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Enrique Ocrospoma o la corrupción como política
Enrique Ocrospoma. Foto: Peru21
Dicen que el río suena porque piedras trae; en este caso se trata de un tsunami de sucesos delictivos que empezaron a ocurrir desde enero de 2007, fecha en que Enrique Ocrospoma Pella asume como burgomaestre la gestión municipal del distrito de Jesús María.
Es desde esa primera gestión cuando se iniciaron las denuncias penales en contra de distintos gerentes municipales liderados por él mismo; y, pese a todo, tentó la reelección en 2011, con éxito. A casi cuatro años de su segunda gestión, y a pesar de ser abogado, se ríe del Poder Judicial, de la prensa y de los ciudadanos al pretender tentar una tercera reelección, sintiéndose así seguro de librar a la justicia.
Ocrospoma Pella ha sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción, el Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la Procuraduría; y a pocos días de los comicios municipales, nosotros nos preguntamos ¿por qué hasta el día de hoy anda suelto? ¿Acaso, favor con favor se paga?
La chacra de Ocrospoma
Desde su primera gestión se habló de compras ficticias, proveedores fantasmas, millonarios extornos, errores y devoluciones por montos que bordeaban los 64 millones de soles (sin saber a ciencia cierta el destino de ese dinero). ¿Qué hubiera sucedido si en esa época la Contraloría General de la República no hubiera detectado tales manejos? Ante el escándalo, el millonario monto fue devuelto en un solo depósito, el 18 de junio de 2008, a través de la cajera Natalia Carhuancho. Posteriormente la Procuraduría Anticorrupción solicitó una investigación fiscal para que se aclarara el tema y terminó detectando un desfalco, en 2007, ascendente a 1 millón de nuevos soles en el área de fiscalización por compras ficticias de materiales de mantenimiento y construcción, entre otros, que tampoco se habrían adquirido realmente.
Foto: Gabriel Cordova.
El chacal que echó a Ocrospoma
Roberto Llaja Tafur, fue sub-gerente de obras públicas de la Municipalidad de Jesús María en 2011, y fue recluido en el penal de San Jorge acusado de corrupción, tras ser descubierto recibiendo una coima para poder otorgar un permiso municipal de construcción a una empresa. Ya en el penal se acogió a la modalidad de “colaborador eficaz”, y, de esa forma, reveló el modus operandi del burgomaestre jesusmariano, tal como lo corroboró en su momento el abogado Héctor Carreño Sono, al afirmar que la colaboración de su patrocinado, el 17 de agosto de 2011, fue veraz y oportuna.
Llaja Tafur reveló que el parque Gálvez Barrenechea de Jesús María, fue realmente remodelado por el propietario del puesto de comida rápida «Mr. Taco», quien se encargó de correr con todos los gastos de los materiales de construcción; sin embargo, los funcionarios de la comuna hicieron ver a la opinión pública que la obra había sido ejecutada por la Municipalidad a través de un tercero al que tuvieron que abonarle mediante una orden de servicio un cheque de diez mil soles.
Llaja Tafur, el chacal. Foto: Diario La Primera.
Lo mismo ocurrió con la obra ejecutada en los cruces de los jirones Huáscar y Coronel Zegarra, dicha obra fue realizada con los fondos de Telefónica del Perú, que se encargó del asfaltado de las aceras de sus calles por haber realizado el cableado de redes; sin embargo, una vez más la gestión de Ocrospoma preparó los documentos para hacer ver que dicha obra había sido financiada y ejecutada también por la Municipalidad.
Lo grave de todo, fue que en su momento el fiscal acusador, José Pérez Gómez, que estuvo a cargo del caso, y que ordenó su prisión preventiva, inmediatamente fue removido de su cargo.
