Política
El gobierno de Sagasti prometió 47 plantas de oxígeno, pero no cumplió [VIDEO]

Era algo previsible; la llegada de la segunda ola del Covid atacó nuevamente a los peruanos y hasta el momento siguen muriendo miles de compatriotas. Solamente, esta semana se han registrado 1,382 personas muertas por falta de oxígeno medicinal.
El gobierno de Francisco Sagasti con su exministra Pilar Mazzetti prometieron en el mes de enero 47 plantas de oxígeno para poder atender a los pacientes Covid, que diariamente pasaban a un estado crítico padeciendo asfixia. Según el informe de la periodista Claudia Toro, de las 47 plantas proyectadas, El Ejecutivo prometió que 18 de estas plantas serían entregadas e instaladas en febrero, pero una vez más, el gobierno nos muestra su incapacidad y su indolencia porque a pesar que los peruanos siguen muriendo asfixiados, ellos no mueven un dedo y tampoco aceptan que los medios los cuestionen. A este paso ¿Cuántos peruanos muertos quiere ver este gobierno de encargatura?
Un caso muy triste, es el de Melisa Juárez que hizo todo lo posible para salvarle la vida a su madre Fidelia Contreras, que falleció dentro del Hospital de Collique en Comas. Mientras Melisa pedía ayuda, su madre agonizaba por falta de oxígeno; ella acababa de conseguir una cama para doña Fidelia, pues la mantuvo con vida más de 20 días en su propia casa, una propiedad que tuvo que hipotecar por 20 mil soles para salvar la vida de su madre. Melisa gastaba más de 5 mil soles para comprar 3 balones de oxígeno diarios: “En oxígeno y en medicamentos, casi 60 mil soles; es preferible invertir en las vacunas, que estar pasando todas estas situaciones, porque inclusive nosotros hemos dado el título de propiedad para poder conseguir un préstamo”.
Lamentablemente, 24 horas después, su madre murió víctima de un paro respiratorio; doña Fidelia no resistió y murió asfixiada. Melisa denunció que en el hospital nunca le colocaron oxígeno y la dejaron morir, pues el medico a cargo, le dijo que —su madre les quitaba oxígeno a otros pacientes—: “Talvez mi mamá hubiera durado más días, pero en 24 horas… no es posible que la lleve al hospital y que en 24 horas ya esté muerta… la amo y la extraño mucho. Que me perdone si la llevé, fue un error, yo quería todo lo mejor para ella”.

