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Política

El fake news del congresista Alberto de Belaúnde

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El congresista del Partido Morado Alberto de Belaúnde ya debería salir a dar una disculpa pública por su inapropiada conducta de confundir a la población peruana con información falsa. Como se sabe, Gabriel Rodriguez Medrano jamás fue un desaparecido de las marchas, porque nunca existió.

Alberto de Belaúnde es un congresista de la República; sin embargo, en las últimas semanas se convirtió en un hombre de comunicaciones que lanzaba supuestas primicias y sin ningún tipo de corroboración. Su irresponsabilidad para lanzar fake news ha llegado a niveles insospechados, porque a sabiendas de estar al tanto del último informe de la Defensoría del Pueblo que finalmente descartó la tesis de las supuestas 47 desapariciones; de Belaúnde continuó arremetiendo y se despachó a sus anchas en su ensimismado y onírico medio de comunicación: el twitter.  

Los 47 desaparecidos que aparecieron y un Gabriel Rodríguez Medrano que nunca existió

Porfirio Barrenechea Cárdenas, vocero de la Defensoría del Pueblo ha sido muy claro cuando se presentó vía telefónica en algunos medios, para afirmar que ante las denuncias del Partido Morado y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ellos como Defensoría desde primeras horas del domingo 15 de noviembre y de manera diligente visitaron 16 lugares, entre dependencias policiales, militares y de salud y no encontraron a ninguna persona en calidad de desaparecida, y tampoco a las personas que obedecían a las denuncias interpuestas por los familiares y por la Coordinadora.

Congresista Alberto de Belaúnde.

El 18 de noviembre, la propia Defensoría emitió un comunicado que explica que el caso de Gabriel Rodríguez Medrano se trataría de una falsa denuncia, porque ésta fue recibida a través de una llamada por celular y que luego ellos requirieron mayor información de parte del denunciante, pero él nunca respondió las llamadas ni los mensajes enviados. Asimismo, buscaron al supuesto desaparecido desde el principio; luego verificaron bases de datos oficiales y no encontraron ningún registro de su nombre en el Reniec, el SIS y la División de Requisitorias y tampoco en los hospitales. Es decir, jamás existió.

Además, hicieron un llamado público a nivel nacional para que los familiares de Rodríguez Medrano se pongan en contacto con su institución; sin embargo, hasta la fecha, nadie se presentó, ni un pariente, ni un amigo, y menos un conocido.  La Defensoría, insistió y sus funcionarios llegaron hasta el domicilio que consignó el misterioso denunciante, pero nunca lo encontraron allí; incluso le dejaron una notificación para que responda, pero nunca lo hizo, él jamás respondió. Además, realizaron búsquedas en publicaciones de las redes sociales para encontrar algún dato o imagen sobre esa persona y tampoco se encontró algún tipo de información o pista.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo concluyó, que luego de todo lo expuesto existen indicios razonables de que podría tratarse de una falsa denuncia de desaparición y también informaron públicamente que no quedaba ninguna persona por buscar de todas las reportadas como desaparecidas en las protestas en el centro de Lima y que anteriormente fueron debidamente identificadas.

Cuando el pez por la boca muere… se vuelve esclavo de sus palabras

Nos parece bien que el congresista Alberto de Belaúnde se proclame como un tenaz defensor de los derechos humanos; sin embargo, es lamentable que en nombre de esa supuesta lucha por los DDHH, él mienta, tergiverse, oculte, y omita información que es de interés público, con el único afán de satisfacer su sed partidaria y de figuración ; si tomamos en cuenta que en el Perú todo el tiempo las personas desparecen, porque los casos de secuestros y trata de personas son inacabables y ante ello seguimos viendo la indiferencia del propio Congreso que él integra; pero cogerse de esta triste coyuntura de protestas para diseminar la teoría conspirativa de las desapariciones forzadas que de plano ya han sido descartadas, solo demuestran su oportunismo político en nombre de dos fallecidos.

Veamos un poco la campaña de desinformación de Alberto de Belaúnde: Él retwitteó el 18 de noviembre a las 22.06 el comunicado de la Defensoría que mencionaba que no habían desparecidos y el falso caso de Rodríguez Medrano, pero solamente escribió en su encabezado: “Atención: Importante mensaje de la Defensoría”; a ver ¿Por qué no agregó en su tuit que Gabriel Rodríguez Medrano no existía? de Belaúnde sabía que eso era una falsa denuncia, pero prefirió omitir la verdad. En tanto, ese mismo día 18 ya había twitteado insistiendo sobre el caso de Gabriel Rodríguez Medrano y que eso seguía sin corroborarse y en un twitt alterno suscribió: “¿Dónde está Gabriel Rodríguez Medrano? Asimismo, el 17 de noviembre ante el supuesto secuestro del mitómano Luis Fernando Araujo, el parlamentario morado twitteò: “Gravísimo. Desolador. ¡No quedará impune!”

