Mientras en el país asesinan diariamente a ciudadanos de a pie y mientras la extorsión de apodera del drama de comerciantes, transportistas, grupos de cumbia, dueños de colegios y ambulantes, la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra emitió una nueva advertencia a los delincuentes.

Durante una nueva sesión de lo que ahora el Gobierno denomina ‘Cuarto de Guerra’, la mandataria anunció: «Donde se escondan, los encontraremos. No descansaremos hasta devolverle a nuestro pueblo la tranquilidad y seguridad que merecen”.

La presidenta afirmó que la seguridad no solo depende de las Fuerzas Policiales y Militares, sino que también es responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial y subrayó que la labor policial se ve obstaculizada por la liberación de detenidos por parte de las entidades judiciales.

Criticó a Fiscalía y al PJ

Asimismo, la mandataria Boluarte durante su declaración criticó a la Fiscalía y al Poder Judicial por haber liberado a más de mil detenidos en los primeros tres meses de 2025. Según cifras proporcionadas por su despacho presidencial, hasta el 16 de marzo de este año, el Ministerio Público liberó a 1,014 personas arrestadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), y el Poder Judicial liberó a otras 63 personas, lo que, según la mandataria, «socava» los esfuerzos de las autoridades para combatir la criminalidad, y expresó su descontento con el PJ que, a su entender, permite que delincuentes vuelvan a las calles.

Anunció Megaoperativos y Plan «Perú Seguro»

Finalmente, Boluarte Zegarra anunció que el Gobierno implementará megaoperativos sistemáticos y permanentes en los penales del país como parte de su estrategia para combatir las bandas criminales. Según informó, los operativos contarán con la participación de más de 8,500 efectivos policiales, con el fin de desmantelar a las organizaciones criminales.

Por su parte, el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, anunció el plan «Perú Seguro», cuya finalidad es fortalecer a la PNP para que pueda hacer frente a las amenazas criminales. En esa línea, indicó que, en las últimas 24 horas, un total de 8,500 policías realizaron 475 operativos en Lima y Callao, y como resultado detuvieron a 271 personas.

Muchos recordarán que tras la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre del 2020 el ex presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, se colocó la banda presidencial tal como se estipula en nuestra Constitución; sin embargo, cuando muchos pensaban que la coyuntura social se recompondría momentáneamente (golpeada severamente por la pandemia y las medidas aplicadas por el Estado), la ciudadanía, entre el hartazgo político y las muertes de los jóvenes Inti y Bryan, salió a las calles a exigir la pronta renuncia de Merino, quien luego de 5 días en la Casa de Pizarro dimitió a su cargo.

Ahora, a tan solo un año de las elecciones del 2026, el ex presidente, apodado ‘El Breve’, salió a declarar durante una entrevista ofrecida a ATV Noticias, mencionando que de haberse quedado “el país estaría mejor”.

Merino reconoció que su paso por la Casa de Pizarro dejó una huella difícil de borrar. Sin embargo, defendió las medidas que tomó en esos días y sostuvo que, de haber continuado en el cargo, la situación del país sería distinta.

“Si las circunstancias hubieran sido otras y me hubiera quedado, hoy el país estaría en mejor condición”, aseguró. También destacó algunas decisiones que, según él, beneficiaron a la población en medio de la pandemia de COVID-19. Entre ellas, mencionó la aprobación del retiro de fondos de las AFP, lo que permitió a millones de peruanos acceder a su dinero en un contexto económico complicado.

Otra de las medidas que resaltó fue la aprobación de la ley del Foncor, que ha destinado miles de millones de soles a los Gobiernos Regionales. Asimismo, aseguró que su gestión eliminó las pruebas rápidas moleculares en la detección del COVID-19.

Por otro lado, dejó entreabierta la posibilidad de una futura postulación a la presidencia. Aseguró que Acción Popular, con casi siete décadas de existencia, mantiene un proceso interno en el que cada militante tiene derecho a postular y ser evaluado. También indicó que antes de tomar una decisión debe contar con el respaldo de su familia.

La posibilidad de su postulación podría generar interrogantes sobre el impacto que tendría dentro de su partido y en el electorado. Actualmente, Acción Popular enfrenta divisiones internas y una crisis de imagen tras los escándalos vinculados a algunos de sus miembros. En ese contexto, Merino no descartó intentar posicionarse como una figura de experiencia dentro del partido, aunque su gestión sigue siendo objeto de debate.