En estos momentos el escenario es macabro y durante la segunda ola, solo entre enero y marzo han fallecido 10,237 peruanos a falta de camas UCI, sin vacunas y sin oxígeno que les permita sobrevivir. La demanda de oxígeno actualmente en nuestro país es de 450 toneladas diarias, pero nuestro déficit sigue sin levantarse.
Es inexplicable, la inercia del Ministerio de Salud que actualmente está capitaneado en ese orden, por Ugarte-Bermúdez-Sagasti.
Por su parte el constitucionalista Natale Amprimo afirma: “Cómo es posible que en un país que requiere oxígeno, la empresa privada le quiere donar una planta de oxígeno, y simplemente la reacción del gobierno es no; porque le dicen, hemos hecho un proyecto con la UNI. Nos van a construir 47 plantas, pero al día de hoy no tenemos ninguna”.
Asimismo, a la exministra de Salud Pilar Mazzetti parece que se la tragó la tierra; sin embargo, deberá pagar por toda su indolencia y por el desprecio que mostró hacia los peruanos, al dejarlos morir sin consuelo. Mazzetti se vacunó fraudulentamente en la comodidad de su casa y cuando aún era ministra de Salud, el 20 de enero pasado anunció que la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fabricaría 47 plantas de oxigeno medicinal. 30 serían instaladas en hospitales y 17 serían movibles. Por esa inversión que tenía carácter de urgencia, el Estado pagó 114 millones de soles.
El compromiso del gobierno, conjuntamente con la UNI, era entregar en febrero por lo menos 18 plantas, pero eso nunca pasó; es decir, ha transcurrido casi un mes y el mandato de Francisco Sagasti no ha cumplido. La gente se sigue muriendo por falta de oxígeno y muchas familias siguen hipotecando sus propiedades y vendiendo sus vehículos para adquirir el insumo medicinal, porque las mafias especuladoras lo venden a miles de soles.
El congresista Diethel Columbus dice: “Como consecuencia de no entregar las plantas, han muerto compatriotas por falta de oxígeno. Si esas plantas se hubiesen entregado dentro de los plazos que se acordaron, cuántos compatriotas hubiesen podido conectarse al oxígeno y no lo han hecho”.
¿Quiénes son los responsables de este fracaso que provocó miles de muertes?
El contrato entre la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y el Ministerio de Salud fue firmado el 30 de octubre del año pasado, cuando Martín Vizcarra aún era presidente.
En representación del Ministerio de Salud firmó Pilar Mazzetti, por la UNI firmó el rector Jorge Elías Alva Hurtado, investigado por la Fiscalía por contratar con el Estado mientras su hija María Antonieta Alva era ministra de Economía, incluso, ella aún era ministra cuando se firmó este contrato.
Así todo quedaba en familia; pero también se suma otra responsable de esta inacción que sigue matando a peruanos, se trata de la amiga cercana de Martín Vizcarra. Ella es la otra responsable y protagonista de este fracaso: Elizabeth Milagros Chahuares Arpasi, una moqueguana de 34 años que fue nombrada jefe del millonario proyecto “Oxigena 47”, ella se presentó ante todos como ingeniera mecatrónica, una falsa experta que decía ser asesora presidencial y que solo tiene una empresa de reciclaje.

Lo cierto, es que luego de evidenciarse que esta moqueguana era una impostora, ha desaparecido. Ella se reunió en privado, dos veces con Vizcarra en Palacio de Gobierno; sin embargo, ahora él asegura que no la conoce, lo mismo decía de Richard Swing y Antonio Camayo.

Martín Vizcarra también dice que tampoco sabe nada de la carta enviada por la manager Li Weihua quien le mandó las vacunas chinas, cuando él era presidente, para que él y su familia se inmunizaran en secreto, con la condición que se firme el acuerdo entre el laboratorio chino y el Ministerio de Salud del Perú. A todas luces, hoy sabemos que todo fue un soborno.
Ante tanta evidencia, ya no saben qué hacer y con respecto a las plantas, ahora el ministro de Salud Óscar Ugarte dice que, de acuerdo al convenio, les darán un plazo que el propio convenio establece que es entre 5 y 8 días, y asegura que el Minsa les ha dado 5 días para que entreguen las 13 plantas restantes, y si no lo hacen, reincidirán el contrato.
Por su parte Francisco Sagasti en declaraciones dijo: “Yo creo que fue una mala decisión… fue una apuesta que se hizo por la industria nacional y por la empresa nacional y evidentemente no salió correctamente”.
Miles de peruanos mueren diariamente, pero el gobierno recién se percata que la UNI no había entregado las primeras 18 plantas de oxígeno, una incapacidad que continúa causando la muerte. La organización Respira Perú ha logrado instalar 13 plantas a nivel nacional y salvar miles de vidas, ¿cómo es posible que el gobierno no sea capaz de imitar este logro de la empresa privada? cada día mueren alrededor de 250 peruanos, ¿Cuántos miles más deben morir para que este gobierno reaccione?
Política
Salhuana defiende viaje de su amiga a París y arremete contra el periodismo [VIDEO]
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana justificó el uso de fondos públicos a favor de su amiga María Jesús Gosálvez y, lejos de asumir responsabilidad, acusó a la prensa de maliciosa por tergiversar los hechos y afirmó que el periodismo “se ha vuelto un vil oficio”.

