El congresista No Agrupado, Edwin Martínez Talavera confirmó que la trabajadora Isabel Cajo renunció a su despacho en el Congreso de la República y contó que la joven modelo de 26 años decidió presentar su carta de renuncia luego de la polémica causada por la presunta existencia de una ‘red de prostitución’ en el Parlamento. Sin embargo, aclaró que ella aún tiene “un trabajo pendiente”.

“Isabel Cajo presentó su carta de renuncia en un momento difícil para ella, por toda la repercusión que está sufriendo, pero todavía tiene un trabajo pendiente. Yo le dije que una vez que ella termine el trabajo, se le acepta su renuncia”, manifestó Martínez Talavera, quien aclaró que Cajo debe terminar su trabajo en un plazo de 15 días. Asimismo, recalcó que la modelo de OnlyFans tendrá “las puertas abiertas” de su despacho para continuar trabajando en un futuro.

“Si ella desea aún retirarse no hay problema, las puertas en mi despacho están abiertas para ella, a pesar de todos los dardos que he recibido por eso”, añadió el congresista por Arequipa.

Según precisó, el parlamentario, Isabel Cajo continúa trabajando en la búsqueda de información para un proyecto de ley que viene promoviendo para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Ella recaba información para yo poder sustentar mi proyecto”, concluyó.

Edwin Martínez nuevamente defiende a Isabel Cajo

El parlamentario Martínez Talavera también se pronunció sobre la denuncia que hizo Isabel Cajo por el supuesto robo de su celular, la cual fue puesta en duda por la Municipalidad de Magdalena del Mar, que afirmó que, de acuerdo a las visualizaciones de las cámaras de videovigilancia del distrito, no hubo ningún robo en la zona donde se encontraba Cajo.

“Según la pericia técnica, el video no corresponde al rostro de ella. Según un informe policial, dice que no corresponde (…)”.

Asimismo, el legislador ha defendido nuevamente la contratación de Isabel Cajo y denunció que existe un “ensañamiento” contra ella y no contra quienes comenzaron “toda esta situación”.

“Me parece que se está agarrando al más débil. Quien organiza toda esta situación no tiene la persecución, ni el enseñamiento que tienen contra la señorita Isabel, o contra mi persona, como si yo hubiera cometido algún delito al contratar a una trabajadora, que, según los lineamientos del Congreso, cumple para ejercer el cargo de técnica”, concluyó el parlamentario No Agrupado.

Algo huele mal en Palacio. El Poder Judicial (PJ) acaba de dictar 6 meses de impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa Angulo, vocero presidencial de Dina Boluarte, quien se encuentra bajo investigación por el caso Qali Warma, donde se habría repartido comida en mala calidad durante los años 2019 al 2022, años en donde Hinojosa presidía dicho programa social de alimentos.

Fue el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima el encargado en presentar la solicitud de estas medidas, que fueron aprobadas por la Corte Superior de Justicia de Lima como parte del proceso para esclarecer los presuntos actos ilícitos en el programa social.

De acuerdo al documento judicial, a Hinojosa Angulo se le investiga por presunta participación en una organización criminal. Los cargos incluyen colusión agravada, tráfico de influencias y otros delitos vinculados al manejo irregular del programa social Qali Warma, uno de los más importantes en la distribución de alimentos escolares en el país.

“Declarar fundado el requerimiento de impedimento de salida del país”, se lee en la resolución.

La restricción alcanza a un total de 12 implicados, entre ellos Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga.

En la resolución, el PJ declaró el desistimiento del impedimento de salida del país solicitado contra Nilo Burga, quien falleció antes de la emisión de la medida. Asimismo, se indicó que la restricción impuesta a Víctor Carlos Salazar Cóndor, ex jefe de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del programa Qali Warma, se hará efectiva una vez que este regrese al país.

Este viernes 10 de enero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, habló sobre la contratación de Isabel Cajo en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso que era jefaturada por Jorge Torres Saravia, indicó que el requerimiento de éste habría sido aprobado por el expresidente del Parlamento Alejandro Soto, porque habría garantizado que la joven contratada sí cumplía con los Términos de Referencia (TDR) del Legislativo.  

«Hemos encontrado que, dentro de los requerimientos que hacen los diferentes departamentos del Congreso de la República, la señorita Isabel Cajo ha trabajado en un área. Después de un mes y medio fue requerida por el señor Jorge Torres Saravia. Ese requerimiento habría sido firmado bajo la autorización de la presidencia del señor Alejandro Soto», declaró Burgos a Exitosa.

