Por Rafael Romero

Nunca es tarde para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la diplomacia peruana como institución de la República empiecen a revelar verdades, eliminar la impunidad, sacar la mala sangre y sincerar sanciones.

A poco de concluir el 2023, en medio del caos de gobernabilidad y la guerra de mafias, le cabe a Torre Tagle hacer de tripas corazón y darle un ejemplo de altura y decencia a la nación.

Al margen del prurito legalista, del argot administrativista falto de constitucionalidad y de la letra chiquita de la dictadura burocrática, existe una agenda irresoluta en la Cancillería frente al abuso contra la dignidad humana, a la ineficiencia de algunos cuadros profesionales, a la falta de probidad y la indiferencia.

¿Esa agenda puede corregirse hoy? Desde luego que sí. Aunque recién empiece, será un gran avance ante el silencio cómplice de cancilleres del pasado, llámense Gervasi, Wagner, Meza Cuadra o Maúrtua, por citar algunos.

Hoy el ministro de Relaciones Exteriores es un hombre formado “en y para” la diplomacia, pero también “en y para” el derecho, con una reconocida labor en la academia, en la ciencia política y las relaciones internacionales, profesor en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Academia Diplomática, con gran sensibilidad y olfato para distinguir de lejos lo que es justo y lo que es violatorio de los derechos humanos.

De manera que le será fácil concordar que el complot contra el entonces embajador del Perú en Israel, Fortunato Ricardo Quesada Seminario, fue hecho sembrado el año 2018 que configuró un acto de canibalismo funcional y de barbarie ministerial, pero que todavía no ha terminado.

Es decir, el embajador Quesada fue víctima de un acto de la peor estofa, perpetrado por otros funcionarios cuyos nombres son hoy un baldón para el servicio diplomático; pero están en mejores puestos, premiados inexplicablemente porque en el Perú cualquier cosa puede pasar.

Ellos (Popolizio, Boza, De Zela y Rubín) protagonizaron una conspiración probada tal como se desprende de los expedientes de investigación disciplinaria; pero esta historia todavía no ha tenido un correlato de justicia en la medida del enorme daño generado en una persona.

Esto amén de que el hecho fue nulo desde un inicio, con grabaciones ilegales, premeditadas y alevosas, también con chats de funcionarios de Cancillería que llenan de vergüenza ajena a quienes los lean, sin la debida sanción en más de cinco años de oprobio, falto de medidas reparadoras para el daño acometido contra la imagen del Perú y la Cancillería.

En puridad, esto no lo puede negar hoy el funcionario de recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y más allá que el caso esté en el Poder Judicial, existe la figura legal de la revocación (Ley del Procedimiento Administrativo N° General N° 27444), evidenciando que hay una justicia institucional para proscribir esos complots, por demás que en el Caso Quesada las pruebas son irrefutables, obtenidas por la propia Cancillería, que demostraron que él era inocente, aunque todavía prima impunidad para determinadas vacas sagradas de la diplomacia que hasta el presente no han recibido sanción alguna.

Como se recuerda, desde Lima Gris informamos el pasado 27 de octubre, en calidad de primicia, los detalles del “registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en un complot (https://limagris.com/chats-revelan-conspiracion-y-blindaje-desde-cancilleria-a-favor-de-popolizio/), documento que cuenta con el visado oficial de la Embajada del Perú en Israel y fedateado en sus 31 folios por el jefe de la sección consular Víctor Alejandro Reynoso.

Pero también existe otro documento revelador de 29 folios, que estaba relegado en la Cancillería. Se trata del “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por la funcionaria Fátima Trigoso Sakuma, ministra jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, en respuesta a la Hoja de Trámite (GAC) N° 1321, de 02 de setiembre de 2020. Trigoso remitió ese informe al “gabinete del viceministro” de Cancillería, dando como resultado, según el ítem IV, que los infractores son: el embajador Néstor Popolizio Bardales; el Embajador Hugo de Zela Martínez (hoy en retiro); el Embajador José Boza Orozco (fallecido en agosto del año pasado); y el diplomático Pedro Rubín Heraud, nombrado recientemente por la hoy excanciller Gervasi como Cónsul General del Perú en Río Branco (Brasil).

