El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue detenido hoy, al igual que más de 10 personas, por integrar una presunta organización criminal, en un megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La autoridad regional es investigada desde hace un año por integrar la presunta organización criminal Los hijos del cóndor, dedicada a direccionar la ejecución de obras públicas a cambio de sobornos, así como a captar a consejeros y funcionarios regionales para obtener apoyo y evitar cualquier tipo de investigación a la gestión a cambio de beneficios económicos y laborales.

En el megaoperativo, en el que fueron allanados 40 inmuebles, entre ellos la sede del Gobierno Regional de Arequipa y el domicilio del gobernador Cáceres Llica, donde fue detenido, participaron 43 fiscales anticorrupción y 120 policías de la Dirección contra la Corrupción. 
Los delitos en el que habrían incurrido el gobernador regional de Arequipa y los otros implicados son contra la administración pública en la modalidad de peculado, cohecho activo, cohecho pasivo, entre otros.

La orden de detención preliminar de diez días contra el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y otros implicados en este caso fue dispuesta por el magistrado José Málaga Pérez, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.

Personas detenidas

Además de Cáceres Llica fueron detenidos el gerente regional Gregorio Urbano Palma Figueroa; el gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes, Napoleón Ocsa Flores; cuatro consejeros regionales: Jeymi Natividad Flores Quicaña, Miguel Sebastián Guzmán Hinojosa, Ronal Bernal Huarca, y el exfutbolista Ysrael Zúñiga Yáñez.
También fueron intervenidos el gerente de Desarrollo Económico del Proyecto Especial Majes Sihuas, Richard Edgar Calvo Ramos; el presidente de la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas Sol Radiante de Majes y asesor del gobernador regional, Mario Jacobo Jacobo; así como una persona identificada como Alexander Martínez Rojas.

Otros investigados y buscados por la justicia

La orden de detención preliminar comprende también a otros 15 investigados, entre ellos los consejeros regionales Tomás Ayñayanque Rosas (Condesuyos), Santiago Neyra Almenara (Caravelí) y Richard Ceferino Cervantes Gárate (La Unión).

Asimismo, el miembro de la Comisión Anticorrupción del Gobierno Regional de Arequipa Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres; el exgerente de Copasa Marcelo Alberto Córdova Monroy; el asesor legal del gobierno regional de Arequipa, Augusto Palaco Toro; el asesor del gobierno regional, Edwin Wilson Esquivel Alcamora; el jefe de la Oficina de Presupuesto del gobierno regional, Javier Eduardo Rospigliosi Vega; y el presidente de Jardín del Colca, Julio Hugo Mendoza Choquehuanca.

Igualmente, las personas identificadas como Luis Pascual Mondragón Denegri, Rocío del Carmen Murillo Chire, Jhon Alexander Ccotoluque Ydme, José Alberto Gómez Oviedo, William Palomino Mamani y Rolando Ermo López Chire. 

(Agencia Andina)

Ahora considera al presidente Castillo como su ‘amigo’. El ex alcalde de Lima en la década de los noventa, Ricardo Belmont Cassinelli, acaba de anunciar que no se oficializará su nombramiento como asesor del mandatario Pedro Castillo.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que fue nombrado “de palabra” y que entre los planteamientos que le entregó al jefe de Estado están el respeto a la libertad de expresión, dar confianza al país y otras propuestas que Castillo Terrones deberá darlas a conocer.

“No se (me) va a oficializar como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones política que están ocurriendo ahora. No he preguntado los detalles, pienso que es un asunto del presidente. Yo no vengo acá por una resolución”, expresó.

“Como ustedes saben el día lunes el Congreso va a estar que arde porque está pensando lo peor (voto de confianza) y en esa inestabilidad no puedo venir acá a traerle más problemas al presidente. Yo he venido a traerle soluciones y él será el encargado de tomarlas, decirlas y de explicarlas a la prensa. No estoy autorizado a eso”, agregó.

Belmont también afirmó que seguirá visitando al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno) porque son “amigos”. “Ya se enterarán ustedes del grado de relación que hay entre Ricardo Belmont y toda la muchachada de Perú Libre y todos los que están al lado de él”, acotó.

Finalmente, el empresario y político refirió que aún evalúa postular a la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales del próximo año y que los integrantes del Movimiento Obras están en plena recolección de firmas. También reveló que se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos.

“Me resistía a vacunarme, pero me fui de vacaciones con mi mujer a visitar a unos amigos en Estados Unidos y allá fue tal la presión de mi familia, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, y me vacuné. Si no hubiera tenido que planear un viaje a visitar a mi hermano en España, tal vez no me hubiera vacunado, pero en Europa me exigen la vacuna”, sentenció.

Denuncia espionaje en su vivienda

Por otro lado, Belmont Cassinelli denunció ayer que viene siendo víctima de acoso de sus detractores. Mientras realizaba una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, el ex broadcaster televisión logró captar con su cámara la presencia de un dron sobrevolando los exteriores de su vivienda.