El reciente anuncio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre la participación de solo 41 partidos en las elecciones generales de 2026 ha desatado una serie de reacciones dentro del ámbito político peruano. La medida, que establece el límite para la inscripción de partidos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, ha sido vista por varios actores políticos como un acto arbitrario que atenta contra la pluralidad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En una entrevista a una radio local, Burneo explicó que solo aquellos partidos políticos que cumplan con los requisitos establecidos por el JNE podrán participar en los comicios de 2026. Sin embargo, esta determinación ha generado un fuerte rechazo por parte de algunos congresistas, que consideran que la exclusión de ciertos partidos podría vulnerar principios democráticos fundamentales.

Uno de los primeros que cuestionó lo dicho por el titular del JNE fue el congresista Guido Bellido Ugarte, quien, a través de su cuenta oficial de X, expresó su preocupación por las modificaciones en el cronograma electoral. Bellido subrayó que el 12 de abril de 2025, como fecha límite para la inscripción de partidos políticos ante el JNE, resulta ser «inadmisible» e «injustificado», ya que se ha alterado el calendario previamente establecido. Según el congresista, las fechas de inscripción, solicitadas por los partidos para las elecciones generales de 2026, habían sido modificadas sin un proceso adecuado de consulta.

Bellido también hizo un llamado a la Comisión de Constitución del Congreso para que revise y ajuste la normativa vigente, con el fin de evitar contradicciones que puedan restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. «Excluir a los partidos con inscripción vigente en el ROP hasta el 2 de agosto de 2025, como establece la fecha límite para la solicitud de alianzas, y hasta el 31 de octubre, como fecha límite para la inscripción de candidaturas en las elecciones primarias, constituye un acto contrario a los principios democráticos y a los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución», señaló Bellido.

El congresista agregó que, de mantenerse esta exclusión, se estaría cometiendo una arbitrariedad que pone en riesgo la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes, lo que, según él, es inaceptable en un Estado democrático.

Por su parte, otros parlamentarios también se han sumado a las críticas, señalando que la decisión del JNE podría generar un ambiente de exclusión política, limitando la competencia electoral y favoreciendo a un número reducido de partidos. Estos legisladores consideran que el JNE debe garantizar una mayor apertura para que todos los grupos políticos registrados puedan participar en el proceso electoral, sin barreras que puedan ser vistas como injustas o sesgadas.

La controversia en torno a la exclusión de ciertos partidos políticos plantea un escenario de incertidumbre de cara a las elecciones generales de 2026. Mientras tanto, el JNE ha defendido su posición, argumentando que las modificaciones en el calendario electoral son necesarias para asegurar el buen desarrollo de los comicios y la transparencia del proceso.

Lo cierto es que este conflicto refleja las tensiones políticas actuales en el país y pone sobre la mesa un debate clave sobre la equidad y la transparencia en los procesos electorales. La decisión final, sin duda, tendrá un impacto directo en la configuración del panorama político para las próximas elecciones y podría ser un tema central en la agenda pública de cara a los próximos meses.

El congresista de derecha, Alejandro Cavero Alva, de la bancada de Avanza País, ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el caso ‘golpe de Estado’. Como se sabe, actualmente el exmandatario se encuentra preso de forma preventiva en el Penal de Barbadillo, mientras sigue un juicio oral por el referido caso de presunta rebelión.  

En el texto presentado por el legislador se argumenta que el exmandatario es acusado «por infracción a la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración». Asimismo, Cavero pide su «inhabilitación por el plazo máximo (10 años)», «al haber atentado contra el estado de derecho y la integridad nacional, al perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022», se lee en el documento.

En la denuncia de Cavero Alva, se hace mención al mensaje a la Nación que ofreció Pedro Castillo el 07 de diciembre del 2022, en el cual se anunció el cierre del Congreso, sin que se haya respetado las causales previstas y establecidas en la Constitución Política del Perú. por lo tanto, se le acusa de haber incurrido en una grave infracción constitucional, la cual «atenta contra la separación de poderes”.

Pedro Castillo habría infringido la Constitución

De acuerdo al documento, el exmandatario habría violado los artículos 43°, 45°, 117°, 118° y 134° de la Constitución. El fundamento de la denuncia es en mérito al artículo 99° de la Carta Fundamental y al artículo 89° del Reglamento del Congreso.

La acusación pretende encontrar la presunta responsabilidad penal del denunciado Castillo Terrones por los delitos de rebelión y conspiración tipificados en los artículos 346° y 349° del Código Penal, respectivamente, y se ha remitido a la Fiscalía de la Nación los actuados, con el fin de que realice las acciones penales que correspondan.