Hoy, para la Cancillería, no solo está en juego la pulcritud e idoneidad de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Ley del Servicio Diplomático de la República sino, fundamentalmente, lo que debe ponerse en vigencia es un tema de derechos humanos. El complot contra Fortunato Quesada no es un tema aislado, sino de todos los ciudadanos que mañana o más tarde pueden ser víctimas de esta clase de trampas institucionales o laborales.

Vaivenes. El cierre de este año viene dando muchas sorpresas a nivel político, debido a que la población tenía centrada su atención a las investigaciones contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte y unos presuntos favorecimientos a alcaldes, para luego enfocarse a las pugnas intestinas en la Fiscalía de la Nación, teniendo como protagonistas a la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sus asesores y algunos congresistas; y lo más reciente con la orden expresa del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al ex presidente Alberto Fujimori.

Mediante una resolución el alto tribunal ha declarado fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en este proceso. Así, ordenan al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal Barbadillo que dispongan la “inmediata liberación” del dictador Alberto Fujimori, quien se encontraba cumpliendo 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Asimismo, los magistrados resolvieron “llamar severamente la atención” al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández, exhortándolo a “poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones” al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus.

TC desestima a la CIDH

En la resolución los magistrados también señalan la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de supervisión del cumplimiento de sentencias, a fin de disponer la inejecutabilidad de una sentencia. Esto luego que la CIDH frenara la restitución del indulto humanitario dispuesta por el TC en marzo del año pasado.

Señalan, en ese sentido, que la CIDH no tiene competencias para ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional y solo queda facultada para dejar constancia en una resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera el caso, informar a la OEA.

Reacciones

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, en declaraciones para Exitosa, se pronunció tras conocerse que el Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente de la República, Alberto Fujimori, y aseguró que hoy se producirá la excarcelación de quien “nos liberó del terrorismo, de las manos de Sendero Luminoso y del MRTA”. 

“Hoy día se libera a la persona que nos liberó del terrorismo, de las manos de Sendero Luminoso y el MRTA. Hoy día se libera a la persona que nos rescató de un desastre económico nunca antes visto (…) Por un tema de derecho y de humanidad, corresponde que el expresidente Alberto Fujimori ya esté en libertad”, señaló.

El exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, tras su detención preliminar, durante un interrogatorio confirmó que todas las capturas de chats que se difundieron el último lunes 27 de noviembre son reales y que, las coordinaciones con congresistas para obtener votos para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos y la destitución de los integrantes de la Junta Nación de Justicia (JNJ) fueron ordenadas por la fiscal, Patricia Benavides.

Esta corroboración que ha revelado la veracidad de los pantallazos, hoy fue publicada por El Comercio. Y detalla cómo el subordinado de Benavides, acató sus órdenes, para coordinar y negociar la intención de los votos de los legisladores, a cambio, de archivar las investigaciones de los que estén involucrados en delitos penales.

En el interrogatorio al que Jaime Villanueva fue sometido por parte del fiscal Fredy Niño Torres del EFICCOP, se lee:

“Sí, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con mi número 924575375 con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas”.

Villanueva no solo reconoció haber actuado por orden de Benavides, sino que también confirmó los casos de votos en los que se determinaba la injerencia de la fiscal de la Nación. Según el exasesor de Benavides, las conversaciones con el congresista se dieron “para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, así como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor”.

Sin duda, que con esta declaración del exhombre de confianza de la fiscal Benavides Vargas, la imputación de tráfico de influencias que recae sobre la titular del Ministerio Público, cobra más sentido y contundencia.

Asimismo, Jaime Villanueva en el interrogatorio habló sobre la injerencia de la fiscal de la Nación, para remover a los siete miembros que conforman la Junta Nacional de Justicia (JNJ).  

“Reconozco que las imágenes que me muestra corresponden a los pantallazos de las conversaciones que tuve […] con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, para que los congresistas voten a favor de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”.

Jaime Villanueva se acogió a la colaboración eficaz

Finalmente, trascendió que el exasesor de confianza de Patricia Benavides se acogió a la modalidad de “colaborador eficaz” para someterse a las investigaciones por el caso “La fiscal y su cúpula de poder”. Esto significaría que, en cualquier momento, se le podría revocar su orden de prisión preliminar, y quizá se le dictaría la medida de comparecencia con restricciones.