Lejos de ofrecer transparencia, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, optó por el ataque. En lugar de asumir responsabilidad o al menos reconocer el malestar público que genera el uso de fondos estatales para favorecer a una amiga personal, arremetió contra la prensa y calificó al periodismo como un “vil oficio” por informar sobre el viaje financiado a María Jesús Gosalvez Postigo.

Gosalvez Postigo, una empresaria castañera de Madre de Dios y conocida cercana de Salhuana, viajó a París con un pasaje pagado por el Congreso. ¿La razón? Recoger una medalla otorgada en el concurso París Gourmet. Según el titular del Parlamento, la entrega del pasaje fue una “decisión de la Mesa Directiva”, como si eso bastara para legitimar el uso de recursos públicos con fines discutibles.
En conferencia de prensa, Salhuana intentó justificar el gasto señalando que el premio obtenido por Gosalvez beneficia a más de 1500 familias de Madre de Dios, debido a que “internacionaliza” el producto de la castaña. Lo que no explicó es por qué el Congreso, y no una entidad del sector productivo o incluso una iniciativa privada, debía cubrir los costos del viaje.
El vínculo entre Salhuana y Gosálvez ha sido documentado en redes sociales y reportajes como el de Punto Final, donde se reveló que fue la esposa del congresista, Ivonne Ruiz —presidenta del Comité de Damas del Congreso— quien contactó a la empresaria para ofrecerle el pasaje. La propia Gosalvez Postigo reconoció que inicialmente gestionó el viaje por su cuenta, pero luego siguió las instrucciones de la esposa del parlamentario.
El Acuerdo de Mesa N.º 185-2024/2025, presentado en el reportaje, autoriza la entrega del pasaje “a título de liberalidad” y sujeto a disponibilidad presupuestal. Un recurso público justificado con una fórmula ambigua y sin rendición clara.
En vez de reconocer el conflicto ético, Eduardo Salhuana desvió el foco y acusó a la prensa de “maliciosa”, deslegitimando su rol fiscalizador. La defensa corporativa y familiar desde la cúpula del Congreso no solo genera sospechas, sino que refleja el patrón de cómo se entienden los privilegios desde el poder: como favores entre amigos, pagados con dinero de todos.
#EnVivo
— Canal N (@canalN_) July 14, 2025
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, responde tras denuncia por viaje de su amiga financiado con fondos del Congreso. "Es una información maliciosa"
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Política
Congresista María Acuña es denunciada por apropiarse de parte de un parque público [VIDEO]
Hermana de César Acuña invadió 118 metros cuadrados del parque n.° 17 en Monterrico.

Invasiones como cancha. No cabe duda que algunas personas creen tener mayores derechos que los demás, ocupando espacios públicos como se les plazca, argumentando que la delincuencia está imparable y por ello creen oportuno, para sus intereses personales, colocar muros y rejas a los alrededores de sus viviendas o propiedades. Son ellos, bajo su criterio, quienes terminan dividiendo aún más una fragmentada sociedad.
Uno de esos ciudadanos sería nada menos que la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, que no contenta de haber dicho que sus tesis se la llevó el fenómeno del Niño, ahora pretende ocupar áreas que no le corresponden. Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la legisladora invadió 118 metros cuadrados del parque n.° 17, ubicado en la urbanización Los Álamos, en el exclusivo distrito de Monterrico.
La Municipalidad de Surco confirmó mediante un acta de fiscalización que el predio de la congresista excede los límites permitidos y abarca parte del terreno destinado al parque. Como consecuencia, se emitió una papeleta de infracción a nombre de la inmobiliaria Los Alizos EIRL, empresa cuya titular es la propia María Acuña desde 2025. La fiscalización también reveló que el apoderado de la firma, Segundo Flavio, enfrenta denuncias por usurpación, estafa y lavado de activos.
La propiedad fue adquirida en julio de 2023 por más de 530 mil dólares, según registros públicos, y la transacción se realizó en dos partes mediante cheques de gerencia. La denuncia del citado medio periodístico también menciona molestias previas de los vecinos debido al ruido de una carpintería instalada en la vivienda, lo que motivó visitas de inspección anteriores.
No sabe, no opina
Así como su olvidadiza tesis, la parlamentaria optó por guardar un rotundo silencio en vez de salir a esclarecer la denuncia pública. En tanto, su esposo Elver Díaz Bravo salió a defender la legalidad del terreno, asegurando que tal ya existía desde hacer más de 40 años, acusando a otros vecinos de apropiarse también de espacios públicos. “Si tengo que retirarme, yo me retiro”, declaró, aunque insistió en que no hay construcción nueva ni intención de invadir.
Política
MTC responde a López Aliaga y califica de ‘ordinario’ su comportamiento
Choque de egos y campaña electoral: el proyecto del tren Lima-Chosica se estanca debido a las pugnas entre el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y el ministro de Transportes, César Sandoval.