El ideólogo de Perú Libre podrá saltar en un pie de alegría, pero lo tendrá que hacer desde su escondite. Tras el último fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por el juez César San Martín, se absolvió al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, por el presunto delito de colusión en el caso ‘Aeródromo Wanka’. Dicho fallo revoca la sentencia de tres años y seis meses de pena privativa de la libertad que recaía contra Cerrón Rojas.

“Se determinó que no existen pruebas de un acto de concertación, la sentencia transgredió la motivación y el razonamiento de la prueba indiciaria”, escribió. Este pronunciamiento, de acuerdo al exgobernador de Junín, pone en evidencia lo que él considera un patrón de sentencias “ilegales y politizadas” en su contra.

La absolución dada por el juez supremo César San Martín implica además que en lugar de pagar 800 mil soles de reparación junto a los demás implicados, deberá saldar 250 mil soles.

A propósito de esa decisión judicial, el secretario regional de prensa de Perú Libre, Richard Rojas, no descartó la posibilidad de que su líder finalmente abandone la clandestinidad y postule a las elecciones generales del 2026, calificándolo como su “candidato natural”.

“Al dar la absolución, el doctor ya está presto a poder salir. Perú Libre siempre ha confiado en la inocencia de Vladimir. No solo es un caso el que se está cayendo, son varios casos. El doctor es el candidato natural del partido, es el líder del partido”, mencionó desde el Congreso de la República.

Sin embargo, cabe recordar que sobre Vladimir Cerrón recaen otros dos pedidos de prisión preventiva, el cual uno de ellos se mantiene vigente. En efecto, al ideólogo del partido del lápiz se le impuso una medida restrictiva por el caso Antalsis, siendo revocada en enero de este año; en tanto, por el caso Los Dinámicos del Centro la orden de detención continúa plenamente vigente, por lo que aún no podría salir a la calle.

Asimismo, por otros presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en supuestos contratos con efectivos policiales para que le brindaran seguridad en el cargo de Gobernador Regional, el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, este 28 de febrero de 2025, pidió 9 años de prisión para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros implicados.

La congresista ‘naranja’ Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular) aseguró que no respaldaría una eventual vacancia presidencial por incapacidad moral de Dina Boluarte Zegarra ante la falta de sentencia, pese a las diversas investigaciones fiscales en su contra. “Se le abren procesos por el reloj, por la rinoplastia, cuando saben que esas cosas no son delito”, sostuvo la parlamentaría.

Sus declaraciones generaron un fuerte debate en redes sociales, debido a la ‘doble conducta’ de la legisladora fujimorista a la hora de votar y por la contradicción que surge en su percepción de las causas que la inducirían a estar a favor de una eventual vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. De hecho, ella misma fue una de las congresistas que, sin sentencia ni condena, dado que el caso sobre presunta rebelión del expresidente, aún se encuentra en etapa de juicio oral, votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Incluso, previo al golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022, Barbarán hizo un llamado a sus colegas congresistas a respaldar la vacancia contra el mandatario chotano.

Sus propias palabras textuales ‘condenarían’ a la parlamentaria fujimorista. Como se recuerda, en declaraciones que expresó el 8 de agosto del 2022 para RPP, meses antes de conocerse el fallido golpe de Estado del profesor chotano, Barbarán Reyes ya tenía una posición a favor de la incapacidad moral contra Castillo Terrones, contradiciendo su actual postura de que dicha causal de vacancia debe basarse en sentencias firmes.

“No debe existir ningún congresista que sea capaz de darle la espalda al país por blindar a Pedro Castillo. No solo se trata de funcionarios, sino de su propia familia, quienes estarían inmersos en graves delitos y eso es lo lamentable”, fue lo que expresó, entonces Rosangella Barbarán.

Los elegidos. De acuerdo a una reciente entrevista ofrecida por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se encuentran habilitadas hasta la fecha 41 partidos políticos para participar de las próximas elecciones generales del 2026. El titular del JNE argumenta que de acuerdo a la normativa vigente solo aquellas organizaciones políticas que hayan sido inscritas antes de la convocatoria realizada por la presidenta Dina Boluarte, realizado ayer, se encuentran habilitadas para los comicios del mes de abril del año venidero.

En una entrevista con Canal N, Burneo explicó que las organizaciones que aún se encuentran en proceso de inscripción, como aquellas que tienen tachas pendientes o no han cumplido con todos los requisitos, no podrán participar en este proceso electoral. 