Juan Burgos cuestiona la ausencia de Alejandro Soto en la Comisión de Fiscalización

El parlamentario Burgos también cuestionó la ausencia de Alejandro Soto en la reciente sesión de la Comisión de Fiscalización. Y es que, inicialmente el extitular de la Mesa Directiva y militante de APP había señalado que se presentaría ante el grupo de trabajo; sin embargo, nunca asistió porque luego argumentó que esta carecía de facultades investigativas. Por lo que, el presidente de la Comisión de Fiscalización aprovechó para solicitar públicamente que se le otorgue las facultades investigadoras, a fin de poder indagar la presunta ‘red de prostitución’ que existiría en el Congreso.

Asimismo, Burgos mencionó en la entrevista radial: “Nosotros tenemos que limpiar el Congreso desde adentro, porque si vamos a esperar que lo hagan los que están adentro de la Mesa Directiva, no lo van a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros».

Hugo Neciosup catalogado como El ‘Montesinitos’ del Congreso

El titular del grupo de trabajo fiscalizador Juan Burgos también se pronunció sobre las presuntas presiones dentro del Congreso para evitar que los trabajadores declaren ante la Comisión de Fiscalización para brindar datos sobre la presunta red, y añadió que las integrantes de la Comisión Ad Hoc se encontraban asustadas, pese a que ellas lo negaban. Asimismo, contó que la exdirectora General de Administración del Congreso, Marisol Espinoza (APP) había denominado al Secretario Técnico de la Oficialía Mayor del Parlamento, Hugo Neciosup Santa Cruz, como el ‘Montesinitos’ del Congreso y ‘el Oficial Mayor en la sombra’.

«Él que hace y deshace las contrataciones, por el que llegan a pasar los filtros. ¿Ante quién nos estamos encontrando? El estatuto del Congreso tiene que ser reivindicado”, señaló, luego de conocerse de que Norma Yarrow le increpara presencialmente a Hugo Neciosup, que él estaría amenazando a dos asesoras de comisión para no continuar con la investigación sobre la presunta ‘red de prostitución’ en el Parlamento, porque de lo contrario, no les renovarían contratos laborales en el mes de marzo.

¿Le puso la cruz? Aunque intenten tapar el sol con un solo dedo no cabe duda que existe una ruptura dentro del partido Alianza para el Progreso (APP) del popular ‘Plata como cancha’, César Acuña, producto de la presunta red de prostitución dentro del Congreso propiciado por uno de sus colaboradores más cercanos, Jorge Torres Saravia, teniendo como consecuencia la renuncia y/o desvinculación de varios de sus partidarios. Y es que cuando el barco se hunde…

El también gobernador “viajero” de La Libertad recientemente salió a criticar el viaje del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, a China, pese a que se vienen realizando las indagaciones sobre la presunta red de prostitución dentro de los pasillos del Legislativo, barajándose que algunos de los congresistas habrían recibido los servicios sexuales de algunas agraciadas jovencitas.

En una reciente conferencia de prensa, acompañado de otros representantes regionales, provinciales y distritales de APP, Acuña expresó su postura frente al viaje realizado por Salhuana. El gobernador señaló que, de haber ocupado el cargo de presidente del Congreso, él no habría emprendido un viaje al extranjero en un momento tan delicado. Según su opinión, abandonar el país en medio del escándalo sería “darle la espalda”.

“Si yo hubiese sido presidente, no hubiese viajado. Abandonar el país en medio del problema es darle la espalda a lo que está sucediendo. Esto lo discutiremos el próximo martes, durante la reunión de bancada”, afirmó Acuña.

Asimismo, el líder de APP aprovechó la ocasión para instar a la Fiscalía a que considere el escándalo de la presunta red de prostitución como una de sus principales prioridades.

“Estamos acá para pedirle a la Fiscalía que tome como prioridad número uno lo que está pasando en el Congreso de la República, si bien es cierto hay muchos casos en la fiscalía, pero por la imagen del país y del Congreso, APP exige a la fiscalía y al Poder Judicial que investigue”, expresó.

Finalmente, Acuña reiteró que APP no brindará impunidad a nadie. “No vamos a blindar a nadie, porque el ADN de APP es la honestidad y la transparencia”, sostuvo.