Todo queda en familia. Tal parece que el pus ha empezado a salir de la llaga y que al menos este mes será muy turbulento para la política peruana. Negociados, conversaciones secretas, alianzas creadas por un mero interés privado dentro del Congreso; las vísceras están expuestas en la Fiscalía de la Nación y la carroña ha empezado a asomarse.

La investigación contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha puesto también los reflectores en el Congreso de la República, especialmente sobre aquellos parlamentarios que recibieron la visita de sus asesores, de los miembros de la supuesta organización criminal que ella lideraría. Y al parecer más de uno se habría beneficiado de diversas maneras.

El 17 de agosto del 2022, Miguel Girao Isidro, asesor de la fiscal Patricia Benavides, visitó al congresista José María Balcázar desde las cuatro y cincuenta de la tarde hasta las siete y cuarenta de la noche. Tres horas permaneció en el despacho del parlamentario de Perú Bicentenario.

Un mes después, la reunión se repitió. Pero, Girao no llegó solo. Acudió acompañado de los otros dos asesores de la Fiscal de la Nación que también vienen siendo investigados: Jaime Villanueva y Abel Hurtado. Todo con un solo propósito que a continuación se revelará.

Mi querida nuera

En setiembre pasado, la fiscal de la Nación firmó una resolución en la que se nombra a Scarlett Anshy Gálvez Campos como fiscal adjunta provincial del distrito fiscal de Lambayeque, en el área de Derechos Humanos e interculturalidad. Ese nombre, en un principio, pasará desapercibido por los lectores, pero nos referimos a la nuera del congresista José Balcázar. Un mes después, la misma fiscal Benavides firmó otra resolución designándola en el despacho de la fiscalía provincial mixta corporativa de La Victoria, también Lambayeque.

El propio legislador Balcázar, supuestamente haciendo un esfuerzo por recobrar la memoria, se acordó que Scarlett, en efecto, es la esposa de su hijo. Un reportero de Canal N le aclaró un poco más sus lazos familiares.

“¿Congresista Balcázar? Sí. Congresista quisiera hacerle una pregunta. Si usted interfirió en el nombramiento de Scarlett Gálvez Campos, ¿la conoce? No. […] ¿No la conoce? No. ¿No es la pareja de su hijo? No. No es la madre de… Ah, ya, ya, ya. No, no he interferido. ¿Ya se acordó de quién es Scarlet Gálvez Campos? Sí, ahorita sí me acuerdo, pero no, no, no he interferido”, respondió.

“¿Le entregó usted el CV? Sí, recuerdo. Un USB, recuerdo. ¿A quién le entregó exactamente? Creo que ha sido a Villanueva, me parece. ¿Parece que Villanueva? Sí, Jaime Villanueva, a Jaime Villanueva […] Cuándo lo visitó en el Congreso, ¿no? Cuando me visitó en mi oficina. Claro, ¿cuándo lo visitó en su oficina del Congreso? Sí”, agregó el parlamentario.

Hay que recordar que el nombre del congresista Balcázar aparece en los chats de Jaime Villanueva, quien coordinaba una serie de decisiones con el Parlamento. Entre ellos estaba concretar la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la elección del abogado Josué Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo, y efectuar la remoción de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Una palmadita y todo sigue como si nada. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó ayer solamente sancionar a la legisladora Digna Calle (Podemos Perú) con una escueta amonestación escrita por abusar de las licencias sin goce de haber cuando se mantuvo fuera del país por más de un año.

La decisión se tomó con seis votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Con ello, la congresista será citada para que escuche su sanción. Esta será publicada en la página web del Congreso y se enviará a la Oficialía Mayor, precisaron fuentes de la comisión.

Los votos a favor fueron de Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Elizabeth Taipe (Perú Libre), Héctor Ventura (Fuerza Popular) y Diego Bazán (Avanza País).

Se pronunciaron en contra los legisladores Alex Paredes (Bloque Magisterial), Héctor Valer (Somos Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario) y Kira Alcarraz (Podemos Perú). En tanto, el único voto en abstención fue de Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso).