«Ya se convocó a elecciones. Hoy día se ha publicado el reglamento de organizaciones políticas. En el mismo se establece que las organizaciones políticas que participarían en este proceso de elecciones generales son las que han sido inscritas hasta antes de la convocatoria», dijo para el citado medio.

En #AlFinalDelDía, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que solo los 41 partidos políticos inscritos hasta antes de la convocatoria a elecciones participarán en el proceso electoral 2026

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— Canal N (@canalN_) March 26, 2025

La decisión, basada en el reglamento electoral vigente, excluye a 32 agrupaciones políticas que aún estaban en proceso de inscripción, incluyendo aquellos con tachas pendientes o sin publicación de síntesis. 

Willy Ramírez contradice al titular del JNE

En tanto, el miembro del JNE, Willy Ramírez, aseveró que la ley establece que los partidos en proceso de inscripción tendrían plazo hasta el 12 de abril para continuar con el trámite, abriendo la posibilidad a más partidos para participar.

Ramírez apunto que hay un aparente conflicto de normas, debido a que la Ley de organizaciones políticas establece que su trámite continúa hasta el día 12 de abril y el reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) menciona lo contrario.

«La Ley de organizaciones políticas establece que su trámite continúa hasta el día 12 de abril. Sin embargo, el reglamento del Registro de Organizaciones Políticas establece que quedan fuera. Hay un aparente conflicto de normas, pero entre una ley y un reglamento, lo que prima es la ley«, declaró para Exitosa.

La exasistente presidencial que actualmente hace temblar al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra, se llama Patricia Muriano Peralta y tras haberse montado el año pasado un operativo que habría sido ordenado desde Palacio de Gobierno para evitar que declare ante el Ministerio Público, finalmente, hoy es el día, en el cual Muriano Peralta, deberá declarar ante la Fiscalía de la Nación.

Según lo anunció, ella hará entrega de más pruebas, como audios, chats de WhatsApp y correos, además de información de intercambio de favores por la cirugía estética de la presidenta en la clínica Cabani, lo cual daría un radical giro en las investigaciones por el presunto delito de abandono de cargo, por el de tráfico de influencias y/o cohecho. Asimismo, Boluarte Zegarra es investigada por negociación incompatible, obstrucción a la justicia y omisión de funciones.

No obstante, la cita estaba pauteada para las 9.30 de la mañana; sin embargo, el vuelo procedente de Estados Unidos habría tenido un retraso, por lo que la exsecretaria presidencial, en horas de la mañana aún no pisaba suelo peruano. 

Como se recuerda, el cirujano Mario Cabani dirigió la intervención quirúrgica de Boluarte Zegarra el 28 de junio del año pasado. Posteriormente, un testigo protegido ha señalado que éste luego habría recomendado a su personal cercano en el Estado, como el caso de la ginecóloga María Aguilar del Águila, quien fue contratada como presidenta ejecutiva de EsSalud.

Evitaron que Muriano declare

Patricia Muriano, ante la creciente tensión que sostenía con el entorno presidencial luego de su salida del Gobierno, abandonó Perú y se trasladó a Estados Unidos, donde reside desde el 27 de noviembre de 2023. Su salida no fue voluntaria, pues, según fuentes cercanas, Boluarte Zegarra habría instado a la DINI y a su abogado, Juan Carlos Portugal, a tomar medidas para evitar que hablara ante la Fiscalía. Aparentemente, la presidenta temía que su exasistente revelara detalles comprometedores sobre su gobierno.

El audio de Muriano que pone contra las cuerdas a Dina Boluarte

En el audio se cuentan detalles nunca antes contados por sus ministros o asesores más cercanos a Dina Boluarte, esos mismos que hasta ahora continúan sirviendo de escuderos.

Muriano cuenta que la presidenta Boluarte no solo se sometió a una cirugía estética, sino que además manipuló su historial clínico para ocultar los procedimientos. Su exasistente también brinda pormenores sobre el rol de su hermano Nicanor Boluarte, quien tenía una ambición desmedida por controlar los asuntos del gobierno.

“Ella le dijo: ‘ya te di eso (las prefecturas) para que trabajes, trabaja en eso’. Ya pues, el Nicanor en todo metía sus narices”, dice en el audio.

Patricia Muriano planeó regresar al Perú para solicitar al Ministerio Público que le brinden garantías para su vida, pues ella contó que desde la DINI su exjefa, la presidenta la monitoreaba para que no pise suelo peruano por temor a que lo cuente todo. Sin embargo, hoy es el día en el cual deberá arribar a suelo peruano para dirigirse directamente a la Fiscalía para contar todo lo que sabe sobre la mandataria Dina Boluarte.