Lo que debería ser un proyecto técnico y estratégico para mejorar la movilidad en Lima-Este, se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación política. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por César Sandoval protagonizan una disputa pública que, más que acercar soluciones, evidencia agendas personales y tensiones entre autoridades que deberían trabajar juntas.
Desde el MTC, la respuesta al alcalde de Renovación Popular no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la institución recordó que todo proyecto de infraestructura debe desarrollarse “acorde a los requerimientos técnicos y no a imposiciones políticas”. También calificaron como “agresivo y ordinario” el comportamiento de López Aliaga, en referencia a los ataques verbales lanzados por el burgomaestre contra el ministro César Sandoval.
El ministerio fue enfático en señalar que no está poniendo trabas, sino cumpliendo con su rol rector en materia de transportes. “Actuamos con seriedad y responsabilidad”, indicaron, descartando actuar por motivaciones personales o políticas. Además, precisaron que las autorizaciones para la operación del tren serán evaluadas conforme a criterios técnicos, especialmente en cuanto a seguridad vial.

Del otro lado, el alcalde de Lima continúa elevando el tono. Desde el Callao, acusó al ministro Sandoval de “no querer que la gente sea feliz” y de oponerse a todo por razones políticas. “Si quiere politizar esto, política tendrá”, afirmó, insinuando que el titular del MTC responde a intereses oscuros, sin ofrecer pruebas. A través de redes sociales, fue aún más lejos, pidiendo su renuncia y calificando su gestión de “pésima” y “mezquina”.
En el fondo, el problema parece no ser solo técnico. López Aliaga, que insiste en que no será candidato presidencial, parece más interesado en capitalizar políticamente cada acción municipal. La presentación de los trenes —aún sin infraestructura para operar— se convierte en un espectáculo simbólico que busca mostrarlo como un ‘gestor eficiente’, aunque los plazos y condiciones reales digan lo contrario.
En vez de avanzar en soluciones para la ciudad, el proyecto de tren entre Lima y Chosica queda atrapado entre el ego de un alcalde en campaña y la reacción de un ministerio que, aunque defiende el marco legal, tampoco ha sabido comunicar con claridad su hoja de ruta.
Política
Dina Boluarte: “Nosotros no pactamos con mineros ilegales”
Mientras endurece su discurso referente al caos por bloqueos mineros, la presidenta de la República convocó a una mesa de trabajo para abordar el proceso de formalización minera.