Llaja Tafur, quien consiguió su libertad tras seis meses de prisión, afirmó también que en su época de funcionario había una “consigna” que cumplir, y que los otros gerentes municipales del más cercano entorno del alcalde, en ciertas reuniones privadas, le indicaban que entre ellos se tendría que generar requerimientos ficticios para hacer «caja chica», por un valor de 130 mil soles mensuales, lo que en doce meses sumaban poco más de un millón y medio de nuevos soles. Esta cifra, de escándalo, se incrementaría en más de cinco millones de soles en su gestión (de cuatro años).
La jugosa caja chica era exigida por el propio alcalde Ocrospoma para los fines que creía conveniente. Llaja Tafur confesó que el alcalde había recibido departamentos como parte de pago por extender permisos para construir edificios de más de tres pisos; además de recibir un 10% de las obras autorizadas para construirse en el distrito. Hoy ya es conocido que Llaja Tafur, posteriormente, se retractó de sus primeras acusaciones contra su jefe, para luego afirmar que había sido obligado por un candidato y otros funcionarios para enlodarlo.
Fernando Padilla, la piedra en el zapato de Ocrospoma.
Fernando Padilla es un comerciante de flores que trabajaba frente a la clínica San Felipe. Un día, sin previo aviso, le cancelaron el permiso para seguir operando, pese a existir un convenio que el propio Ocrospoma estableció hasta el 2019. La mala noticia la recibió de la funcionaria Itala Típula Jara, quien hoy se encuentra trabajando en la Municipalidad del Rímac. ¿Qué de curioso tiene esto? Pues sucede que los despedidos por cometer irregularidades en la Municipalidad de Jesús María, obtienen inmediato trabajo en la Municipalidad del Rímac. ¿La razón? Tal vez sea el lazo de amistad que une a ambos alcaldes, o a que la señora Viviana Meza, Gerente Municipal del Alcalde del Rímac, es la esposa del teniente alcalde de la Municipalidad de Jesús María.
Foto: Gabriel Cordova.
Fernando Padilla y su familia han sido amedrentados, perseguidos y filmados por los serenos de Jesús María, quienes en lugar de cumplir la labor de patrullar para brindar seguridad de los vecinos, cumplen la labor de mastines del alcalde.
La sagrada familia
La señora Ifigenia Grimanesa Pella Cruzado de Ocrospoma, de 77 años, madre del alcalde Ocrospoma Pella, figura en una ficha pública de la Sunarp como propietaria de un predio que funciona actualmente como hotel. Su hija, y hermana del alcalde, María Patricia Ocrospoma Pella, de 43 años, adquirió una casa en el condominio Asia-Azul en Cañete, la misma que hipotecó por un valor de 6 millones de dólares; pero esta propiedad la compró a 147,000 dólares, financiada a siete meses, con cuotas de 21,000 dólares mensuales, canceladas el 13 de diciembre del 2012.
Anticipo de legitima para sus dos menores hijas.
El apoyo a la campaña presidencial de Gana Perú 2011 y sus vínculos con oficialismo
El 30 de mayo del 2011, según el registro de ONPE, el ciudadano Bruno Eduardo Gaudry Montoya aportó la suma de 213,290 nuevos soles. Gaudry Montoya era el tesorero de Ocrospoma y trabajaba en el Concejo de Jesús María como sub-gerente de finanzas. Si este funcionario percibía un salario de seis mil soles al mes, no mostraba signos exteriores de riqueza, e incluso estaba reportado en la central de riesgo Infocorp, ¿de dónde sacó el dinero para apoyar la campaña electoral del hoy presidente Humala? Todo parece indicar que Gaurdry Montoya solo fue quien llevó el dinero en nombre del verdadero aportante.
Aquí figura el jugoso aporte del señor Bruno Gaudry a la campaña de Gana Perú.