Blindaje descarado

El informe final recomendó sancionar a Calle solo con una amonestación escrita y pública a pesar de que la encontró responsable de infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentario, relacionados a la conducta que deben seguir los legisladores.

En el documento se señaló que la congresista estuvo fuera del país durante más de 365 días. Por ello, no cumplió con al menos 10 semanas de representación.

El informe destacó que Calle salió del país en 16 oportunidades rumbo a Estados Unidos, lo que le impidió realizar sus funciones parlamentarias. Incluso, pidió licencia apenas dos días después de asumir el cargo, en julio del 2021. Aquella vez, se ausentó entre el 29 de julio y el 15 de agosto.

“La conducta [de Calle] contraviene a los principios de respeto y responsabilidad con la ciudadanía que la eligió […] y afectó la imagen del Congreso”, señaló el informe.

También precisó que existe un “vacío legal” para la aprobación de licencias en el Congreso, “pero ello no exonera la toma de conciencia sobre la conducta ética responsable que debe tener un congresista”.

Aunque parezca increíble, la parlamentaria Calle no se ha inmutado en lo más mínimo y manifestó que continuará trabajando de manera virtual porque “el Congreso lo permite”. Además, aseguró que acudirá presencialmente a las sesiones el día que la Mesa Directiva lo disponga así.

“No hubo ninguna falta ética. Me he basado al Reglamento del Congreso de la República y la autorización que me dio el Consejo Directivo (…) Yo sigo trabajando de manera virtual porque el Congreso lo permite. El día que la presidencia llame a sesiones presenciales, ese día yo estaré. Tengo mi oficina en el tercer piso donde sigo laborando virtualmente”, declaró a la prensa semanas atrás.

Vías libres. El Consejo de Ministros aprobó el Decreto Legislativo (DL) 1589, que modifica el Código Penal para garantizar la seguridad y tranquilidad pública en el país con medidas que agravan las penas para aquellas personas que bloqueen importantes vías de comunicación.

Se establecen penas de hasta 15 años de prisión por el delito de disturbios, así como para quienes atenten contra la integridad y la vida de las personas o la propiedad pública o privada y colaboren en actos que entorpezcan o causen graves daños a las infraestructuras del país.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó que el decreto sanciona la afectación de las vías terrestres y fluviales, y de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria, y la vinculada con la distribución de energía, hidrocarburos y minerales, entre otras.

“Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretender cortar, suspender o afectar los derechos de todos los peruanos”, recalcó.

La disposición legal también condena, con no menos de ocho ni más de 10 años de prisión, a quienes causen graves daños sobre los recursos, las infraestructuras y los sistemas esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las capacidades vinculadas con servicios públicos.

Además, contempla hasta seis años de cárcel a los que de manera voluntaria colaboren con el delito de disturbios mediante la provisión de bienes muebles, objetos o instrumentos, o de la aportación de recursos financieros.

“El marco legal ahora es bastante claro. Hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso al Ministerio Público, para que a partir de la fecha, con este nuevo marco penal, apliquen las penas”, dijo.

Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que las modificaciones al Código Penal buscan penalizar actos que abusan de las manifestaciones con el fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Enfatizó que el aumento de penas para los delitos de bloqueo de carreteras, así como entorpecimiento de servicios públicos, tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y los bienes públicos y privados. 

“La norma tiene un valor muy importante porque está orientada a la ciudadanía. Es importante que se entienda que este decreto está orientado a proteger a la ciudadanía, pero también a proteger los bienes”, señaló.

Sin duda, el descaro del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich no tiene límites, porque a pesar de haber sido interpelado dos veces en el Congreso y ser salvado de la censura sucesivamente, ahora como para despejarse de los interrogatorios y del escrutinio parlamentario, quiere viajar a Dubái para participar en la COP28 y ha enviado un oficio a la Cancillería para que le den autorización urgente y le ayuden a tramitar su periplo por los Emiratos Árabes Unidos, mientras se dio una masacre en la mina Poderosa en Patáz, que dejó un trágico saldo de diez trabajadores fallecidos y trece heridos. 