En lugar de tender puentes, el gobierno de Dina Boluarte opta nuevamente por levantar muros. En un reciente pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, la presidenta descartó cualquier posibilidad de diálogo con los mineros ilegales que, desde hace semanas, bloquean vías y protagonizan enfrentamientos violentos en distintas regiones del país.
“Nosotros no pactamos con la ilegalidad, el estado y el gobierno apoyan a los emprendedores peruanos de los que nos sentimos orgullosos porque crean sus propios puestos de trabajo por el bien de sus familias. Los mineros ilegales están al margen de la ley. Con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo, porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país. Atentan contra la vida civilizada de todos los peruanos”, sentenció Boluarte Zegarra, marcando distancia tajante con un sector que, aunque fuera de los marcos legales, representa un problema estructural que el Estado ha sido incapaz de abordar durante décadas.
La mandataria responsabilizó directamente a estos grupos por las muertes registradas en las protestas y denunció supuestos vínculos con sectores extremistas, sin aportar pruebas concretas. También pidió al Ministerio Público investigar a dirigentes y congresistas que, según afirmó, estarían promoviendo acciones “contra el Estado”. Su discurso, más confrontacional que resolutivo, busca mostrar firmeza, pero elude la complejidad del problema: un Estado ausente que permitió el crecimiento descontrolado de esta actividad y una informalidad que ha sido usada electoralmente por muchos actores políticos, incluidos los actuales.
Por otro lado, los grupos mineros que bloquean carreteras tampoco ofrecen legitimidad moral ni política. Usan la violencia y el chantaje como métodos de presión, afectando el transporte, la salud y la economía de miles de peruanos. No representan a todos los pequeños mineros ni a quienes buscan formalizarse, pero su protagonismo ha terminado por eclipsar cualquier agenda de diálogo razonable.
En medio de esta tensión, Dina Boluarte anunció la instalación de una mesa técnica para la formalización minera este lunes 14 de julio, en la que participarán el Presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, la Presidenta del Poder Judicial Janet Tello, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, representantes de los gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez); aunque queda claro que, sin liderazgo ni voluntad real de diálogo, difícilmente se logrará algo más que declaraciones.
Mientras tanto, el país sigue atrapado entre una presidencia autoritaria y sectores ilegales dispuestos a incendiarlo todo.
Política
Alianza Unidad y Paz y el PPC presentan a Roberto Chiabra como su candidato a la presidencia
Javier Bedoya, secretario general del PCC, indicó que existen “muchas coincidencias” con partido del congresista Chiabra.

Apuntan a un mismo objetivo. Faltan pocos días para la fecha límite para la conformación de alianzas y el Partido Popular Cristiano (PPC) ha decidido unirse formalmente con el partido Unidad y Paz, del parlamentario Roberto Chiabra. La intención es solo una y es llegar al poder en las próximas elecciones del 2026; para ello han visto conveniente designar a militar en situación de retiro como su cara más visible. La pregunta es ¿conectará su rigor militar y voz aguardentosa con la población?

En ese sentido, Javier Bedoya, secretario general del PCC, explicó que la decisión fue tomada tras un congreso extraordinario del partido. Durante ese encuentro, los líderes del PPC acordaron que el ex militar de 75 años sea el candidato presidencial de la coalición. Bedoya también mencionó que las conversaciones con otros partidos continúan, lo que podría ampliar la coalición en los próximos días.
“La idea es, finalmente, agrupar a partidos que pertenecemos a un mismo espacio político, ir juntos y demostrar madurez ante el electorado, mostrando que el centro hacia la derecha se puede unir y anteponer sus intereses por el bien del país”, expresó.
Asimismo, Bedoya destacó que existen “muchas coincidencias” entre el PPC y Chiabra, especialmente en la defensa de la democracia, el modelo económico y la lucha contra la corrupción. Además, resaltó la vasta experiencia del parlamentario en seguridad y su trabajo en el sector público. “Chiabra cumple el requisito que la población pide en cuanto a seguridad ciudadana”.
El dato:
El 1 de septiembre, el JNE dará a conocer cuáles de las alianzas electorales han cumplido con los requisitos establecidos para su inscripción.
Política
Ministerio de Cultura designa a nuevo director de la DDC de Cusco con antecedentes de presunta corrupción
El abogado Handersson Casafranca Valencia fue despedido de EsSalud en 2018, tras ser denunciado por colusión, por direccionar la compra irregular de pasajes aéreos en favor de familiares cercanos. Hoy tras salir de la jefatura de Sutrán-Cusco, asume una de las direcciones más cuestionadas del sector Cultura.