“Hago la denuncia pública acerca del acoso del que estoy siendo víctima. Hoy, mientras hacía mi transmisión en vivo, drones aparecieron, esto empezó desde ayer, pero hoy los pude captar con el celular”, explica.

Asimismo, recalcó que nadie lo amedrentará y seguirá luchando por el Perú. “No me van a amedrentar!!! Seguiré luchando por mi país…”, subrayo.

Atención: Elecciones municipales y regionales en suspenso. A través de un comunicado dirigido al Congreso de la República, los organismos del Sistema Electoral compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), llegaron a la conclusión tras un complejo proceso de debates que no se podrían llevar a cabo las elecciones primarias “bajo estándares adecuados dadas las limitaciones normativas y organizativas existentes”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia interna, pero se ha evaluado objetivamente los inconvenientes para realizar óptimamente las elecciones primarias, concluyendo que, por ahora, serían complejas con la actual regulación”, precisan.

Además, sugieren al Legislativo introducir a tiempo las modificaciones legales pertinentes ‘para aplicar eficazmente dicho proceso’ en otras elecciones.

En el documento, los entes indican que en la víspera se presentó ante el Congreso, el acuerdo del Pleno del JNE, donde se sustentan las razones técnicas que dificultan el desarrollo de estas elecciones, con miras al proceso regional y municipal del próximo año.

“Las razones responden especialmente al cumplimiento de los plazos para su desarrollo y diversos procesos en la organización, si habrán personeros que los representen y los parámetros para determinar si habrá número máximo de estos postulantes, lo cual impacta en el diseño del material electoral y en el desarrollo de las elecciones”, detallan.

En esa línea, consideran que con la normatividad actual, el tiempo es insuficiente para proclamar oportunamente lo resultados de este proceso.

 las elecciones primarias quedarán suspendidas por segunda vez consecutiva. 

“Reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia interna, pero se ha evaluado objetivamente los inconvenientes para realizar óptimamente las elecciones primarias, concluyendo que por ahora, serían complejas con la actual regulación”, concluye el comunicado del Sistema Electoral.

La relevancia de las elecciones primarias

Las elecciones primarias, reguladas en la Ley N° 28094 “Ley de Organizaciones Políticas”, mencionadas en sus artículos 21, 22 y 23 y 24 expresan los lineamientos para la elaboración de dichas elecciones.

“Las elecciones primarias para elegir candidatos a presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes se desarrollan conforme al calendario electoral fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, se lee en el artículo 21 de la norma.

Asimismo, en su art. 22 se precisa que las elecciones primaras se encuentran sujetas al calendario electoral fijado por el JNE.

En tanto, en el siguiente acápite se indica qué se elige en las primarias: Presidente de la República; Representantes al Congreso de la República; Gobernadores Regionales; Alcaldes provinciales y distritales.

Finalmente, en el art. 24 se menciona la modalidad de las elecciones primarias.

Exceso de confianza o imprudencia, a estas alturas nadie lo sabe con exactitud. El presidente de la República, Pedro Castillo, ha solicitado a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, autorización para viajar a Bolivia este 30 de octubre, por motivo del Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú, sin embargo dada la coyuntura esa solicitud es vista como inoportuna.

“Solicitar al Congreso de la República que, por intermedio de su digna Presidencia, conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 1021 de la Constitución Política del Perú, autorice al suscrito, en su calidad de Presidente de la República, la salida temporal del territorio nacional el día 30 de octubre de 2021, con el objeto de viajar a la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, donde se llevará a cabo el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú”, se lee en el documento que cuenta con la rúbrica de la primera ministra Mirtha Vásquez.

Y es que ese viaje se daría solo cinco días después de que su primera ministra Mirtha Vásquez solicite la cuestión de confianza al Parlamento, aprobación que hasta el momento no se tiene por segura su concreción.

Cabe recordar que el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, el último 28 de julio, acordó con el jefe de Estado, Castillo Terrones, retornar la ejecución del Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú, tras ser suspendido por la propagación del coronavirus.

“En esta oportunidad, se contará con la participación de las sociedades civiles de ambos países, a fin de coadyuvar a los esfuerzos de ambos gobiernos por generar acciones concretas en favor del desarrollo y bienestar de las poblaciones, particularmente aquellas en la zona de frontera común”, precisa el documento remitido a Alva Orlandini.

En ese evento se debatirá respecto al medio ambiente y los recursos hídricos transfronterizos; el desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional; seguridad y defensa; e infraestructura para la integración y el desarrollo.

Buscará la aprobación de propios y extraños, y esto debido que desde una parte del partido oficialista se tiene por enterado que no se le dará el voto de confianza al Gabinete presidido por Mirtha Vásquez, quien el lunes 25 de octubre tendrá que solicitar al Pleno del Congreso su aprobación.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, de acuerdo a lo conversado personalmente, para solicitarle de conformidad al artículo 130° de la Constitución Política del Perú y el artículo 82° del Reglamento del Congreso de la República, tenga a bien permitir mi presentación el día lunes 25 de octubre del presente año, con la finalidad de exponer y debatir ante la digna representación nacional, la política general del Gobierno y las principales medidas a adoptar en mi gestión”, se lee en un documento publicado en las redes sociales.