Por otro lado, es conocida la amistad entre Ocrospoma y quien fuera el Premier de la República del actual gobierno: Juan Jiménez Mayor; quien además fue socio de su estudio de abogados. Ocrospoma visitaba asiduamente las oficinas de Jiménez en la PCM, según consta en el libro de visitas. Ellos son tan amigos que el primo-hermano de Jiménez Mayor, José Enrique Rodríguez Jiménez, ha sido regidor en Jesús María. También se sabe que el actual congresista oficialista, Omar Chehade, involucrado en temas de corrupción, ha sido su compañero de promoción en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Lulú, la madrina de Ocrospoma
Para nadie es secreto que la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, es amiga íntima de Enrique Ocrospoma. Ella lo albergó por más de veinte años, primero en su Estudio Jurídico y luego en el Congreso en la Comisión de Constitución. Es tal vez por esta relación de amistad, que Lourdes Flores siempre minimizó los abusos cometidos por su ahijado, como cuando realizó -ilícitamente- construcciones al interior de las áreas verdes del Parque de los Próceres.
Canal 2, piensa en grande
“El funcionario público nace culpable hasta que no demuestre su inocencia”, dice Ocrospoma. Lo cierto es que hasta el día de hoy él no la ha demostrado. Está procesado por el delito de peculado doloso, por apropiación y falsificación de documentos en agravio del Estado, pero él argumenta que “Todas las afirmaciones de la prensa son inexactas; aunque es parte del juego democrático, yo solo confío en Dios, y en mi conciencia” (sic).
En el programa Sin medias tintas, del 06 de abril del presente año, se presentó un “supuesto” reportaje de investigación en el que informaban sobre las imputaciones y procesos anteriormente mencionados, además de la nueva “versión” del colaborador eficaz Roberto Llaja Tafur, que enfatizó que su confesión inicial, fue resultado la presión de otros personajes, como el ex alcalde Carlos Bringas.
Las grabaciones que mostró el programa dominical en el que Llaja cambia su versión, esta vez a favor de Ocrospoma, fueron grabadas en diciembre de 2013 por los mismos servidores públicos de la municipalidad de Jesús María (un camarógrafo de imagen institucional del concejo jesusmariano), y no por el equipo de María Eugenia Guevara, reportera del programa periodístico. Seguidamente, el propio Ocrospoma, ya en el set, felicitó al programa, a los conductores Mónica Delta y Aldo Mariátegui por haber realizado un «notable trabajo de investigación«. ¿Acaso en frecuencia Latina pasan por agua tibia el caso Ocrospoma por la supuesta deuda que mantienen con la Municipalidad?
La casa de La Planicie
Cuando postuló a la reelección en 2010, Ocrospoma no declaró la totalidad de sus bienes en la hoja de vida que presentó ante el JNE. En 2011 solo reportó un único bien, sin especificar qué era, pero cuyo valor era de 60,000 nuevos soles. La razón: se había despojado de sus departamentos en Miraflores y Jesús María. Estas propiedades habrían pasado a poder de sus pequeñas hijas, de 1 y 5 años.
El 25 de abril de 2011, la sociedad conyugal que mantenía con su actual esposa, Rosana Montero, compró una casa de 639 m2 en la zona más exclusiva de la Molina (La Planicie), valorizada en $400,000 dólares. Esta propiedad, cancelada en un 50% con un préstamo del Banco Financiero, y el saldo con sus fondos personales, fue transferida a sus hijas ese mismo año, como Anticipo de Legitima, que no es otra cosa que una donación del bien a sus herederas forzosas. Si el alcalde gana S/7,150 mensuales, y S/10,000 que dice percibir como profesional privado, ¿de dónde adquirió en tan poco tiempo los otros $200,000 dólares para cancelar dicha propiedad?
Registro de la propiedad de la casa en La Molina.
Lo insólito es que en la ficha registral y en la escritura pública de transferencia, el predio se valorizó en S/306,748 nuevos soles, es decir, cuatro veces menos su valor real.
Ocrospoma, el intocable
El fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción, Daniel Cerna Salazar, denunció al alcalde Ocrospoma el 23 de abril de 2013 ante el Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Lima, pidiendo al juez 6 años de pena privativa, y 6 años de inhabilitación; extrañamente, este mismo fiscal, Daniel Cerna, acaba de retirar la denuncia penal que antes había formulado en contra del alcalde, aduciendo que no habían elementos suficientes que lo incriminaran.