Otra de las patinadas de este congresista morado se puede vislumbrar en lo que esgrimió en un artículo suyo en un medio escrito, y que a pesar de estar al tanto de las ultimas noticias, de que finalmente no hubo desaparecidos, él continúa asegurando y mintiendo públicamente, de que sí existieron desapariciones forzadas, y además menciona el caso del joven mitómano Luis Fernando Araujo, que arguyó embusteramente que fue secuestrado durante tres días.

Extracto del artículo de opinión escrito por Alberto de Belaúnde, titulado Los “DD.HH. por encima de la política” de fecha 22 de noviembre.

“Se ha criticado también las denuncias sobre desaparecidos. Se busca invalidarlas señalando que todos los protestantes que no podían ser ubicados fueron luego contactados. Sin embargo, cabe recordar que las desapariciones –y las desapariciones forzadas– son tales ante la ley incluso si son solo temporales. Incluso si dichas personas son, felizmente, encontradas o liberadas. Más aún, los especialistas en la materia entienden la necesidad de acciones rápidas y decididas ante una sospecha de desaparición, pues estas pueden hacer toda la diferencia.

Recordemos el caso de Luis Fernando Araujo, quien ha denunciado haber sido detenido por agentes de civil en la marcha de aquel sábado y mantenido secuestrado durante tres días. Al ser hallado, Luis Fernando contó que lo que motivó su liberación fue la búsqueda pública y la aparición de su nombre en los medios de comunicación. Este caso y los de todos los que en su momento fueron reportados como desaparecidos deberán ser investigados al detalle para esclarecer las circunstancias concretas de los hechos y encontrar a los culpables, en los casos en los que corresponda.

La defensa de los derechos humanos, y la búsqueda de verdad y justicia cuando estos son quebrantados, son deberes políticos y ciudadanos que deben primar por encima de cualquier posición o color partidario. Hoy, nuestra prioridad es hacer todo lo necesario para evitar que esto se repita”.

Basta leer el último párrafo de su artículo para darse cuenta de la incoherencia y el doble discurso de este personaje que funge de Patricio romano y que mira con desprecio al resto de sus colegas parlamentarios solo porque tiene apenas una formación jurídica. Él dice: “La búsqueda de verdad y justicia cuando estos son quebrantados, son deberes políticos y ciudadanos que deben primar por encima de cualquier posición o color partidario”.

El señor de Belaúnde habla de la búsqueda de verdad y ¿Cómo es posible que a pesar de estar enterado de la falsedad del personaje desaparecido Gabriel Rodríguez Medrano… él calle y no mencione nada? La respuesta la da él mismo en esa línea, pero al revés, porque menciona: “Son deberes políticos y ciudadanos que deben primar por encima de cualquier posición o color partidario”. Y esta vez nos demuestra que antes de encontrar verdad y justicia, aquí primó su color partidario. Y finalmente, menciona: “Hoy, nuestra prioridad es hacer todo lo necesario para evitar que esto se repita”.

La prioridad que debería tomar en cuenta el congresista Alberto de Belaúnde es hacer todo lo necesario para evitar que se repita su afán de sorprender a la opinión pública para instaurar una nueva generación posverdad que solo respira a través de los fake news.

Algo que ya se ha vuelto una práctica cotidiana es la cantidad de fake news que circulan en las redes sociales; en especial en el twitter. Y desde que llegó la pandemia por el Covid, el twitter ha sido bombardeado por cientos de miles de fake news. Estas falsas noticias, sin duda son dañinas para la sociedad, porque genera confusión, odio y más polarización.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez

El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.

El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.

Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Betssy Chávez permanecerá presa en el Penal Anexo de Mujeres, hasta marzo del 2026.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.

El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.

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Política

Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios

¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

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El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

Proyecto de Ley 11781/2024-CR presentado por Jorge Flores Ancachi.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.

Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.

El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.

Conducir bajo influencia del alcohol es delito

 Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.

El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.

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economía

Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal

Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

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Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.

A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.

En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.

Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.

Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

Congresista Montoya, impulsor del PL ante la Comisión de Economía. Foto: Andina.

La postura del Banco de la Nación

En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.

En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.

Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.

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Política

Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales

El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.

El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.

La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.

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Política

JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo

Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

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Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.

Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.

Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Solo con él. Roberto Sánchez solo ha confirmado una alianza con Pedro Castillo. foto: Presidencia.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.

Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.

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Política

Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC

Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

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La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

Alcalde pretendería ‘marcha blanca’ de trenes para alimentar su imagen política.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.

Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.

La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.

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Política

‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza

¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

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La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Queja interpuesta por congresistas de Renovación Popular ante la JNJ.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.

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Política

Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima

Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.

A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.

Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.

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