Asimismo, el titular del Minem, como para no sentirse solo, ha tramitado la presencia de sus compañeros de viaje para que lo acompañen en medio oriente. Entre ellos, se encuentran el cuestionadísimo asesor del despacho ministerial, Giancarlo Paolo Víctor Mendoza Fernandini (quien tiene denuncias por violencia familiar y por resistencia a la autoridad), y el viceministro de Electricidad, Jaime Eulogio Luyo Kuong.

Cuestionado asesor del Minem, Giancarlo Paolo Víctor Mendoza Fernandini.

Denuncias del asesor del ministro Oscar Vera.

El cuestionado ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, desde que fue designado el 10 de diciembre de 2022 como titular del portafolio, fue blanco de duras críticas por su cercanía al gobierno saliente de Pedro Castillo y por haber sostenido extrañas reuniones con el exmandatario chotano y con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, ahora preso, así como por haber compartido con Evo Morales en un almuerzo en Palacio de Gobierno.    

En esa línea, por otros cuestionamientos y por haber omitido sanciones administrativas en su contra, en la Declaración Jurada que presentó cuando asumió el cargo, fue interpelado el 8 de junio, en el Pleno del Congreso de la República y respondió un pliego de 29 preguntas.

Y posteriormente, en los siguientes cinco meses, el 29 de noviembre volvió a ser interpelado, con un pliego de 55 preguntas, que cuestionaron la contaminación causada en las cuencas de los ríos Llallimayo, Jatun Ayllu y Chacapalca, en la región Puno.

Sin embargo, su suerte no pudo ser mejor: en las dos interpelaciones, este ministro se salvó de la censura y sigue cobrando los 30 mil soles mensuales, como titular de un portafolio en el Ejecutivo. ¿Por qué será?

El Oficio N° 1367-2023/MINEM-SG enviado por la Secretaría General del Minem, a la Secretaría General de la Cancillería, se refiere a la COP28 para que el ministro Oscar Vera participe en la Octava edición Anual del Foro Global de Energía del Atlantic Council, que se realizará el día jueves 7 de diciembre, en plena crisis política, mientras en el país se desarrollarán masivas marchas y manifestaciones en todo el territorio nacional para exigir al gobierno de Dina Boluarte, al Congreso y la Fiscal de la Nación, que den un paso al costado y que se vayan de una vez. 

El Oficio N° 1367-2023/MINEM-SG enviado por la Secretaría General del Minem.

Hasta nuevo aviso. A solicitud de la defensa del ex presidente vacado Pedro Castillo, el Poder Judicial (PJ) ha decidido reprogramar la audiencia que evaluará el petitorio para retirar la prisión preventiva que viene cumpliendo Castillo Terrones por haber perpetrado el pasado 7 de diciembre del año pasado un golpe de Estado.

La parte legal del ex mandatario sustentó que debían estar presentes en las audiencias de habeas corpus planteadas ante el Tribunal Constitucional (TC). Ni la fiscalía, ni la procuraduría se opusieron a que se cambie la fecha. Al respecto, el juez Juan Carlos Checley informó que dicha audiencia se reprogramará “lo antes posible”.

De acuerdo a Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, existen “nuevo elementos de convicción” que demuestran que no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva.

“Hablar y decir que hay delito de conspiración cuando el mismo tipo penal dice levantarse en armas. La pregunta acá, para hacer la tipificación y el principio de legalidad constitucional, es el presidente leyó el discurso. ¿Quién se levantó en armas? Desde mi punto de vista no se levantó en armas”, aseveró Pachas.

Así, el detenido exmandatario, quien actualmente está recluido en el penal de Barbadillo (Ate), pidió a los magistrados del TC determinar su “libertad constitucional”.

“Pero no se puede, más allá del interés político, acabar con la libertad. Pido señores magistrados y señor presidente, dignifiquen esta institución”, puntualizó.

Como se recuerda, Castillo Terrones viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad, la cual se cumplirá hasta el 6 de junio del año 2024. Esta situación se ve agravada por una segunda orden de prisión preventiva de 36 meses en otro importante caso relacionado con actos de corrupción durante su gobierno, lo que lo sindica como líder de una presunta red criminal.