Extrañamente fiscal retira la acusación al alcalde Ocrospoma.
Este hecho ha desconcertado a los vecinos de Jesús María y a la opinión pública, pues el titular del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima ha admitido el retiro de la acusación contra Ocrospoma y contra el gerente de la constructora COPEI, Gladys Pineda Lima, porque «no se acreditó el valor probatorio en los supuestos delitos de peculado doloso en agravio del Estado».
Es evidente que algo está mal en la Municipalidad de Jesús María, y es evidente también la increíble suerte de su alcalde, de sus funcionarios y proveedores intocables, como Pierre Quinteros Lloja (en su momento contratista con la Municipalidad de Jesús María) primo-hermano de Adler Vigo Loja, efectivo policial, seguridad, y hombre de confianza del alcalde.
No está demás recordar que el año 2011 un periodista de apellido Camacho, que investigaba al alcalde por las denuncias acumuladas, fue agredido por 6 matones que lo interceptaron en la calle, dejándolo inconsciente en el piso. Antes de partir, se aseguraron de que entendiera bien el mensaje: “deja de joder”, le susurraron al oído. De igual manera el periodista de Panamericana Televisión, José Mariño, denunció ser sujeto de una serie de amedrentamientos, como el que sufrió su esposa, cuando unos desconocidos tocaron el intercomunicador de su vivienda y le dijeron: «Tenemos un encargo de parte de la municipalidad de Jesús María». Algo huele a podrido no solo en Dinamarca.
Actualidad
Gobierno Regional de Loreto intensifica mantenimiento de la carretera Iquitos-Nauta y exige mayor apoyo del Ejecutivo
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto.
El Gobierno Regional de Loreto, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), ha intensificado las labores de mantenimiento rutinario en la carretera Iquitos – Nauta, una de las principales vías terrestres de la región amazónica. Las acciones, que comprenden la limpieza de malezas, desbroce de áreas invadidas por la vegetación, limpieza de cunetas y bacheo en zonas críticas, forman parte de una estrategia de conservación de esta importante arteria vial que conecta la capital regional con el distrito de Nauta.
Según lo anunciado por el gobierno regional, el mantenimiento de esta vía es considerado una prioridad, no solo por su relevancia para el tránsito de personas y mercancías, sino también porque es una de las pocas rutas terrestres que permite una conexión directa entre poblaciones del interior de Loreto. La Amazonía, caracterizada por su geografía compleja y dispersión territorial, depende en gran medida del buen estado de sus carreteras para facilitar el acceso a servicios básicos, el comercio local y la reactivación económica de la región.
El Dr. Pío Flores, gerente de la GRTC, informó que, además del mantenimiento rutinario, su despacho viene desarrollando los estudios técnicos necesarios para el mejoramiento integral de la carretera Iquitos-Nauta. “No solo se trata de parchar huecos o limpiar los bordes. Esta vía necesita una intervención mayor, y estamos trabajando en los estudios que lo permitan. Pero sin apoyo del Gobierno central, será difícil avanzar”, declaró Flores.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado enérgico al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional Descentralizado, así como al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que asignen mayores recursos al Gobierno Regional de Loreto y a las municipalidades locales. “Con los escasos recursos que tenemos, hacemos lo posible por mantener nuestras vías transitables. Pero esto no puede recaer únicamente en los gobiernos regionales. El Estado debe entender que la conectividad en la Amazonía es una cuestión de urgencia y justicia territorial”, agregó.
La carretera Iquitos-Nauta, que ha sido históricamente afectada por el abandono y las inclemencias del clima, representa una línea vital para más de 120 mil personas que habitan en los distritos adyacentes. En épocas de lluvia intensa, muchas de sus zonas quedan prácticamente intransitables, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y limita el traslado de bienes de primera necesidad.