Una vez más, la controvertida la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco —una de las más sensibles y estratégicas del país por su importancia patrimonial— es escenario de una cuestionable designación. Esta vez, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha nombrado como nuevo titular de esta oficina a Handersson Bady Casafranca Valencia, un abogado con antecedentes que despiertan más dudas que confianza.
La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 000171-2025-MC, publicada este lunes. Casafranca es natural del Cusco, abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado en derecho ambiental, constitucional y comunicación para el desarrollo. Su experiencia laboral incluye cargos en el Poder Judicial, PCM, SUNEDU, Ministerio de la Producción, SUTRAN y EsSalud. También figura como representante legal de al menos tres empresas privadas, (“Casafranca Legal Perú Abogados Asesores y Consultores S.R.L.”; “Monte Bello International Peru Fashion S.A.C.”; y “Dolce E Verde Alimentación Saludable E.I.R.L”; lo cual podría generar conflictos de interés en su nuevo rol público.

Sin embargo, su paso por EsSalud Cusco dejó una huella preocupante. En 2018, fue separado de su cargo como asesor legal de la Red Asistencial del Seguro Social en Cusco, tras ser involucrado en un presunto caso de colusión. Junto a otros dos funcionarios, Casafranca Valencia fue denunciado por haber direccionado la compra de pasajes aéreos para favorecer a familiares cercanos, manipulando requerimientos y fragmentando costos para evadir los procesos de contratación pública con un monto menor de 8 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).
Según la denuncia, las órdenes de compra fueron emitidas con posterioridad a la adquisición de los pasajes y con montos presuntamente inflados.
Este historial no ha sido obstáculo para su reciente nombramiento al frente de la DDC Cusco, una entidad históricamente golpeada por la inestabilidad, el clientelismo político y múltiples denuncias de irregularidades. La decisión del ministro Fabricio Valencia pone nuevamente bajo la lupa la falta de criterios técnicos y filtros éticos en las designaciones dentro del Ministerio de Cultura.
Cabe recordar que, hasta este domingo 13 de julio, la cuestionada viceministra de Patrimonio Cultural, Moira Novoa Silva, se encontraba a cargo de la DDC Cusco de forma interina. Su gestión ha sido también criticada por la falta de transparencia y por las decisiones políticas que han primado por encima del interés patrimonial.

El nombramiento de Handersson Bady Casafranca Valencia reaviva las preocupaciones sobre la calidad de la gestión pública en un sector clave como el cultural, donde la idoneidad y la probidad de sus funcionarios debería ser incuestionable.
Política
Show ferroviario: López Aliaga presenta vagones sin infraestructura operativa
¿Campaña electoral en marcha? La MML exhibirá trenes diésel de Caltrain en el Parque de la Muralla, pese a no contar con vías, ni permisos para operarlos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) exhibirá en el Parque de la Muralla, el primer lote de vagones y locomotoras adquiridos a la empresa Caltrain, con los que el alcalde Rafael López Aliaga planea impulsar el proyecto de un tren de cercanías entre el Cercado de Lima y Chosica. Aunque aún no existe la infraestructura operativa ni la autorización técnica para su funcionamiento, el evento ha sido organizado como una pomposa presentación pública, con animación musical a cargo de Deyvis Orosco y Ruby Palomino.
Los trenes, que arribaron al país la noche del viernes, serán trasladados desde el Callao hasta la estación Desamparados, según una fuente edil. La actividad contará con la presencia del alcalde y una comitiva de invitados. La Municipalidad afirma que tres operadores ferroviarios han mostrado interés en participar en el concurso público para operar la línea, proceso que, de acuerdo a estimaciones internas, podría tomar varios meses.
Pese a la ausencia de condiciones mínimas para la operación del servicio —como vías, estaciones habilitadas y certificaciones técnicas—, López Aliaga declaró que “estamos listos para operar” y arremetió contra el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, a quien acusa de frenar el proyecto por motivos políticos. “Ese tren hemos traído. No me vengan a decir que no funcionan”, dijo el burgomaestre de Renovación Popular, refiriéndose a las unidades que antiguamente prestaron servicio en el Silicon Valley.

