. Somos los legítimos dueños de esta casa llamada Perú. Y recuerde la lección final de Arguedas: incluso el niño desplazado encuentra eventualmente su voz. Y cuando la encuentra, su grito retumba por generaciones.

Señora Boluarte, la historia no termina bien para las madrastras de los cuentos. El pueblo, eventualmente encuentra su camino de regreso al hogar que les pertenece.

El Perú no olvida. El Perú no perdona…

Grand Tour me toca muy de cerca (no hubiera querido hablar tan cerca de mí, pero esta vez no puedo evitarlo) porque soy alguien que trabaja el registro documental (he vivido, y, francamente, vivo ahí). Sé que el encanto y la complejidad a menudo desapercibidas y no lo suficientemente valoradas de gente real en entornos reales -realizando acciones hasta cierto punto imprevisibles, y no por eso menos ‘reales’- no tiene parangón. Como un sabor que evidencia su densidad, sus capas, con inmediatez. No quiero idealizar; y es precisamente desde mi práctica, que contravino muchas ideas iniciales, que hablo.

Es, como diríamos, entre ambigua, metafísica, ridícula o románticamente, ‘la vida’. Que, valga el cliché, es más extraña que la ficción. Y claro, qué será la ficción, no solo la realidad, a fin de cuentas. La supuesta realidad ‘verdadera’ (altamente dudosa, lo sé) es algo que, creo, atraviesa las categorías de pensamiento. Sobre esa base tan fresca, moderna y ‘real’, mediante y junto con este modo de hacer y mezclar (la tierra de nadie o la tierra de todos o el momento o el lugar ‘indecidible’ entre documental y ficción) Gomes despierta al mismo tiempo, o según él, los saberes, y las ignorancias, del cine clásico, el cine dentro del estudio, de las actuaciones, éstas sí, mucho más previsibles y predecibles.

Controladas, estipuladas, codificadas, tiempo ha, y lógico, burocratizadas incluso. Ese cine clásico que para Gomes es el cine mismo. Por mi parte, y para volver al tema del registro documental, esta mitad de la película, en texturas y atmósferas me llevó de manera directa al primer largo de Weerasethakul, que siempre me pareció su obra más desafiante y alucinante, Objeto misterioso al atardecer (2000). El objeto de Grand Tour no es tan misterioso. 

El objeto de Grand Tour es un hermoso salto hacia atrás. Que, haciendo eso, lo que quiere, es ir hacia adelante. Lo entiendo. La ficción es en muchos casos lo documental colonizado, me pregunto, ante el gusto manifiesto de Gomes. Y me pregunto si será justo mapear esta obra en y a partir de dos mitades tan diferenciadas. El hecho patente sin embargo es que los ricos juegos que practica la película, incluyendo toda la red de caminos de las voces en off plurilingüísticas, me llevan a la cerradura ‘clásica’ de la ficción. No a la liberación que se fusiona con la experiencia de lo impredecible.