El Gobierno Regional de Loreto reitera su compromiso con el desarrollo vial de la región y continuará ejecutando labores de mantenimiento mientras gestiona el financiamiento necesario para proyectos de infraestructura más sostenibles. La ciudadanía espera que las autoridades nacionales escuchen este llamado y que, por fin, la selva deje de ser olvidada en el mapa de prioridades del Estado peruano.
Gestión del gobernador René Chávez reafirma su compromiso con Loreto. pic.twitter.com/q9tsxnKOZB
— Revista Lima Gris (@Limagris) April 17, 2025
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‘Cajuela’ de motorizados de delivery deberá estar fijada al chasis del vehículo
Quienes brinden servicios deberán empadronarse en el “Registro Nacional de Envíos de Entrega Rápida” de lo contrario ya no podrán circular, y deberán contar con DNI o carné de extranjería, domicilio y correo electrónico, domicilio del representante legal y partida de inscripción registral de la empresa. Asimismo, los motorizados no podrán llevar acompañantes.
Las cajuelas portátiles que aún llevan en sus espaldas los miles de repartidores motorizados del servicio delivery que circulan por todo el país, están con las horas contadas, debido al reciente Decreto Supremo n.° 006-2025-MTC emitido este jueves 17 de abril, que aprueba medidas específicas para fortalecer la seguridad ciudadana en materia de tránsito y transporte. El mismo que establece la creación de un registro obligatorio para los repartidores de delivery, quienes dentro de un mes deberán inscribirse en dicho padrón a través de sus municipalidades.
Es decir, a partir del 17 de mayo de 2025, todos los repartidores de delivery, ya sean personas naturales o vinculadas a empresas o aplicaciones, están obligados a registrarse, en el «Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida», parte del Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (SINARETT).
Requisitos para registrarse como repartidor delivery
El registro incluye a conductores de motocicletas, bicimotos y bicicletas. Estos deberán cumplir con requisitos como presentar su DNI o carné de extranjería, licencia de conducir, placa del vehículo, SOAT vigente y certificado de inspección técnica, cuando corresponda.
-Nombre, razón o denominación social.
-Documento nacional de identidad (DNI), carné de extranjería o número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
-El domicilio y correo electrónico de la persona natural o jurídica solicitante.
-De corresponder, el nombre y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral de la empresa solicitante y de las facultades del representante legal de la persona jurídica.
-Nombre, documento nacional de identidad o carné de extranjería y número de licencia de conducir del (los) conductor(es) que se solicita habilitar, cuando corresponda.
-El número de las placas de rodaje de los vehículos que se solicita habilitar, cuando corresponda, señalando que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el presente reglamento.
-Contar con certificado SOAT y certificado de inspección técnica vehicular vigente, cuando corresponda.
-Número de operación de pago por derecho de trámite.
También se exigirá una declaración jurada donde se comprometan a no llevar acompañantes y a transportar los paquetes en cajuelas, salvo en el caso de bicicletas.
Se acabaron ‘cajuelas portátiles’ adheridas en espaldas de motorizados
En uno de los preceptos del Decreto Supremo en mención se indica las condiciones técnicas específicas que en lo sucesivo se exigirá a los motorizados repartidores del servicio de delivery
Artículo 24-A.- Condiciones técnicas específicas exigibles a los vehículos destinados al servicio de transporte de envíos de entrega rápida
24-A1 Sólo se puede destinar al servicio de transporte de envíos de entrega rápida vehículos que correspondan a la categoría L subcategorías L1 y L3 del ANEXO I. CLASIFICACIÓN VEHICULAR del RNV y bicicletas. 24-A.2 Los vehículos de la categoría L subcategorías L1 y L3 deben contar con los siguientes elementos, características, equipamientos o dispositivos:
a. Sistema de frenos;
b. Sistema Sonoro;
c. Láminas retrorreflectivas;
d. Alumbrado delantero y trasero; y
e. Cajuela para reparto de mercancía, en la cual debe consignarse la Placa Única Nacional de Rodaje y ser fijada al chasis posterior del vehículo.