Desde el MTC, el ministro Sandoval aclaró que los trenes no tienen aún ninguna autorización para operar y que por el momento solo serán trasladados a un almacén de la concesionaria Ferrocarril Central Andino. “No hay fecha concreta para la marcha blanca. Una vez en el almacén, se harán las verificaciones necesarias”, precisó.
La presentación de los trenes se produce en un contexto de alta exposición mediática por parte del alcalde, quien —pese a insistir en que no será candidato a las elecciones generales— viene desplegando una “estrategia de campaña” que combina obras simbólicas, anuncios grandilocuentes y confrontación política. En lugar de un anuncio técnico, el acto parece orientado a fortalecer su imagen como gestor eficiente, aunque no existan condiciones reales para la operación del servicio ferroviario.

Además, el discurso de López Aliaga se ha tornado cada vez más intolerante frente a las críticas. En repetidas ocasiones ha calificado de «comunistas» a quienes cuestionan sus decisiones, evadiendo así el debate técnico y político necesario para una obra de esta magnitud.
Por otro lado, el exministro Rafael Rey aclaró en una reciente entrevista que la adquisición de los trenes no fue una donación, como inicialmente se sugirió desde la Municipalidad. “Se ha pagado US$7.5 millones a Caltrain. No es una donación, es una compra”, indicó.
En suma, la gestión de López Aliaga busca mostrar resultados a toda costa, aunque ello implique inaugurar trenes sin vía y sin permiso. Una estrategia donde la forma se impone al fondo, y donde el cálculo electoral parece pesar más que la viabilidad técnica.
Política
Después de 50 años, EsSalud anuncia la culminación de la Torre Trecca
Funcionamiento del imponente edificio de 23 pisos comenzaría en el año 2027.

Muchas colas, pacientes, enfermos, moribundos, familiares desvelados, ministros de salud, presidentes, pasaron por más de cinco décadas y la Torre Trecca, construida inicialmente en el año 1969, nunca vio la luz debido a esa insoportable burocracia que se encuentra en cada rincón de las instituciones del Estado. Así de lento funciona nuestro país y todo aquel que haya pasado por un proceso judicial o sacado una cita médica lo sabrá perfectamente.
El edificio de 23 pisos, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arenales, fue pensado como un conjunto de consultorios para trabajadores del seguro social, sin embargo, tras algunas modificaciones estructurales en 1980, el recordado ‘elefante blanco’ quedó paralizado en el año 1985.
Pasaron los años y todos los transeúntes se preguntaban qué pasó con aquel proyecto inconcluso, olvidado durante varios gobiernos sin que ninguno se atreva a terminar lo que alguna vez se empezó. Sin embargo, esta vez la suerte de la Torre Trecca finalmente tendría un desenlace feliz, luego que EsSalud y ProInversión firmaran un convenio que permitirá reactivar el edificio bajo la modalidad de asociación público-privada. La inversión supera los S/490 millones, y se prevé habilitar 110 consultorios, servicios especializados en más de 20 áreas médicas y un centro oncológico con equipamiento de última generación. El proyecto beneficiará a más de 13 millones de personas afiliadas al sistema nacional de salud.

“Con el apoyo de Proinversión, esta emblemática infraestructura se convertirá en un establecimiento asistencial funcional y equipado, donde se ofrecerán servicios de consulta externa, urgencias, riesgo quirúrgico, procedimientos especializados y diagnóstico por imágenes. De esta manera EsSalud se pone a la vanguardia en beneficio de los 13 millones de asegurados”, afirmó el titular de EsSalud, Segundo Acho.
El convenio firmado este 2025 establece que el concesionario realizará toda la inversión inicial y EsSalud la reembolsará a lo largo de 10 años. Sin embargo, el inicio de obras aún depende de la aprobación de una adenda técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo con ese visto bueno, el consorcio podrá ejecutar las obras. El plazo estimado para su habilitación oscila entre 18 y 24 meses.
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