En esa línea, la titular del Parlamento, María del Carmen Alva aceptó la solicitud que había enviado previamente la jefa de la PCM a su despacho y programó la presentación del Gabinete para las 11:00 a.m.

Cabe precisar que, desde el lunes 18, la jefa del Gabinete Ministerial viene reuniéndose con las nueve bancadas parlamentarias con la finalidad de llegar a generar consensos entre ambos poderes, pese a algunas discrepancias.

“No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático del equilibrio de poderes. Por eso hoy reafirmamos esa apuesta de trabajo conjunto”, señaló Vásquez Chuquilín la tarde de ayer en conferencia de prensa.

Se requiere mayoría simple para otorgar el voto de confianza

Para ser aprobada, la cuestión de confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno de los votos de los legisladores presentes en la sesión. 

Si acudieran los 130 congresistas, ya sea de manera presencial o virtual, se requeriría 66 votos a favor para que el Gabinete obtenga la investidura.

Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Como se recuerda, en agosto el ex primer ministro Guido Bellido expuso durante casi tres horas los lineamientos del Poder Ejecutivo, obteniendo en esa ocasión 73 votos a favor, 50 en contra y cero abstenciones para que se le otorgue la cuestión de confianza.

Esa vez, el bloque que votó en contra fueron los partidos de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, el Partido Morado, y otros parlamentarios de distintas bancadas.

Con 11 votos a favor, 4 en contra y una sola abstención, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Norma Yarrow de Renovación Popular, ha aprobado un dictamen para establecer los requisitos de la designación de ministros de Estado.

Los mencionados proyectos de ley buscan modificar la Ley Orgánica del poder Ejecutivo. De esa manera, no podrán ser nombrados quienes se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.

Asimismo, para ser nombrado ministro de Estado no se deberá tener sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, tal como lo dispone el artículo 39-A de la Constitución, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.

La resolución suprema de nombramiento incluirá como anexo la declaración jurada del nombrado, la cual debe consignar todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentran dichos procesos y procedimientos, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido.

La declaración jurada es verificada posteriormente por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Fuero Militar Policial y las Direcciones de Recursos Humanos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda.

Hombre de leyes. Quién mejor que el propio ministro de Justicia, el catedrático Aníbal Torres, para referirse sobre la ley aprobada por insistencia respecto a la cuestión de confianza y que plantea crear restricciones a la misma.

El día de ayer, el Pleno del Congreso aprobó con 78 votos a favor, 43 en contra, y 3 abstenciones la norma que señala la facultad de los ministros para plantear una cuestión de confianza se debe encontrar referida “a materia de competencia del Ejecutivo relacionada directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afectes los procedimientos y competencias excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos”.

Además, dicha ley precisa que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso” y que “solo el Parlamento puede interpretar el sentido de su decisión”.

Ante ello, el ministro Torres confirmó que el Poder Ejecutivo interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece límites a la figura de cuestión de confianza.

“Se interpondrá la acción de inconstitucionalidad en el momento en el que se publique esta ley, pero tampoco confiamos ahora en nadie puesto que existe esta situación de hecho en el que hay una clase política que ha perdido las elecciones y que no va a dejar gobernar de ninguna manera”, declaró Torres para Canal N. 

De esta manera, Torres afirmó que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para que observe esta ley. Indicó que el Legislativo estaría rompiendo el equilibrio de poderes con la aprobación de esta autógrafa sin regular la vacancia presidencial por incapacidad moral.

“El Congreso debió limitar las dos figuras conjuntamente [vacancia y cuestión de confianza] porque son las dos figuras que están creando una situación de ingobernabilidad desde hace muchos años”, sostuvo.

El jurista recordó que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para regular ambas figuras. Sin embargo, mencionó que “el Congreso ha hecho todo lo contrario”.

“Al Congreso no le importa el Perú, solo le importa el interés particular de buscar el momento apropiado para vacar al presidente”, resaltó.

Ayer el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132º y 133º de la Constitución, luego de que el Poder Ejecutivo la observara.

Tras un prolongado debate, los resultados de las votaciones corresponden a 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

Las bancadas que votaron en contra de la autógrafa fueron Perú Libre, Juntos por el Perú, los tres congresistas morados, y el parlamentario no agrupado Pedro Martínez (antes en Acción Popular).

Por su parte, Perú Libre presentó un pedido de reconsideración, argumentando que no se sometió al voto la cuestión previa que presentó el congresista Edgar Tello; sin embargo, la solicitud fue rechazada por haber alcanzado 40 votos a favor, 80 en contra y una abstención.

La Comisión de Constitución ha sido muy diligente, tomando en cuenta que el 9 de octubre aprobaron el dictamen que recomendó la insistencia en la ley observada por el presidente Pedro Castillo.

Tras aprobarse la insistencia, la premier Mirtha Vásquez, a través de su cuenta de Twitter, anunció que desde el Poder Ejecutivo adoptarán las “acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho”.