Si repartidor no tiene moto, deberá tener ‘contrato de arrendamiento’
La norma contempla situaciones en las que el repartidor no sea propietario del vehículo. En estos casos, se deberá presentar un contrato de arrendamiento que indique expresamente que el vehículo será usado para entrega de pedidos. Este documento será validado por las municipalidades provinciales, que deberán verificar que el arrendador sea el dueño legítimo.
Vehículos permitidos para el servicio de delivery
-Motocicletas: Cilindrada mayor a 50 cm3. Velocidad máxima mayor a 50 km/h
-Bicimotos: Cilindrada de hasta 50 cm3. Velocidad máxima de 50 km/h
-Bicicletas: De todo tipo
Adicionalmente, los conductores deberán participar en capacitaciones dictadas por las municipalidades provinciales sobre calidad de servicio, normativas de tránsito y seguridad vial. El incumplimiento de cualquiera de estos lineamientos podrá generar sanciones severas.
Repartidores que no cumplan con la norma pagarán más de S/ 4 mil
Las infracciones por operar sin estar registrado, o por no cumplir las condiciones establecidas serán consideradas «Graves» o «Muy Graves». Cada falta está sujeta a una multa de 0.8 UIT, equivalente a S/ 4.280, además del decomiso del vehículo y su internamiento.
Entre las infracciones figuran: prestar el servicio sin autorización, transportar mercancías fuera de la cajuela, llevar acompañantes, utilizar vehículos sin las condiciones técnicas exigidas o manejar con una licencia vencida, suspendida o no correspondiente.
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Fallece periodista Álamo Pérez – Luna a la edad de 61 años
Un año atrás, polifacético comunicador había indicado que le habían extirpado un tumor maligno en el riñón.
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Sodalicio acata orden del Vaticano y queda oficialmente suprimida
Tras décadas de denuncias por abuso sexual, psicológico y físico, el Vaticano ha puesto fin al Sodalicio de Vida Cristiana.
Perdieron el rumbo en el camino y hoy les toca acatar la orden directa del Santo Padre. El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha dejado de existir oficialmente desde ayer, luego de que el superior general de la comunidad firmara el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica laical.
La disolución fue confirmada por el propio SVC a través de un comunicado en su sitio web.
La decisión, aprobada por el papa Francisco, pone fin a una institución marcada durante años por denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra sus integrantes, perpetrados por sus líderes y fundadores.
“Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión”, señala el comunicado.
En el mismo documento, el disuelto grupo pide perdón por los maltratos y abusos cometidos en la comunidad.
“Nuestra mirada se dirige también a las víctimas; les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado”, señala el texto.
Asimismo, se da a conocer el nombramiento de monseñor Jordi Bertomeu Farnós como comisario apostólico, encargado de la ejecución del proceso de supresión.
Previo a la entrega del decreto de disolución, se identificaron las propiedades y fundaciones vinculadas al Sodalicio con el fin de evaluar su destino como parte del proceso de reparación a las víctimas y el sustento de los miembros que dependían de la comunidad.
Como se recuerda, hace dos décadas surgieron denuncias de exmiembros que fueron profundizadas por investigaciones periodísticas, las cuales expusieron los abusos sistemáticos perpetrados por su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari, quien fue finalmente expulsado del grupo en agosto de 2024.
El dato:
El SVC se resistió a formalizar su disolución, a pesar de la orden del papa Francisco emitida en enero de 2025.Según el abogado José Ugaz, representante de seis víctimas no indemnizadas, el SVC maniobró para vaciar sus bienes y fondos antes de la disolución, con el fin de evitar que sean gestionados por el Vaticano. Ugaz alertó al Vaticano sobre esta posible fuga de dinero y ocultamiento de patrimonio en una carta enviada el 24 de marzo.