El coronel Harvey Colchado en una entrevista para el semanario Hildebrandt en sus trece, manifestó que su salida de la PNP no se encontraba en sus planes y que investigar la corrupción en la esfera más alta del poder le pasó factura. “Era consciente que investigar la corrupción en el poder podía generarme problemas en la institución, pero no cumplía con los criterios técnicos para ser invitado la retiro por renovación de cuadros”, señala el exjefe de la DIVIAC.

Abuso de autoridad contra Colchado

Para desterrar al coronel Colchado de la PNP, no solo en el Congreso se presentó un proyecto de ley, sino que también se forzó su salida con el apoyo del ministro del Interior Juan José Santivañez.

“Un grupo de congresistas investigados por el caso ‘Los Niños’ presentó un proyecto de ley para pasar al retiro de forma extraordinaria a los oficiales con sanciones consentidas o firmes por infracciones graves o muy graves. Ahí sí encajada por la sanción del rigor que se me impuso a raíz de la publicación de la foto de la torta de cumpleaños. Pero como este proyecto no fue aprobado a tiempo, el gobierno forzó la figura para sacarme en diciembre. Se ha cometido delito de abuso de autoridad”, declaró Colchado.

El factor Nicanor

Para el exjefe de la DIVIAC, su salida se forzó por no querer ayudar en la investigación a Nicanor Boluarte, el oscuro hermano presidencial.

Sobre ese tema, Colchado comenta: “Por no haber aceptado ayudar al hermano de la presidenta en la investigación que iniciamos en Eficcop, Lo que hace el hermano, lo hace en nombre de la presidenta, que es la que tiene el poder. Entonces, como no me sometí al poder de turno, me pasaron al retiro”.

Además, sobre el abogado Mateo Castañeda manifestó: “Nos pidió que lo ayudáramos a archivar el caso del hermano de la presidenta. Y también que le informáramos cuando un colaborador eficaz ofreciera declaraciones contra la presidenta”.

Exministro Carlos Morán

Colchado también contó sobre las reuniones que tuvo el exministro Morán con Dina Boluarte. “El exministro del Interior Carlos Morán se reunió con la presidenta y con su hermano en la oficina de Mateo Castañeda en Miraflores. Querían que ellos escucharán de mi propia voz que yo estaba dispuesto a ayudarlos”.

Además, agregó: “Le dije que la investigación (De Nicanor Boluarte) estaba incipiente y que se iba a archivar en tres meses. Ellos buscaban mi promesa de que eso realmente sucedería. Sin embargo, debo aclarar que ese comentario lo realicé únicamente en mi papel de agente encubierto. Yo les seguí la corriente porque me encontraba bajo una gran presión”.

Allanamiento a la casa de Dina

“No me arrepiento de nada. Siempre he mantenido mis principios. Aquellos que han trabajado conmigo saben que sí debo cumplir con la ley, lo haré, independientemente de si se trata de mi padre o de un familiar cercano. Si pudiera retroceder el tiempo y conociera las consecuencias, volvería actuar de la misma manera”, aseveró Harvey Colchado.

Dina terminará como Pedro Castillo

Sobre el futuro de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el exjefe de la DIVIAC señaló: “Va a terminar igual que Pedro Castillo, Alejandro Toledo y el resto de los presientes que están siendo investigados y sentenciados. Va a acabar igual. Los resultados de mi trabajo hablan por si solo. Lo que puedo decir en defensa de mi personal, que también está siendo maltratado voy a lucha en el Poder Judicial para reincorporarme a la Policía. Estoy convencido de que voy a lograrlo”.

La congresista de la bancada Podemos, Digna Calle Lobatón, quien regresó al país en 2023 tras estar más de 6 meses en Estados Unidos para dedicarse a sus negocios, acaba de solicitar mediante el Oficio N° 001-2025-DCL-/CR al presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, que su proyecto de ley que busca hacer efectiva la ‘Renuncia Congresal’ sea ya debatido por el Congreso, considerando que el documento fue puesto a disposición hace más de dos años, el 29 de diciembre del 2022 y hasta la fecha no logra su cometido de ser puesto a debate.

La norma actual señala específicamente en el artículo 95° de la Constitución Política del Perú que el mandato legislativo es de carácter irrenunciable. Esta disposición tradicional busca ser modificada con el proyecto de ley de Calle Lobatón y permitiría que los congresistas puedan tener la facultad de poner sus cargos a disposición, tal como sucede con los ministros de Estado y los mandatarios.

