El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.

La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:

Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados

Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:

• Licencia de conducir.

• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.

• Antecedentes Penales.

• Antecedentes Policiales

• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.

Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».

«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.

MTC deberá crear registro de compra de motos

En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.

En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.

«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.

De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.

Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.

“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.

Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.

Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.

“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.

Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.

Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.

Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.

La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.

Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?

Las respuestas fueron variopintas.

• “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
• “Que su wayki le pague su sueldo”.
• “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
• “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.

Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.

Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”. 

Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.

El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos. 

“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.

Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl

En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.

“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.

El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:

Provías Descentralizado.

Provías Nacional.

Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.

Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.

Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.

Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.

Plan Copesco Nacional – PCN.

Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.

Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.

Programa Nuestras Ciudades – PNC.

Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.

El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.

“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.

Según el MEF, ahorrarán miles de millones

Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.

Funciones de la ANIN

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.

La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.

Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.

Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.

De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”.  Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.

Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.

El dato:

La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.

Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.

Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.

A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:

“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.

“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.

¿Qué tiene en la cabeza? Está bien que se promocionen los E-Sports, que se incentive otra modalidad de deporte que es el favorito de muchos jóvenes y adultos, pero ¿gastar trece millones de soles para un torneo que solo va a durar a lo mucho una semana? ¿No se da cuenta el ministro de Educación, Morgan Quero, que en la actualidad cientos de colegios están colapsados, y que muchos de ellos se ven obligados a cerrar por las constantes amenazas de extorsión? ¡Qué tiene en la cabeza!

Si ya era demasiado con sus terribles comentarios sobre las niñas awajún, o su ridícula defensa de la presidenta Dina Boluarte, ahora se ha revelado que desde su cartera, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se ha otorgado más de 13 millones de soles para la Federación Peruana de Deportes Electrónicos, creada hace tan solo cinco meses, tal como consta en la Resolución del IPD n.° 54-2025-RENADE-DNCTD/IPD, de fecha 23 de enero del año en curso. Ahí, se puede observar, en su artículo cuarto, que la primera junta directiva está conformada por las siguientes personas:

• Renzo Francesco Cordiglia Rojas (Presidente),
• Luis Renato Madueño Ghibellini (Vicepresidente),
• Diego Mohme Amour (Secretario),
• Nicole Amour Ferrand (Tesorero),
• Wuilmer Milton Olaya Bardales (Vocal Técnico)

Llama mucho la atención el nombre de Diego Mohme Amour, quien según su perfil de LinkedIn desarrollaba toda la gestión de deportes electrónicos en conjunto con el Grupo La República, grupo donde se encuentra su familiar directo Gustavo Mohme Seminario, quien se desempeña como director periodístico.

“Es un evento de vital importancia porque impulsa nuestro crecimiento económico, nuestro crecimiento deportivo y proyecta al Perú internacionalmente al mismo tiempo que fortalece nuestra infraestructural digital”, fue lo que dijo hace unas semanas el ministro Quero.

Cabe recordarle que en gran parte del país miles de alumnos no pueden conectarse a sus clases virtuales debido a que la señal de internet es baja o sencillamente no llega hasta los lugares más remotos. También toca refrescarle la memoria que en estos momentos una decena de colegios en toda la capital están cerrando por los constantes mensajes extorsivos que amenazan la integridad de los profesores y de los propios estudiantes. Tampoco debería de olvidarse de la terrible condición que se encuentran muchos centros educativos a nivel nacional, viéndose forzados muchos educadores en ingeniárselas para seguir impartiendo clases, ya sea en una bodega, un restobar, o en una canoa.

Ministro Quero será citado al Congreso

Por su parte, la Comisión de Educación del Congreso de la República ha anunciada que citará al titular del Minedu por el monto exagerado que se destinará para la realización del Global Esports Games Tour 2025.

El parlamentario Esdras Medina fue uno de los primeros en indicar que los más de 13 millones de soles representa un gasto injustificable.

“Mientras se destina dinero a un evento gamer, las escuelas se caen a pedazos”, sostuvo, al tiempo de señalar que solicitará formalmente al presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, para que convoque al ministro, a fin de que rinda cuentas. “Debe explicar quién autorizó este gasto. Si fue el Ministerio de Educación (Minedu) o el de Economía y Finanzas (MEF). Yo pediré la citación como miembro titular de esta comisión”, añadió.

El dato:

El Global Esports Games Tour 2025, a realizarse del 1 al 7 de junio, reunirá a jugadores de Dota 2, League of Legends y Mobile Legends. De acuerdo al Minedu ese evento atraerá a aproximadamente 15 mil espectadores de manera presencial.