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Metro de Lima: Cierran estaciones La Cultura y Nicolás Arriola por persona herida en rieles [VIDEO]
Como es habitual, la Línea 1 del Metro de Lima ha emitido un comunicado indicando que el cierre temporal se debe a un “incidente ajeno a su operación”. Sin embargo, cada cierto tiempo aquellos incidentes consisten en intentos de suicidios de personas que fortuitamente deciden arrojarse a los rieles de la vía ante la inoperancia de los miembros de seguridad.
Alrededor de las 10.30 de la mañana de este lunes 14 de abril, se reportó un nuevo incidente en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo a la información preliminar, una persona resultó herida y fue evacuada al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Sin embargo, como es habitual, a través de un comunicado ambiguo, el servicio de transporte público anunció el cierre temporal de las estaciones La Cultura y Nicolás Arriola, indicando que dicho cierre se debe a un incidente ajeno a su operación, evitando informar las verdaderas razones de la suspensión.
Es decir, el servicio de trenes se ha restringido de la siguiente manera: Desde Villa El Salvador hasta San Borja Sur y desde Bayóvar hasta Gamarra.
No habrá circulación de trenes entre San Borja Sur y Gamarra, por lo que las estaciones afectadas no ofrecerán servicio al público.
Las autoridades del Metro de Lima recomiendan a los usuarios considerar otros medios de transporte para sus desplazamientos y agradecen la comprensión del público. Además, solicitan seguir las indicaciones del personal en estaciones.
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Paralizan obras del hotel Sol Ollantaytambo Boutique ante presuntas irregularidades en su construcción
Desde tempranas horas del día, DDC del Cusco intervino construcción salpicada por presuntos actos de corrupción.
Lo que mal empieza, mal termina. Luego de hacerse pública la denuncia de Andrés Bravo Pinedo, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Ollantaytambo, respecto a un presunto acto de corrupción perpetrado nada menos que por el alcalde de Ollantaytambo Paul Palma, en colusión con la propietaria del hotel Sol Ollantaytambo Boutique, Lucinda Miranda Farfán, y su administrador Derik Miranda Farfán, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco, con apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) paralizaron la construcción del mencionado recinto hotelero como parte de una “medida cautelar” dispuesta por el despacho de Cultura.
La labor fiscalizadora, en principio, le corresponde a la municipalidad de Ollantaytambo, encabezada por Paul Palma, sin embargo, al estar dicha autoridad involucrada en las investigaciones, la encargada de realizar la medida preventiva fue la DDC del Cusco.
Y es que como ya se publicara en este medio, Andrés Bravo Pinedo viene denunciando una presunta red de tráfico de influencias y abuso de autoridad por parte del alcalde Paul Palma y los representantes del hotel Sol Ollantaytambo Boutique.
De acuerdo a los primeros informes obtenidos, la municipalidad de Ollantaytambo otorgó, sin pasar por las comisiones técnicas correspondientes, el permiso de restitución volumétrica para dicha obra, la misma que hasta la fecha no cuenta con una orden de demolición.
“La tardanza en la anulación y la ausencia de una orden de demolición sugieren complicidad o negligencia por parte de las autoridades, permitiendo que el daño al patrimonio continúe”, se lee en la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso.
Asimismo, continúa el informe, “entre las autorizaciones otorgadas de forma irregular se encuentran las siguientes: autorización N° 001-2023-GDUR – MDO, autorización N° 016-2024-GDUR – MDO, y la autorización N° 020-2024-GDUR – MDO. Además, la ejecución de obras no cumple con la normativa vigente, donde los propietarios deberían presentar el expediente respectivo al procedimiento administrativo, en concordancia al Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2022-MC, de fecha 23 de noviembre del 2022”.
La nota completa en el siguiente enlace:
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Finalmente, se tuvo conocimiento que la diligencia realizada esta mañana no acudió personal de la Fiscalía, impidiéndose la incautación de las herramientas y maquinarias, y constatando que al término del encintado aún habían obreros trabajando dentro de dicho inmueble.
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