En medio de una crisis institucional que afecta al Congreso por la polémica existente de que dentro de sus instalaciones habría operado una presunta ‘red de prostitución’, la parlamentaria pide que se evalué el cambio en el artículo 95° de la Constitución.

«La iniciativa legislativa propone modificar el artículo 95° de la Constitución Política del Perú a fin de permitir la renuncia voluntaria al cargo de Congresista de la República, siempre que se encuentre debidamente motivada», se lee en el oficio de la legisladora Calle Lobatón y añadió que, según el Reglamento del Congreso, las comisiones tienen 60 días para dictaminar. Esto permite que su proyecto esté disponible para el debate y posteriormente su ejecución, el cual es el primer objetivo de la parlamentaria.

El Poder Judicial (PJ) instaló una comisión de trabajo para analizar y evaluar las leyes penales y procesales que hace unos meses fueron impulsadas y aprobadas tanto por el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. El equipo fue formado este jueves 9 de enero por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien además lo preside y está integrado por los extitulares del PJ, César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado.

«Titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, preside instalación de comisión de trabajo que analizará las leyes en materia penal y procesal penal aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo (…) Referido grupo de trabajo es presidido por Janet Tello y la conforman, asimismo, los expresidentes del Poder Judicial: César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado», se lee en la red social de la entidad judicial.

«Conocemos perfectamente las necesidades y problemáticas que presenta el Poder Judicial, por ende, la revisión de estas leyes tiene un objetivo eminentemente técnico y de alta especialización», sostuvo Víctor Prado Saldarriaga.

La comisión evaluará leyes de ‘organización criminal’ y la ‘imprescriptibilidad de delitos de guerra’

Entre las normas que serán rigurosamente analizadas, resaltan las reformas del artículo 317° del Código Penal sobre el delito de “Crimen Organizado”, y que, según el magistrado, no se ajustan a estándares internacionales. Asimismo, el grupo de trabajo analizará la Ley 32181°, vinculada al nivel etario de 80 años en medidas coercitivas; y la Ley 32182°, que criminaliza el prevaricato en casos de flagrancia; así como la Ley 32107°, la cual aborda la imprescriptibilidad de delitos de guerra y lesa humanidad.

Según el magistrado supremo Víctor Prado Saldarriaga, estas normas tienen implicancias en la judicatura, debido a que modifican artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, lo cual impacta en la autonomía de las decisiones jurisdiccionales.

Comisión de Trabajo tiene un plazo definido para presentar sus conclusiones

La comisión especializada tiene un plazo definido para presentar sus análisis, conclusiones y recomendaciones. Cuyo informe será remitido a la Sala Plena, que luego lo evaluará, complementará o realizará observaciones antes de avanzar con su implementación.

«Vamos a plantear alternativas y desarrollar la mejor legislación para nuestro país y para los objetivos que tanto persiguen el Congreso y el Poder Judicial», afirmó Prado Saldarriaga.

Respaldando al dictador. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizó una invitación formal a la agrupación política Perú Libre, liderada por el prófugo Vladimir Cerrón, con el fin de que algunos de sus representantes viajen a dicho país para participar de la toma de mando del dictador Nicolás Maduro prevista para mañana.

«El festival que combinará actividades políticas, culturales y sociales, se celebrará del 7 al 15 de enero de 2025 en Venezuela, en ocasión de celebrar el 10 de enero un momento de gran relevancia para el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana», indica la invitación.

De acuerdo a Panamericana Televisión existen por el momento dos parlamentarios que estarían viajando en las próximas horas a Venezuela: se trataría de los legisladores Flavio Cruz y María Agüero. Cabe precisar que el PSUV estaría corriendo con todos los gastos que implica el desplazamiento de los congresistas a Venezuela, significando ello que el Legislativo no aportará ni un sol para el viaje de ambos.

Los “observadores”

Como se recuerda, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro le pagó los pasajes a cuatro congresistas peruanos para que estén presentes como “observadores” de los comicios realizados el pasado 28 de julio en Venezuela.

En esa ocasión viajaron los parlamentarios Kelly Portalatino, María Agüero y Elizabeth Taipe, de Perú Libre, y el Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, quien este último a su retorno al Perú manifestó que el proceso electoral se realizó de manera “pacífica”.

“El consenso de los más de mil observadores que hemos venido, es que la jornada electoral en Venezuela se ha dado en absoluta tranquilidad, de manera pacífica, y con la presencia de representantes de todos los diez partidos políticos que participaron”, manifestó en esa oportunidad.